ACOSO A FUNCIONARIOS. “Descubrí corrupción e intentaron acabar conmigo”. Un alcalde del PP, cinco ediles y cuatro funcionarios de Palas de Rei (Lugo) son procesados por 15 delitos tras hostigar durante casi diez años a la secretaria municipal

Celia González, secretaria municipal de Palas de Rei (Lugo) y, por tanto, funcionaria habilitada por el Estado para vigilar el respeto a la legalidad en este Ayuntamiento gobernado desde siempre por el PP, trabajó durante años sin que sus compañeros le dirigieran la palabra, con el acceso restringido a ordenadores y documentación oficial, y escuchando a su paso insultos, desprecios y risotadas burlonas. “Me negué a firmar los chanchullos que hacían con subvenciones y contrataciones e intentaron acabar conmigo”, cuenta casi una década después de estallar la pesadilla. La justicia acaba de encausar al alcalde del PP, Pablo Taboada, a cinco concejales de su equipo, a cuatro trabajadores municipales y a un ex alto cargo de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo por 15 delitos, entre ellos acoso, amenazas, trato degradante, falsedad, malversación y fraude de subvenciones.

Con 20 años de profesión como equipaje, González llegó en 2007 a este municipio de 3.500 habitantes para ocupar la plaza de secretaria-interventora. Relata que su destino, territorio en el que se alza uno de los pocos castillos medievales que sobrevivieron en Galicia a las revueltas campesinas del siglo XV, resultó ser un “pueblo feudal" en el que alcalde y concejales del PP compaginaban la política con profesiones clave para la vida diaria de un pequeño y envejecido ayuntamiento.

El alcalde de entonces, que hoy ejerce de teniente de alcalde, Fernando Pensado Barbeira, a quien el fiscal pide dos años de cárcel y una década de inhabilitación por prevaricación y acoso, trabajaba como médico en el ambulatorio; su entonces número dos y actual regidor, encausado por los mismos delitos e idéntica condena, lucía placa de policía local; y otra edil era la administrativa que repartía las citas sanitarias. “Todos en Palas dependían de sus favores. Había que votarles porque no había nadie que no les debiera algo”, describe la funcionaria acosada.

Al empleado municipal que, sin titulación, hacía las labores de interventor hasta que González llegó al Ayuntamiento de Palas todos le llamaban Don Carlos. “Él nunca asumió que yo pasaba a realizar sus funciones. Durante los primeros 15 días se empeñó en seguir firmando como interventor y cuando le dije que no podía ser así, empezó la pesadilla”. Carlos Ouro Villamor está acusado de usurpación de funciones públicas, posesión ilegal de cargo público y acoso y el ministerio público pide para él cuatro años de cárcel.

La negativa de la secretaria municipal de Palas a pasar por el aro desató una brutal campaña de desprestigio contra ella. Asegura que los políticos del PP expandieron por el pueblo comentarios insidiosos sobre su vida personal. “Le decían a la gente que yo estaba loca, que mi marido me había dejado y que se había llevado a mis dos hijos por eso. Y en la prensa el alcalde llegó a decir que estaba ‘enferma’ y que era del PSOE”, recuerda González, en compañía de su marido. Cogió una baja por depresión y cuando volvió al Ayuntamiento, asesorada por su abogado, Rafael Arangüena, empezó a recopilar pruebas de todos los “chanchullos” del gobierno local que se negaba a amparar.

Armada con una grabadora y varias agendas en las que registró escrupulosamente su día a día durante años, incluidos desplantes, insultos y documentos incriminatorios, González halló decenas de certificaciones falsas de subvenciones recibidas de otras Administraciones, la principal vía de ingresos del Ayuntamiento. Cuenta cómo destapó que el gobierno local justificaba fraudulentamente el uso de ayudas públicas para obras o servicios que no se realizaban o en los que se gastaba menos de lo que se certificaba, mientras repartía gratificaciones económicas “arbitrarias” entre los empleados más fieles.

González encontró recibos de abonos, insecticidas y semillas para huertos inexistentes; facturas de banquetes en restaurantes a nombre de asociaciones vecinales; casos de trabajadores a los que se pagaba una sola nómina pero por los que el Ayuntamiento recibía doble subvención; técnicos que cobraban pluses por trabajos para los que no tenían competencia… Y también descubrió que Don Carlos utilizaba su nombre para firmar a sus espaldas certificaciones falsas. “Era la fiesta del gasto con subvenciones de otras Administraciones”, resume el abogado de González.

En 2011 presentó la querella que ha dado pie a que ahora la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Chantada (Lugo) haya abierto juicio oral a 11 personas, entre políticos del PP y trabajadores municipales. En estos cinco años, el actual alcalde, que tras su procesamiento se ha dado de baja en el PP pero sin perder el apoyo del partido, le impuso a González seis expedientes disciplinarios, anulados posteriormente por la justicia, con los que logró dejarla sin sueldo y sin Seguridad Social. El día en que aprobó por primera vez su destitución, rememora la funcionaria, Taboada hizo llamar a todos los empleados municipales de Palas para que asistieran al pleno de castigo. Sin saberlo, la plantilla fue testigo de uno de los actos que han llevado al político popular al banquillo en compañía de su equipo.

“El [actual] alcalde me decía: ‘Te tienes que ir sí o sí”, apunta González, unas palabras que el político del PP cargaba con amenazas, añade la funcionaria, y que volvió a escuchar en la Xunta cuando acudió a pedir ayuda. “Lo único que me ofrecieron fue cambiar de ayuntamiento”. El exdirector general de Administración Local del Gobierno gallego Norberto Uzal se sentará también en el banquillo acusado de prevaricación por suscribir un informe apoyando que la secretaria fuera suspendida de empleo y sueldo.

El PP gallego ha brindado en todo momento su amparo al regidor de Palas y sus ediles, que no han respondido a la invitación de este periódico para dar su versión. Cuando se les abrió juicio oral, Feijóo redujo la causa penal a una “cuestión de organización interna” del Ayuntamiento. “No tiene trascendencia desde el punto de vista de los ciudadanos”, zanjó el presidente de la Xunta sobre una década de pesadilla para Celia González sobre la que planean 15 presuntos delitos.

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/21/actualidad/1466532310_568075.html

Castro atribuye malversación y prevaricación a Camps y Barberá. El juez señala que las Administraciones valencianas se doblegaron a las exigencias de Urdangarin

DESCARGABLE Lee íntegro el auto del juez Castro


Prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales.

Esos son los delitos que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, atribuye al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por su implicación en la firma de contratos con la fundación de Iñaki Urdangarin.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana su exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre Camps y Barberá, en relación a su participación en las negociaciones previas a la firma de los convenios para la celebración del Valencia Summit y de los Juegos europeos (nunca celebrados), por los que Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

Castro expone en su auto cómo las Administraciones de doblegaron a las exigencias del yerno del Rey e indica: "Sin el benepláctio del presidente, don Francisco Camps Ortiz, no se comprende ese sometimiento de la Generalitat Valenciana a las exigencias de don Iñaki Urdangaron Liebaert cuya presencia detrás de la Asociación Instituo Nóos era de dominiio público en el ámbito de dicha Administración".

Además, resume las contrataciones alegando que fueron actos estriuctamente "voluntaristas en la medida que no obedecían a procurar el interés general y solo al deseo de doblegarse a las exigencias de don Iñaki Urdangarin".

Tras la exposición motivada remitida por Castro, ahora es el Tribunal Superior de Justicia valenciano el que debe asumir su competencia sobre la causa que implica a Camps y Barberá ya que, como parlamentarios autonómicos, son aforados y es el TSJ el tribunal competente para juzgarlos. Fuente: El País.