El juicio de la vergüenza

Jesús Gellida
Rebelión


La cuenta atrás para el juicio del Procés ha empezado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado concretando sus acusaciones por rebelión, sedición y malversación a los líderes políticos y civiles del movimiento independentista que se enfrentan a penas de prisión, que van desde los 7 hasta los 25 años, por su compromiso con la autodeterminación. Unas decisiones que tendrán consecuencias directas en la gobernabilidad de Cataluña y del Estado español y que pueden rehacer la unidad de acción de todo el sobiranismo. El juicio llega después de más de un año de prisión preventiva y de haberse sucedido toda una serie de reveses judiciales europeos cuando no se aceptó la extradición de ningún de los exiliados, ya que la justicia europea no ha visto violencia en ninguna parte.

Un juicio donde se juzgará una voluntad política ejercida democráticamente, que marcará el calendario electoral y que disparará de nuevo una indignación que habrá que transformar en iniciativa política, operativa y efectiva para avanzar en el objetivo de la autodeterminación. Así pues, en el horizonte inmediato el juicio político del Procés se perfila como otro Momentum en el que se tendrían que aglutinar los apoyos del movimiento independentista pero, también, de todas aquellas personas que el 1-O defendieron los colegios electorales y que el 3-O llenaron las calles de Cataluña –contra la represión del Estado y en defensa de la autodeterminación– en la huelga general más grande de la historia del país. Un juicio injusto que tiene que servir para situar las demandas de libertad, de justicia y de democracia como espacio central antes, durante y después del mismo. En este sentido, Oriol Junqueras declaraba que “la prisión es indispensable para que el mundo abra los ojos” y acababa diciendo que “es el precio de la libertad”. Sea como fuere, el juicio tiene que servir para explicar el 1-O al mundo y denunciar la deriva represiva del Estado.

El presidente Quim Torra ya ha avisado, sin más concreciones, que no aceptará una sentencia condenatoria; avanzando así la hipótesis –nada descartable– de que, llegado el momento, pondrá su cargo a disposición y convocará, de nuevo, elecciones. Una opción que reestructuraría el sistema político catalán y, tal vez, abriría nuevos caminos, pero que pondría en riesgo la mayoría independentista en el Parlament. Así pues, el juicio supondrá un nuevo cambio de escenario en Cataluña, pero también en España donde aumentará la inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, que necesita de los apoyos de los soberanistas. No obstante, hoy por hoy las encuestas le son favorables a Sánchez y no es descartable un adelanto electoral de las elecciones generales que podrían apuntar hacia una mayoría estable entre el PSOE y Unidos Podemos.

Ante el juicio de la vergüenza hace falta una respuesta institucional, jurídica y civil, donde se denuncie la carencia de garantías democráticas del sistema judicial español. En este sentido, el Gobierno de la Generalitat reclama una mediación internacional para la resolución política del conflicto, las defensas de los presos políticos acabarán llevando el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, finalmente, desde la sociedad civil hay que profundizar en un movimiento anti-represivo y solidario contra la (in)justicia del Régimen del 78 y las sentencias que se deriven.

Jesús Gellida, politólogo e investigador social

@jesusgellida