El IRPF y la campaña de la cruz.

Antonio Gómez Movellan

La conferencia episcopal está divulgando spots y videos en las redes sociales para animar a los católicos a poner una cruz en la casilla del IRPF. La iglesia católica utiliza el dinero del IRPF, según la memoria que la propia Iglesia presenta, para pagar al clero, para pagar gastos burocráticos de las diócesis y algunos otros gastos diversos como la televisión 13tv. Pero la realidad es que el Estado español, tras 40 años de Estado que se dice aconfesional, sigue financiando íntegramente lo salarios del clero diocesano. La Iglesia dice que esta recaudación es libre ya que, libremente, los ciudadanos pueden poner o no poner la cruz. En verdad la propia Iglesia Católica, en los acuerdos del año 1979, se había comprometido a autofinanciarse y no depender del Estado. Es un incumplimiento de los Acuerdos con la Santa Sede pero estos acuerdos constituyen la barricada que garantizan los privilegios de la iglesia católica, privilegios más propio de un Estado católico que de un estado aconfesional.

Una de las justificaciones que utiliza la iglesia católica para animar a poner la cruz en la casilla del IRPF es la caridad. La acción caritativa de la iglesia es tal, se argumenta, que la iglesia católica ahorra mucho dinero al Estado. Argumento mentiroso y falaz. En primer lugar, se debe subrayar que la situación en España es alarmante. Alarma que ha venido desde la propia OCDE, que en su último informe alerta sobre el hecho que el crecimiento no disminuye ni la pobreza ni la desigualdad en nuestro país. Pretender que a través de la caridad se resuelven estos gravísimos problemas sociales es una utopía. En realidad cuanta más caridad hay en una sociedad menos solidaridad y prestaciones sociales existen. Pero, además, la caridad constituye un grandísimo negocio y en el que la iglesia participa a fondo. La iglesia con el cuento de la caridad recauda centenares de millones de euros de todo tipo de administración (locales, del Estado y de la Unión europea). La inspección de Hacienda y las autoridades responsables en luchar contra el fraude deberían entrar a saco en estas organizaciones y fundaciones ya que muchos analistas sospechan que el famoso caso del chiringuito financiero Gescartera -donde decenas de órdenes, diaconías y fundaciones religiosas estaban involucradas- solo era la punta del iceberg del uso de fondos públicos por parte de las fundaciones religiosas.

Uno de los problemas que existen en España, desde siempre, es que en vez de imitar lo civilizatorio se busca una introspección hacia lo reaccionario: el famoso “que inventen ellos” de Unamuno. La ley francesa de 1905 de separación de iglesia estado en su artículo 2 establece claramente lo que es un Estado laico "La Republica no reconoce, ni paga salarios ni subvencionada a ninguna religión”. Todo lo contrario de lo que pasa en nuestro país donde el Estado no solo da un reconocimiento oficial a la iglesia católica también paga a su clero y financia muchas de sus actividades de adoctrinamiento. Es lamentable que en cualquier acto oficial, de cualquier institución oficial siempre haya algún cura sentado en lugar prominente pero lo más lamentable es que en los propios actos religiosos más relevantes siempre haya un cargo público o algún militar flanqueando a tal o a cual obispo. En España, por una vez, hemos inventado algo mágico: ¡un estado aconfesional que financia a la iglesia católica y paga los salarios del clero!

Entrevista a Henri Sterdyniak, especialista francés en sistemas de jubilación. “El plan es bajar un 20 % las pensiones”

"El sistema francés que Macron quiere reformar es generoso. Los jubilados franceses tienen el mismo nivel de vida que el conjunto de la población, entre ellos hay pocos pobres, muchos menos que en Alemania"

PARÍS - En Francia todavía hay grandes centros de estudios económicos independientes del interés privado. Casi una rareza europea. Creado en 1981 por el gobierno y vinculado a la universidad, el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) es uno de ellos. El economista Henri Sterdyniak es director de departamento del OFCE y uno de los mayores especialistas en sistemas de jubilación. En esta entrevista explica el funcionamiento del sistema francés y las propuestas para su reforma.

P- ¿Cuál es la especificidad del sistema de pensiones francés en el contexto europeo?
Que es completamente público y relativamente generoso, porque los jubilados tienen más o menos el mismo nivel de vida que el conjunto de la población y entre ellos hay un nivel de pobreza muy bajo. La peculiaridad de Francia para los trabajadores del sector privado es que hay un régimen general al que si se le suman los regimenes complementarios decididos por sindicatos y patronal en acuerdos de empresa, que son igualmente públicos y obligatorios, hace que, en general, las pensiones de jubilación sean satisfactorias.

P-¿Qué diferencia con los alemanes?
Que en Francia el nivel de vida de los jubilados es el mismo que el resto de la población mientras que en Alemania son mucho más pobres, con un nivel de vida que representa el 80% del resto de la población. Desde las reformas Hartz (2002, aplicadas entre 2003 y 2005 en la llamada "Agenda 2010" del canciller Schröder) se desarrolló un sistema privado, por capitalización, mientras que Francia se ha mantenido en un sistema completamente público y social.

P- ¿Esa diferencia explicaría la insistencia alemana en recuperar todas las deudas bancarias, porque, entre otras cosas, esas deudas contienen los dineros de las capitalizaciones de las pensiones que se invirtieron en ciertas aventuras…?
Sí, los franceses no pusieron las pensiones en el mercado financiero…

P- Además, hay otra tendencia demográfica…
Los franceses tienen dos niños por mujer por lo que tenemos una degradación demográfica mucho menor que otros países europeos como España y Alemania. Por eso tenemos una perspectiva de jubilación mejor que otros.

P- ¿O sea, que ese sistema que usted califica de "generoso" es, además, sostenible?
El sistema de pensiones tiene que adaptarse, en parte, a la evolución demográfica, pero además hay una opción social que consiste en decir cuánto hay que hacer pagar a los activos para pagar las pensiones. Cuando la población se mantiene estable es más fácil que cuando disminuye y en el caso francés se puede continuar pagando sin problemas. La opción social consiste en decidir que hay que continuar pagando para que la gente viva satisfactoriamente cuando se jubila.

P-¿Cuáles son las propuestas de cambio del sistema francés en esta campaña?
En Francia la edad de jubilación es de 62 años y para tenerla plena hay que haber trabajado 42 años. Le Pen, como antes Mélenchon, dice que hay que volver al sistema de 60 años tras 40 de trabajo, lo que es muy caro. El candidato de derechas, Fillon, decía que había que pasar rápido a la jubilación a los 65 años. El programa de Macron es reemplazar el actual sistema de cotizaciones por un sistema nacional de puntos. Es la reforma que se hizo en Italia y en Suecia. Se considera que acumulas un patrimonio y al jubilarte se valora tu esperanza de vida según tu fecha de nacimiento y se te da una pensión acorde al valor que acumulas. Se parece a un sistema por capitalización, pero es una capitalización nacional. Es una gran reforma para unificar el sistema. El problema es que hay un periodo transitorio muy complicado de administrar, porque si tienes 50 años has cotizado 25 en un sistema y hay que recalcular tus derechos en otro sistema. Además en el sistema francés hay muchos dispositivos llamados "de solidaridad" que dan derechos a las mujeres que tienen hijos, a los parados, a los enfermos, derechos suplementarios a quienes tuvieron salarios bajos, a los que comenzaron a trabajar muy jóvenes y a quienes tuvieron condiciones de trabajo particularmente duras… Así que hay que replantear todo eso, y ese es el motivo por el que Macron dice que habrá que pensarlo durante 5 años.

P-¿Es socialmente regresivo?
Seguramente sí, porque los mecanismos de solidaridad desaparecerán. Además, cuando llegas a los 60 años, tu esperanza de vida no es la misma si has sido obrero o cuadro. Eso se borra y se considera que a los 60 todos pueden seguir trabajando y si quieres jubilarte tendrás una pensión miserable por lo que hay un riesgo de que sea injusto.

P- Si el actual sistema con tantos matices funciona bien ¿Por qué cambiarlo?
Porque es caro y la idea es ahorrar con las pensiones. Supone el 15% del PIB, es decir más caro que en Alemania (11%), y que en España (11,5%). En Italia supone el 16,5% del PIB. La solución propuesta es bajar el nivel de las pensiones y de los salarios para ser más competitivos.

P-¿Cuál es la exigencia de la UE a este modelo francés?
Quieren que bajemos las pensiones alrededor de un 20% y que aumentemos la edad de jubilación a los 65 años y luego estirarla hasta los 67. Bajar el nivel de las pensiones para bajar las cotizaciones de las empresas a efectos de competitividad. No quieren que aumentemos las cotizaciones.

P-¿Está eso reflejado en el programa de Macron?
Sí, porque aunque él se mantiene en la jubilación a los 62 años, al pasar a su sistema de cuenta nacional, como poco a poco la gente llegará a la jubilación con una esperanza de vida mayor, eso hará bajar automáticamente el nivel de las pensiones. Como en Suecia,　 se le dirá a la gente: puedes optar por jubilarte entre los 60 y los 70 años. Pero si lo haces a los 60 te dicen que tienes una esperanza de vida de 28 años, así que tu pensión será muy baja y si la quieres alta tienes que trabajar hasta los 65 o 70 años.　 Es un sistema que obliga a la gente a elegir el momento de jubilarse.

P- Macron habla también del "seguro de paro universal" ¿Qué quiere decir?
Actualmente el seguro de paro (en general el 57% del sueldo) está gestionado por sindicatos y patronal. Las empresas cotizan un 4% y los trabajadores un 2,4%. Solo los asalariados tienen derecho. Macron quiere nacionalizar el subsidio de paro y extenderlo a los autónomos. Quiere suprimir el 2,4% de los trabajadores y reemplazarlo por un impuesto del 1,7% para todo el mundo. El problema es que ya no serán los agentes sociales quienes gestionaran la seguridad social, lo que no gusta a los sindicatos, y que no se sabe cómo será gestionado todo eso.

P – La gran propuesta social de Macron es la eliminación del impuesto sobre la vivienda "para el 80% de los franceses".
Macron quiere suprimir el impuesto sobre las fortunas (ISF) y reducir fuertemente los impuestos sobre la renta del capital. Para compensar eso, propone suprimir el impuesto de vivienda para el 80% de la población. Es verdad que ese impuesto es socialmente injusto, pero eliminarlo dañará mucho a los ayuntamientos, que viven de él. Sería mejor reducir los impuestos inmobiliarios, que en Francia son muy altos, y aumentar el IRPF. En lugar de eso se focaliza el impuesto sobre la vivienda para compensar el gran vector de su programa.

Fuente:
http://lirelactu.fr/source/la-vanguardia/573e598c-5c84-4a80-bc94-56521f567c3f

Cuando Hacienda le investiga. Qué opciones tiene el contribuyente si el fisco discrepa de su declaración

En pocos días se dará el pistoletazo de salida a la campaña de renta 2014. De nuevo, preparar y verificar datos, confirmar borradores, hacer cuentas por la venta de la vivienda… En general, para la mayoría, todo discurrirá con normalidad. Pero para algunos no será así. Sepa qué opciones tiene cuando Hacienda discrepa de su declaración.

Llegará una carta certificada de la Agencia Tributaria. Inevitablemente surgirá una cierta preocupación (incluso aunque no haya motivo alguno) y una primera duda: dar por recibida la carta o no. La respuesta es sencilla: Hacienda tiene previsto todo un sistema de notificaciones que hará que antes o después (mandará una segunda carta; puede publicar un anuncio en los distintos boletines oficiales; puede hacerlo en su página web…) dé por hecho que el contribuyente “está avisado” de lo que sea que le quiera comunicar. El declarante podrá retrasar algo el procedimiento en cuestión pero éste seguirá adelante.

La realidad es que, en la mayor parte de los casos, esas primeras cartas certificadas de la Agencia Tributaria (AEAT) son “requerimientos de comprobación de datos”. La cuestión es que los contribuyentes presentan en el caso del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) una “autoliquidación”, incluso cuando confirman un borrador elaborado por la AEAT, y es su responsabilidad revisarlo y rectificarlo si es necesario. Por su parte, Hacienda cruza la información declarada con terceros: empleadores, pagadores, bancos, notarios… y, en ocasiones, “surgen discrepancias”, tal y como explican desde el Sindicato del Cuerpo Técnico de Hacienda de la AEAT y de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Las más comunes: la deducción por vivienda habitual de los que aún tienen derecho a ella, especialmente en los casos de ampliación de la hipoteca, pues Hacienda puede “dudar” de que no se haya empleado el dinero en algo distinto; los arrendamientos (falta documentación); la aplicación de deducciones sin justificación; o la no inclusión de determinados rendimientos del trabajo que puede ser que realmente no se hayan cobrado ese ejercicio. El contribuyente tiene diez días tras la comunicación para “aclarar” esos datos y la Administración hasta seis meses para contestar si está o no conforme con ellos.

El proceso suele ser más rápido y termina en una buena parte de los casos sin llegar a más, bien porque la AEAT acepta las aclaraciones, bien porque el contribuyente corrige sus errores.

Sin embargo, en los casos en los que “no hay acuerdo” (o en algunos, directamente sin el paso anterior pues considera que con la información que posee es suficiente), Hacienda envía lo que se conoce como paralela bajo el nombre de “notificación del trámite de alegaciones y propuesta de Liquidación Provisional” en la que ya calcula la cuantía por IRPF (y especifica el resultado exacto, según su criterio, a pagar o a devolver); señala los hechos y fundamentos de derecho que ha tenido en cuenta y da otro plazo de diez días para que el contribuyente presente las alegaciones pertinentes (algo que podrá hacer en el Registro de las sedes de la AEAT, en su web o por correo postal). Además, hay que tener en cuenta un “pequeño detalle” que, en ocasiones, aparece: una sanción (un 15% sobre la cantidad que se ha dejado de pagar), si Hacienda considera que el contribuyente ha tenido “ánimo defraudatorio”, es decir, que a conciencia ha intentado no cumplir sus obligaciones fiscales.

Si la Administración acepta las alegaciones presentadas: fin del proceso. El contribuyente no pagará sanción y recibirá el dinero pertinente si es que Hacienda debía devolverle alguna cantidad. Y si el contribuyente tenía que pagar algo a Hacienda (lo que es conveniente hacer, según Gestha, para evitar que se le apliquen intereses de demora pues en sus comunicaciones la Administración suele dejar claro que no se interrumpe el proceso) se le devolverá. El contribuyente puede estar tranquilo porque ha demostrado que, por ejemplo, de buena fe se aplicó la deducción por aportaciones a una fundación (muy habitual en algunos colegios concertados); o que no se incluyeron rentas del trabajo pues no se cobraron y se puede verificar; o que la ampliación de la hipoteca se destinó a la rehabilitación de la vivienda…

Lo difícil empieza a partir de ese momento para quienes reciben otra carta de Hacienda con una “notificación de resolución de liquidación provisional”. Quiere decir que no se admiten sus alegaciones. Se les pueden imponer mayores sanciones, que pueden variar entre el 50% y el 150% de lo defraudado en opinión de la Administración.

De nuevo, para el contribuyente se abren dos vías: la primera, dar conformidad a esa liquidación provisional en cuyo caso Hacienda le rebajará la sanción, si la hay, un 30% y pagar en tiempo con lo que tendrá otro descuento del 25%. La segunda, iniciar el camino de los recursos. Recursos que, advierten desde Gestha, siempre hay que presentar contra la liquidación provisional y contra la sanción impuesta.

El particular puede, en el plazo de un mes, presentar un “recurso de reposición” contra la propia Administración aportando toda la documentación que considere oportuna para justificar su posición. La cuestión es que será de nuevo la propia Administración quien en los trámites anteriores no aceptó sus alegaciones quien le conteste, por lo que las posibilidades de que cambie su criterio son escasas. Puede saltarse este paso y directamente e interponer una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) correspondiente, órgano que ya no depende de la Agencia Tributaria y, por tanto, puede aceptar otros criterios. Parece complicado, pero no lo es: se trata de nuevo de presentar en el registro de cualquier oficina de la AEAT los documentos necesarios para justificar su actuación. No precisa de abogado y basta con explicar claramente en una carta el por qué no está conforme con Hacienda. Si el contribuyente quiere que se interrumpa el proceso de pago (para que no apliquen los intereses de demora) debe solicitarlo y presentar un aval, que permita a la Administración tener la tranquilidad de que tiene fondos para saldar sus deudas tributarias.

A partir de ese momento, solo cabe recomendar paciencia. El TEAR tarda una media, según los técnicos, de casi dos años en resolver las cuestiones planteadas. Pero es cierto que en ocasiones falla a favor del contribuyente.

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/19/actualidad/1426791386_179886.html