Una democracia sana necesita autopsias. Disecciones profundas, con acceso a todo tipo de documentos y testigos de las acciones políticas más relevantes. Pero investigaciones como el informe Chilcot, solicitado por Gordon Brown sobre la participación británica en la guerra de Irak, son imposibles en nuestro país.
Primero, los españoles anteponemos la lealtad partidista a la lealtad a la comunidad. Es inaudito que un presidente español pida a una autoridad prestigiosa que examine la labor de un Gobierno de su propio partido. Auditaremos todo lo que haga falta de los adversarios políticos. Ya sea deuda ilegítima o facturas en los cajones. Pero no cuestionaremos a los nuestros.
Segundo, los españoles no analizamos las decisiones, sino que juzgamos a los decisores. La comisión Chilcot evaluó la política británica antes, durante y tras la invasión de Irak. El objetivo era evitar que los desastres encadenados en la política exterior británica que llevaron a la guerra de Irak se vuelvan a repetir. Aprender de los errores. Ciertamente, se nombra a los responsables de actuaciones concretas, como Blair. Pero la meta de estos informes no es juzgar a un primer ministro del pasado, sino mejorar los protocolos de actuación que ayuden a tomar mejores decisiones a los primeros ministros del futuro.
En España es difícil que invirtamos tiempo y recursos en desentrañar el fondo de decisiones políticas complejas. Cuando estamos descontentos, nosotros vamos directos al juzgado alegando crímenes contra la humanidad o contra la Constitución. Denunciamos a los políticos frente a unos tribunales que no tienen ni los medios ni el mandato para ofrecer una fotografía completa del problema.
Para resolver cualquier fallo colectivo, necesitamos detectar las instituciones, y no sólo las personas jurídicas, responsables. Los agujeros negros, en política exterior o en corrupción interior, son el resultado de procesos llenos de detalles. De pequeñas decisiones, algunas justificables y otras no. Pero es más cómodo señalar con el dedo a alguien.
Queremos venganza, no aprender. Como Bush en 2003.
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viernes, 15 de julio de 2016
lunes, 11 de julio de 2016
La impunidad del hombre blanco. Tony Blair podrá escapar a la justicia, a pesar de su responsabilidad en la guerra ilegal de Irak establecida por el informe Chilcot
Los hechos establecidos por John Chilcot durante los siete años que ha durado la investigación son abrumadores. Es un auténtico acta de acusación que clama por algún tipo de satisfacción penal por las responsabilidades personales de Tony Blair. Fue una guerra ilegal e injusta, en la que se enmascaró un cambio de régimen bajo el disfraz de una guerra preventiva, ante la falsa amenaza de un ataque con unas armas de destrucción masiva inexistentes que podía producirse en 45 minutos.
El número de delitos probablemente sería largo, porque a las mentiras de la preparación de la guerra se añade la irresponsabilidad de quienes organizaron una caótica posguerra todavía más catastrófica. Si la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam Husein fueron ilegales y organizados con mentiras y manipulaciones, nada se hizo después que diera algo de legitimidad a la invasión y a la desaparición del déspota, como ha ocurrido tantas veces en la historia, en forma de beneficios para los iraquíes y de estabilidad en la región.
Al contrario, la destrucción de sus fuerzas armadas y de la estructura entera del Estado abrió las puertas al infierno de una guerra civil entre chiíes y suníes que en propiedad todavía no ha terminado y se ha convertido en el monstruo del Estado Islámico. Difícilmente sirve en este caso la doctrina del mal menor para defender los desastres ocasionados por esta guerra ante el mal mayor que todavía hoy Blair y Bush pretenden blandir con el espantajo de Sadam Husein.
Hay un delito que cuadraría perfectamente con lo que hicieron ambos en la guerra de Irak, con la ayuda diplomática y la complicidad política de Aznar. Es el crimen de agresión, surgido como figura jurídica en los juicios de Nuremberg contra el nazismo y reivindicado en el tratado de creación de la Corte Penal Internacional, el llamado Estatuto de Roma de 1998, como figura delictiva a incluir en el futuro a través de las enmiendas a dicho tratado, como así se hizo en la revisión de 2010. El problema es la no retroactividad de las leyes: cuando se cometió presuntamente el crimen, en 2003, todavía no estaba incluido en el Estatuto de Roma. Para colmo, los procedimientos de ratificación y de entrada en vigor solo convertirán en perseguible el crimen de agresión a partir de 2018.
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha ocultado su incomodidad con el contraste entre la impunidad de los dirigentes occidentales cuando vulneran la Carta de Naciones Unidas y la exclusiva inculpación de ciudadanos africanos con los actuales instrumentos legales del tribunal. Los 39 inculpados hasta ahora son todos africanos. También son africanos los únicos jefes de Estado objeto de investigación o persecución legal, como el difunto líder libio Muamar el Gadafi o el actual presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir. Otro jefe de Estado africano, Hissène Habré, presidente de Chad entre 1982 y 1990, ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud forzada y múltiples homicidios y asesinatos, por una corte especial creada por Senegal por encargo de la Unión Africana, en un caso ejemplar que ha hecho prescindible en esta ocasión la actuación de la CPI.
No es el único contraste. Ha habido al menos dos investigaciones y centenares de denuncias por crímenes de guerra por la muerte de detenidos iraquíes bajo custodia británica, algunas ante tribunales británicos y otros ante la CPI, aunque solo el cabo Donald Payne ha sido condenado a un año de prisión. Sería una cruel ironía que el Informe Chilcot sirviera para perseguir soldados y jefes militares británicos y no diera lugar en cambio a indagación alguna sobre Tony Blair. De ahí que la fiscalía de la CPI haya aclarado muy sutilmente en una nota que “sugerir que la CPI haya descartado la investigación sobre el ex primer ministro por crímenes de guerra pero pueda perseguir a los soldados es una deformación de los hechos”.
Ni un solo jurista ha expresado hasta ahora su confianza en que Tony Blair, al igual que George Bush, se sienten algún día en el banquillo, ya sea de sus respectivos tribunales nacionales ya sea de la CPI, a pesar de que lo han pedido parlamentarios británicos como Jeremy Corbyn o Alex Salmond y el obispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En el caso del expresidente de Estados Unidos, porque el Senado de su país ni siquiera ha ratificado el tratado internacional que lo crea, a pesar de que su antecesor Bill Clinton lo firmó en Roma. George W. Bush boicoteó todo lo que pudo a la CPI y aprobó, incluso, un paquete legislativo para impedir que sus soldados y ciudadanos pudieran ser inculpados o perseguidos bajo la jurisdicción universal.
El Informe Chilcot tendrá una lectura fácil y demagógica: demuestra la impunidad del hombre blanco, del máximo responsable político frente a los soldaditos que obedecen órdenes, de los honorables mandatarios occidentales frente a los déspotas africanos y árabes. En el momento populista que atravesamos, las opiniones públicas exigen gestos ejemplarizantes y cabezas que rueden. Se da por descontado, en cambio algo que no lo está en absoluto en la gran mayoría de los países, como es que una comisión de investigación, por encargo del Gobierno, realice un ejercicio de transparencia de tanta trascendencia y llegue tan lejos en la documentación y determinación de responsabilidades políticas como ha hecho John Chilcot.
Una nueva paradoja del caso es que esto sucede en pleno Brexit, el movimiento soberanista que no solo pone en cuestión la dependencia de Reino Unido de la legislación y los tribunales de la UE sino incluso de la legislación internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es extraño ni anecdótico que Alex Salmond haya planteado la posibilidad de que Tony Blair sea juzgado algún día por crimen de agresión en los tribunales de esa Escocia que busca tras el Brexit su independencia y la adhesión a la Unión Europea.
Para el Parlamento británico el Informe Chilcot no es tan solo un ejercicio ejemplar de transparencia que demuestra el vigor de la democracia británica, sino también un estímulo para ratificar las enmiendas que introducen el crimen de agresión en el Estatuto de Roma y dificultar así que en el futuro alguien pueda repetir una actuación como la de Blair desde el número 10 de Downing Street. Aunque el caso Blair no llegue nunca a La Haya, donde tiene su sede la CPI, parece haber pocas dudas de la contribución a la justicia universal que ha hecho Reino Unido con la comisión Chilcot y su informe.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/08/actualidad/1467987628_972382.html
El número de delitos probablemente sería largo, porque a las mentiras de la preparación de la guerra se añade la irresponsabilidad de quienes organizaron una caótica posguerra todavía más catastrófica. Si la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam Husein fueron ilegales y organizados con mentiras y manipulaciones, nada se hizo después que diera algo de legitimidad a la invasión y a la desaparición del déspota, como ha ocurrido tantas veces en la historia, en forma de beneficios para los iraquíes y de estabilidad en la región.
Al contrario, la destrucción de sus fuerzas armadas y de la estructura entera del Estado abrió las puertas al infierno de una guerra civil entre chiíes y suníes que en propiedad todavía no ha terminado y se ha convertido en el monstruo del Estado Islámico. Difícilmente sirve en este caso la doctrina del mal menor para defender los desastres ocasionados por esta guerra ante el mal mayor que todavía hoy Blair y Bush pretenden blandir con el espantajo de Sadam Husein.
Hay un delito que cuadraría perfectamente con lo que hicieron ambos en la guerra de Irak, con la ayuda diplomática y la complicidad política de Aznar. Es el crimen de agresión, surgido como figura jurídica en los juicios de Nuremberg contra el nazismo y reivindicado en el tratado de creación de la Corte Penal Internacional, el llamado Estatuto de Roma de 1998, como figura delictiva a incluir en el futuro a través de las enmiendas a dicho tratado, como así se hizo en la revisión de 2010. El problema es la no retroactividad de las leyes: cuando se cometió presuntamente el crimen, en 2003, todavía no estaba incluido en el Estatuto de Roma. Para colmo, los procedimientos de ratificación y de entrada en vigor solo convertirán en perseguible el crimen de agresión a partir de 2018.
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha ocultado su incomodidad con el contraste entre la impunidad de los dirigentes occidentales cuando vulneran la Carta de Naciones Unidas y la exclusiva inculpación de ciudadanos africanos con los actuales instrumentos legales del tribunal. Los 39 inculpados hasta ahora son todos africanos. También son africanos los únicos jefes de Estado objeto de investigación o persecución legal, como el difunto líder libio Muamar el Gadafi o el actual presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir. Otro jefe de Estado africano, Hissène Habré, presidente de Chad entre 1982 y 1990, ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud forzada y múltiples homicidios y asesinatos, por una corte especial creada por Senegal por encargo de la Unión Africana, en un caso ejemplar que ha hecho prescindible en esta ocasión la actuación de la CPI.
No es el único contraste. Ha habido al menos dos investigaciones y centenares de denuncias por crímenes de guerra por la muerte de detenidos iraquíes bajo custodia británica, algunas ante tribunales británicos y otros ante la CPI, aunque solo el cabo Donald Payne ha sido condenado a un año de prisión. Sería una cruel ironía que el Informe Chilcot sirviera para perseguir soldados y jefes militares británicos y no diera lugar en cambio a indagación alguna sobre Tony Blair. De ahí que la fiscalía de la CPI haya aclarado muy sutilmente en una nota que “sugerir que la CPI haya descartado la investigación sobre el ex primer ministro por crímenes de guerra pero pueda perseguir a los soldados es una deformación de los hechos”.
Ni un solo jurista ha expresado hasta ahora su confianza en que Tony Blair, al igual que George Bush, se sienten algún día en el banquillo, ya sea de sus respectivos tribunales nacionales ya sea de la CPI, a pesar de que lo han pedido parlamentarios británicos como Jeremy Corbyn o Alex Salmond y el obispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En el caso del expresidente de Estados Unidos, porque el Senado de su país ni siquiera ha ratificado el tratado internacional que lo crea, a pesar de que su antecesor Bill Clinton lo firmó en Roma. George W. Bush boicoteó todo lo que pudo a la CPI y aprobó, incluso, un paquete legislativo para impedir que sus soldados y ciudadanos pudieran ser inculpados o perseguidos bajo la jurisdicción universal.
El Informe Chilcot tendrá una lectura fácil y demagógica: demuestra la impunidad del hombre blanco, del máximo responsable político frente a los soldaditos que obedecen órdenes, de los honorables mandatarios occidentales frente a los déspotas africanos y árabes. En el momento populista que atravesamos, las opiniones públicas exigen gestos ejemplarizantes y cabezas que rueden. Se da por descontado, en cambio algo que no lo está en absoluto en la gran mayoría de los países, como es que una comisión de investigación, por encargo del Gobierno, realice un ejercicio de transparencia de tanta trascendencia y llegue tan lejos en la documentación y determinación de responsabilidades políticas como ha hecho John Chilcot.
Una nueva paradoja del caso es que esto sucede en pleno Brexit, el movimiento soberanista que no solo pone en cuestión la dependencia de Reino Unido de la legislación y los tribunales de la UE sino incluso de la legislación internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es extraño ni anecdótico que Alex Salmond haya planteado la posibilidad de que Tony Blair sea juzgado algún día por crimen de agresión en los tribunales de esa Escocia que busca tras el Brexit su independencia y la adhesión a la Unión Europea.
Para el Parlamento británico el Informe Chilcot no es tan solo un ejercicio ejemplar de transparencia que demuestra el vigor de la democracia británica, sino también un estímulo para ratificar las enmiendas que introducen el crimen de agresión en el Estatuto de Roma y dificultar así que en el futuro alguien pueda repetir una actuación como la de Blair desde el número 10 de Downing Street. Aunque el caso Blair no llegue nunca a La Haya, donde tiene su sede la CPI, parece haber pocas dudas de la contribución a la justicia universal que ha hecho Reino Unido con la comisión Chilcot y su informe.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/08/actualidad/1467987628_972382.html
sábado, 9 de julio de 2016
LA FIRMA DE IÑAKI GABILONDO. Aquella vergüenza, aquel crimen
IÑAKI GABILONDO MADRID 07/07/2016 -
Tras siete años de trabajos ayer se hizo público el informe Chilcot de 12 volúmenes que estudiaba el papel jugado por Gran Bretaña en la invasión de Irak en el año 2003. El informe es concluyente y demoledor para Tony Blair: el Reino Unido no agotó todas las opciones pacíficas antes de sumarse a la invasión. No había justificación para la certeza de la existencia de armas de invasión masiva. Estados Unidos y Gran Bretaña socavaron la autoridad de Naciones Unidas al presionar para forzar la acción militar.
El informe revela la docilidad ciega de Blair: un año antes de la invasión le dijo a Bush "hagas lo que hagas estaré contigo" y denuncia el poco o nulo análisis de las consecuencias.
El resultado provisional de aquella acción militar es el siguiente: 300.000 muertos, 3 millones de desplazados, caos en el país, caos en la región e impulso al yihadismo.
Al conocer el informe Tony Blair dijo cosas que encajan con dificultad: que no mintió, que pide perdón y que no se arrepiente porque hizo lo correcto.(???!!!)
¿Y el tercer hombre? Nuestro Aznar, el caddy de los señores de la guerra, en gran forma. Hoy 500 flexiones,...
Lecciones del ‘informe Chilcot’. La investigación británica sobre la guerra de Irak respalda a la opinión pública; los gobiernos mintieron
El informe Chilcot sobre la participación de Reino Unido en la guerra de Irak, presentado el miércoles, viene a dar la razón a los millones de personas que durante la primavera de 2003 se manifestaron por las calles de todo el mundo condenando la acción militar. Según la minuciosa investigación iniciada en 2009 los motivos del ataque e invasión a Irak fueron falsificados y los Gobiernos implicados en la toma de decisiones ocultaron que no se habían agotado todas las opciones antes de recurrir a la guerra. Dos falsedades con un cuantioso precio en vidas humanas —lo principal— y una gravísima situación posterior de inseguridad en Oriente Próximo y, por extensión, en el resto del planeta.
España puede sacar algunas importantes conclusiones de la presentación del informe británico, tanto por el fondo como por la forma. Mientras el ex primer ministro británico Tony Blair compareció durante más de dos horas ante la opinión pública para dar su versión sobre las afirmaciones de un informe que le señala directamente, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, despachó rápidamente cualquier cuestión relativa al texto aduciendo que no lo había leído y que se trata de “algo” que sucedió hace 13 años. Obvia Rajoy que él era vicepresidente del Gobierno que involucró a España en esa guerra y que las acusaciones que vierte el informe para nada le pueden ser ajenas.
Las democracias asentadas no tienen miedo a la realización de extensas investigaciones destinadas tanto a aclarar los hechos como a evitar que los errores se repitan. El informe Chilcot fue encargado por un correligionario de Blair, Gordon Brown, que además en ese momento era primer ministro. Algo inconcebible en países en los que la lealtad al partido prima sobre el interés general, y las comisiones de investigación sirven para enterrar cualquier asunto.
http://elpais.com/elpais/2016/07/07/opinion/1467911883_265894.html
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