¿Mayoría para la ley de amnistía, pero no mayoría de gobierno?

La mayoría de investidura tiene que reafirmarse como mayoría de Gobierno durante los meses de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. La primera prueba es la negativa de Junts a convalidar tres decretos-leyes.

La mayoría en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la proposición de ley de amnistía quedó acreditada en la votación tras el debate de toma en consideración de la misma. Hay 178 diputados a favor de la misma. Se puede dar por seguro que esa misma mayoría rechazará las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y VOX, así como también las proposiciones de ambos partidos de tipificar como delitos la “deslealtad constitucional” o la negociación por el presidente del Gobierno de materias de competencia exclusiva de las Cortes Generales.

Sabemos también que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados será vetado por el Senado y que, en consecuencia, tendrá que volver al Congreso, que levantará el veto con la misma mayoría absoluta con que lo ha aprobado.

Dado que no se ha presentado ninguna enmienda al articulado de la proposición de ley, sino únicamente a la exposición de motivos de la misma, es decir, a la constitucionalidad de la ley de amnistía en cuanto tal, esta será la cuestión en torno a la cual girarán el o los recursos de inconstitucionalidad que interpondrán los diputados y senadores del PP, así como también los Parlamentos y Consejos de Gobiernos de las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna.

Será el Tribunal Constitucional el que tendrá que decidir si la ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales es constitucional o no. Es lo que sabíamos que iba a pasar desde que se empezó a contemplar la posibilidad de la amnistía.

Si el problema pudiera quedar reducido a estos términos, pienso que no habría muchas dudas acerca de la incorporación de la ley de amnistía a nuestro ordenamiento jurídico. No anticipo ningún horizonte en el que el Tribunal Constitucional pudiera declarar anticonstitucional la ley.

Una vez incorporada al ordenamiento jurídico, seguro que se plantearán problemas en la aplicación de la ley, ya que verosímilmente se elevarán “cuestiones de inconstitucionalidad” contra la misma e incluso “cuestiones prejudiciales” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El ruido que se generaría será considerable, pero pienso que sería manejable.

El problema para que la ley de amnistía llegue a incorporarse al ordenamiento español no es de naturaleza jurídica, sino política. Estriba en que la mayoría parlamentaria que sabemos que existe para su aprobación, se mantenga como mayoría de Gobierno durante los meses en que se tiene que recorrer el iter parlamentario necesario para dicha aprobación.

Aitor Esteban avisó, tras conocerse los resultados del 23J, que en esta legislatura sería necesario el acuerdo de todos durante todo el tiempo. El primer Gobierno de coalición dispuso de un margen en la anterior legislatura del que el segundo carece en esta. Aquí no se puede prescindir de nadie en ningún momento. La mayoría de la investidura tiene que confirmarse diariamente. No hay mayoría alternativa que haga posible la aprobación de una moción de censura. Pero un Gobierno no puede mantenerse simplemente en ese dato negativo. El Gobierno tiene que gobernar y ello exige la adhesión en positivo de manera continuada de todos los grupos parlamentarios que lo hicieron posible.

Aquí es donde puede tropezar la aprobación de la ley de amnistía. La mayoría de investidura tiene que reafirmarse como mayoría de Gobierno durante los meses de la tramitación parlamentaria de la misma. Como primera prueba tenemos la convalidación de los tres Decretos-leyes aprobados por el Gobierno, respecto de los cuales Junts ha anunciado ya su negativa a hacerlo.

Es verdad que los Decretos-leyes pueden ser convalidados con la condición de ser tramitados a continuación como “proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”, y que cabría, en consecuencia, pactar antes de la votación de convalidación las enmiendas que se aceptarían durante la tramitación del proyecto de ley. Pero con ello se entraría en un camino tortuoso, ya que probablemente no serían las enmiendas de Junts las únicas con las que habría que contar, sino que posiblemente otros grupos parlamentarios querrían hacerse visibles con la propuesta de otras.

“Todos los comienzos son difíciles”. Son las primeras palabras de Marx en el prólogo a la primera edición de 'El Capital'. Así vienen siendo todos los comienzos de las legislaturas en las que Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno. En esta lo está siendo en grado superlativo, ya que la investidura no ha despejado la incógnita de la gobernabilidad, sino que simplemente la ha desplazado al momento en que la amnistía esté ya operativa. De ahí que la agresividad de la legislatura anterior previa a la investidura se va a ir prolongando en los próximos meses hasta que la ley de amnistía se incorpore definitivamente al ordenamiento jurídico. La amnistía opera como condición suspensiva de la investidura. Condición suspensiva que puede convertirse en condición resolutoria, si la mayoría que hizo a Pedro Sánchez presidente no le permite ejercer la acción de Gobierno mientras se produce la tramitación parlamentaria de la misma.
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