Es lamentable que una parte de la sociedad española ignore los crímenes del franquismo o le resultan irrelevantes. Hay razones. En la enseñanza de los colegios e institutos, períodos claves de nuestra Historia del siglo XX como la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista reciben un tratamiento escaso. El profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez en el artículo Educando la memoria de las jóvenes generaciones: el olvido escolar de la II República y de la barbarie franquista, nos dice que en el documental Los campos del silencio sobre los presos republicanos, la última parte se grababa en el Instituto de Secundaria de Fabero del Bierzo (León), por lo que preguntó a un grupo de alumnos/as sobre el campo de concentración que había estado ubicado en su pueblo, donde hubo un batallón de unos 250 presos republicanos, de 1939 a 1947, trabajando como esclavos para una empresa privada (Minas Moro) y extrayendo carbón en las minas del Bierzo. La existencia de tal campo la desconocían, y eso que algunos de sus abuelos habían estado ahí presos. Hay muchos responsables de este olvido lamentable. Veremos algunos en estas líneas.
En esa filosofía del olvido, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco. ¡Qué obsesión con olvidar nuestra Historia! Lo grave es que ese pensar y sentir están muy extendidos en una parte importante de la sociedad española. Hace unos días lo pude comprobar: un señor aducía encolerizado “Ya está bien de sacar la mierda”, cuando alguien le argumentaba de la necesidad de enterrar dignamente a muchos de los republicanos asesinados y que permanecen en las cunetas. Hoy mismo acabo de leer un artículo excelente y pleno de valores éticos, que me parece muy oportuno, del profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragües, con un título muy explícito España no es Argentina, donde nos señala, no hace falta excesivo comentario para poner de manifiesto la distancia que existe entre España y Argentina. Allí, el dolor de las víctimas es recompensado con justicia reparadora; aquí, al dolor de las víctimas se añade la imposición del silencio.
Es de dominio común, salvo para algunos olvidadizos y desconocedores del auténtico significado de una democracia, que la dictadura de Franco ejerció una represión brutal sobre todos aquellos que lucharon en el bando republicano. Esta represión que supuso exilio, cárcel, torturas y muertes para cientos de miles de españoles, ha sido estudiada en gran parte por algunos historiadores valientes. En Aragón tenemos un buen ejemplo en el libro El pasado oculto: Fascismo en Aragón (1936-1939) publicado en 1992, dirigido por Julián Casanova, con las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar Salomón, donde pudimos conocer por primera vez y que supuso un aldabonazo en muchas mentes adormecidas, un listado de muchos aragoneses asesinados por el fascismo. Puedo contar la anécdota de cómo se le arrasaban los ojos a un amigo, cuando le presté este libro, y pudo leer por primera vez escrito el nombre de su padre asesinado por los fascistas.
Ha existido otro tipo de represión económica, prácticamente desconocida para gran parte de la sociedad española. Hoy podemos conocerla en Aragón también gracias al libro Pagar culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945) de 2014 dirigido por Julián Casanova y Ángela Cenarro, y de los jóvenes historiadores Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo.
Sancionar económicamente a los vencidos tuvo cobertura legal y respondía a un plan sistematizado con objetivos concretos. El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional declara la ilegalidad de todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular y se inician las incautaciones de todos sus bienes. Luego, el Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina. Unos meses después el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 puso en marcha la Comisión Central de Bienes Incautados, encargada de confiscar los bienes de fortuna de los republicanos de los territorios conquistados.
Quiero reflejar esta represión económica, impuesta a los republicanos “Rojos” en Híjar, pueblo de la provincia de Teruel. Las grandes síntesis históricas no podrían realizarse sin investigaciones de historia local, comarcal o regional. Para ello me he servido del Libro de Actas Municipales. La conquista del pueblo por las tropas fascistas fue en marzo de 1938, después de haber sometido a la población a unos dramáticos bombardeos por la Legión Cóndor.
En el Pleno municipal de 24 de abril de 1938 se decidió que debían juntarse en un local los colchones y las máquinas recuperadas en Híjar a los rojos huidos, por ser estos objetos de difícil asignación para su dueño, ser de primera necesidad y muy codiciados por todos. En el Pleno de 8 de mayo de 1938 decidieron recoger todas las máquinas, trillos, arados, atalajes de labranza y demás enseres que estaban abandonados por los rojos en las eras, fincas y torres de este término municipal y depositarlos en un local de la carretera propiedad de un terrateniente. Del mismo modo acordaron colocar en la puerta de los pajares de los huidos rojos de esta localidad un letrero que dijera: "Incautado por el Ayuntamiento y prohibida la entrada a toda persona no autorizada por el mismo”, procediéndose a su cierre. A su vez cualquier vecino que quisiera paja de estos pajares debía pagar 5 pesetas por viaje al Ayuntamiento. En el Pleno de 1 de mayo de 1938 se tomó la decisión de repartir los objetos recuperados, en primer lugar a los familiares de los fusilados (al inicio de la guerra los hubo en la localidad por parte de las columnas anarquistas) y pobres de solemnidad; y después a aquellos individuos que, a juicio del Ayuntamiento, por su conducta política durante el actual movimiento fueran más acreedores de obtener beneficios de dicho reparto, acordando se hiciera relación de los bienes entregados a cada uno y nombrar para ello a un concejal, al alguacil y al secretario. En el Pleno de 15 de mayo de 1938, se leyó por parte del Alcalde el contenido de la Ley inserta en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza nº 108, (durante unos meses estuvo dependiendo Híjar de la administración de Zaragoza) sobre recuperación agrícola de los productos de la tierra de aquellas fincas abandonadas por los rojos de la localidad, por la cual se debía constituir una Comisión, integrada por el Alcalde como Presidente, un Secretario que será el del Ayuntamiento; y, como vocales, un representante de F.E.T. y de las J.O.N.S., un agricultor y un práctico de campo nombrado por el Ayuntamiento. En el Pleno del 11 de septiembre de 1938 se aprobó que se debía pagar, a partir del 1º de octubre próximo, por los actuales inquilinos, el alquiler de la casa que habitasen y que había sido abandonada por individuos rojos de esta villa, cuyo alquiler sería impuesto por una Comisión del Ayuntamiento, que revisaría el estado actual en que se encontrase cada uno de los edificios expresados; debían hacer lo mismo con los pajares de los rojos. En el Pleno de 22 de mayo de 1938 se adjudicó al vecino José Pitarque Pina, tras haberlo solicitado, el borrico del rojo huido Francisco Monzón Gómez.
Los rojos, también pagaron con su trabajo gratuito. El 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió que la limpieza y arreglo de los locales de las escuelas de párvulos del edificio de las hermanas de San Vicente de Paúl de esta villa, se hiciera con cargo al presupuesto municipal, a fin de que pudieran dar clase, y que, a ser posible, se emplease gente roja para proceder a la limpieza de toda la casa de las monjas, sita en la calle Otal, no pagando cantidad alguna a estas gentes. El 23 de octubre de 1938 se decidió que la leña que el Ayuntamiento facilita para la cocina de Auxilio Social de esta villa, la trajeran del Pinar los individuos clasificados como no afectos al Glorioso Movimiento Nacional de esta villa.
El 26 de marzo de 1939 se decidió que la limpieza de los solares particulares de los escombros producidos por la aviación (la franquista) la llevasen a cabo los rojos. El 9 de abril de 1939 para la construcción del Monumento a los Caídos se decidió que debían presentarse a trabajar los rojos durante 15 días, quedando además a elección del Ayuntamiento el poder mandar a dichos individuos mayor número de días en la limpieza de la localidad, si lo estimaba necesario.
Los rojos pagaron a su vez con su dinero. En el Pleno de 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió abrir una cuenta corriente en el Banco de Crédito de esta localidad, a nombre del Ayuntamiento con el nombre de "Retenidos", con todo el dinero incautado a los rojos, como desafectos al Régimen que acaudilla el Generalísimo Franco, y pronto en el Pleno de 11 de diciembre de 1938 decidieron que de ese dinero retenido a los rojos, se arreglase el local de la escuela de párvulos, tres dormitorios y una cocina de las monjas de San Vicente de Paúl. De la misma cuenta en el Pleno de 16 de abril de 1939, se aprobó asignar 1100 pesetas para arreglar la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.
También los rojos perdieron sus puestos de trabajo. Joaquín Losilla Gómez, Voz Pública; Felipe Castañer García, guardián de la cárcel de partido; Joaquín Turón Turón, enterrador en el cementerio católico municipal; José Muñoz Pérez, encargado de las aguas públicas; y Pascual Monzón Carrillo, caminero de la huerta.
Todo este entramado legislativo citado anteriormente y aplicado en Híjar, convergió en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios
Siguiendo el artículo La legalización del expolio: la represión económica franquista de Víctor Peñalver Guirao, todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.
En la página del Rolde de Estudios Aragoneses, que participó en la edición del libro Pagar culpas ya citado, podemos consultar el listado por orden alfabético de las 13.422 víctimas de la represión económica en Aragón. Me referiré a algunas. A Ramón Acín, pintor, escultor y humorista gráfico, cuyo asesinato fue particularmente avieso y cruel, se había ocultado provisionalmente en su propio domicilio, pero un día oyó cómo una patrulla fascista había entrado en el piso y maltrataba a su mujer, Conchita Monrás; Acín salió espontáneamente a defenderla y fue detenido, sacado a empellones de su casa y fusilado al poco en las tapias del cementerio de Huesca. Diecisiete días después le ocurría lo mismo a su mujer, sin otra responsabilidad política que haberlo sido. Ya muerto se le impuso una multa de 20.000 pesetas por sentencia de 20-7-1938. A Odón de Buen y del Cos, naturalista español que destacó como fundador de la oceanografía español y que marchó al exilio, una multa de 10.000 pesetas. A Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo (Zaragoza), torturado brutalmente antes de morir y fusilado el 5 de octubre de 1936, una multa de 25.000 pesetas por sentencia de 28-10-1937, que al no poder ser pagada por su esposa le fueron confiscados su vivienda y todos sus enseres. A José Ignacio Mantecón nombrado gobernador de Aragón en 1937 por el gobierno de la República, que se exilió a Méjico, una multa de 10 millones de pesetas por sentencia de 26-10-1938. Termino con Bernardo Aladrén, socialista y ugetista, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza durante la II República fue asesinado el 9 de agosto de 1936. Incluso muerto, las autoridades franquistas le sometieron a un juicio en 1941, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza para averiguar su comportamiento político con el objetivo de arrebatarle si tenía algún patrimonio. Su viuda rozando la miseria y sobreviviendo haciendo faenas por las casas, fue requerida sin contemplaciones varias veces a declarar ante el tribunal. Su expediente fue sobreseído por insolvencia.
Como señaló Xavier Domenech, que también es historiador, en la Comisión Constitucional del 8 de marzo pasado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. Y mientras en los partidos políticos —y ahí reside el problema— ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo.
http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/represion-economica-franquismo-otra-represion-cruel-gran-parte-desconocida-espanoles/20171216103048146370.html?1513511614339
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario