El delito fiscal tendrá una pena más dura y los delatores serán premiados

El plazo de prescripción se amplía de 5 a 10 años en los casos más graves de fraude El cambio legal evita que se persiga a quienes se acojan a la amnistía Los defraudadores que denuncien a otros verán rebajada su condena. Ver en El País
Corrupción y delito fiscal, un catálogo de casos
Muchos de los casos de corrupción política recientes conllevan un fraude fiscal, por la ocultación de los beneficios que se obtienen en las prácticas irregulares. Estos son los ejemplos más llamativos.
Caso Gürtel.
Los beneficios que la red corrupta obtuvo de forma supuestamente ilícita se ocultaron a Hacienda. Aún no se ha podido cifrar la cantidad que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sus empresas y algunos políticos del PP defraudaron a las arcas públicas. La Agencia Tributaria ha reconocido que algunos de los delitos detectados han prescrito.
Caso Carlos Fabra.
El expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa provincia, Carlos Fabra, está acusado de defraudar, junto a la que fue su esposa, María Amparo Fernández, 1,2 millones de euros. Cuatro delitos fiscales fueron declarados prescritos, pero el Supremo revocó esta decisión porque la investigación se había iniciado.
Caso Brugal.
La investigación de la trama por las contratas públicas de la recogida de basuras en Alicante ha destapado incrementos patrimoniales no declarados.
Caso Palau de la Música.
El saqueo al que Fèlix Millet y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sometieron al Palau de la Música de Barcelona llevó paralela una operación para defraudar a Hacienda de alrededor de 685.000 euros.
Caso Urdangarin.
La investigación de los negocios que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres ha derivado también en pesquisas para averiguar si hubo una evasión de capitales. Además, la Agencia Tributaria abrió un expediente por un pago sospechoso de 147.800 euros en billetes de 500 del Instituto Nóos a Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta.
Caso Marbella.
El caso Malaya destapó todo un entramado en Marbella de pagos y cobros de comisiones, en el que el exasesor municipal durante el mandato de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, fue acusado de blanquear 245,1 millones de euros de origen ilícito. (En El País).