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domingo, 16 de junio de 2013

Stiglitz predijo la crisis cuando fue invitado a dar una conferencia por Caja Navarra

Noticias de Navarra, POR IGNAZIO AIESTARAN Jueves, 13 de Junio de 2013

No es verdad que todos pensáramos que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Ni mucho menos. Unos años antes del hundimiento de la feria de las vanidades guardé una publicación que me impactó porque anunciaba que todo aquello que nos vendían era una inmensa burbuja a punto de explotar, una pompa de jabón a punto de ser tragada por el sumidero de la cloaca más profunda. Se trata de un ejemplar de marzo del 2005, el número 10 de la revista Cancha, órgano de información y divulgación de Caja Navarra.

Una parte de sus páginas estaba dedicada a una conferencia que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz había impartido en Pamplona el 23 de febrero de ese año, invitado por Caja Navarra, dentro de su programa empresarial de Viálogos, a la que asistieron más de 300 personas, incluyendo unos 150 empresarios. Aquel día por la mañana el profesor visitó además la oficina central de Caja Navarra, en compañía de su director general, donde saludó a algunos empleados y pasó unas horas con el equipo directivo de la entidad financiera. Por la tarde se reunió con los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la caja, con el presidente del Gobierno de Navarra a la cabeza. La revista presenta algunas fotografías de todo aquello y también recoge sus respuestas en el debate posterior de la conferencia.

Dos de sus contestaciones me dejaron sorprendido porque anunciaban que la especulación inmobiliaria y crediticia era una bomba de relojería a punto de estallar. En ambas hacía referencia a la situación explosiva de la economía financiera y su endeudamiento, tanto en Estados Unidos como en España. Reproduzco las dos preguntas y sus respuestas:

Pregunta del público: ¿Qué prevé para la economía española en el contexto mundial?
Stiglitz: No pretendo ser un experto, pero lo que digo está documentado: el crecimiento económico en España en los últimos años no ha sido equilibrado, se ha basado demasiado en el sector de la construcción, apoyado en un alto nivel de endeudamiento. Algo similar ha ocurrido en Estados Unidos, la gente está pagando hipotecas muy altas a intereses muy bajos. Pero los tipos de interés acabarán subiendo, lo que disparará la oferta y, como consecuencia, bajarán los precios de la vivienda. Es una bomba de relojería.

Pregunta del público: ¿Existe riesgo de una burbuja inmobiliaria?
Stiglitz: Sí. En mi país tenemos un mercado hipotecario muy curioso. El consumo ha sido impulsado por esa burbuja: la gente refinanciaba sus hipotecas para mantener su nivel de vida y seguir consumiendo. Si esto para, porque suben los tipos de interés o los precios se desploman, bajará el consumo y bajará la inversión.

La revista Cancha también aportaba una entrevista exclusiva con Stiglitz realizada después de la conferencia. Allí afirmaba que la economía española, basada en la construcción y el turismo, estaba agotada ya para inicios del 2005 y que solo serviría para que los alemanes compraran una segunda residencia para su veraneo de sol y playa, según decía en una de sus refinadas y sutiles réplicas, que transcribo a continuación:

Pregunta: ¿Qué opina de la sostenibilidad de la economía española y su competitividad en el entorno de Europa y también en su propio contexto?
Stiglitz: A largo plazo, va a ser difícil sostener el crecimiento basándose en el sector inmobiliario. En economía, debes producir algo que quiera comprar otra persona. España produce, entre otras cosas, turismo. Una parte de esa construcción se dedica a segundas viviendas para alemanes, etc. Es un servicio de turismo. Quizás durante un tiempo se pueda tener una base más firme para el crecimiento, basado en la construcción, que en otras circunstancias. Sin embargo, a largo plazo, hacen falta otras bases para el empleo y el crecimiento.

Tal y como se puede colegir de las respuestas cabales y atinadas de Stiglitz que me impresionaron en su día, surgen varias preguntas:

1- ¿De qué sirvió invitar y pagar a un Premio Nobel de Economía, si luego no aprovecharon su diagnóstico para solventar la debacle económica que se veía venir?

2- ¿Qué responsabilidad cabe presumir al director general de Caja Navarra y a todos los expertos, banqueros, empresarios, políticos y autoridades que oyeron o leyeron las palabras de Stiglitz e hicieron caso omiso a comienzos del 2005, cuando todavía había tiempo para reaccionar?

3- ¿Qué intereses materiales y sesgos cognitivos hicieron posible que las ajustadas advertencias de Stiglitz fueran ignoradas?

Dejo estas preguntas en el aire, como burbujas, porque las respuestas están por los suelos, como lombrices. Y añado una última pregunta burbujeante, aunque no es mía. El editorial de la revista mencionada, firmado por el director general de la desaparecida Caja Navarra, tenía por título una interrogación: “¿Conoce otro banco o caja igual?”.

* Publicado en: http://www.noticiasdenavarra.com/2013/06/13/economia/stiglitz-predijo-la-crisis-invitado-por-caja-navarra

viernes, 31 de mayo de 2013

Castro atribuye malversación y prevaricación a Camps y Barberá. El juez señala que las Administraciones valencianas se doblegaron a las exigencias de Urdangarin


DESCARGABLE Lee íntegro el auto del juez Castro


Prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales.

Esos son los delitos que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, atribuye al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por su implicación en la firma de contratos con la fundación de Iñaki Urdangarin.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana su exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre Camps y Barberá, en relación a su participación en las negociaciones previas a la firma de los convenios para la celebración del Valencia Summit y de los Juegos europeos (nunca celebrados), por los que Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

Castro expone en su auto cómo las Administraciones de doblegaron a las exigencias del yerno del Rey e indica: "Sin el benepláctio del presidente, don Francisco Camps Ortiz, no se comprende ese sometimiento de la Generalitat Valenciana a las exigencias de don Iñaki Urdangaron Liebaert cuya presencia detrás de la Asociación Instituo Nóos era de dominiio público en el ámbito de dicha Administración".

Además, resume las contrataciones alegando que fueron actos estriuctamente "voluntaristas en la medida que no obedecían a procurar el interés general y solo al deseo de doblegarse a las exigencias de don Iñaki Urdangarin".

Tras la exposición motivada remitida por Castro, ahora es el Tribunal Superior de Justicia valenciano el que debe asumir su competencia sobre la causa que implica a Camps y Barberá ya que, como parlamentarios autonómicos, son aforados y es el TSJ el tribunal competente para juzgarlos. Fuente: El País.

miércoles, 25 de enero de 2012

Algo que cualquiera puede ver

El juicio que se desarrolla en la Sala II del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por un posible delito cometido durante su instrucción del caso Gürtel es una buena ocasión para repasar cuál es el marco general de los casos de prevaricación judicial en España. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, entre 1995 y 2009 se presentaron en España 4.962 causas contra jueces, magistrados y fiscales (obviamente, no todas por prevaricación, dado que los fiscales no pueden cometer ese delito y que existen otras posibles acusaciones, como malversación o apropiación de fondos). En cualquier caso, de esas casi cinco mil causas, el 97,88% no fueron admitidas o fueron archivadas antes de llegar a juicio oral por los órganos competentes, es decir, los Tribunales Superiores de Justicia. Y del resto, solo un 1,55%, terminó en una sentencia condenatoria.
Los juicios por prevaricación judicial son extraordinariamente infrecuentes: se puede calcular que en los últimos ocho años se han reconocido, como máximo, 20 resoluciones judiciales "prevaricadoras", incluidas las de algunos jueces de paz, algo así como una por cada siete millones de resoluciones. Por eso, asombra que a un solo juez se le hayan abierto tres juicios por tres posibles delitos de prevaricación, muy diferentes entre sí, y en muy pocos meses.
En el caso que se enjuició esta semana, determinados aspectos de la instrucción del caso Gürtel, la Sala II del Tribunal Supremo no debía decidir si las actuaciones de Garzón fueron correctas o no (ya fueron consideradas erróneas y revocadas por otras instancias), sino si las adoptó sabiendo que eran injustas o por una ignorancia increíble. Se trataba de decidir si Garzón cometió en este caso un delito de los llamados de "infracción del deber", es decir, un delito que lesiona la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la función judicial. Según jurisprudencia del propio Tribunal Supremo (sentencias de 1996 y 1998), para decidir si existió prevaricación es necesario que la ilegalidad sea tan evidente que revele "por sí" la injusticia, el abuso, con el plus de la antijuricidad, por supuesto. Es decir, que exista una "absoluta notoriedad de la injusticia", "que se vea clara y patente, que no permita duda alguna al respecto". Más aún, dice la sentencia de 1996, que "sea tan patente y grosera que pueda ser observada por cualquiera".
A la vista de la situación actual, no parece que la ciudadanía sienta lesionada su confianza en la justicia por culpa de la actuación errónea del juez Garzón. Tampoco que la injusticia eventualmente cometida por el juez sea tan grosera que sea observada por todo el mundo, desde el mismo momento en que los fiscales no la apreciaron y que existe polémica al respecto dentro del propio estamento judicial.
Las encuestas demuestran que existe efectivamente una gran desconfianza en la Administración de Justicia, pero que está motivada por otras razones. Por ejemplo, por el hecho de que un juez condenado por cohecho pueda volver a ejercer, porque, según el Tribunal Supremo, tener antecedentes penales impide el acceso a la carrera judicial, pero no la permanencia en ella. Tampoco ayudan jueces que mantienen en la cárcel a personas que ya deberían estar en libertad, que insultan a ciudadanos de distinta sexualidad o creencias o que tardan meses en escribir sus sentencias. Probablemente muchas de esas casi cinco mil causas presentadas en estos años contra jueces corresponden a casos en los que mantuvieron actitudes injustificadas o dictaron resoluciones erróneas.
¿Quién no se acuerda del escándalo que provocó en 2004 la Sala de lo Civil del propio Tribunal Supremo al condenar a 11 magistrados del Tribunal Constitucional a pagar, cada uno, 500 euros en concepto de responsabilidad civil por la no admisión "arbitraria" de un recurso de un abogado? En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional reprochó al Supremo actuar con desconocimiento del ordenamiento jurídico: era inexcusable saber que las resoluciones del Constitucional en casos de recurso de amparo no pueden ser enjuiciadas por ningún otro órgano judicial. Todo el mundo sabía que detrás de la alocada decisión de Tribunal Supremo latía una cuestión fundamental: un serio debate sobre ámbitos de competencia. Pero una cosa es diferir sobre esos aspectos (o sobre el modelo ideal de juez) y otra transformar esa irritación en nada menos que una condena del Tribunal Constitucional (o de un juez que no es ni corrupto, ni incompetente).
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País, 22/01/2012