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sábado, 18 de noviembre de 2017

_- La ONU pide cuentas al Gobierno y al Supremo por la condena al juez Garzón

_- El Comité de Derechos Humanos de la ONU exige aclaraciones al Estado español sobre el procesamiento y la condena del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a raíz de sus investigaciones sobre los desaparecidos del franquismo y sobre la corrupción del Partido Popular (PP), conocida como los casos Gürtel y Bárcenas. Como se recordará, Garzón fue acusado de practicar “escuchas ilegales” a los abogados de un procesado de la trama Gürtel que estaba en prisión preventiva, y resultó procesado por presunta prevaricación y condenado hace cuatro años por el Tribunal Supremo, que lo expulsó de la carrera judicial.

A primeros de este año Garzón apeló al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del despacho especializado Human Rights in Practice que dirige Helen Duffy, por el carácter arbitrario de las investigaciones y enjuiciamientos penales a los que fue sometido y que llevaron a su inhabilitación como juez. El escrito de Duffy recoge la insólita imputación penal de Garzón por acoger las denuncias y llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista, que a día de hoy continúan impunes.

También recoge su incriminación por las decisiones judiciales de investigar la trama de corrupción que afecta al PP y cuyas denuncias acabaron implicando al tesorero del partido, Luis Bárcenas, nombrado por el presidente Mariano Rajoy. Los requerimientos de información cursados por Garzón a la banca suiza acabaron destapando la fortuna a nombre de Bárcenas (más de 40 millones de euros) y aportaron documentación comprometida para el propio Rajoy.

Cierto es que para entonces (primeros meses de 2013), la instrucción judicial de la trama de corrupción y presunta financiación opaca y paralela del PP, ya no la dirigía el magistrado Garzón, sino su sucesor en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, pues el Tribunal Supremo ya le había condenado y expulsado de la carrera judicial. Lo hizo amparándose en la supuesta ilegalidad de una escuchas a los imputados que, sin embargo, no fueron suspendidas, sino que mantuvo el instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, después de que Garzón se inhibiera al aparecer diputados autonómicos en la trama y, por tanto, aforados, cuales eran los populares Alberto López Viejo, Benjamín Martín Blasco y Alfonso Bosch.

El escrito sobre persecución política por vía judicial del magistrado Garzón también relata cómo el Supremo le mantuvo procesado por un supuesto delito prescrito a sabiendas de que había prescrito. Era la denuncia del ente Manos Limpias sobre un supuesto lucro del juez con becas de una entidad bancaria a cambio de un trato de favor judicial. Este proceso había sido archivado por dos veces y aunque el juez instructor conocía perfectamente la prescripción, no lo archivó hasta que Garzón fue condenado por la investigación de la trama Gürtel.

La denuncia del exmagistrado español ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido avalada por los dictámenes periciales de trece profesores, jueces y expertos de alto nivel en el ámbito internacional. La profesora española Araceli Manjon-Cabeza Olmeda ha emitido informe sobre la Ley de Prevaricación; seis expertos han peritado el caso a la luz de los estándares internacionales de impunidad y los otros seis han redactado sus informes bajo la lupa de los estándares internacionales sobre la independencia judicial.

Ahora el Comité de la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad se sienta el Gobierno español hasta 2018, emplaza al Estado español (Tribunal Supremo y Gobierno) a que responda sobre las coacciones, presiones y vulneración de la independencia del juez Garzón; sobre la interpretación sin precedentes de la prevaricación para procesarle y condenarle, y también sobre las normas de prescripción de los crímenes de lesa humanidad aplicados en España, en contraste con el derecho internacional, por las que fue acusado y procesado Garzón. Los magistrados del Supremo que lo condenaron, entre los que se cuenta el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza(1), y el Gobierno que preside Rajoy tienen un plazo de seis meses para fundamentar sus respuestas y contestar.
Nota:
Con este último requerimiento de la ONU, el gobierno de Rajoy se encuentra una vez más emplazado a nivel nacional e internacional por sus "malas prácticas" de él y su partido, en muchos casos claramente delictivas,... Eso sumado a que gobierna gracias a la abstención del PSOE, pues más del 60% de los ciudadanos españoles no le votó, parece una razón más de peso para que siguiendo "la práctica democrática internacional" y la decencia política democrática, hubiese ya dimitido.

(1) Ha llegado la noticia hoy del fallecimiento de Maza en un hospital de Buenos Aires, no sabemos que hacía allí. El gobierno se ha limitado a dar el pésame a la familia. No sabemos si se informará más del caso.

https://www.cuartopoder.es/espana/2016/11/13/la-onu-pide-cuentas-al-gobierno-y-al-supremo-por-la-condena-al-juez-garzon/

viernes, 16 de junio de 2017

Asesinan en Caracas a un juez que condenó al opositor Leopoldo López. Agencias

Un juez que ratificó la condena a prisión contra el líder opositor venezolano Leopoldo López ha sido asesinado cuando intentaba evadir una barricada en el oeste de Caracas, han informado este jueves las autoridades.

Nelson Moncada, juez de control de 37 años, fue interceptado el miércoles en la noche por varias personas que bloqueaban con barricadas una avenida en el sector de El Paraíso y, cuando intentó huir, "le dispararon y lo despojaron de sus pertenencias", según la Fiscalía.

El organismo no ha incluido por ahora a Moncada en su lista de fallecidos durante las protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro, que hasta este jueves contabilizaba 60 muertos desde el 1 de abril. Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente de las bajas civiles.

El Ministerio Público, en conjunto con la policía científica (Cicpc) y el coordinador de Delitos Contra las Personas de la institución, Favio Faoro Moncada, se encuentran investigando el hecho a fin de "determinar las responsabilidades penales correspondientes".

No se descarta que ordenaran su asesinato
Entre las diligencias que adelanta la Fiscalía están "el levantamiento e identificación del cadáver, recolección de evidencias, reconocimiento y fijación fotográfica del sitio del suceso".

Al condenar el crimen del juez, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, dijo que se investiga la hipótesis de que el homicidio haya sido ordenado por la oposición.

"No se descarta la posibilidad que haya sido un móvil de sicariato, sicarios contratados por la derecha terrorista para seguir creando y sembrando terror", señaló el ministro en una declaración pública.

Reverol agregó que esa sospecha se basa en que Moncada integró la sala que ratificó la sentencia contra López a casi 14 años de cárcel, el pasado 12 agosto.

"Igualmente, conoció de diversas causas por hechos terroristas que causaron la muerte de 43 venezolanos en 2014", añadió el funcionario, refiriéndose a protestas convocadas por López y que terminaron en su condena bajo el cargo de incitar a la violencia.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado del dirigente opositor, lamentó el homicidio y rechazó las "temerarias declaraciones" del ministro, según dijo a la AFP. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, incorporó al juez dentro de las 65 personas que según su oficina han muerto con motivo de las manifestaciones iniciadas el pasado 1 de abril.

Al entregar este jueves un balance de la violencia en esas protestas, Saab detalló que cinco personas han muerto en barricadas, de las cuales "tres en accidentes por las obstrucciones en las vías públicas y dos atacadas con armas de fuego".

Muertes en barricadas
Asimismo, pidió investigar el caso del juez, al considerar que las muertes en barricadas no estén siendo debidamente indagadas. Las movilizaciones contra Maduro incluyen la instalación de esos parapetos, donde encapuchados suelen además pedir a conductores y transeúntes dinero para financiar sus llamadas "acciones de resistencia".

Vecinos del este de la capital denuncian que esos actos han degenerado en vandalismo, como ataques con piedras contra conductores. Reverol informó, por otra parte, sobre la captura de un colombiano acusado de planear la suplantación de militares, con disfraces, para "dar muerte a manifestantes convocados por la oposición" y culpar a la Guardia Nacional.

Las protestas opositoras exigen elecciones generales para anticipar la salida del poder de Maduro, que por su parte las atribuye a una conspiración, financiada por Estados Unidos, para derrocarlo.

Fuente:
http://www.publico.es/internacional/asesinan-caracas-juez-condeno-al.html