Un nuevo informe sobre las inversiones y préstamos de las empresas financieras a la industria armamentística revela que 19 bancos y cajas de ahorro, 19 entidades de inversión de capitales, 3 aseguradoras y 3 empresas públicas mantienen inversiones en esta industria. BBVA y el Banco Santander encabezan este listado.

Yago Álvarez
El Salmón Contracorriente.

La industria armamentística, en un planeta repleto de conflictos bélicos, sigue siendo uno de los negocios más rentables para los inversores. Ni los embargos o prohibiciones de ventas de armas a los países en conflicto o donde no se respetan los derechos humanos han conseguido disminuir este controvertido comercio. Según el instituto de investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio aumentaron un 61% entre 2006-2010 y 2011-2015. Los fondos de inversión, que han necesitado otros mercados donde invertir su capital tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han encontrado en la industria armamentística uno de sus principales nichos de mercado para invertir y prestar.

El nuevo informe “Los bancos que invierten en armas” del Centre Delás desvela cuáles son las inversiones en la industria armamentística, ya bien sea porque forman parte de su accionariado mediante la compra de acciones o porque les prestan dinero de las empresas financieras españolas y las extranjeras con actividad en el país.

El informe revela la financiación de 34 empresas de armas. Destacan por su controversia las empresas fabricantes de armas nucleares, con una presencia constante de los misiles nucleares Trident, recientemente cuestionados en Reino Unido. Entre las empresas que financian los bancos de este informe se encuentran algunas de las principales compañías de armamento del mundo, como las norteamericanas Boeing, General Dynamics, Honeywell International, Lockheed Martin, Northrop Grumman , Textron y Raytheon, la italiana Finameccania, la británica BAE Systems, la europea Airbus, las españolas Indra y Navantia, la coreana Poongsan y las francesas Safran y Thales.

Entre las entidades que financian la industria armamentística aparecen bancos comerciales y/o de inversión, pequeñas entidades financieras que gestionan grandes patrimonios, empresas aseguradoras e incluso entidades públicas, lo que muestra que las inversiones en armas son una práctica ampliamente extendida en el sector financiero. Las entidades financieras identificadas como Banca Armada en este informe han dedicado 80.000 millones de euros a la financiación del sector armamentístico.

Los bancos, aseguradoras y empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011 y 2015 casi 5.900 millones de euros al sector armamentístico; el resto de bancos, algunas de las grandes corporaciones internacionales de la banca, han desviado hacia el sector de las armas de racimo, nucleares y convencionales más de 71.000 millones de euros.

BBVA y Banco Santander invierten 4.264 millones de euros La banca armada española sigue estando liderada por el BBVA y el Santander, que son las entidades financieras que han dedicado en este último periodo, tal y como venía ocurriendo en el pasado, más recursos a dar apoyo a las empresas de armas que todo el resto de entidades financieras españolas, poniéndose a la altura de los mayores inversores en la industria armamentística del mundo. Entre estos dos bancos invierten 4.264 millones de euros en empresas armamentísticas, un 72% del total invertido por las entidades financieras españolas. También destaca el papel de Acciona, dedicada principalmente a actividades no financieras, pero que con 371 millones de euros se sitúa en el tercer lugar del nuevo ranking de la banca armada española, aunque lejos de los 1.518 millones de la entidad que se encuentra en el segundo lugar, el Banco Santander.







También se invierte en armas con nuestro dinero No sólo los bancos comerciales o gestoras de fondos invierten en el lucrativo negocio del armamento, varias entidades públicas también invierten el dinero del contribuyente en esta controvertida industria.

Es destacable el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una empresa pública que tiene una importante participación accionarial en Indra, tras haberla adquirido de Bankia como medida de apoyo a este banco durante la crisis económica que recientemente atravesó la entidad, y que además tiene el 100% de la propiedad de la principal empresa de barcos de guerra española, Navantia. SEPI es la cuarta entidad en el ranking de banca armada con más de 368 millones de euros invertidos en empresas de armamento.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito completan esta lista de inversiones en armamento por parte de organismos públicos con 48 millones por parte del ICO. El Fondo de Garantía no ha hecho pública su cifra.

Bankia, con una participación accionarial por parte del Estado de más del 60% tras el rescate bancario, también tiene invertidos más de 180 millones de euros, ocupando así el sexto lugar de la clasificación.

Empresas controvertidas pero rentables Es importante también el rol de importantes entidades financieras que tienen como clientes algunas de las empresas españolas de armamento más controvertidas, como es el caso de Maxam. La empresa de armamento afincada en Burgos, tiene una controvertida trayectoria produciendo bombas y municiones que después fueron prohibidas por su gran impacto humanitario o por suministrar material explosivo o de caza a lugares en conflicto armado. Maxam ha recibido el favor de numerosos bancos españoles. Banca March, Caixabank, Bankia, Banco Popular, Sabadell y Bankinter han invertido o prestado a esta empresa. Además de estos bancos, el BBVA, Santander, Sabadell, BMN, Caja Rural y Unicaja, e incluso del Instituto de Crédito Oficial también han colaborado de algún modo con ella.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?BBVA-y-Banco-Santander-encabezan

España registró el año pasado la mayor salida de capitales desde 2012. Los inversores sacaron del país 70.200 millones de euros en 2015. Sólo en diciembre, retiraron 19.000 millones

Los inversores sacaron de España 70.200 millones de euros en 2015, cifra que contrasta con los 5.600 millones de euros que invirtieron en el país en 2014, según la balanza de pagos que publica el Banco de España. Sólo en el mes de diciembre, el mes en el que se celebraron las Elecciones generales, los inversores retiraron de España 19.000 millones de euros. No obstante, pese a la subida de la cifra, la salida de capitales aún está lejos del máximo de 2012, cuando la fuga de inversiones ascendió a 170.000 millones. La salida o entrada de capitales es un saldo que resulta de tener en cuenta lo que los inversores españoles invierten fuera del país y lo que los extranjeros destinan a España en ese mismo periodo.

Varios despachos de abogados confirman que los grandes patrimonios han procedido a movilizar capitales ante el aumento de la incertidumbre en España. Y el riesgo de que aumenten la carga impositiva. Los bufetes de abogados confirman que han percibido un aumento de consultas de sus clientes para sacar su patrimonio a otros países con una fiscalidad más relajada que la que auguran. El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos incluye un nuevo impuesto para los grandes patrimonios. Podemos también recoge en su programa electoral un tributo para aumentar los impuestos a estas fortunas.

 En el desglose de los datos, los 70.200 millones que los inversores sacaron de España en 2015 se produjeron por la retirada de 21.300 millones en las inversiones directas, así como los 48.800 millones de euros que retiraron del país en otras inversiones (préstamos, repos y depósitos).

 En inversiones de cartera, los inversores también sacaron de España 700 millones de euros durante el año pasado y únicamente en derivados financieros invirtieron en el país 600 millones de euros. De esta forma, la posición deudora neta del Banco de España frente al exterior registró en 2015 un aumento por importe de 40.600 millones de euros.

Contraste con años anteriores
El importe sacado de España por los inversores en 2015 (70.200 millones de euros) contrasta con los 5.600 millones que invirtieron un año antes y más aún con los 73.600 millones de euros que trajeron a España en 2013, gracias a la mejora de la economía española y la mayor confianza en la misma. "En el mes de diciembre, las salidas netas de la cuenta financiera (19.000 millones), excluyendo el Banco de España, se produjeron por la otra inversión, principalmente (24.300 millones, como resultado de las desinversiones de los no residentes), y también por la inversión directa (3.100 millones). En sentido contrario, la inversión de cartera registró entradas netas (8.700 millones), debido, sobre todo, a las desinversiones de residentes en el exterior. En el conjunto de 2015 se estima una salida neta de fondos de 70.000 millones de euros", según explica el supervisor bancario. http://economia.elpais.com/economia/2016/02/29/actualidad/1456742610_261281.html

Un estudio concluye que ninguna línea española de AVE es rentable. La demanda no será suficiente para recuperar la inversión, avisa Fedea

“Ni para las empresas, ni para la sociedad”. Así de concluyentes se muestran Ofelia Betancor y Gerard Llobet en un estudio presentado este jueves que analiza si son rentables los principales corredores de alta velocidad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estiman que, ni considerando los beneficios indirectos, como los derivados de los ahorros de tiempo, la descongestión en las carreteras, o el coste evitado en trayectos de avión, se compensa la multimillonaria inversión realizada. La clave, aducen, es que el nivel de demanda no es, ni será, suficiente para generar los ingresos precisos.

Un anterior estudio de Fedea (en cuyo patronato participan el Banco de España y una docena de grandes compañías) contrastaba las grandes cifras del despliegue del tren de alta velocidad con lo ocurrido en otros países. Un contraste que precipita la pregunta sobre la rentabilidad de esa apuesta: La red española, con 2.515 kilómetros en servicio y otros 1.200 en construcción, es la segunda mayor del mundo, solo detrás de la china. Y, con mucha diferencia, es la mayor en términos relativos: 54 kilómetros por millón de habitantes, frente a los 31 kilómetros de Francia. Sin embargo, el número de viajeros que usan este modo de transporte está muy lejos del que registran otros países: aun con el repunte registrado el año pasado —un incremento del 16%, hasta los 29,7 millones de viajeros—, en España hay 11.800 pasajeros por kilómetro operativo de AVE, cuando en Japón (158.121) o Francia (61.400) la relación es mucho mayor.

El punto de partida, pues, es que en España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de AVE. Y que, como destacan los investigadores de Fedea, el despliegue ha tenido un coste multimillonario para las arcas públicas, pese a que el coste por kilómetro de vía es de los más bajos del mundo: se han gastado más de 40.000 millones de euros solo en la construcción de las líneas, con obras programadas que sumarán 12.000 millones más. Es, además, una prioridad de este y anteriores Gobiernos. El Ministerio de Fomento, en pleno año electoral, quiere poner en servicio 1.000 kilómetros más para conectar a ocho capitales a la red de alta velocidad, lo que se llevará casi la mitad de la inversión que ha presupuestado para 2015.

La cuestión a la que quieren responder los investigadores es si esa inversión acabará siendo recuperada en 50 años desde el inicio de la construcción de las vías. Para ello estiman los ingresos en el periodo y los costes variables (explotación, mantenimiento, compra de trenes, etc). En el cálculo aplican una tasa de descuento —la rentabilidad mínima exigida a un proyecto de inversión—, que permite comparar la inversión inicial con el flujo de ingresos y costes acumulados en ese medio siglo. Y expresa el resultado (el valor esperado descontado de cada magnitud) en euros de 2013.

El estudio se concentra en los cuatro principales corredores de AVE, el Madrid-Barcelona, el Madrid-Andalucía, el Madrid-Levante y el Madrid-Norte, que suman más del 70% del tráfico y cerca del 60% de la inversión hecha. En los tres primeros, los ingresos superan los costes variables, lo que implica que es mejor seguir operándolos que dejar de hacerlo. En el Madrid-Norte, sin embargo, incluso la propia explotación sería deficitaria, con lo que el coste para las arcas públicas seguiría aumentando. A diferencia del resto, este corredor no ha conectado aún en alta velocidad real (y por tanto no ha podido robar viajeros al avión) con el área de más peso económico, en este caso el País Vasco, y la mayoría de los trayectos se cubren con trenes Alvia, que no llegan a los 250 kilómetros por hora...

La conclusión del estudio es contundente. La construcción de las líneas AVE no aporta ningún beneficio a las empresas públicas, ni a la sociedad en su conjunto si se tiene en cuenta la enorme inversión hecha, en comparación con la posición de partida, una red ferroviaria convencional en convivencia con aeropuertos y autovías. Y, tras lamentar que el Gobierno no haya publicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de cada corredor, destaca “el alto coste de oportunidad que habrá asumido la sociedad española como consecuencia de tales decisiones de inversión y la persistencia de sus consecuencias para el futuro”. Solo un aumento muy considerable de los viajeros, que desborde las previsiones hechas en este trabajo –Fomento cree posible duplicar el tráfico en cinco años-, limitaría esas pérdidas.

Los investigadores de Fedea especulan con otras razones, más allá de las económicas, para explicar este inusitado despliegue de la red de alta velocidad. “Una de ellas puede ser el supuesto rédito político”, añaden, antes de desgranar otras “justificaciones empleadas”: “el prestigio otorgado a España”, “el desarrollo de la industria nacional” o “la cohesión política”. “Nuestros resultados ponen de manifiesto la falta de justificación económica fundamentada para acometer las inversiones de alta velocidad en España”, insisten.
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/26/actualidad/1427367930_711155.html

La pregunta obligada, ¿Alguien responderá, se harán responsables los gestores, los gobiernos?