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martes, 2 de enero de 2024

El laboratorio Pfizer creó un sistema de sobornos a los médicos

Por Miguel Jara | 10/07/2012 | Ecología social
Fuentes: migueljara.com

El laboratorio multinacional Pfizer ha sido acusado de practicar «una conducta delictiva» y de financiar «un oscuro sistema de coimas y sobornos a los médicos en el marco de la cadena de comercialización de los medicamentos», según dictaminó el Juzgado Nacional de lo Criminal de Instrucción Número 27 de Buenos Aires (Argentina), durante un juicio […]

El laboratorio multinacional Pfizer ha sido acusado de practicar «una conducta delictiva» y de financiar «un oscuro sistema de coimas y sobornos a los médicos en el marco de la cadena de comercialización de los medicamentos», según dictaminó el Juzgado Nacional de lo Criminal de Instrucción Número 27 de Buenos Aires (Argentina), durante un juicio contra dos de sus ex jefes de zona del departamento comercial. En el ejemplar fallo que se convierte en un caso testigo por la revelancia de las pruebas, Pfizer quedó envuelto en un escándalo de imprevisibles consecuencias para la multinacional, ya que el juez de Instrucción Alberto Baños y la secretaria del juzgado María Noé Rodríguez recomendaron enviar los antecedentes al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Número 8 para que determine la gravedad de las conductas delictivas y las eventuales condenas penales. Así nos ha informado la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Argentina, que aúna a los visitadores médicos del país andino.

El juicio fue iniciado por Pfizer contra los jefes de zona Jorge Capalbo y Oscar Víctor Patrone por conducta «fraudulenta» porque desviaron 24.423 pesos (el euro cotiza a 5,65 pesos por unidad, por lo tanto serían 4.323 euros -una cifra insignificante, por cierto-) destinados al pago de los sobornos, mediante la presentación de facturas apócrifas. Pfizer acudió a la justicia tras fracasar en su intento de que los empleados del laboratorio presentaran «voluntariamente» la renuncia. Pero la demanda de Pfizer se convirtió en un tiro en el pié porque durante el juicio se comprobó que los citados eran apenas parte de un mecanismo tipificado como «conducta delictiva» y en la sentencia judicial -sin excluir del delito a Capalbo y Patrone- se responsabiliza a la empresa de forzar a sus empleados a pagar coimas y distribuir costosos regalos entre los médicos para que receten sus productos.

El citado sistema de coimas se disimulaba «a través de documentación apócrifa» aportada por los acusados pero de la que «las autoridades no podían estar ajenas, siendo aquéllos (Capalbo y Patrone) sólo un engranaje de dicho entramado«. Capalbo y Patrone «colaboraron y/o participaron de algún modo en la confección de los balances falsos de la empresa, que no reflejan obviamente la situación económica real del laboratorio», falsedad que ha merecido que «se investigue una hipótesis delictual» en la que quedaron salpicados los médicos que recibieron las coimas, las autoridades del laboratorio, una empresa de viajes que funcionaba como «taparrabos» para disimular la ruta de los sobornos y también los visitadores médicos, señaló la sentencia.

Durante el juicio iniciado en 2006 y con sentencia de febrero de este año conocida recientemente, fueron citados a declarar siete médicos y pese a que algunos se mostraron «desmemoriados», finalmente debieron rendirse a la evidencia y admitir que habían recibido de Pfizer -a través de Capalbo y Patrone- regalos, pago de honorarios por congresos inexistentes o pasajes de avión que en muchos casos jamás utilizaron y que convirtieron en dinero.

La investigación judicial acreditó que el médico Nicolás Luisic recibió una computadora con monitor de plasma, Juan José Bracco fue favorecido con una cámara digital y Emilio Santangelo con un monitor de plasma, pero de las pericias contables ordenadas por el juzgado surgió que «no hay comprobante alguno en la contabilidad de Pfizer» de estos obsequios.

¿Cómo procedían? El laboratorio identificaba a los denominados ‘médicos-negocios’, es decir, aquellos con mayor potencial prescriptor y enviaba a un agente de propaganda médica a captar su voluntad mediante el ofrecimiento de diversos beneficios económicos como puede ser la entrega de un determinado electrodoméstico o un cheque o dinero en efectivo, de tal manera se asegura que aquél recete sus productos. Así lo narra la sentencia sobre Pfizer, aunque es un comentario que podría ser reproducido como mecanismo habitual de la industria que yo he tenido la oportunidad de comprobar y documentar en mi libro Laboratorio de médicos. Exactamente lo mismo que ocurre en Argentina ocurre de manera cotidiana en España con numerosos laboratorios sin que las autoridades judiciales españoles actúen.

Los ex jefes de zona declararon ante la justicia que tenían justificado gastos de hasta 3.000 pesos por mes (540 euros, de nuevo qué ridículo, ríete tú de que lo que disponen aquí muchos visitadores) para sus «atenciones» con los médicos, a los que podían obsequiarle desde libros de medicinas a delicias gastronómicas.

En la sentencia se subraya que no es de su competencia «el análisis del proceder de los médicos, desde el punto de vista moral, pero permítaseme señalar que no cabe duda que ello conspira contra la dignidad de la profesión, constituyendo una clara falta ética«.

En el proceso se han tenido en cuenta informaciones como las publicadas por el diario Clarín titulada Denuncian que hay médicos que recetan mal por los regalos de los laboratorios o la publicada por Noticias bajo el título de Los negocios sucios de los médicos argentinos.

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jueves, 8 de octubre de 2020

Volkswagen admitió su apoyo a la dictadura brasileña e indemnizará a sus ex trabajadores perseguidos.

Entre las compañías denunciadas están, además de Volkswagen, Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde el nazismo hasta hoy. ¿Qué dirá Bolsonaro que reivindica al régimen de 1964?

Un acuerdo inédito, arrancado a la filial brasileña de Volkswagen por sus ex trabajadores – víctimas de la dictadura y de la propia empresa entre 1964 y 1985 – descoloca al presidente Jair Bolsonaro que reivindica desde siempre al régimen militar. La automotriz admitió su complicidad en la persecución, secuestro y torturas a empleados de su planta en São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo y firmó un acuerdo para indemnizarlos por 36 millones de reales (unos 6,4 millones de dólares). El hecho adquirió un peso simbólico muy fuerte en el país de la región que menos progresó en políticas de memoria, verdad y justicia. La razón es obvia: sigue vigente la Ley de Amnistía de 1979 que impide juzgar a los responsables del Terrorismo de Estado. El convenio tiene su contraparte para la multinacional alemana. Se cerrarán tres demandas civiles contra ella y cualquier eventual juicio que se le entablara en el futuro no prosperaría. La medida que tomó la compañía puede ser un precedente para que otras empresas involucradas en el golpe de Estado de hace 56 años – la Comisión de la Verdad de 2014 estableció que hubo unas 53 – sean llevadas a la Justicia también.

“Estamos celebrando este acuerdo porque cambia una página importante de la historia y se da en un momento político de tinieblas por el que pasa Brasil”, señaló Tarcisio Tadeu García Pereira, presidente de la Asociación Heinrich Plagge en diálogo con Efe. Esa organización que representa a las víctimas de la dictadura y de la propia Volkswagen recibirá 3 millones de dólares del total de la indemnización. Lleva ese nombre por un ex trabajador que falleció el 7 de marzo de 2018. Activista sindical y profesional técnico con doce años en VW, terminó en las salas de tortura del DOPS (Departamento de Orden Político y Social). “Alrededor de las dos de la tarde del 8 de agosto de 1972, Plagge fue llamado a la oficina del director Ruy Luiz Giometti, donde dos desconocidos ya lo esperaban para ser arrestado. Lo llevaron al DOPS, donde fue torturado durante treinta días y luego trasladado a la prisión de Tiradentes”, se explica su historia en el libro Empresas alemanas en Brasil: el 7 × 1 en la economía, del periodista germano Christian Russau. Una investigación sobre las relaciones comerciales entre los dos paises.

Además del dinero que cobrará la Heinrich Plagge, dos millones de dólares se destinarán a reforzar las políticas de Justicia Transicional, con proyectos para preservar la memoria de las víctimas y el resto – 1,6 millones de dólares – lo percibirá el llamado Fondo Federal y Estatal para la Defensa y Reparación de Derechos Difusos (FDD). Crítico del convenio porque sostiene que es limitado y beneficioso para la empresa, Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, le dijo a Página/12: “El acuerdo firmado se queda corto con lo negociado en los últimos cinco años. Corre el riesgo de rebajar el nivel de reparaciones que se requerirán en nuevas iniciativas para responsabilizar a las empresas por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”.

Entre las compañías denunciadas están además de Volkswagen, Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde el nazismo hasta hoy. Sobrevivientes del holocausto la demandaron en 1998 junto a miles de empresas alemanas y austríacas por trabajos forzados y sometimiento a la esclavitud en sus diferentes plantas de Europa. En el libro Volkswagen y sus trabajadores durante el Tercer Reich, se publicaron fotos de jóvenes mujeres, sobre todo de la ex Unión Soviética y Polonia, realizando sus tareas descalzas en pleno invierno. En ese trabajo se denunció que hubo unos 16 mil prisioneros de guerra que se desempeñaron en condiciones infrahumanas en VW, fundada en 1937 durante el Tercer Reich e instalada en Brasil el 23 de marzo de 1953.

La multinacional se refirió al acuerdo conseguido la semana pasada y del que participaron la Fiscalía federal y estatal y el Ministerio de Trabajo. Hiltrud Werner, una ejecutiva de VW, comentó: “Lamentamos los atropellos contra los derechos humanos del pasado. Para Volkswagen es importante asumir la responsabilidad de ese capítulo negativo en la historia de Brasil y promover la transparencia”. Lo que firmó la empresa se conoce jurídicamente como Término de Ajuste de Conducta (TAC) y la obliga además a publicar una solicitada en los medios. Ahora falta que lo ratifique la Procuraduría General de la República (PGR). Sobre el procedimiento, los fiscales dijeron en un comunicado de prensa que “es inédito en la historia de Brasil” y agregaron que se trata de un hecho que “tiene una importancia enorme para la promoción de la Justicia de la transición en Brasil y el mundo”.

También es inusual la investigación que le encargó la propia compañía al historiador alemán Christopher Kopper, un profesor de la Universidad de Bielefeld. Cuando se divulgó su trabajo hace tres años, un dato clave que arrojó fue cómo VW colaboró con la DOPS y puso su personal de Seguridad a perseguir trabajadores como Heinrich Plagge entre 1969 y 1979. Estos últimos habían iniciado la demanda en 2015 que motivó la contratación de Kopper por la automotriz para que hiciera su informe de 126 páginas en una replica muy rápida a las denuncias que recibía.

Krischke señala que “quienes acompañaron la investigación, presentaron la documentación, reunieron testigos y lucharon por el desarrollo del caso no fueron escuchados. Esto fue posible por el producto de la enorme presión de muchas personas y el trabajo continuo de años. Además se impuso la confidencialidad sobre los términos del acuerdo. Ni siquiera se les informó de la fecha en que se firmaría el TAC”.

La multinacional que a nivel regional conduce el argentino Pablo Di Si, un ex futbolista de Huracán que se formó en Estados Unidos – es graduado de Harvard Business School- intenta este enjabonado y lavado de imagen mientras en Brasil despide trabajadores. “Tenemos una excedencia que corresponde a un turno en cada fábrica. Son medidas muy duras, que van a impactar directamente en nuestra fuerza de trabajo, en todas las localidades”, explicó el CEO en una comunicación interna que publicó hace unos días el diario Ambito Financiero. En el país vecino, VW tiene unos diez mil empleados distribuidos en cuatro plantas. Es el mismo Brasil que en 2016, cuando la empresa le encargaba la investigación al profesor Kopper, tenía un diputado que decía: “El error de la dictadura fue torturar y no matar”. Hoy es el presidente de la república y sigue justificando al terrorismo de Estado que con la colaboración de Volkswagen Brasil persiguió, torturó y encarceló a sus trabajadores.

Fuente: https://gustavojveiga.wordpress.com/2020/10/02/volkswagen-admitio-su-apoyo-a-la-dictadura-brasilena-e-indemnizara-a-sus-ex-trabajadores-perseguidos/

viernes, 27 de noviembre de 2015

NEUMONÍA. Un niño muere cada 35 segundos en el mundo a causa de esta enfermedad. Médicos Sin Fronteras señala a Pfizer y GSK por el elevado coste de la vacuna contra la neumonía.

A pesar de que existe una vacuna eficaz contra la neumonía, ésta sólo llega al 25% de los niños que en el mundo la necesitan. Cerca de un millón de niños mueren anualmente por esta enfermedad (uno cada 35 segundos), mientras las dos únicas empresas que producen la vacuna contra la neumonía –Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK)- “mantienen un precio desproporcionado”, ha informado la delegada de Médicos Sin Fronteras en la Comunidad Valenciana (MSF), Mila Font en rueda de prensa celebrada hoy en el Colegio Mayor Rector Pesset Alexandre de la Universitat de València.

Hasta el momento las dos compañías se han negado a una bajada de precios, subraya MSF. De hecho, la organización humanitaria tuvo que abonar más del doble del precio más bajo, es decir, el precio financiado mediante subvenciones del GAVI (alianza global para la vacunación) para los países con menos recursos, en la campaña de vacunación para niños refugiados en Sudán del Sur de 2013. Mientras, las compañías Pfizer y GSK han ingresado unos 26.000 millones de euros en cinco años por las ventas de la vacuna neumocócica (llamada así por el nombre del germen de la neumonía).

El pasado 12 de noviembre Médicos Sin Fronteras inició una campaña de recogida de firmas con el fin de que las dos multinacionales redujeran a de 18 a 4,35 euros el precio por niño de las tres dosis contra la neumonía (la enfermedad más mortífera actualmente entre los menores), en todos los países del Sur y para las ONG. La intención de la organización humanitaria es entregar a los presidentes de las dos compañías medio millón de firmas (hasta el momento se han recogido 36.000). Además, MSF instó a los ciudadanos de todo el mundo a enviar mensajes por twitter a las dos compañías con el mismo fin, y el 12 de noviembre –Día Mundial de la Neumonía- activistas de la ONG trataron de entregar al presidente de Pfizer, Ian Read, 17 millones de dólares falsos, cantidad que la empresa gana diariamente con la comercialización de la vacuna. A estas acciones se agrega la resolución aprobada por Naciones Unidas el 27 de mayo que pide vacunas más accesibles y una transparencia mayor en la fijación de precios.

El director de la Campaña de Acceso a Medicamentos de MSF, Manica Balasegram, ha subrayado recientemente que la vacuna contra la neumonía es la más vendida en el mundo. “Sólo el año pasado Pfizer obtuvo más de 4.400 millones de dólares en ventas por este producto; ponen un precio tan elevado a la vacuna contra la neumonía que muchos gobiernos y ONG no pueden adquirirla”, concluye. El importante margen de beneficios es una de las razones que han llevado a las organizaciones humanitarias a pedir a las multinacionales la reducción de precios. Tanto Pfizer como GlaxoSmithKline (GSK) han ofrecido, en donaciones puntuales, la vacuna de manera gratuita, “pero ello no representa una solución a largo plazo”, apunta Mila Font, ni para los países que requieren las vacunas ni para la población refugiada de países como Jordania, Líbano o Turquía.

Médicos Sin Fronteras ya inició en 2006 una campaña de protesta contra otra multinacional, la suiza Novartis, que presentó una querella en los tribunales de India contra la Ley de Patentes de este país, principalmente contra el apartado que establecía una salvaguarda para impedir que fueran objeto de patente los nuevos usos y presentaciones de medicamentos ya existentes. La querella de Novartis, denunció MSF, podría tener un “devastador impacto para el acceso a medicamentos asequibles y de calidad por parte de millones de pacientes en los países en desarrollo”. Por esta razón, la ONG instó a Novartis a abandonar la batalla judicial. “Médicos Sin Fronteras no recibe financiación del sector farmacéutico”, ha recordado Mila Font.

La ONG ha presentado hoy en Valencia la campaña “Pon una vacuna” con el fin de informar de que más de 1,5 millones de niños mueren al año por enfermedades prevenibles con una vacuna, como las diarreas, el sarampión o el tétanos. Sin embargo, alerta la organización humanitaria, el precio de la vacunación “integral” a un menor se ha multiplicado por 68 (de 0,57 euros a 39,25) entre 2001 y 2014. Y se da la situación “irracional” de que vacunas como la de la neumonía resulte más cara en países como Túnez que en otros del Norte, como Francia. Dentro de esta disparidad de precios, MSF constata que el coste de las vacunas para Sudáfrica triplica el de Brasil. “Una de las razones por las que la vacunación se ha encarecido tanto es la falta de información disponible sobre los precios, lo que obliga a muchos países del Sur y ONG a negociar con las farmacéuticas desde una posición muy débil”, explica Mila Font. Además de solicitar apoyo económico para los programas y recordar las dificultades que sobre el terreno afrontan las organizaciones humanitarias, MSF recuerda en la iniciativa “Pon una vacuna” que en 2014 la ONG vacunó a 1,5 millones contra el sarampión y a 75.000 contra la meningitis.

“¿Por qué existiendo una medida tan sencilla como la inmunización mueren diariamente cuatro mil niños por diferentes enfermedades?”, se ha preguntado Mila Font. Por ejemplo, la campaña contra el sarampión implicó que gracias a las vacunas se redujera el impacto de esta enfermedad un 75% entre 2000 y 2013, lo que supuso evitar la muerte de 15,6 millones de personas. A pesar de que la mortalidad por el sarampión se ha reducido significativamente y la inmunización se ha mantenido en torno al 85% en los últimos cuatro años, sólo la mitad de los niños del mundo recibe la segunda dosis necesaria para la vacunación completa. En países como la República Democrática del Congo, sólo el 77% de los niños menores de un año han recibido la vacuna contra el sarampión (en este país, donde ha habido más de 200.000 casos de sarampión desde 2010, sólo hay 11 facultativos por cada 100.000 personas).

Pese a que la cobertura global de inmunización (respecto al conjunto de enfermedades) alcanzó el 84% en 2013, el número de muertes infantiles continúa siendo muy elevado. A la carestía de medicamentos y vacunas (con precios que se fijan de modo poco transparente) se añaden las dificultades sobre el terreno. La ingeniera y colaboradora de MSF durante 2015 en Sudán del Sur y Sierra Leona, Mónica Teruel, afirma que se aprecia de manera muy notable la falta de adecuación de las vacunas a los medios de que disponen los países del Sur. Una de las dificultades más graves es garantizar que durante el transporte y el almacenamiento las vacunas se mantengan a una temperatura entre 2 y 8 C, es decir, que se conserven en frío. “Donde hay problemas con la energía eléctrica, hay que hacer uso de camiones con hielo para refrigerar”. Por otro lado, hay lugares de acceso muy complicado para suministrar las dosis, a los que hay que llegar en moto, barca o burros.

Mónica Teruel lamenta que la mayor parte de las vacunas sean inyectables y en consecuencia “haga falta contratar a médicos de los que seguramente no se dispone” (un país como Níger cuenta con un profesional sanitario por cada 10.000 personas). “Las vacunas orales, como la de la polio, permitirían llegar a más niños a través de parches o sistemas sin agujas”. En muchos casos el suministro de la vacuna implica también que el receptor tenga que desplazarse a centros sanitarios, que pueden ubicarse a muchas horas de camino o en zonas de riesgo. La responsabilidad del traslado recaería principalmente en madres que trabajan en el campo con varios hijos a su cargo. A ello se agrega que para cumplir con el calendario básico de vacunación recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y quedar así el niño inmunizado, debe acudir al centro sanitario cinco veces antes de cumplir un año. La dificultad se eleva, explica la voluntaria, con la población desplazada por razones de violencia, y en todos los casos “hay muchos problemas para que tengan eco las campañas informativas”.

La ingeniera recuerda que las vacunas llegan a los países dependientes en viales (frasco pequeño con medicamentos inyectables) de 10 y 20 dosis, que no se abren si no se garantiza que al menos se va a administrar una decena, pues de lo contrario se desaprovecharía el resto y se trata de medicamentos caros. Muchos Ministerios de Salud de países del Sur sólo reciben vacunas para suministrar a los niños hasta los 12 meses de edad. Otros problemas señalados por MSF tienen un carácter estructural, y están relacionados con la agenda de prioridades. Por ejemplo, el hecho de que las investigaciones y el desarrollo de vacunas se centren en cepas de enfermedades que se dan en los países del Norte.
Enric Llopis