El real decreto 16/2012 supuso un cambio drástico del sistema nacional de salud. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado poco antes su intención de que se ahorrarán 10.000 millones entre sanidad (7.000 millones) y educación (los otros 3.000 millones). Seis años después, no hay un estudio que haya evaluado en su conjunto el impacto de las medidas acordadas por el departamento que dirigía Ana Mato, pero sí hay indicadores de su impacto.
En general, este llegó a su máximo rondando 2014, y ahora empiezan a recuperarse, aunque no se ha llegado al nivel previo a la crisis. Por eso Sanhita Ambast, directora del informe cualitativo que ha hecho Amnistía Internacional (AI) con 343 entrevistas a pacientes, profesionales y expertos seleccionados de Andalucía y Galicia no duda en decir que “la sanidad española ha perdido una década”.
Estos son algunos números que reflejan esta evolución.
Gasto sanitario público. Este superó los 70.000 millones de euros en 2009; en 2014 fue de 62.000 millones. Desde entonces se ha recuperado algo, pero aún no ha llegado al nivel de antes de la crisis, dijo Ambast. “Estos recortes presupuestarios no tienen sentido. Nos hemos sentido insultados, humillados e impotentes”, declaró un usuario a Amnistía. “Curiosamente, en mi hospital desmontaron la unidad de hemofilia después del decreto”, afirmó ayer en la presentación del trabajo Álvaro González, un andaluz con esta enfermedad.
Personal contratado. Según el Ministerio de Hacienda, en 2012 había más de 500.000 trabajadores en el sistema sanitario; en 2014 bajaron a 480.000. Estas cifras también han aumentado desde entonces, pero sin llegar a las de 2012. Los profesionales denuncian la precariedad y la pérdida de salario, porque han sufrido la eliminación de pagas, el aumento de jornada laboral (de 35 a 37,5 horas semanales) y que los gestores solo pudieran cubrir una de cada 10 bajas como todos los funcionarios. “Muchos enfermeros atienden hasta 33 casos complejos al día. Tuvieron que dejarlo porque les resultaba imposible”, dice un profesional preguntado por AI.
Lista de espera quirúrgica. Este dato refleja fielmente el impacto de los recortes. En diciembre de 2016 llegó a contar con 614.000 personas con una demora media de 115 días. En 2010 eran menos de 400.000 personas que esperaban 65 días de media. “Con un bulto en el pecho y una madre que murió de cáncer tardaron más de nueve meses en diagnosticarme”, dice Patricia a AI. En junio de 2017 ha habido una pequeña mejoría (604.000 personas y 104 días de espera).
Gasto farmacéutico. El real decreto supuso que 400 medicamentos dejaran de estar financiados por la sanidad pública, aparte de que los pensionistas empezaron a pagar parte de lo que cuestan sus medicinas. El resultado fue que el gasto farmacéutico, que ya estaba descendiendo por el impulso dado a los genéricos, pasó de 11.100 millones en 2011 a 9.200 millones en 2014, y a partir de ahí empezó a subir. En 2017 cerró con 10.200 millones. “Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar”, dice una mujer en el informe de AI. Cobra una pensión de 320 euros al mes. El caso de E. no es único. Aunque hay pocos trabajos, uno de Valencia publicado hace un año calculaba que un 7% del os jubilados habían dejado de tomar medicamentos tan importantes como los que evitan que se formen coágulos tras haber superado ya algún problema cardiovascular.
El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha preguntado al Gobierno por los ahorros conseguidos gracias a los cambios en el copago de medicamentos, pero este le contestó con los datos generales del gasto por recetas. Fuentes del Ministerio de Sanidad afirman que no tienen ese dato y que es muy complicado de conseguir.
Usuarios.
El real decreto restringió el acceso al sistema sanitario a las personas jubiladas, en paro o que estuvieran cotizando a la Seguridad Social. Los mayores perjudicados fueron los migrantes sin permiso de residencia, que quedaron relegados a usar las urgencias, salvo que fueran mujeres embarazadas o menores. Médicos del Mundo tiene documentados más de 4.000 casos de extranjeros que en estos seis años han tenido que suspender tratamientos que recibían antes, o que se les ha pedido que paguen por ellos o se les ha intentado facturar la atención en urgencias. Si se comparan los datos del INE con el de las tarjetas sanitarias, se ve que en 2011 había 207.000 personas en España sin acceso a la sanidad. En 2012 eran 961.000, y en 2013, casi 1,3 millones. Gran parte son extranjeros residentes de la UE. Un reciente trabajo de la Universidad Pompeu Fabra estima que la mortalidad entre los extranjeros sin papeles ha subido un 15% con los recortes. La cifra de no asegurados ha bajado a menos de 600.000. No hay estudios claros sobre este fenómeno, pero coincide con un descenso de la migración y con la puesta en marcha en muchas comunidades de medidas para darles atención (muchas de las cuales fueron en un primer momento recurridas por el Gobierno central).
Satisfacción. El resultado de toda esta situación se refleja en el Barómetro Sanitario. En 2011, el 24% de la población pensaba que el sistema sanitario funcionaba muy bien; en 2014, este porcentaje bajó al 17,7%. En 2016 había cierta recuperación (un 19,8%). “Estoy muy enfadada. La atención de salud pública debería ser intocable”, afirma una auxiliar de enfermería en el informe de AI.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/24/actualidad/1524578785_368919.html
Entradas
