Qué pasó realmente en el superpleno del Congreso. El Gobierno no puede gobernar en esta legislatura como lo hizo en la anterior. No se puede seguir exigiendo a los socios que aprueben primero y hablar después. Y entre los socios hay que contar con los cinco diputados de Podemos

En la sesión de este pasado miércoles quedó claro que la mayoría parlamentaria que “volvió” a investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno tiene decidido que la ley de amnistía es absolutamente imprescindible para que se pueda debatir políticamente la integración de Catalunya en el Estado, el problema constitucional más importante al que ha tenido que enfrentarse España en los dos únicos procesos constituyentes democráticos que ha tenido en su historia: el de 1931 y el de 1977-78. Por motivos distintos y con consecuencias también distintas, en ninguno de ambos se ha conseguido encontrar una respuesta de aceptación generalizada con una vigencia indefinida. Se trata, por tanto, de una “asignatura pendiente”.

He puesto entre comillas “volvió”, porque la mayoría parlamentaria de la investidura de 2023 es la mayoría parlamentaria de la moción de censura de julio de 2018. No la de 2019. Todo el nacionalismo catalán y todo el nacionalismo vasco han sido necesarios en ambos casos. En la moción de censura fue la incorporación del nacionalismo catalán el que arrastró al PNV e hizo posible el éxito de la misma. Recuérdese que el PNV había pactado los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y que una de las condiciones que puso para votar la moción de censura fue la de que el nuevo Gobierno se comprometiera a la aprobación de dichos Presupuestos. En 2023 ha sido a la inversa. Fue la intervención de Aitor Esteban respondiendo a Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura de este último: “¿Núñez Feijóo o amnistía?, pues amnistía” la que dejó claro cuál era la cuestión de la que dependía que la legislatura pudiera echar a andar.

Echar a andar no quiere decir que la legislatura ya esté encauzada. Quiere decir que existe la posibilidad de una negociación política con una Constitución Territorial “no mutilada”. Que va a ser difícil, pero que es posible. A esa posibilidad es a la que se dijo sí este pasado miércoles. La necesidad de la amnistía va calando. De ahí que no haya sido ni siquiera especialmente polémico el debate de las enmiendas a la totalidad, a diferencia de lo que ha ocurrido con los debates y votaciones de los tres Decretos-leyes, que lo han sido porque a través de la no convalidación de los mismos lo que se perseguía era crear un ambiente que dificultara la continuidad de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía. Las derechas españolas daban por perdido el ataque frontal a la ley de amnistía, pero pretendían hacerla imposible de una manera oblicua mediante la no convalidación de los Decretos-leyes.

Como el lector ya sabe, la mayoría parlamentaria ha sobrevivido a la emboscada de las derechas. Los dos Decretos-leyes decisivos, que afectaban al Gobierno en su totalidad, han sido aprobados. De manera un poco estrambótica uno de ellos, pero han sido aprobados, que es de lo que se trataba. El lenguaje tanto verbal como corporal de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo lo dijeron todo. La derecha fracasó por completo y el Gobierno consiguió lo que se proponía, que no era más que comprobar que Junts va a ser muy exigente, pero que no está dispuesto a la ruptura. Hubiera preferido hacerlo con un coste de imagen menor al que tuvo que soportar, pero lo consiguió. Nada grave se rompió en la mayoría parlamentaria.

El tercer Decreto-ley que no fue convalidado no ha sido una derrota del Gobierno. Ha sido el resultado de la quiebra del grupo parlamentario de Sumar. No puedo pronunciarme con solvencia sobre el contenido del decreto, porque es una materia compleja a la que necesitaría dedicarle mucho tiempo para formarme una opinión inequívoca, pero, por lo que he escuchado en la Ser en la mañana del jueves y por lo leído en La Vanguardia a Pedro Vallín, 'Podemos o la falacia del nirvana', no parece que el voto negativo de los cinco diputados de Podemos esté justificado por encima de toda duda razonable. Más bien da la impresión de lo contrario. No es una reacción política ante una decisión gubernamental, sino un ataque pasional a la vicepresidenta Yolanda Díaz porque sí, es decir, sin una justificación objetiva y razonable, lo que va a obligar a Podemos a explicar su coincidencia con el PP y Vox en el rechazo a una medida que afecta negativamente a la parte del cuerpo electoral que puede encontrarse más próxima a los que Podemos dice querer representar.

La sesión del miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados dejó claro dos cosas:

1ª Que las derechas españolas siguen instaladas en la urgencia de derribar a Pedro Sánchez, porque no soportan su continuidad en la presidencia del Gobierno. Siguen sin aceptar que el resultado electoral, en lugar de ser un referéndum sobre el Gobierno Sánchez, como habían pretendido, ha sido un referéndum sobre la oposición del PP y Vox durante la legislatura. El cuerpo electoral no ha dado un Sí con mayúsculas a Pedro Sánchez, pero ha dado un No rotundo al tándem Alberto Núñez Feijóo-Santiago Abascal. Mientras no acepten esta realidad, tirarán piedras contra su propio tejado.

2ª Que el Gobierno no puede gobernar en esta legislatura como lo hizo en la anterior. Pedro Sánchez debería mirar a Francia y a lo que le está ocurriendo a Emmanuel Macron con el abuso del artículo 49.3 de la Constitución francesa, que es el equivalente políticamente a lo que se está haciendo en España con el artículo 86 de la Constitución. No se puede seguir exigiendo a los socios que aprueben primero y hablar después. Y entre los socios hay que contar con los cinco diputados de Podemos, que no son parte de la mayoría del Gobierno de coalición.

No sé si se le ha ofrecido a Podemos o no la posibilidad de tramitar el Decreto-ley, tras su convalidación, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Si se le ha ofrecido esa posibilidad y la ha rechazado, la conducta de Podemos sería injustificable. Si no se le ha ofrecido, sería el Gobierno el que tendría que reflexionar. En todo caso, no es un problema que no se pueda resolver con relativa facilidad en las próximas semanas.