_- Una canallada anticonstitucional

_- Desde la entrada en vigor de la Constitución no ha habido un solo caso comparable de aplicación de política penal de “reeducación y reinserción” como el protagonizado por los exmilitantes de ETA que fueron condenados en su día. La reacción del PP y Vox pone al descubierto la hipocresía de sus dirigentes.

Quiero dedicar este artículo a Luis R. Aizpeolea, Àngels Barceló, Xavier Vidal Folch y Aimar Bretos, a los que sigo desde siempre, es decir, a unos desde hace muchos años y a otros desde menos porque cada uno de ellos tiene la edad que tiene. Yo soy mayor que todos ellos.

He oído o leído los comentarios que han hecho en la Cadena Ser o en El País a propósito de la reacción producida por la inclusión en las listas electorales de Bildu de 44 candidatos condenados, siete de los cuales lo fueron por delitos con derramamiento de sangre.

Estoy de acuerdo con lo que han dicho o escrito, aunque he echado a faltar un punto que es el que quiero exponer en este artículo.

El artículo 25 de la Constitución reconoce el principio de legalidad penal en unos términos que, visto lo ocurrido, resulta imprescindible reiterar de manera expresa. Tras reconocer el principio en el 25.1, la Constitución añade en el 25.2 lo siguiente: “Las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”.

El constituyente de 1978 rechazó de manera rotunda, haciendo uso del imperativo “estarán orientadas”, que la condena por un acto constitutivo de delito que pueda conllevar la privación de libertad pueda convertirse en “la muerte civil” de la persona condenada. El principio de legalidad penal constitucionalmente reconocido está dirigido a lo contrario: a que la persona condenada pueda ser reeducada y se pueda reinsertar en la sociedad.

Desde la entrada en vigor de la Constitución no ha habido un solo caso comparable de aplicación de política penal orientada a la “reeducación y reinserción” como el protagonizado por los nacionalistas aberzales que militaron en ETA y que fueron condenados en su día a penas privativas de libertad. El éxito de la Constitución ha sido extraordinario. Cuantitativa y cualitativamente.

La renuncia a la lucha armada y a la práctica del terrorismo; la constitución de un partido político, Bildu, cuyos Estatutos pasaron el control del Registro de Partidos del Ministerio de Interior; la disolución de ETA, y una ejecutoria ininterrumpida de participación en el sistema político de manera inequívocamente democrática han sido el mayor homenaje que se le ha hecho a la Constitución desde su entrada en vigor.

Que personas que han luchado contra la democracia española de la forma en que ellos lo han hecho hayan reconocido expresamente que lo que hicieron fue un error, hayan pedido perdón a las víctimas por el daño causado y el dolor infligido y hayan manifestado su voluntad de actuar dentro de la Constitución de la que abominaban, que es lo que la democracia española les ha venido exigiendo desde los años ochenta del siglo pasado, es un éxito gigantesco. Desde hace doce años esa exigencia ha sido aceptada por el nacionalismo aberzale. Es la mejor prueba del éxito del imperativo de la “reeducación y reinserción” querida por el constituyente.

La inclusión de los 44 candidatos condenados por sus conductas como miembros de ETA, tras haber cumplido íntegramente las penas que les fueron impuestas y tras haber transcurrido el tiempo de inhabilitación que conllevaban, es un paso más en la aceptación de la Constitución. No es una falta de respeto a las víctimas, sino todo lo contrario.

La reacción que se ha producido por parte del PP y Vox ha sido una canallada anticonstitucional, que pone al descubierto la hipocresía de sus dirigentes, que no dejan de autocalificarse de constitucionalistas mientras incumplen de manera manifiesta la Constitución. En la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en lo que sea.

Es posible, mejor dicho, es seguro que Bildu ha pecado de ingenuidad y no ha explicado a la opinión pública el sentido que tenía la presentación de esas candidaturas antes de formalizarlas. Pero hay que ser muy canalla para reaccionar de la forma en que lo han hecho Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal…

El nacionalismo vasco y catalán forman parte de la Constitución material de España, que no podrá ser gobernada democráticamente sin su concurso. Cuanto más tiempo tarden en reconocerlo las derechas españolas tanto peor nos irá a todos. Pero está claro que, dada la reacción producida en estos días, queda mucho camino por recorrer.

https://www.eldiario.es/contracorriente/canallada-anticonstitucional_132_10213559.html

Crear consciencia sobre los hechos y las consecuencias. Métodos de reeducación en la adolescencia

Andrés López

No se puede decir que exista un único método para la reeducación de personas que han cometido infracciones penales o administrativas, o ni tan siquiera cuando el hecho no llega al alcance de contemplarse por las normas establecidas, pero representa una conducta incívica o desviada social por parte de sujetos en su minoría de edad. Ante estos casos, habría que tratar la situación con mucha cautela y establecer cauces de conexión entre el educador/a, e inclusive su madre, padre o tutores, en cualquiera que fuera el caso de ostentar la guarda y custodia del menor.

En primer lugar, hay que tener claro que no siempre un método genérico es el más eficaz, si tan siquiera es el que funciona por el hecho de que con otros menores ha funcionado anteriormente. Pues se parte de la base de que cada persona es un mundo, de hecho, su forma de ver el mundo, la realidad social, el papel que desencadena en el contexto participativo social, es muy idiosincrático. A veces, incluso sería necesario echarle un vistazo al contexto familiar, cultural y social donde se desenvuelve el adolescente y a partir de ahí, comprender porque se comporta una persona como lo hace; y es que nadie elige donde, con quien, cuando,… nacer.

De hecho, muchos profesionales buscan las raíces a través de historias de vidas y van más allá de lo que ven en el acto. Digamos que sería como ver un álbum de fotos que comprendería del presente al pasado, y deteniéndose en aquellos aspectos que pueden llegar a intuir que el adolescentes ha ido padeciendo cambios en su desarrollo evolutivo y que se puede observar a través de imágenes, vídeos, etc., Y que se determina en su forma de vestir, de expresarse a través de su imagen, e incluso de quienes se rodean en sus fotos y cómo se distinguen los distintos escenarios sociales. Aspectos que son muy importantes a la hora de considerar que método se debería aplicar con un menor en proceso de reeducación.

Incluso cada método debe responder al acto “desviado” que se comete o se participa en cualquiera de sus modalidades como actor. No es lo mismo el adolescente que decide no asistir a clase para estar con los colegas en un callejón, que el que consume bebidas alcohólicas con su grupo de amigos a escondidas de su padre o madre, o el que le quita las llaves del automóvil a su madre o padre y conduce. Digamos que son circunstancias distintas y por lo tanto, habría que utilizar métodos distintos. Aunque si bien es verdad, que la base de la educación social, tal y como lo estableció el educador Paulo Freire, es aprender a aprender, y para cuyo objetivo en la reeducación debe consistir en crear consciencia entre el hecho presumiblemente erróneo cometido, las consecuencias que pudieran determinar en un fatídico final, y sobre todo, la huella indeleble que podría marcarse en la vida del débil y hábil adolescente que por diferentes motivos le ha llevado a cometer una torpeza, bien imprudente, bien intencionada o bien inconsciente.

Así que el trabajo terapéutico del educador/a social o de otros profesionales de la educación, debe consistir en enseñar y tomar conciencia de que todo eso que un adolescente ignora debido a su falta de conocimiento racional, o bien ante su falta de personalidad para saber adoptar posturas más responsables, debe ser tratado con el más sensible respeto y dedicación. Pues esta fase del diagnostico requiere mucho más esfuerzo que en la aplicación del método en sí. Es decir, si somos capaces de reconocer el problema, sabremos llegar a tiempo y con mejor herramientas para evitar cualquier otra conducta desviada que pudiera llevar a cabo un adolescente.

Para ello, es muy importante reconocer el hecho, verlo desde una perspectiva comprensiva para que sea mejor llegar al adolescente, y utilizar el método adecuado para evitar en la medida de lo posible, que se repitan nuevos episodios. Por lo tanto, el educador/a social debe acercarse a la realidad del problema con don de enseñar y aprender, porque incluso un caso incívico conlleva detrás una serie de características que definen a una persona, es decir: “se nos conoce por nuestros actos”.
Andrés López, es antropólogo y educador social.

La cárcel, un tragapersonas improductivo. Una amplia investigación en Estados Unidos demuestra que la prisión no ayuda a reducir el delito

Realizado por la prestigiosa New York University, el informe Brennan fue presentado en Buenos Aires. Sostiene que la cárcel mantiene a 2,3 millones de personas tras las rejas (en EE.UU. el país con la tasa mundial más alta de personas encarceladas), a un costo de 80 mil millones de dólares anuales, y no ayuda a reducir el delito.


“Desde la década del 80, el encarcelamiento redujo su efecto en el control del delito. A partir del 2000, el impacto que tuvo el crecimiento de la encarcelación, en otras palabras, agregar gente a la cárcel, sobre la tasa de criminalidad fue esencialmente cero”. La conclusión surge de un riguroso estudio realizado por un equipo de investigadores de la prestigiosa Escuela de Leyes de la New York University sobre las cincuenta principales ciudades de Estados Unidos, en los 50 estados que componen el conglomerado del Norte. El informe cuenta con consenso entre demócratas y republicanos. “De hecho –remata el informe–, mientras que grandes estados como California, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas reducen sus poblaciones carcelarias la tasa delictiva continúa en descenso”. El informe fue presentado en Buenos Aires ante la presencia, entre otros, de lobbistas y prácticos del manodurismo local.

El informe, titulado “What caused the crime decline?” (¿Qué causa la baja de la criminalidad?), y producido por el Brennan Center for Justice, de la afamada Escuela de Leyes de la NYU, investiga una serie de variables popularmente mencionadas como solución a las tasas de criminalidad: la incidencia del uso de drogas en los delitos, el despliegue masivo de uniformados, la baja en la edad de punibilidad de los adolescentes, la construcción de cárceles y el encierro de personas, entre otras. El resultado que comprueban los investigadores es que ninguna de esas variables tuvo efectos visibles sobre la baja de la tasa de criminalidad, y en algunos casos demostraron que el efecto era cero. Y lo que también los inquieta es que Estados Unidos invierte anualmente 80 mil millones de dólares en mantener el sistema carcelario.

Lo sorprendente del estudio no reside tanto en el descubrimiento de que la relación más cárcel-menos delito no es vinculante, sino en que se llegue a esa conclusión en el país que tiene la más alta tasa de encarcelamiento del mundo –alrededor de 500 presos por cada cien mil habitantes–, con 2,3 millones de personas alojadas tras las rejas, lo que representa la cuarta parte del total de presos de todo el mundo. “Desde los años ‘70 –señala el informe Brennan–, el encarcelamiento en EE.UU. creció constante y dramáticamente. Las políticas de justicia criminal decretaron durante el pico de la Guerra contra las Drogas en los ‘80 y ‘90 la expansión de la encarcelación como respuesta al crecimiento del crimen y el miedo que desataba. Esto incluye mínimos más altos en las penas, el cumplimiento de la pena, las leyes del ‘tres detenciones y fuera’ (la tercera detención por el motivo que fuera provoca una condena definitiva, también llamada tolerancia cero), aporte de fondos federales para la construcción de cárceles”, entre otros.

El estudio del Brennan Center analiza la tasa de criminalidad desde 1990 hasta 2013, y la compara con el delito violento (DV) (homicidio, violación, robo, asalto agravado), el delito a la propiedad (DP) (robo en vivienda, hurto, robo de vehículos), y el encarcelamiento. Y determina que en ese período el DV se redujo en un 50 por ciento, el DP, en 46, y el encarcelamiento creció el 61 por ciento. Al analizar la década ‘90-’99, los autores –Lauren-Brooke Eisen, Julia Bowling y Oliver Roeder– determinaron que el DV se había reducido 28 por ciento; el DP, 46; y la carcelación creció esos años el 61 por ciento. “Lo más sorprendente –citan los autores– es que la tendencia no muestra una relación coherente. Especialmente a partir del 2000, el crimen continúa cayendo (en la misma proporción) mientras que el encarcelamiento creció muy lentamente (uno por ciento)”.

Bajó el delito pero no motivado por el encarcelamiento, que no tuvo modificación. Para los autores éste fue un indicio de que la relación directa, más prisión-menos delito, es al menos poco efectiva para explicar el descenso de la criminalidad.

Los investigadores afinaron la búsqueda analizando los efectos de otras 12 variables con posible impacto en la reducción de la tasa delictiva, entre 2000 y 2013:

En el área de políticas de justicia criminal:
- Incremento de la encarcelación: no tuvo efecto en el descenso del DV.
- Tampoco la pena de muerte.
- El aumento masivo del número de policías no tuvo incidencia.
- Tampoco tuvo incidencia la promulgación de leyes sobre portación de armas.

Entre los factores económicos:
- No encontraron evidencias de que el desempleo tuviera efectos.
- El crecimiento de los ingresos tuvo una repercusión de entre 5 y 10 por ciento.

Y entre los factores sociales y ambientales:
- La baja en el consumo de alcohol tuvo un efecto en la caída del crimen entre 5 y 10 por ciento.
- El envejecimiento de la población no tuvo evidencias de efecto.
- Y la baja en el consumo de crack tampoco tuvo efectos.

Entre las evidencias que los investigadores encontraron como más efectivas (entre un 5 y un 15 por ciento) en la caída del delito aparece el modo en que es utilizada eficientemente la policía.

Policías y cadalso
Otra de las bases del relato de la inseguridad que se puso en discusión en Estados Unidos fue la contratación y despliegue masivo de fuerzas policiales como medida para combatir la delincuencia. El estudio realizado por Brooke Eisen, Bowling y Roeder, avanza sobre el punto y propone que la contratación masiva es ineficaz. “Este informe encuentra que el aumento en la cantidad de oficiales de policía tuvo un modesto efecto descendente en el delito en los 90, de entre 0 y 10 por ciento”, dice, y agrega que el efecto empezó a ser “insignificante en los 2000”.

Por otro lado determinaron que la relación entre la aplicación de la pena de muerte y la reducción del delito es tan débil que es comparable a cero.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-282066-2015-09-20.html