_- El informe sobre medio ambiente dio pie a interpretaciones que los medios masivos de comunicación adoran: “el hombre es responsable del deterioro del medio ambiente”. Es decir: usted, yo, nuestra abuela, nuestro sobrino, el pobre de la esquina, el niño que pide dinero en el semáforo, el trabajador sin tierra, la enfermera del hospital público; en fin, los 6 mil millones de la población del mundo.
Nada mejor que diluir las responsabilidades específicas y concentradas, diluyendo todo en la naturaleza humana. Todos somos responsables: los que tiran papeles a la laguna, los que contribuyen con la obstrucción de los desagües y quienes contaminan al por mayor con fábricas y ómnibus. ¿Todos por igual? Nada de eso. Ni en lo que hace a las personas, ni en lo que le corresponde a los países. Los Estados Unidos son los que más contaminan en el mundo, proporcionalmente lo hacen muy por encima que su población, y en gran medida debido a sus empresas. Tanto es así, que Bush alega que no firma el protocolo de Kyoto para no perjudicar la competitividad de las empresas estadounidenses: confesión clara de que son ellas principalmente las que contaminan.
Tomemos un caso típico. El capitalismo ya no tiene más héroes. Entonces, los inventa. Tal vez, Bill Gates sea su máxima invención. El mayor benefactor mundial y la mayor fortuna del mundo. ¿Habrá alguna coincidencia en eso?
Los Angeles Times se pregunta: ¿Por qué la institución caritativa más rica del mundo es, al mismo tiempo, accionista de empresas que están en el origen de las contaminaciones sanitarias y ecológicas que ella dice combatir? Y cita a la Fundación Gates, que donó 218 millones de dólares para una campaña de vacunación contra la poliomielitis y la rubéola en el mundo entero, incluido el delta del río Níger. Aunque, al mismo tiempo, la Fundación invirtió 423 millones de dólares en las empresas ENI, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Total, compañías responsables de la mayor parte de las emisiones de gases que contaminan el cielo de aquella región del río Níger, a niveles aún más altos que los tolerados en Estados Unidos y Europa.
Como ocurre con todas las entidades filantrópicas, la Fundación Gates dedica anualmente por lo menos el 5 % de sus ganancias a donaciones para beneficiarse de las exenciones fiscales. Esta donación subvenciona principalmente acciones de saneamiento, proyectos de mejoras en la educación pública de los Estados Unidos y programas de ayuda social en la región del noroeste del Pacífico.
El 95% restante es invertido buscando rentabilidad sin reparar en las consecuencias ambientales y sociales implícitas en esa búsqueda de ganancias. La Fundación es accionista de numerosas empresas que no respetan los derechos ambientales, discriminan, violan los derechos de los trabajadores o están comprometidas en denuncias por corrupción. Las ramas caritativa y financiera de la empresa, están totalmente escindidas, una no tiene nada que ver con la otra.
La Fundación da con una mano, pero retira con las innumerables manos que tiene extendidas en el mundo entero. Dona dinero, supuestamente, para un mundo mejor, mientras que el 95% de sus recursos multiplican las nefastas condiciones ecológicas y sociales del mundo, ayudando a su deterioro. (Traducción de Ernesto Grance)
- Emir Sader es coordinador general del Laboratorio de Políticas Públicas y nuevo secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Publicado originalmente en:
AGENCIA CARTA MAIOR.
09/03/2007
https://www.alainet.org/es/active/17151
Mostrando entradas con la etiqueta rentabilidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta rentabilidad. Mostrar todas las entradas
jueves, 16 de mayo de 2019
jueves, 2 de abril de 2015
La mala privatización de AENA
Ginés de Rus, catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado este miércoles otra investigación de Fedea (de los profesores Juan Santaló y Pilar Socorro), en la que se analizan los modelos de privatización de la gestión aeroportuaria. Y la reciente salida a Bolsa de AENA no sale bien parada.
AENA captó 4.263 millones por la colocación en Bolsa del 49% de su capital, con lo que se convierte en una sociedad mixta, con control público. Tras repasar las investigaciones sobre el tema y casos similares en otros países, Santaló y Socorro, consideran que AENA se ha situado “en el peor de todos los mundos”. “La evidencia muestra que los modelos de gestión mixta exhiben una eficiencia en costes inferior tanto a los aeropuertos con un 100% en manos privadas, como a los que tienen un 100% de titularidad pública”.
Así las cosas, los investigadores de Fedea creen que si el objetivo del Gobierno era recaudar para reducir la deuda pública, se habría logrado “un mayor precio si se privatiza en bloque” y se vende a una compañía del sector. “Y si el objetivo es introducir eficiencia y dinamismo, AENA tendría que dividirse en partes y permitir una competencia sana entre diferentes aeropuertos”, ya sea con gestores públicos o privados. http://economia.elpais.com/economia/2015/03/26/actualidad/1427367930_711155.html
AENA captó 4.263 millones por la colocación en Bolsa del 49% de su capital, con lo que se convierte en una sociedad mixta, con control público. Tras repasar las investigaciones sobre el tema y casos similares en otros países, Santaló y Socorro, consideran que AENA se ha situado “en el peor de todos los mundos”. “La evidencia muestra que los modelos de gestión mixta exhiben una eficiencia en costes inferior tanto a los aeropuertos con un 100% en manos privadas, como a los que tienen un 100% de titularidad pública”.
Así las cosas, los investigadores de Fedea creen que si el objetivo del Gobierno era recaudar para reducir la deuda pública, se habría logrado “un mayor precio si se privatiza en bloque” y se vende a una compañía del sector. “Y si el objetivo es introducir eficiencia y dinamismo, AENA tendría que dividirse en partes y permitir una competencia sana entre diferentes aeropuertos”, ya sea con gestores públicos o privados. http://economia.elpais.com/economia/2015/03/26/actualidad/1427367930_711155.html
domingo, 29 de marzo de 2015
Un estudio concluye que ninguna línea española de AVE es rentable. La demanda no será suficiente para recuperar la inversión, avisa Fedea
Un anterior estudio de Fedea (en cuyo patronato participan el Banco de España y una docena de grandes compañías) contrastaba las grandes cifras del despliegue del tren de alta velocidad con lo ocurrido en otros países. Un contraste que precipita la pregunta sobre la rentabilidad de esa apuesta: La red española, con 2.515 kilómetros en servicio y otros 1.200 en construcción, es la segunda mayor del mundo, solo detrás de la china. Y, con mucha diferencia, es la mayor en términos relativos: 54 kilómetros por millón de habitantes, frente a los 31 kilómetros de Francia. Sin embargo, el número de viajeros que usan este modo de transporte está muy lejos del que registran otros países: aun con el repunte registrado el año pasado —un incremento del 16%, hasta los 29,7 millones de viajeros—, en España hay 11.800 pasajeros por kilómetro operativo de AVE, cuando en Japón (158.121) o Francia (61.400) la relación es mucho mayor.
El punto de partida, pues, es que en España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de AVE. Y que, como destacan los investigadores de Fedea, el despliegue ha tenido un coste multimillonario para las arcas públicas, pese a que el coste por kilómetro de vía es de los más bajos del mundo: se han gastado más de 40.000 millones de euros solo en la construcción de las líneas, con obras programadas que sumarán 12.000 millones más. Es, además, una prioridad de este y anteriores Gobiernos. El Ministerio de Fomento, en pleno año electoral, quiere poner en servicio 1.000 kilómetros más para conectar a ocho capitales a la red de alta velocidad, lo que se llevará casi la mitad de la inversión que ha presupuestado para 2015.
La cuestión a la que quieren responder los investigadores es si esa inversión acabará siendo recuperada en 50 años desde el inicio de la construcción de las vías. Para ello estiman los ingresos en el periodo y los costes variables (explotación, mantenimiento, compra de trenes, etc). En el cálculo aplican una tasa de descuento —la rentabilidad mínima exigida a un proyecto de inversión—, que permite comparar la inversión inicial con el flujo de ingresos y costes acumulados en ese medio siglo. Y expresa el resultado (el valor esperado descontado de cada magnitud) en euros de 2013.
El estudio se concentra en los cuatro principales corredores de AVE, el Madrid-Barcelona, el Madrid-Andalucía, el Madrid-Levante y el Madrid-Norte, que suman más del 70% del tráfico y cerca del 60% de la inversión hecha. En los tres primeros, los ingresos superan los costes variables, lo que implica que es mejor seguir operándolos que dejar de hacerlo. En el Madrid-Norte, sin embargo, incluso la propia explotación sería deficitaria, con lo que el coste para las arcas públicas seguiría aumentando. A diferencia del resto, este corredor no ha conectado aún en alta velocidad real (y por tanto no ha podido robar viajeros al avión) con el área de más peso económico, en este caso el País Vasco, y la mayoría de los trayectos se cubren con trenes Alvia, que no llegan a los 250 kilómetros por hora...
La conclusión del estudio es contundente. La construcción de las líneas AVE no aporta ningún beneficio a las empresas públicas, ni a la sociedad en su conjunto si se tiene en cuenta la enorme inversión hecha, en comparación con la posición de partida, una red ferroviaria convencional en convivencia con aeropuertos y autovías. Y, tras lamentar que el Gobierno no haya publicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de cada corredor, destaca “el alto coste de oportunidad que habrá asumido la sociedad española como consecuencia de tales decisiones de inversión y la persistencia de sus consecuencias para el futuro”. Solo un aumento muy considerable de los viajeros, que desborde las previsiones hechas en este trabajo –Fomento cree posible duplicar el tráfico en cinco años-, limitaría esas pérdidas.
Los investigadores de Fedea especulan con otras razones, más allá de las económicas, para explicar este inusitado despliegue de la red de alta velocidad. “Una de ellas puede ser el supuesto rédito político”, añaden, antes de desgranar otras “justificaciones empleadas”: “el prestigio otorgado a España”, “el desarrollo de la industria nacional” o “la cohesión política”. “Nuestros resultados ponen de manifiesto la falta de justificación económica fundamentada para acometer las inversiones de alta velocidad en España”, insisten.
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/26/actualidad/1427367930_711155.html
La pregunta obligada, ¿Alguien responderá, se harán responsables los gestores, los gobiernos?
El AVE un desastre económico y social para toda la vida.
Edmundo Fayanás Escuer
Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), organización financiada por los bancos privados y cuyos estudios vienen a apoyar y justificar los grandes proyectos de las elites nacionales, acaban de presentar un análisis sobre el AVE en España realizado por Germá Bel titulado “la experiencia internacional en la alta velocidad ferroviaria”. Las conclusiones de dicho estudio son claras “El AVE en España ha sido un desastre en términos económicos, no políticos” Es decir, que los políticos tanto del PP/PSOE han usado el AVE como una herramienta de beneficio político propio, con consecuencias económicas catastróficas.
Hemos de saber, que el precio que paga el viajero, sólo es un tercio del coste real del viaje, los otros dos tercios los paga el Estado. El coste diario a las arcas del Estado es inmenso. Es decir, que el poco dinero que hay, va destinado a financiar un AVE ruinoso y deficitario, a costa de otros proyectos sociales como podrían ser educación, sanidad, dependencia, etc…
¿Cuál es la situación actual del AVE español?
España es el segundo país del mundo en Km de AVE con 2.515 km, ocupando China el primer lugar con 11.067 km. El tercer país es Japón con 2.090 km y Francia el cuarto con 1.893 km. A estos 2.515 km ya en funcionamiento habrá que añadirle los 1.200 km que el PP quiere inaugurar para las elecciones, siendo una muestra más de la estupidez e irresponsabilidad política.
Para que seamos conscientes del desastre económico, es preciso compararlo con lo que pasa en otros países. En el año 2015, el número de pasajeros por km en España era de 11.800 viajeros, mientras que en Francia era de 61.400 y en Japón de 158.121.
España ha gastado unos 90.000 millones de euros en esos 2.015 km de Ave y el coste del mantenimiento anual de un km de Ave es de 100.000 euros. Mientras el ratio de pasajeros por Km en España es de 2,8, en Francia llega a 41,5. Sólo dos líneas del AVE en el mundo son rentables económicamente, la japonesa Tokio-Osaka y la francesa Lyon-París. La Comisión Europea considera que no deberían hacerse líneas de AVE que no garanticen al menos seis millones de pasajeros.
Los economistas de Fedea hablan de un coste de 52.000 millones de euros en la construcción de loa 2.515 km. La realidad es mucho más cruel, pues el gasto total rondan los 90.000 millones de euros, con lo que las variables con las que han sido estudiadas empeoran ostensiblemente. A esto hay que añadirle, que el PP pretende inaugurar a lo largo de 2015, año electoral, otros 1.200 km con un coste suplementario de otros 38.000 millones de euros, lo que va a provocar una herencia económica imposible de soportar.
Fedea analiza tres de las líneas más importantes del AVE español. La línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, que no llega a cinco millones de viajeros, es la más usada del país y tan sólo recuperaría a muy largo plazo el 46% de los costes de la inversión. La línea Madrid-Andalucía, sólo tiene unos tres millones de viajeros y recuperaría a largo plazo el 11% de la inversión. La tercera línea analizada es la de Madrid –Levante y recuperaría el 10% de la inversión. Como vemos, un desastre económico sin paliativos y de efectos duraderos.
Han analizado también la prevista línea Madrid norte de España, donde los ingresos esperados, en este caso, ni tan siquiera cubrirán los costes mínimos de funcionamiento.
Su capacidad de recuperación de la inversión será O%, por lo que se aconseja ni siquiera abrirla al tráfico ferroviario.
Está claro, que ninguna de las líneas del AVE español tiene un sentido económico ni social. En sus conclusiones, el AVE no genera más que una inducción moderada de nuevos desplazamientos, sustituyendo a otros medios de transporte. Puede incluso tener un impacto negativo en cuanto a la actividad de ciudades pequeñas, puesto que su efecto es de centralización de las actividades de servicios y no generan nuevas actividades, ni atrae inversión. No tiene efectos, más que marginales, a largo plazo en el turismo y produce, teniendo en cuenta los costes públicos un beneficio desproporcionado para los usuarios de rentas elevadas.
Como dice el economista Germá Bel “El AVE ha sido el prototipo de los años maravillosos de España: Es una inversión política, sin ningún sentido desde el punto de vista económico, En España las obras del AVE han creado un problema, el de qué hacer para que se use más, y no hay solución”.
El Secretario de Estado de Transporte de Estados Unidos, Roy Lahood, del gobierno de Obama visitó España en el año 2011, invitado por el ministro de Fomento socialista José Blanco, se mostró encantado de los fantásticos trenes españoles, hasta que le enseñaron las facturas de los costes. Ray Lahood le dijo a Blanco “ustedes son ricos, nosotros no nos podemos permitir”.
¿Qué es lo que han hecho otros países europeos más ricos y más responsables que España?
Todos los países europeos se han planteado una mejora de sus sistemas ferroviarios, modernizándolos con vía rápidas de hasta 200 km de velocidad, que se utiliza tanto para transporte de viajeros, como de mercancías y muy importante para el desarrollo de los trenes de cercanías. Toda esta modernización tiene un coste de sólo el 40% del que supone el AVE y además estas vías solo se puedeN emplear para el transporte de viajeros. En España, la única idea ha sido tener la infraestructura ¿el para qué sirve y su coste? Nunca se ha planteado, así estamos como estamos.
Aquí los informes técnicos que se hacen para las inversiones públicas, no se realizan con el mínimo rigor científico sino exclusivamente para justificar los intereses políticos del partido de turno PP/PSOE y el de las constructoras. En Estados Unidos una infraestructura debe demostrar que será rentable para poder ser financiada con dinero público.
Aquí en Navarra, se sigue construyendo el AVE con el apoyo de PSOE/PP/UPN y todo ello en nombre de la modernidad. Se llevan gastados unos 600 millones de euros, en una obra que debe pararse YA. Si esos 600 millones se hubieran dedicado a bienestar social y dependencia hoy no tendríamos el drama social que asola la comunidad foral.
Esos partidos mencionados, nos han llamado de TODO, cuando desde hace años denunciamos la nula viabilidad económica y social del AVE navarro. Deberían pedir perdón a la ciudadanía. Son los mismos partidos que apoyaron el Navarra Arena símbolo del despilfarro y que han apoyado y alentado el austericio que sufrimos. Me pregunto ¿Es coherente seguirles votando? Fuente: Internet
Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), organización financiada por los bancos privados y cuyos estudios vienen a apoyar y justificar los grandes proyectos de las elites nacionales, acaban de presentar un análisis sobre el AVE en España realizado por Germá Bel titulado “la experiencia internacional en la alta velocidad ferroviaria”. Las conclusiones de dicho estudio son claras “El AVE en España ha sido un desastre en términos económicos, no políticos” Es decir, que los políticos tanto del PP/PSOE han usado el AVE como una herramienta de beneficio político propio, con consecuencias económicas catastróficas.
Hemos de saber, que el precio que paga el viajero, sólo es un tercio del coste real del viaje, los otros dos tercios los paga el Estado. El coste diario a las arcas del Estado es inmenso. Es decir, que el poco dinero que hay, va destinado a financiar un AVE ruinoso y deficitario, a costa de otros proyectos sociales como podrían ser educación, sanidad, dependencia, etc…
¿Cuál es la situación actual del AVE español?
España es el segundo país del mundo en Km de AVE con 2.515 km, ocupando China el primer lugar con 11.067 km. El tercer país es Japón con 2.090 km y Francia el cuarto con 1.893 km. A estos 2.515 km ya en funcionamiento habrá que añadirle los 1.200 km que el PP quiere inaugurar para las elecciones, siendo una muestra más de la estupidez e irresponsabilidad política.
Para que seamos conscientes del desastre económico, es preciso compararlo con lo que pasa en otros países. En el año 2015, el número de pasajeros por km en España era de 11.800 viajeros, mientras que en Francia era de 61.400 y en Japón de 158.121.
España ha gastado unos 90.000 millones de euros en esos 2.015 km de Ave y el coste del mantenimiento anual de un km de Ave es de 100.000 euros. Mientras el ratio de pasajeros por Km en España es de 2,8, en Francia llega a 41,5. Sólo dos líneas del AVE en el mundo son rentables económicamente, la japonesa Tokio-Osaka y la francesa Lyon-París. La Comisión Europea considera que no deberían hacerse líneas de AVE que no garanticen al menos seis millones de pasajeros.
Los economistas de Fedea hablan de un coste de 52.000 millones de euros en la construcción de loa 2.515 km. La realidad es mucho más cruel, pues el gasto total rondan los 90.000 millones de euros, con lo que las variables con las que han sido estudiadas empeoran ostensiblemente. A esto hay que añadirle, que el PP pretende inaugurar a lo largo de 2015, año electoral, otros 1.200 km con un coste suplementario de otros 38.000 millones de euros, lo que va a provocar una herencia económica imposible de soportar.
Fedea analiza tres de las líneas más importantes del AVE español. La línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, que no llega a cinco millones de viajeros, es la más usada del país y tan sólo recuperaría a muy largo plazo el 46% de los costes de la inversión. La línea Madrid-Andalucía, sólo tiene unos tres millones de viajeros y recuperaría a largo plazo el 11% de la inversión. La tercera línea analizada es la de Madrid –Levante y recuperaría el 10% de la inversión. Como vemos, un desastre económico sin paliativos y de efectos duraderos.
Han analizado también la prevista línea Madrid norte de España, donde los ingresos esperados, en este caso, ni tan siquiera cubrirán los costes mínimos de funcionamiento.
Su capacidad de recuperación de la inversión será O%, por lo que se aconseja ni siquiera abrirla al tráfico ferroviario.
Está claro, que ninguna de las líneas del AVE español tiene un sentido económico ni social. En sus conclusiones, el AVE no genera más que una inducción moderada de nuevos desplazamientos, sustituyendo a otros medios de transporte. Puede incluso tener un impacto negativo en cuanto a la actividad de ciudades pequeñas, puesto que su efecto es de centralización de las actividades de servicios y no generan nuevas actividades, ni atrae inversión. No tiene efectos, más que marginales, a largo plazo en el turismo y produce, teniendo en cuenta los costes públicos un beneficio desproporcionado para los usuarios de rentas elevadas.
Como dice el economista Germá Bel “El AVE ha sido el prototipo de los años maravillosos de España: Es una inversión política, sin ningún sentido desde el punto de vista económico, En España las obras del AVE han creado un problema, el de qué hacer para que se use más, y no hay solución”.
El Secretario de Estado de Transporte de Estados Unidos, Roy Lahood, del gobierno de Obama visitó España en el año 2011, invitado por el ministro de Fomento socialista José Blanco, se mostró encantado de los fantásticos trenes españoles, hasta que le enseñaron las facturas de los costes. Ray Lahood le dijo a Blanco “ustedes son ricos, nosotros no nos podemos permitir”.
¿Qué es lo que han hecho otros países europeos más ricos y más responsables que España?
Todos los países europeos se han planteado una mejora de sus sistemas ferroviarios, modernizándolos con vía rápidas de hasta 200 km de velocidad, que se utiliza tanto para transporte de viajeros, como de mercancías y muy importante para el desarrollo de los trenes de cercanías. Toda esta modernización tiene un coste de sólo el 40% del que supone el AVE y además estas vías solo se puedeN emplear para el transporte de viajeros. En España, la única idea ha sido tener la infraestructura ¿el para qué sirve y su coste? Nunca se ha planteado, así estamos como estamos.
Aquí los informes técnicos que se hacen para las inversiones públicas, no se realizan con el mínimo rigor científico sino exclusivamente para justificar los intereses políticos del partido de turno PP/PSOE y el de las constructoras. En Estados Unidos una infraestructura debe demostrar que será rentable para poder ser financiada con dinero público.
Aquí en Navarra, se sigue construyendo el AVE con el apoyo de PSOE/PP/UPN y todo ello en nombre de la modernidad. Se llevan gastados unos 600 millones de euros, en una obra que debe pararse YA. Si esos 600 millones se hubieran dedicado a bienestar social y dependencia hoy no tendríamos el drama social que asola la comunidad foral.
Esos partidos mencionados, nos han llamado de TODO, cuando desde hace años denunciamos la nula viabilidad económica y social del AVE navarro. Deberían pedir perdón a la ciudadanía. Son los mismos partidos que apoyaron el Navarra Arena símbolo del despilfarro y que han apoyado y alentado el austericio que sufrimos. Me pregunto ¿Es coherente seguirles votando? Fuente: Internet
viernes, 14 de diciembre de 2012
El “expolio” social del que no se habla
Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006.
En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:
1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);
2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);
3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;
4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.
¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.
En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:
1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);
2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);
3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;
4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.
¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.
domingo, 2 de diciembre de 2012
“No hay negociación posible”. El responsable sanitario se aferra a sus planes privatizadores para el sistema de salud.
El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966), ha conseguido algo inaudito: poner de acuerdo a buena parte de la comunidad sanitaria madrileña en contra de su reforma, que incluye privatizar la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud.
Asegura que no dará marcha atrás, por más huelgas o protestas que hagan los médicos. Y defiende que la gestión privada es más eficiente.
Pregunta. ¿Realmente cree que los profesionales sanitarios mienten a la población cuando explican por qué están en huelga?
Respuesta. Cualquiera que en este momento le diga a la población que la sanidad se vende, se privatiza, que va a dejar de ser gratuita y se va a cobrar está mintiendo a sabiendas.
P. Pero sí se privatiza la gestión de los hospitales.
R. No, privatizar consistiría en vender los hospitales y darlos al sector privado para que los administrara como le pareciera conveniente. Nosotros lo que hacemos es externalizar la gestión, es decir, de un hospital público de titularidad pública.
P. En el diccionario de la RAE externalizar no existe y privatizar significa exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué no le gusta ese verbo?
R. Porque induce a confusión, a pensar que van a pasar a ser hospitales privados. Van a seguir siendo hospitales públicos.
P. Eso la gente lo sabe, ¿no?
R. En estos momentos se está queriendo que la gente piense que la sanidad va a ser privada. Basta ver los eslóganes de las manifestaciones o las pancartas. No va a pasar a ser sanidad privada. Es pública, eso sí, encomendada para su gestión a una sociedad concesionaria.
P. Eso es lo que le critica la comunidad sanitaria. La tiene a toda en contra, empezando por el Colegio de Médicos, las sociedades científicas... ¿Sigue creyendo que todos están equivocados y ustedes tienen razón?
R. No voy a juzgar las motivaciones ni las razones que les llevan a adoptar esa actitud. Sí digo que el ámbito sanitario, como cualquier organización grande, es muy inercial. Hay un componente de resistencia o de inercia frente al cambio. Yo lo que sé es cuál es mi responsabilidad y la del Gobierno. Si para el año que viene tenemos 530 millones de euros menos en el presupuesto, queremos seguir teniendo asistencia sanitaria de la máxima calidad, evidentemente con las reglas de universalidad, gratuidad, equidad, tenemos que trabajar de una manera distinta.
P. Parte de la base de que la sanidad pública y sus funcionarios son ineficientes. Pero usted es su jefe. ¿No es eso admitir su fracaso como gestor?
R. Las nóminas de cualquier empleado público están llenas de complementos que nacieron para incentivar o premiar el trabajo de excelencia y que se convirtieron muy inmediatamente en complementos lineales e iguales para todos. Y eso ha pasado durante décadas y en un partido y otro. La gestión pública tiene una rigidez que tiene que ver con la necesaria reforma de la función pública en España, pero eso es otra cuestión.
P. Hace un mes que oposición y prensa le piden estudios independientes o datos económicos que justifiquen que el modelo que ha elegido es más eficiente y de mayor calidad. ¿Los tiene? ¿Por qué no los hace públicos?
R. Sí, sí, sí, y los tenemos que hacer públicos. Hoy mismo se ha presentado un estudio de una consultora [Iasist] que compara resultados de los hospitales de gestión directa e indirecta, y da unos resultados muy similares a los que nosotros hemos obtenido. Que los indicadores de calidad asistencial son muy similares, o idénticos. Y el coste presupuestario es sensiblemente inferior.
P. ¿Por qué ha puesto en marcha una reforma de este calado sin consultar a los profesionales?
R. Sobre muchas de las cuestiones incluidas en el plan habíamos ido hablando a lo largo de los últimos dos años. Luego llega un momento, en verano, en que se comunica a la Comunidad de Madrid que tiene 1.000 millones de euros menos y que el límite de déficit es del 0,8%, lo que obliga a hacer un ajuste de 2.700 millones. Y eso tiene consecuencias.
P. Hoy mismo [por ayer] le han entregado casi un millón de firmas contra la reforma. ¿Va a escuchar? ¿Hay marcha atrás?
R. Yo escucho siempre. Lo que se está pidiendo al Gobierno regional es que no haga nada, es que teniendo un presupuesto inferior, queriendo mantener el nivel de calidad, que hagamos como Zapatero, o sea, como si no pasara nada, hasta dejar que esto se hunda, que es lo que él hizo con España. Eso yo no lo voy a hacer, porque me parecería una irresponsabilidad.
P. Si lee la petición, verá que lo que le están pidiendo es que retire el plan de medidas…
R. O sea, que no haga nada.
P. … y discuta con los profesionales antes de tomar otras medidas consensuadas.
R. Esas otras medidas… A mí me encantará conocer cualquier propuesta que me hagan de reducción de costes, manteniendo la calidad y las características del sistema. Cualquier persona, no me hacen falta 900.000, con que me venga uno con una propuesta la estudiaré con el mayor interés.
P. Entonces podría retirar el plan a la espera de hablar con…
R. En absoluto, en absoluto.
P. ¿Dónde está la negociación entonces?
R. Si es que no hay negociación posible. La negociación consiste en que vamos a hablar sobre cómo algo se puede hacer o aplicar. Le recuerdo que nosotros somos el Gobierno apoyado por un 53% de los madrileños.
P. En su programa electoral no hablaban de privatizar la gestión de los hospitales públicos.
R. No, pero en nuestro programa tampoco había una previsión de que se nos fuera a reducir la financiación autonómica en 1.000 millones de euros.
P. ¿Le ha molestado la respuesta del Gobierno central a su anuncio del euro por receta, más agresiva que con Cataluña?
R. Bueno, no me ha molestado. Hubiese preferido otra, desde luego. Lo que me parece es que tenemos una situación presupuestaria que nos obliga a tomar medidas como el euro por receta, que pensamos que entra absolutamente dentro de nuestras competencias. La tasa no es tanto recaudatoria como disuasoria.
P. Por primera vez un Gobierno del PP cierra un hospital, el Instituto de Cardiología.
R. No, no es un hospital, es una unidad asistencial que procedía de la Escuela Nacional de Estudio del Tórax. Estaba haciendo una tarea de apoyo, no tenía población de referencia y creemos que será más eficaz integrándola en el Hospital Clínico.
P. La Consejería lo considera hospital [modificó la página web oficial para eliminar la palabra hospital días después de que se conociera su cierre] en todas sus publicaciones.
R. No estamos hablando de un hospital. Leer más en El País.
Asegura que no dará marcha atrás, por más huelgas o protestas que hagan los médicos. Y defiende que la gestión privada es más eficiente.
Pregunta. ¿Realmente cree que los profesionales sanitarios mienten a la población cuando explican por qué están en huelga?
Respuesta. Cualquiera que en este momento le diga a la población que la sanidad se vende, se privatiza, que va a dejar de ser gratuita y se va a cobrar está mintiendo a sabiendas.
P. Pero sí se privatiza la gestión de los hospitales.
R. No, privatizar consistiría en vender los hospitales y darlos al sector privado para que los administrara como le pareciera conveniente. Nosotros lo que hacemos es externalizar la gestión, es decir, de un hospital público de titularidad pública.
P. En el diccionario de la RAE externalizar no existe y privatizar significa exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué no le gusta ese verbo?
R. Porque induce a confusión, a pensar que van a pasar a ser hospitales privados. Van a seguir siendo hospitales públicos.
P. Eso la gente lo sabe, ¿no?
R. En estos momentos se está queriendo que la gente piense que la sanidad va a ser privada. Basta ver los eslóganes de las manifestaciones o las pancartas. No va a pasar a ser sanidad privada. Es pública, eso sí, encomendada para su gestión a una sociedad concesionaria.
P. Eso es lo que le critica la comunidad sanitaria. La tiene a toda en contra, empezando por el Colegio de Médicos, las sociedades científicas... ¿Sigue creyendo que todos están equivocados y ustedes tienen razón?
R. No voy a juzgar las motivaciones ni las razones que les llevan a adoptar esa actitud. Sí digo que el ámbito sanitario, como cualquier organización grande, es muy inercial. Hay un componente de resistencia o de inercia frente al cambio. Yo lo que sé es cuál es mi responsabilidad y la del Gobierno. Si para el año que viene tenemos 530 millones de euros menos en el presupuesto, queremos seguir teniendo asistencia sanitaria de la máxima calidad, evidentemente con las reglas de universalidad, gratuidad, equidad, tenemos que trabajar de una manera distinta.
P. Parte de la base de que la sanidad pública y sus funcionarios son ineficientes. Pero usted es su jefe. ¿No es eso admitir su fracaso como gestor?
R. Las nóminas de cualquier empleado público están llenas de complementos que nacieron para incentivar o premiar el trabajo de excelencia y que se convirtieron muy inmediatamente en complementos lineales e iguales para todos. Y eso ha pasado durante décadas y en un partido y otro. La gestión pública tiene una rigidez que tiene que ver con la necesaria reforma de la función pública en España, pero eso es otra cuestión.
P. Hace un mes que oposición y prensa le piden estudios independientes o datos económicos que justifiquen que el modelo que ha elegido es más eficiente y de mayor calidad. ¿Los tiene? ¿Por qué no los hace públicos?
R. Sí, sí, sí, y los tenemos que hacer públicos. Hoy mismo se ha presentado un estudio de una consultora [Iasist] que compara resultados de los hospitales de gestión directa e indirecta, y da unos resultados muy similares a los que nosotros hemos obtenido. Que los indicadores de calidad asistencial son muy similares, o idénticos. Y el coste presupuestario es sensiblemente inferior.
P. ¿Por qué ha puesto en marcha una reforma de este calado sin consultar a los profesionales?
R. Sobre muchas de las cuestiones incluidas en el plan habíamos ido hablando a lo largo de los últimos dos años. Luego llega un momento, en verano, en que se comunica a la Comunidad de Madrid que tiene 1.000 millones de euros menos y que el límite de déficit es del 0,8%, lo que obliga a hacer un ajuste de 2.700 millones. Y eso tiene consecuencias.
P. Hoy mismo [por ayer] le han entregado casi un millón de firmas contra la reforma. ¿Va a escuchar? ¿Hay marcha atrás?
R. Yo escucho siempre. Lo que se está pidiendo al Gobierno regional es que no haga nada, es que teniendo un presupuesto inferior, queriendo mantener el nivel de calidad, que hagamos como Zapatero, o sea, como si no pasara nada, hasta dejar que esto se hunda, que es lo que él hizo con España. Eso yo no lo voy a hacer, porque me parecería una irresponsabilidad.
P. Si lee la petición, verá que lo que le están pidiendo es que retire el plan de medidas…
R. O sea, que no haga nada.
P. … y discuta con los profesionales antes de tomar otras medidas consensuadas.
R. Esas otras medidas… A mí me encantará conocer cualquier propuesta que me hagan de reducción de costes, manteniendo la calidad y las características del sistema. Cualquier persona, no me hacen falta 900.000, con que me venga uno con una propuesta la estudiaré con el mayor interés.
P. Entonces podría retirar el plan a la espera de hablar con…
R. En absoluto, en absoluto.
P. ¿Dónde está la negociación entonces?
R. Si es que no hay negociación posible. La negociación consiste en que vamos a hablar sobre cómo algo se puede hacer o aplicar. Le recuerdo que nosotros somos el Gobierno apoyado por un 53% de los madrileños.
P. En su programa electoral no hablaban de privatizar la gestión de los hospitales públicos.
R. No, pero en nuestro programa tampoco había una previsión de que se nos fuera a reducir la financiación autonómica en 1.000 millones de euros.
P. ¿Le ha molestado la respuesta del Gobierno central a su anuncio del euro por receta, más agresiva que con Cataluña?
R. Bueno, no me ha molestado. Hubiese preferido otra, desde luego. Lo que me parece es que tenemos una situación presupuestaria que nos obliga a tomar medidas como el euro por receta, que pensamos que entra absolutamente dentro de nuestras competencias. La tasa no es tanto recaudatoria como disuasoria.
P. Por primera vez un Gobierno del PP cierra un hospital, el Instituto de Cardiología.
R. No, no es un hospital, es una unidad asistencial que procedía de la Escuela Nacional de Estudio del Tórax. Estaba haciendo una tarea de apoyo, no tenía población de referencia y creemos que será más eficaz integrándola en el Hospital Clínico.
P. La Consejería lo considera hospital [modificó la página web oficial para eliminar la palabra hospital días después de que se conociera su cierre] en todas sus publicaciones.
R. No estamos hablando de un hospital. Leer más en El País.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
