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jueves, 14 de diciembre de 2023

¿Forzar a los mercados o ir más allá de ellos?

Publicado en Alternativas Económicas nº 118, noviembre 2023

Cuando se empieza a discutir la posible formación de un nuevo gobierno de coalición progresista en España vuelve a hablarse de medidas económicas que suelen concitar bastante desacuerdo entre economistas.

Con los precios de muchos bienes y servicios básicos, como los alimentos o la vivienda, todavía subiendo, aunque el índice general se haya frenado, desde la izquierda se proponen controlarlos legalmente. Para mejorar las condiciones del empleo se reclama que suba de nuevo el salario mínimo y, cuando se ha comprobado el aumento extraordinario de márgenes en algunas empresas y de los grandes patrimonios, se proponen aumentos impositivos para compensar el enriquecimiento tan desigual que se viene produciendo.

Son propuestas que la izquierda defiende por razones fundamentalmente de equidad, aunque no sólo por ellas, sino considerando además que la desigualdad es también un freno para el crecimiento económico. Y medidas, por otra parte, que los economistas liberales o más ortodoxos critican porque consideran que atentan contra las leyes de la oferta y la demanda, en el caso de los controles, provocando así problemas más graves que los que se desea resolver; o, cuando se trata de medidas fiscales redistributivas, porque creen que expulsan la inversión y destruyen empleo, pues disminuyen los beneficios empresariales.

Estas últimas críticas liberales no tienen demasiado fundamento, ni desde el punto de vista teórico ni tomando en consideración la evidencia empírica.

En el caso de los topes a los precios o de la fijación de salarios mínimos el argumento liberal se basa en afirmar que, si los gobiernos establecen precios por encima (salario mínimo) o por debajo (precios máximos) del precio de equilibrio, lo que ocurrirá será que haya exceso de oferta (paro) o de demanda (escasez de bienes).

Se trata de una argumentación que no puede tomarse del todo en serio por una razón muy sencilla, aunque sorprendentemente muy desconocida, incluso entre los propios economistas, acostumbrados a que los manuales de economía y muchas investigaciones la oculten utilizando razonamientos, intelectualmente hablando, del todo fraudulentos.

En realidad, es material y matemáticamente imposible determinar una sola función de oferta y otra de demanda en un mercado y, por tanto, no es posible establecer que haya «un» precio de equilibrio que pueda ser «violentado» por esos topes máximos o salarios mínimos.

Se trata de algo que Sonnenschein, Mantel y Debreu demostraron en 1972 y 1973, pero que se oculta en la inmensa mayoría de los manuales de economía en donde supuestamente aprendemos los economistas: no se puede obtener una función de demanda de todo el mercado agregando las individuales.

Incluso se podría ir más allá. Es también prácticamente imposible determinar una función de demanda individual real. Como es sabido, esta es la que indica la cantidad de un bien o servicio que un consumidor está dispuesto a adquirir a los diferentes precios del mercado, suponiendo que no varían otros factores que, sin embargo, sabemos con toda seguridad que sí influyen en su decisión, como su renta, sus preferencias o gustos y el precio de otros bienes vinculados con el consumo del que desea adquirir.

La mejor prueba de lo que acabo de señalar es que resulta imposible encontrar un solo libro de economía en cualquier biblioteca del mundo que muestre una función de demanda real, no ya de mercado sino incluso de un solo individuo, que tenga la forma que dicen los manuales que ha de tener.

La conclusión de todo esto, por tanto, es que el efecto de ese tipo de medidas mencionadas es, en la realidad, indeterminado. Y, de hecho, eso es lo que se descubre cuando se realizan análisis empíricos a posteriori para saber qué ha ocurrido tras haberse establecido topes máximos a los precios en algunos mercados o cuando se han fijado salarios mínimos.

Las investigaciones dedicadas a analizar este último caso, empezando por las pioneras de David Card y Alan Krueger en Estados Unidos, han mostrado que no es cierto que la fijación de un salario mínimo traiga necesariamente consigo aumento del desempleo, tal y como pontifican los economistas liberales. Cuando se han analizado los efectos de controles sobre los precios en diferentes tipos de mercados se ha concluido lo mismo: en unos casos, se han contenido sin mayores problemas; en otros, sólo a corto plazo o no han tenido efecto; en algunos, se ha reducido la oferta, provocando escasez, aunque eso no ha ocurrido en todas las experiencias. Y algo parecido sucede en el caso de las subidas de impuestos. También es sencillamente incierto que cualquier subida (y menos cuando se ha tratado de aumentos en circunstancias extraordinarias) haya provocado siempre los indeseables efectos sobre la inversión y el empleo que aseguran los liberales que en cualquier ocasión se producen. Es más, ni siquiera tienen por qué provocar disminución de beneficios, puesto que las empresas pueden reaccionar aumentando la productividad o ampliando su mercado y sus ventas, como de hecho ha ocurrido en diferentes etapas históricas y, generalmente, en las economías más avanzadas; las que lo son, precisamente, porque han sido capaces de reducir la desigualdad en mayor medida con políticas fiscales progresivas.

¿Quiere decir todo lo anterior que las medidas de control y de redistribución que propone la izquierda son las más adecuadas?

La respuesta es clara, por las mismas razones que acabo de señalar para rechazar la crítica liberal. Pueden tener efectos positivos, pero igualmente pueden ser negativos, en función de las circunstancias, los tipos de mercado, el plazo considerado o la forma de implementarlas.

Quizá podría decirse, en general, que estas medidas pueden estar tanto más justificadas cuanto más excepcional sea la situación, si bien tampoco se puede descartar que esta excepcionalidad provoque un efecto perverso más potente. La realidad es que no se sabe de antemano qué efecto van a tener. No se puede, pues, generalizar, sino que parece obligado analizar cada caso con ponderación, detenimiento y rigor. El infierno, como es sabido, está lleno de buenas intenciones.

Lo que sí me parece que constituye un error importante de las políticas económicas que tradicionalmente han defendido las izquierdas es confiar en tan gran medida y tan permanentemente en la redistribución y en el control de los mercados.

Estos últimos son instituciones anteriores al capitalismo y que seguirán existiendo si este es alguna vez sustituido por otro sistema económico, y lo que a mi juicio deberían hacer las políticas progresistas no es intentar forzarlos sino, por un lado, procurar que funcionen siempre con la máxima competencia y tratar de establecer derechos o poderes de apropiación que eviten el gran número de imperfecciones que provoca el ilimitado afán de lucro que los guía en el capitalismo; por otro, que no dependa de los mercados el uso de recursos que no han sido creados para convertirse en mercancías. Y, con respecto a la distribución del ingreso y la riqueza, me parece que lo que debería hacerse es procurar que los procesos de producción no se lleven a cabo generando la gran desigualdad que hoy día generan. Es decir, no confiar tan ciegamente en que cualquier distribución primaria puede resolverse a través de medidas redistributivas.

Naturalmente, esto último es mucho más difícil que establecer por decreto un control de precios, conceder un subsidio o aumentar los impuestos. Pero, por muy complicado que sea, me parece que es el reto al que deben enfrentarse las políticas progresistas de nuestro tiempo si quieren salir adelante ante la exagerada desigualdad y la extraordinaria concentración del poder y la riqueza hoy día existentes. Y, sobre todo, si lo que se busca es transformar el sistema económico y no limitarse a parchearlo cuando hace aguas por todas partes.

Es imprescindible avanzar en la desmercantilización de actividades que, en el seno del mercado, generan ineficiencias, costes exagerados, externalidades insoportables e injusticias por doquier. Se debe promover la creación de empresas basadas en la cooperación para poder fomentar y expandir nuevas formas de producción, distribución comercial y consumo al margen de los mercados que dominan los grandes capitales o, lo que es peor, grupos financieros con objetivos no productivos, sino meramente especulativos.

En especial, habría que diseñar y apoyar estrategias para sacar de estos circuitos a los medios de pago, el crédito y los recursos naturales, garantizando que su uso social responda a su naturaleza de bienes comunes y de interés público (lo que, por cierto, no tiene nada que ver con ser gratuitos). Para poder impulsar una deseable economía del cuidado y la austeridad en su sentido auténtico, circular, sostenible y eficiente es imprescindible crear formas y medios de pago descentralizados, sistema de crédito sin interés, mecanismos efectivos para internalizar todo tipo de externalidades, incluidas las que suponen inequidad y sufrimiento humano y, por supuesto, la medioambientales, además de mecanismos que garanticen rentas mínimas y protección a toda la población, sin depender del mercado que sólo busca el beneficio privado.

Las izquierdas han actuado y actúan casi siempre considerando que la intervención del Estado es por sí sola suficiente, y que los enemigos del progreso y el bienestar son el capital y las empresas, ignorando que ambos son imprescindibles en cualquier tipo de sistema económico mínimamente avanzado. Lo que produce miseria, despilfarro, insatisfacción o destrucción del medio ambiente… no es ni el capital ni las empresas, sino el permitir su apropiación y uso sin más objetivo que el lucro privado, sin considerar su efecto sobre terceros y dejar que actúen al margen de cualquier responsabilidad o criterio ético. Y también, no se olvide, una mala intervención pública.

La respuesta a los problemas que produce el mal funcionamiento de los mercados en la economía capitalista no puede ser la ingenua de querer forzarlos, sino ir más allá y poner en marcha nuevas formas de producción de la riqueza y relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad que den prioridad al uso de los recursos que satisfaga las necesidades humanas y garantice la vida presente y futura en el planeta.

Juan Tottes López,

lunes, 29 de noviembre de 2021

Criptomonedas: solo especulación que acelera el desastre climático

Las llamadas criptomonedas se están convirtiendo en una de las expresiones más fieles de la lógica y la ética que dominan el capitalismo de nuestros días.

El número de todas las que existen en el mundo es ya impresionante. A última hora del 10 de este mes de noviembre la web coinmarketcap.com registraba 13.969. Veinticuatro horas más tarde, ya registraba 14.055, 86 más.

El valor de todas ellas en los mercados tampoco para de crecer. En ese mismo periodo de un día, ha pasado de 2,79 billones de dólares a 2,84 billones, según los datos de la misma web,. (aquí). Y hace justo un año el valor total era de 440.000 millones, lo que quiere decir que en estos últimos doce meses se ha multiplicado por 6,4.

Pero si es grande el número y el valor de las criptomonedas que se han creado y circulan por todo el mundo, mayor aún es la confusión que existe sobre su auténtica naturaleza.

Dicho de la forma más elemental posible, las criptomonedas son anotaciones digitales obtenidas por diferentes procedimientos, todos los cuales se basan en la utilización de cifras o códigos muy complejos para crearlas y controlar su circulación de modo descentralizado.

Se dice que esas anotaciones digitales son dinero, lo mismo que lo es la anotación que los bancos hacen en las cuentas de sus clientes, y por eso se denominan criptomonedas. Pero esta es una idea errónea porque no es verdad que las criptomonedas estén desempeñando las funciones que siempre desempeña cualquier cosa que sea utilizada como dinero: ser medio de pago de aceptación generalizada, unidad de cuenta y depósito de valor.

El dinero es cualquier cosa que es generalizadamente aceptada como medio de pago, para saldar las deudas. Y, al contrario, se puede decir que no es dinero lo que no haya sido aceptado generalizadamente para esa función.

Si yo le debo a mi vecina 500 euros, puedo saldarle la deuda con una moneda del reinado de Isabel II de mi propiedad que para ella tenga el valor de esos 500 euros. Sin embargo, aunque haya saldado una deuda con ella, esa moneda no se puede considerar como dinero si no es aceptada como tal por todas las personas. Ahora bien, si al día siguiente el Estado declarase que esas antiguas monedas de Isabel II pasan a ser de curso legal, es decir, de obligada aceptación para saldar deudas, la moneda que le di a mi vecina sería ya dinero. Por tanto, para que algo se convierta en dinero no basta que alguien lo acepte como pago de una deuda. Es necesario que la aceptación sea generalizada, bien por imposición del Estado o por decisión colectiva (eso es lo que ocurría en los campos de concentración, donde se aceptaban cigarrillos como medio de pago, convirtiéndose así en dinero en ese espacio).

Las criptomonedas que se han creado hasta la fecha no son dinero por la sencilla razón de que su aceptación no es generalizada para saldar deudas y, además, porque eso no ocurre debido a otras circunstancias quizá todavía más relevantes.

Hoy día, la inmensa mayoría de la gente o de las empresas que necesitan disponer de medios de pago para intervenir en los intercambios normales y corrientes de la vida económica no aceptaría como pago un axie infinity, un quant, un ardor o un prometeus, por poner algunos ejemplos. Sencillamente, porque saben que no es seguro que otras personas o empresas acepten esas criptomonedas como pago en otro momento o intercambio; entre otras cosas, porque no sabrían ni a qué se refieren esos términos.

La segunda razón de por qué las criptomonedas actuales no se pueden considerar dinero es todavía más decisiva: no se usan como medio de pago generalizado sencillamente porque no conviene usarlas para ello. Su valor es tan volátil, incierto e inseguro que resultan materialmente inútiles como dinero. Nadie en su sano juicio utilizaría hoy para pagar sus deudas una «moneda» que mañana puede tener mucho más valor, ni sabiendo que es posible que, en unas horas, puede perder gran parte de él. Nadie firmaría hoy un contrato suscrito en alguna de esas criptomonedas porque sería como hacerlo a precio indeterminado.

Sea lo que sea que se utilice como medio de pago, para que pueda cumplir esa función debe tener un valor con cierta estabilidad.

La realidad es que el precio de las criptomonedas es muy volátil y esto también impide que puedan desempeñar la otras dos funciones del dinero que he mencionado antes, la de depósito de valor y unidad de cuenta. Usar cualquier de ellas para esto último sería como establecer como unidad de medida un metro de extensión variable que cada vez que se usara tuviese una longitud diferente.

Además, hay que tener en cuenta que la oferta de criptomonedas es fija (de bitcoin se emitirán 21 millones de unidades y ya se han creado 18,6 millones) y, su precio, además, fácilmente manipulable por pocos poseedores (a finales de 2020 los 100 mayores poseedores de bitcoins cash disponían del 13% de los que circulan). Eso hace que no se pueda garantizar ni su disponibilidad en un momento dado, ni su estabilidad, ni su posible utilización para corregir los desequilibrios de la economía, como puede hacer y es necesario que haga la política monetaria.

Por último, el procedimiento tecnológico y algorítmico que ha de seguirse para producirlas y controlar su circulación hace que sea prácticamente imposible que alcancen la capacidad que sería necesaria para hacer frente a las transacciones que se realizan en la economía mundial.

El sistema de funcionamiento del bitcoin, por ejemplo, impide que pueda llevar a cabo más de 7 transacciones por segundo, lo que supone un máximo de 220 millones al año. Una cifra ínfima comparada con los 700.000 millones de pagos digitales que se efectúan en el sistema financiero global anualmente. O con las 65.000 operaciones por segundo que puede realizar VISA.

Las criptomonedas son hoy día registros digitales de los que solo conviene o interesa disponer para obtener beneficios gracias a las variaciones de su precio, es decir, para especular con ellas. Pero no porque convenga utilizarlos como medios de pago habituales o unidades de cuenta, es decir, no porque sean dinero.

Esta es la primera razón por la que dije al principio que las criptomonedas se han convertido en una de las expresiones más fieles de la naturaleza del capitalismo de nuestros días, basado preferentemente en la obtención de ganancias a través de la especulación financiera y no del desarrollo de la actividad productiva que crea bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades.

Las criptomonedas no sirven hoy día nada más que para especular con ellas, para ganar dinero comprándolas y vendiéndolas sin realizar ninguna de las actividades productivas que satisfacen necesidades humanas.

Es posible que dentro de un tiempo alguna de las criptomonedas actualmente existentes se haya ganado la confianza de los sujetos económicos, que se utilice generalizadamente porque su valor se haya estabilizado y que las limitaciones técnicas actuales que he señalado hayan desaparecido. No niego que, entonces, pudieran ser consideradas como dinero. Aunque, en todo caso y si llegaran a serlo, sería a costa de un gasto de energía tan desorbitado que cuesta mucho creer que fuese posible asumirlo.

Es así porque la creación y control de todas estas criptomonedas necesita que haya miles de ordenadores dedicados a realizar continuamente operaciones muy complejas que requieren mucha electricidad y ser renovados, como media, en unos 18 meses. Los datos que lo demuestran producen escalofrío.

Se estima que la huella anual de carbono que genera la producción de bitcoin (más o menos la mitad del valor de todas las criptomonedas) equivale a la de un país como Chile; su consumo de electricidad anual (116,7 TWh, según el Indice de Cambridge) está entre el de Países Bajos (111 TWh) y el de Argentina (121,1 TWh) y es la mitad del que realiza España (233 TWh); y los residuos electrónicos que genera equivalen a los producidos por Países Bajos.

La ineficiencia de las criptomonedas y el despilfarro que conllevan se perciben todavía más claramente si se considera el gasto de energía que lleva consigo realizar una sola transacción con el bitcoin: produce una huella de carbono equivalente a la de 2 millones de transacciones con tarjetas VISA y requiere la misma cantidad de electricidad que 1,2 millones de esas transacciones. Y el desecho de material electrónico que lleva consigo una sola transacción de bitcoin es el mismo que producen 1,69 iPhones de últimaa generación o 0,56 iPads (datos aquí)

Hasta ahora y según el cálculo que realiza la Universidad de Cambridge, el 61% de la energía que consume la producción y control de las criptomonedas procede de energías no renovables es decir, de las más costosas y contaminantes.

Es cierto que hay un acuerdo internacional para lograr en 2025 que el 100% de la energía que consuman sea renovable, pero se trata de una previsión que ni es realista ni positiva. No es realista porque las energías renovables son de provisión normalmente intermitente mientras que las criptomonedas necesitan un suministro constante. Y, por otra parte, es inevitable que su demanda de electricidad siga creciendo exponencialmente para poder suministrar criptomonedas (de 2015 a marzo de 2021, el consumo de energía de Bitcoin aumentó casi 62 veces). Por tanto, aunque toda esa nueva demanda procediera de energías renovables, lo cierto es que supondría un gasto en producción de energía despilfarrador, sobre todo, si se tiene en cuenta que solo sirve para multiplicar la especulación que debilita la actividad económica productiva y destroza los incentivos que pueden hacer que los sujetos se dediquen a crear empleo y riqueza.

En resumen, las criptomonedas solo son una pieza más del «gran casino» financiero, como lo llamaba el gran economista liberal francés Maurice Allais, en que se ha convertido el capitalismo de nuestros días.

Son pura especulación financiera, despilfarro que impulsa el incremento de la deuda y destruye la economía productiva y una de las principales responsables del desastre climático de nuestros días. Además de servir, para colmo, como una una vía por la que pueden transitar los grandes criminales del planeta para ocultar su dinero y sacar mucha más rentabilidad de lo que roban.

En los años sesenta, viendo venir el desastre que iba a provocar la especulación financiera que se abría paso, James Tobin propuso «echar arena en las ruedas de las finanzas internacionales» para, al menos, frenarla. No se le hizo caso y hemos pagado las consecuencias: casi seis décadas de menos actividad económica, más desempleo, más deuda y crisis económicas y financieras recurrentes. Si no se quiere seguir por ese camino, se debería desinflar cuanto antes la burbuja financiera de las criptomonedas y evitar el gigantesco daño ambiental que están provocando.

viernes, 31 de agosto de 2018

_- ¿Son rentables las FAS?

_- Manuel Millera Rebelión

“El libro negro del Ejército español” se titula la última publicación del exteniente del ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura (LGS), y editado por Akal. Ya había sacado antes otros títulos, como “Un paso al frente” (2014) y “Código rojo” (2015) que le valieron arrestos, desprecios, castigos, y finalmente la expulsión. Como dice, es el libro que nadie más quiso escribir. Totalmente recomendable, casi obligatorio y muy significativo que no sea noticia en casi ningún medio. A pesar de la verdad que muestra, no ha sido denunciado por nadie, por ello es muy singular; cuenta a su manera, la historia oculta del Desastroso Ejército español, que ha dado en los últimos 2 siglos más de 50 golpes de estado.

Se suele discutir a menudo, la rentabilidad de la Seguridad Social (S.S.) para meternos en la cabeza, de manera machacona el NO... ¿Por qué nadie discute si son rentables las FAS, Fuerzas Armadas Españolas? ¿Existe complicidad del mundo del periodismo, empresarial, político o bancario? El ejemplo más significativo de puertas giratorias es el Señor de la Guerra, Pedro Morenés, que facturaba a su empresa Instalaza, desde su puesto de ministro Defensa, cantidades de hasta 115 millones, pero es tan sólo un eslabón de una terrible realidad. Puertas que vienen de la época de Franco, “cuando pagaba los servicios prestados a unos hombres que convenía tener contentos y tranquilos”

Una buena metáfora de las FAS es el desfile. Lo que mejor saben hacer (marcar el paso) es algo intrascendente, carísimo, obligatorio, no hay que pensar, y quien se sale de la norma, la paga. La disciplina y la adulación, los valores más repetidos en las FAS, son una trampa mortal, como una bomba con retardo, al ocultar la verdadera cara castrense: un mundo impenetrable, que juega con vidas humanas, para enriquecerse. Es sabido que los gastos militares se “reparten” y camuflan hábilmente entre varios ministerios de una manera que es casi imposible seguirles el rastro, del mismo modo que el dinero se desliza entre paraísos fiscales.

No solo es carísimo de por sí el ejército. Existe, según el autor, una corrupción generalizada, algunxs dirán: “casos aislados”... ¿les suena la frase?... Mudanzas, comida, ropa, adquisiciones, combustible, formación, huérfanxs... aparte de las armas, claro. Cualquier elemento es susceptible de generar ingresos extras; si usted ha hecho la mili, sabe que un simple sargento o brigada puede trampear las cuentas de la cantina. Un teniente realizaba en un solo año, unas 500 mudanzas falsas, por un coste medio de unos 3.500 €uros. En los 5-6 años que una sóla empresa realizó los traslados, se generó un montante de unos 10 millones de euros... En 1995, desaparecieron...¡4 millones de litros de gasoil!... en el barco Marqués de la Ensenada. En 1997 se planificaron compras por valor de 30.000 millones de €uros, para un armamento mayoritariamente innecesario y deficitario.

26.05.2003: accidente del Yak-42 causa la muerte de 62 militares españoles, más otros 12 ucranianos y 1 bielorruso. En 30 años, entre 1949 y 1978, fallecieron 227 pilotos, no por guerra, sino por siniestralidad interna y negligencia. Más de 400 en los últimos 80 años, pero no importa, la indemnización de un militar raso cuesta tan sólo 23.000 €uros. Aviones que no vuelan, paracaidistas lanzados al vacío con una caja de herramientas, armas que no funcionan y explotan al usuario, carros de combate Pizarro que no disparan, submarinos S-80 de bonito color que no flotan... los chistes de Gila se quedan cortos ante la ineficiencia de nuestras FAS. El Tribunal de Cuentas detectó en 2016, de una muestra de 55 contratos adjudicados, por valor de 296 millones de €uros, que en ninguno de ellos existía justificación del importe asignado.

El portaaviones Príncipe de Asturias no llegó a entrar nunca en combate; desde su botadura en 1982 hasta su desmantelamiento en 2013, costó unos 1.800 m €uros al contribuyente entre la compra, mantenimiento, sueldos y otros gastos. El submarino S-80 tenía un exceso de peso de 75 toneladas y 4 unidades nos costaron 2.100 m € para Navantia. Abengoa, Santa Bárbara, Indra, EADS CASA, ITP, Aorenova, Tecnovit, Electroop, Amper, empresas beneficiadas. Pero gracias a amenazas reales o inventadas, a seguir en la OTAN, creada para combatir al comunismo soviético, al juego de velar por nuestra seguridad y al miedo creado por el sistema, la ciudadanía acepta indirectamente, el enorme coste de las FAS, aunque es lo menos rentable del costo público.

En definitiva, “no deberíamos haber adquirido sistemas de armas que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen, con un dinero que no tenemos, y lo que es más grave, que en muchos casos no funcionan”. El trasvase de dinero entre la empresa privada y el estado es una cantidad inmoral, cuando se dan infinidad de recortes en necesidades básicas de la ciudadanía. Más de 32.000 millones destinados al gasto militar y al control social en 2018, el 2,75% del PIB en España, aunque en el presupuesto oficial figuren tan sólo unos 9.256 millones. LGS eleva esta cifra a los 40.000 millones. La cantidad dobla aproximadamente a la que se detrae cada año de los fondos de la S. Social. Propongo un plan a 10–20 años que sustituya un gasto por el otro.

La implicación de los bancos españoles en la industria de armas es tan extensa e importante, que el disparate de esta compra les ha reportado unos beneficios obvios y magníficos, con las repercusiones que ello tiene en los fondos privados de pensiones y otros valores en bolsa. Si las armas, la guerra y el miedo se imponen, la cultura y el pensamiento desaparecen. No vuelvan a decirnos que la S. Social no es rentable, resulta muy insultante. Léanlo este verano. En Salou, en Zarauz, en su casa del pueblo o de la Rotxa. A pesar de la modorra estival, les abrirá unos ojos como platos...

Manuel Millera es arquitecto

 https://www.rebelion.org/noticia.php?id=245821

_- El crimen histórico contra la sanidad pública

_- Ruth Toledano
eldiario.es


 A quienes han crecido con los gobiernos del PP, partido impulsor de la privatización de la sanidad, se les ha arrebatado esa seguridad que, pasara lo que pasara, dábamos por hecha ante lo más importante: la salud

Crecí en la idea de que vivía en un país tocado por la fortuna de su sanidad pública. Era una idea generalizada, una convicción que, en última instancia, dotaba a la gente de una gran tranquilidad. Podías tener cualquier revés en esta vida -familiar, económico, laboral-, las cosas podían ponerse muy feas. Pero sabías que en cualquier momento, si lo necesitabas, ahí estaba la Seguridad Social para ayudarte. Era una realidad incuestionada según la cual podías ser rica o pobre, viejo o joven, haber nacido en el kilómetro cero o en el lugar más remoto, tener la piel más blanca o más negra, tener trabajo o no tenerlo, tener estudios o carecer de ellos, ser propietaria de una casa o vivir en situación de calle; en cualquier caso, si te fallaba lo más importante (la salud, se decía), estaba a tu disposición todo el aparato sanitario.

Ese aparato contaba con el mejor personal de todo tipo y con los mejores profesionales de la medicina y la enfermería. Crecí en la idea de que, si bien las familias acomodadas eran tradicionalmente cuna de médicos, si bien los barrios pudientes alojaban las consultas privadas de unos especialistas cuyo renombre se heredaba de generación en generación, era en la sanidad pública donde estaban los mejores de entre los mejores, los más estudiosos y formados, los que para despuntar no habían invertido dinero y apellidos sino que habían hecho brillar su talento y agotado su esfuerzo personal. Un aparato que era a su vez espacio de emancipación económica para las mujeres: el sistema patriarcal y el recalcitrante machismo patrio les habían permitido el acceso a una parte del trabajo en ese sector, aunque sufrieran un evidente techo de cristal y fueran pocas las que tuvieran la oportunidad de superarlo y convertirse en doctoras.

Crecí en la idea de que el sistema sanitario público español contaba, además, con los mayores medios materiales y con los recursos técnicos más avanzados (los mejores aparatos, se decía). Todo el mundo tenía claro, y de ese modo se verbalizaba, que a las comodidades de hotel de una clínica privada solo recurrían quienes podían permitírselas cuando sufrían una dolencia o intervención menor, pero que si te pasaba algo serio o delicado, nada como la Seguridad Social. Lo cierto era que a nadie en España le faltaba una consulta médica, una prueba diagnóstica, una operación quirúrgica, un ingreso hospitalario. Mientras, de los Estados Unidos llegaban casos espeluznantes de personas que habían llegado a morir sin asistencia a las puertas de un hospital por carecer de un seguro médico, historias de familias que no podían afrontar el coste de un tratamiento o que se veían obligadas a vender todas sus pertenencias (hasta la casa, se decía) para tratar de salvar la vida de su bebé. Crecí en la idea de que aquí vivíamos libres de esa crueldad.

No eran falacias de ningún régimen interesado. A pesar de que faltaban coberturas y tratamientos (desde la odontología a las enfermedades raras), es decir, de que muchas personas quedaban o podían llegar a quedar excluidas de su protección, la sanidad pública española se encontraba en el Top Ten del ranking del sector. Así lo señalaba, entre otros, la prestigiosa revista médica The Lancet, que realiza un estudio anual a través del cual evalúa el sistema sanitario en 195 Estados del mundo. El ranking de 2018 está encabezado por Islandia y Noruega. Siguen Holanda, Luxemburgo, Australia, Finlandia y Suiza. Y cierran el Top Ten Suecia, Italia y Andorra. España ha pasado del puesto número 8, que ocupaba hace un año, al puesto 19, junto a Nueva Zelanda, Dinamarca, Alemania y Francia. Puede pensarse que no es una mala posición pero lo cierto es que la valoración internacional de la sanidad española ha descendido notablemente y queda patente que su calidad ya no es incontestable.

Los resultados que ha publicado The Lancet en 2018 corresponden a evaluaciones realizadas en 2016, es decir, en plena era Rajoy. A quienes han crecido con los gobiernos del PP, partido impulsor de la privatización de la sanidad, se les ha arrebatado esa seguridad que, pasara lo que pasara, dábamos por hecha ante lo más importante: la salud. Quienes han crecido con los gobiernos del neoliberalismo pepero, que ha recortado recursos a los hospitales públicos y encima ha arruinado con ello las arcas, que ha hecho con nuestros derechos conseguidos un criminal negocio (muchos de aquellos apellidos de las consultas y clínicas privadas están relacionados con las empresas que han querido hacer del derecho un pastel), nunca sabrán que en España hubo un sistema sanitario ejemplar, y que les pertenecía. Es un robo y una desgracia histórica que solo con conciencia se podrá reparar. 

Fuente:
http://www.eldiario.es/zonacritica/sanidad-publica_6_802879716.html

viernes, 3 de agosto de 2018

Un tercio de todo lo que se pesca en el mundo acaba en la basura antes de llegar al plato

El último informe de la FAO sobre el estado mundial de la pesca alerta de la cantidad de pescado que se desperdicia tras su captura, en un contexto en el que además el 33% de las especies de peces comerciales están sobreexplotadas.

El 35% del total de lo que se pesca acaba desperdiciándose, antes o después de llegar a puerto. AFP

El mundo no sólo está capturando pescado muy por encima de lo que nuestros mares se pueden permitir , sino que además, un porcentaje elevadísimo de toda esa sobrepesca no sirve absolutamente para nada. Un 27% de todo el pescado que se captura en el mundo termina perdiéndose o desperdiciándose en el trayecto que va desde el desembarco hasta el plato del consumidor, fruto de la suciedad, los malos sistemas de refrigeración o la falta de instalaciones adecuadas. La cifra aumenta hasta el 35% si se tienen en cuenta los descartes que se hacen antes de llegar a puerto, según alerta el último informe sobre El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura que acaba de publicar la ONU . Es decir, que más de un tercio de los peces que se pescan en el mundo acaban en la basura.

“En todo el mundo, las pérdidas de pescado posteriores a la captura son motivo de gran preocupación y se producen en la mayoría de las cadenas de distribución de pescado”, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , que advierte de que, especialmente las economías menos desarrolladas, todavía “carecen de infraestructuras y servicios adecuados para asegurar la calidad del pescado”.

El dato es todavía más alarmante teniendo en cuenta la grave situación de sobrepesca en la que se encuentran los océanos. El 33,1% de las principales especies de peces comerciales que supervisa la FAO se pescan a niveles biológicamente insostenibles, lo que quiere decir que el ritmo y la cantidad de las capturas es mayor al tiempo que necesitan los peces para recuperar sus poblaciones. Y la situación es cada vez peor, porque hace 40 años la proporción de pesca insostenible apenas alcanzaba el 10%.

Pero la población mundial ha ido aumentando y la cantidad de pescado que comemos también. Mientras que en 1961 en el mundo se consumían 9 kilos de pescado por persona y año, en 2015 esa cifra se había más que duplicado, hasta los 20,2 kilos. Se estima que en 2017 el consumo per cápita era ya de 20,5 kilos.

“Parece poco probable que las pesquerías mundiales puedan restablecer en un futuro muy cercano el 33,1% de las poblaciones que se encuentran sobreexplotadas actualmente, debido a que el restablecimiento requiere tiempo. Generalmente de dos a tres veces el ciclo de vida de la especie”, advierte la organización, que llama a establecer “alianzas eficaces” entre los países para movilizar recursos financieros y humanos y al despliegue de tecnologías avanzadas como el monitoreo de la pesca.

El Mediterráneo, el más sobreexplotado

El documento destaca también al mar Mediterráneo como el más sobreexplotado del planeta, con un 62,2% de sus poblaciones de peces en situación de sobrepesca . La Comisión Europea, no obstante, cifra la sobrepesca en el Mediterráneo en el 93%.

Entre las especies en riesgo citadas por la FAO se encuentran la merluza, el salmonete, el rodaballo, el lenguado común, el dentón, el boquerón o la sardina . Además, la organización menciona otras amenazas para la pesca en el Mediterráneo —donde España es, detrás de Italia, el país con más intereses pesqueros— como el cambio climático o la pesca ilegal.

“Nadie desea que un mar tan cercano a muchos de nosotros deje de proporcionar alimento y empleo a quienes dependen de él. Es un escándalo que debería desencadenar acciones políticas inmediatas ”, ha señalado Lasse Gustavsson, director de Oceana Europa. “El Mediterráneo necesita restringir el arrastre de fondo, preservar zonas de cría y hábitats sensibles, y establecer límites de capturas anuales según las recomendaciones científicas”, añade.

@Luchiva 

Fuente:
http://www.publico.es/internacional/medio-ambiente-tercio-pesca-mundo-acaba-basura-llegar-plato.html