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martes, 26 de abril de 2022

_- Burkina Faso: Condenados los asesinos de Thomas Sankara

_- El expresidente de Burkina Faso Blaise Compaore fue condenado el miércoles 6 de abril en rebeldía a cadena perpetua por su participación en el asesinato de su antecesor Thomas Sankara, asesinado junto a doce de sus compañeros durante un golpe de estado en 1987.

El tribunal militar de Uagadugú también impuso la misma sentencia al comandante de su guardia, Hyacinthe Kafando, y al general Gilbert Diendéré, uno de los líderes del ejército durante el golpe de Estado de 1987. Blaise Compaoré, exiliado desde 2014 en Costa de Marfil, y Hyacinthe Kafando, prófugo desde 2016, fueron los principales ausentes de este juicio que comenzó hace seis meses.

Los tres hombres son condenados por "ataque a la seguridad del Estado". Blaise Compaoré y Gilbert Diendéré también son declarados culpables de "complicidad en el asesinato" y Hyacinthe Kafando, sospechoso de haber dirigido el comando que mató a Thomas Sankara, de "asesinato".

Los jueces fueron más allá de las peticiones de la fiscalía militar que había solicitado treinta años de prisión para Blaise Compaoré y Hyacinthe Kafando y veinte años para Gilbert Diendéré. El veredicto fue recibido con aplausos en la sala del tribunal, según un reportero de la AFP.

Otros ocho acusados ​​han sido condenados a penas que van de los tres a los veinte años de prisión. Finalmente, tres acusados ​​fueron absueltos. Este veredicto pone fin a un juicio interminable de seis meses que ha tenido lugar treinta y cuatro años después de la muerte de Thomas Sankara, un ícono panafricano, asesinado en un golpe de estado que llevó al poder a Blaise Compaoré.

A continuación el artículo "En Burkina, la sombra de Compaoré y Francia en el juicio de los asesinos de Sankara", publicado en línea por Mediapart el 10 de octubre de 2021. 

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Este lunes 11 de octubre de 2021, el corazón de Mariam Sankara tal vez lata más fuerte que nunca. Treinta y cuatro años casi exactamente después del asesinato de su marido, Thomas Sankara, y doce de sus camaradas, el 15 de octubre de 1987, el juicio de sus asesinos debe comenzar en Uagadugú. Exiliada en el sur de Francia desde hace más de treinta y tres años, Mariam Sankara, cuyas visitas a su país natal son escasas, tiene previsto asistir. “Estoy esperando que se haga justicia y que finalmente se sepa la verdad”, dice. Y no soy la única, todo Burkina está esperando esto. Incluso todo el continente".

Para gran parte de la juventud africana, Sankara simboliza hoy la resistencia al imperialismo y la esperanza de un futuro mejor. Sus diatribas sirven como consignas para los movimientos panafricanistas y su figura aparece en todos los levantamientos populares del África subsahariana. El recuerdo de Sankara estuvo en el corazón de la insurrección del pueblo burkinés en octubre de 2014. La revolución que lideró durante cuatro años, entre el 4 de agosto de 1983 y el 15 de octubre de 1987, es “una prueba viviente de que podemos dirigir de manera diferente un país africano” , explicó en ese momento un dirigente de Balai citoyen, un movimiento que desempeñó un papel determinante en la caída de Blaise Compaoré.

Sankara denunció la corrupción de las élites africanas, resistió el neocolonialismo y se opuso a la deuda. También fue un activista ambiental y feminista antes de primera hora. Sus fogosos discursos, que viven una nueva juventud en la Web, siguen inspirando hoy a los activistas progresistas del continente. “En algún lugar, el juicio ya ha tenido lugar” , cree Fidèle Kientega, uno de los primeros compañeros de Sankara que nunca se recuperó realmente de su desaparición. Ha sido interpretado de manera magistral por la juventud de todo el mundo que le rinde homenaje regularmente. Su semilla brotó más allá de lo esperado. Ahora está en el panteón de los grandes hombres. Para él, este juicio debe por lo tanto ser “una plataforma más para contarle al mundo lo que pasó".

Porque de ese famoso 15 de octubre de 1987 y los días que precedieron a la matanza, ya lo sabemos todo, o casi todo. A lo largo de los años, y especialmente desde la caída de Compaoré el 31 de octubre de 2014, las lenguas se han soltado. En Su nombre era Sankara: Crónica de una muerte violenta , la investigación del periodista Sennen Andriamirado publicada en 1989, el único sobreviviente del asesinato, Alouna Traoré, incluso había dibujado un diagrama de la escena del crimen.

Ese 15 de octubre de 1987, Sankara se encontró como cada jueves con los miembros de su gabinete en la casa que funciona como sede del Consejo Nacional de la Revolución (CNR). Están el suboficial Christophe Saba, Frédéric Kiemdé, Paulin Bamouni Babou, Bonaventure Compaoré, Patrice Zagré y Alouna Traoré. Sankara llega un poco tarde, a las 16:30, a bordo del R5 negro que le sirve de coche oficial, escoltado por cinco guardaespaldas. A las 16:35 se sienta a la mesa. Alouna Traoré habla, pero muy rápido, el sonido de un tubo de escape tapa su voz. Luego el estruendo de los rifles automáticos. Los siete hombres se tiran al suelo. Todavía no lo saben, pero afuera, la guardia cercana del presidente, sus cinco guardaespaldas, Emmanuel Bationo, Abdoulaye Gouem, Wallilaye Ouédraogo, Hamado Sawadogo y Noufou Sawadogo, y su conductor, Der Somda - han sido liquidados. También resultó muerto un gendarme, Paténéma Soré, que iba a entregar el correo.

"¡Salir! “, escuchan los miembros del gabinete. Sankara se levanta. "¡Quietos! Soy yo a quien quieren. Nueva ráfaga. “Apenas había cruzado la puerta de la casa cuando le dispararon. Luego salimos y nos dispararon”, dijo Alouna Traoré hace cinco años, el único superviviente del asesinato. Un total de trece cadáveres obstruyen la entrada de la casa el 15 de octubre a las 16.45 horas. Serán enterrados a toda prisa por los presos en un cementerio de la capital, una vez haya caído la oscuridad - "como perros" , se indigna Fidèle Kientega.

Así que conocemos las circunstancias. Conocemos los nombres de los asesinos: todos pertenecían al círculo más cercano de Blaise Compaoré, y estaban a las órdenes de su lugarteniente, el teniente Gilbert Diendéré. Conocemos la identidad del jefe del comando: Hyacinthe Kafando, quien posteriormente será responsable de la seguridad de Compaoré durante años, antes de vivir un período en desgracia, tras ser elegido diputado bajo la bandera del Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP), el partido de Compaoré. Pero ignoramos lo esencial: ¿quién dio la orden? Durante treinta y cuatro años, todos los ojos han estado puestos en Blaise Compaoré, porque fueron sus hombres quienes lo hicieron, y algunos dijeron que la orden era "neutralizar" a Sankara; porque fue él quien se benefició del crimen (tomó el poder en medio del caos, que retuvo durante veintisiete años); pero también y quizás sobre todo porque fue lo que se escribió.

La viuda de Sankara, su familia y sus colaboradores más cercanos están convencidos de su culpabilidad. “No necesitamos nuevas pruebas, ya que él mismo confesó”, asevera Fidèle Kientega, quien recuerda esta declaración en forma de confesión de Compaoré, realizada pocas semanas después de la muerte de Sankara frente a los periodistas. “ Era él o yo". Desde entonces, el partido de Compaoré ha seguido defendiendo la tesis de que Sankara, enfrascado en una deriva autoritaria, estaba preparando un golpe de Estado para deshacerse de los demás líderes de la revolución.

El complot, aseguran, estaba previsto para la reunión de la Organización Militar Revolucionaria que se realizaría esa noche. Así que hubo que actuar primero. Pero Compaoré siempre ha negado haber ordenado el asesinato de Sankara, defendiendo la tesis de un lamentable accidente. “Llegué [a la escena del asesinato, nota del editor] alrededor de las 6 p.m. Me enojé con los hombres responsables de la carnicería. Pero tenían evidencia de que se estaba gestando un complot contra mí y mis camaradas a las 8 p.m. Si no hubiera tenido estos elementos, habría reaccionado brutalmente”, dijo a los pocos días del asesinato. Por su parte, Diendéré indicó en el libro de Ludo Martens, Sankara, Compaoré y la revolución burkinabe, escrito para eximir a Compaoré de toda sospecha, que quería “arrestar” a Sankara, “antes de que ocurriera lo irreparable” , durante la reunión de las 20:00 horas, y no matarlo. ¿Mantendrá la misma versión durante el juicio?

Para los allegados al desaparecido revolucionario, esta tesis es inconcebible: Sankara, dicen, había sido advertido durante meses de que Compaoré preparaba un golpe de Estado, pero se negó a anticiparlo. “Él no quería saber nada ”, testificó Étienne Zongo, ayudante de campo de Sankara, poco antes de su muerte en octubre de 2016. Las relaciones entre los dos hombres se habían deteriorado durante el transcurso de la revolución, especialmente desde que Compaoré se había enamorado, en 1985, de Chantal Terrasson de Fougères, una rica heredera franco-marfileña cercana a Félix Houphouët-Boigny. El presidente marfileño, que temía que la revolución de Burkina Faso desencadenara levantamientos en la región (y en particular en su país), era enemigo jurado de Sankara.

Desde hacía varias semanas, una guerra de panfletos hacía estragos en Uagadugú: Sankara y Compaoré (entonces ministro de Justicia y comandante de las tropas de élite de la revolución) fueron acusados, a través de folletos interpuestos, de las peores infamias. Los dos hombres ya no se veían tan a menudo como en el pasado, cuando "Blaise" iba a comer a casa de "Thomas" y era recibido como un "hermano" por sus padres. “El choque era inevitable”, admiten varios familiares de Sankara.

¿El juicio que se abre el lunes permitirá decidir definitivamente las responsabilidades de unos y otros? Catorce hombres están acusados: cuatro miembros del comando, incluido Hyacinthe Kafando, presuntos cómplices y presuntos patrocinadores. Blaise Compaoré y Gilbert Diendéré son así acusados ​​de "ataque a la seguridad del Estado", "complicidad en el asesinato" y "ocultación de cadáveres". Pero solo doce de ellos se sentarán en el banquillo. Kafando, que tendría mucho que decir, no se sabe donde está. Desapareció desde que el juez de instrucción, François Yaméogo, lo citó a fines de 2015. Probablemente tuvo cómplices para huir del país.

En cuanto a Compaoré, vive un exilio dorado en Costa de Marfil, donde se refugió en octubre de 2014 con la decisiva ayuda de Francia: fue el ejército francés el que le permitió huir de su país cuando su convoy, que se dirigía a Ghana, corría peligro de ser detenido por los manifestantes en la ciudad de Po. Una intervención que pesa en Uagadugú. “Me hubiera gustado ver a Blaise cara a cara ”, lamenta Fidèle Kientega, que está indignado con París por haber permitido así a Compaoré escapar de la justicia.

Desde entonces, el exjefe de Estado ha obtenido la nacionalidad marfileña. Sus abogados, Pierre-Olivier Sur y Abdoul Ouédraogo, han hecho saber que no participará en este juicio, que califican de "político" . Para Guy-Hervé Kam, uno de los abogados de las familias de las víctimas, entrevistadas por Jeune Afrique , “es prácticamente una admisión de culpabilidad” .

Otra pregunta puede quedar sin respuesta durante este juicio: ¿Cuál fue la participación de las potencias extranjeras en este asesinato? Sankara se había ganado muchos enemigos desde que asumió el poder en agosto de 1983: los autócratas de la subregión, empezando por Félix Houphouët-Boigny y Étienne Eyadéma Gnassingbé, el presidente de Togo, pero también el libio Mouammar Gaddafi y los franceses François Mitterrand y Jacques Chirac. Por sus diatribas contra la deuda y el franco CFA, por su denuncia del apoyo de París al régimen del apartheid en Sudáfrica y por su voto, en la ONU, a la autodeterminación del pueblo de Nueva Caledonia. Sankara, que amenazaba el orden franco-africano en la región, había provocado la ira del presidente y el primer ministro de Francia, entonces en plena cohabitación. Ambos habían hecho advertencias, incluso amenazas, a través de personas cercanas.

Durante sus investigaciones, el juez Yaméogo hizo algunos descubrimientos interesantes, como la presencia de agentes de la inteligencia francesa en Uagadugú el 16 de octubre de 1987, al día siguiente del golpe -presencia confirmada por varios testimonios recogidos por el periódico de investigación Courrier confidentiel. Pero no ha avanzado lo suficiente en este punto y se ha visto obligado a completar el componente “interno”, aunque dejando abierto el componente “internacional”. Los archivos prometidos por Emmanuel Macron en noviembre de 2017, y efectivamente transmitidos en tres etapas en 2018, 2019 y 2021, no le permitieron alcanzar la certeza suficiente. Según una fuente judicial, la mayoría de los documentos transmitidos no tenían interés.

Rémi Carayol Periodista francés especializado en el Sahel. Corresponsal de Mediapart.

Fuente:
https://www.mediapart.fr/journal/international/060422/assassinat-de-sankara-au-burkina-perpetuite-pour-l-ex-president-blaise-compaore

domingo, 15 de septiembre de 2019

_- Seis años y medio de cárcel para el juez que conspiró contra la diputada de Podemos. Victoria Rosell. La parlamentaria de Unidas Podemos, también magistrada, tuvo que renunciar al escaño en el Congreso en 2016 por las acusaciones de su colega.

_- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba a seis años y medio de prisión por conspirar contra la juez Victoria Rosell y tratar de desacreditarla profesionalmente tras el salto de esta a la política en 2015 de la mano de Podemos, bajo cuyas siglas fue diputada durante cuatro meses en 2016 hasta que tuvo que presentar su dimisión. En la sentencia, notificada este martes a las partes, el tribunal condena a Alba por prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, según ha informado la propia Rosell, hoy de nuevo diputada en el Congreso por Unidas Podemos, en un mensaje en su red social Twitter.

El juicio ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años en el archipiélago. Alba intentó desacreditar profesionalmente a Rosell en relación con una causa que esta llevaba contra el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, considerado el rey de la seguridad en las islas y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

En 2016, Rosell renunció a repetir como cabeza de lista de Podemos por Las Palmas. La magistrada, denunciada en aquel momento por el exministro de Industria José Manuel Soria por un presunto caso de prevaricación y cohecho, estaba a la espera de ser llamada a declarar como investigada —imputada, según la denominación previa a la reforma—. Esa querella fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en diciembre de aquel año.

En declaraciones a La Sexta, visiblemente emocionada y tratando de aguantar las lágrimas en directo, Rosell ha asegurado estar muy contenta y haberse "echado a llorar" cuando ha conocido la noticia. "He pensado en mi familia. Tengo una madre y unas hijas, y una pareja. Tienes un entorno que te cree pero que es difícil explicarles", ha dicho. Según ha valorado la hoy diputada de Podemos, la sentencia es un triunfo sobre las cloacas del Estado. "El juez no se estaba jugando la destrucción de su carrera, sino de un puesto superior que pensaba estaba en manos del presidente de Canarias, el exministro Soria, que en esos momentos era candidato a suceder a Rajoy", ha dicho. "Es emocionante haberlo conseguido probar. Este juez me ha causado muchísimo dolor y para mí ha cometido el mayor delito que puede cometer un magistrado, que es manipular unas pruebas y unos informes", ha rematado.

Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha valorado a través de Twitter la sentencia. "No es frecuente que se haga justicia pero a veces ocurre. Intentaron destruir a la magistrada Rosell por presentarse a las elecciones con Podemos. Hoy las cloacas pierden a uno de los suyos", ha escrito.

 https://elpais.com/politica/2019/09/10/actualidad/1568112822_113657.html

viernes, 25 de septiembre de 2015

Asociaciones chilenas piden al PSOE que rechace las palabras de González sobre la dictadura de Pinochet


Las palabras que el ex-presidente del Gobierno español, Felipe González, pronunció el pasado jueves en Madrid comparando la Venezuela actual con el Chile de Augusto Pinochet han causado un fuerte rechazo en la izquierda chilena. “Visité a dos condenados por la dictadura, que salieron después, en pleno estado de sitio en Chile. Pues el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro”, opinó González en una conferencia realizada junto a la esposa del opositor venezolano Leopoldo López. Varias asociaciones chilenas radicadas en España y la representación de los partidos socialista y comunista chileno en nuestro país han firmado una declaración pública en la que pretenden responder con “dolor e indignación” a sus “incalificables juicios”. “Consideramos las declaraciones de Felipe González una grave ofensa para los chilenos demócratas en general y especialmente para las miles de víctimas que no tuvieron la suerte de ser socorridas por el expresidente del Gobierno de España”, destaca una de las partes del texto. Además, piden al PSOE que rechace públicamente sus palabras.

La declaración, recibida por cuartopoder.es durante el día de hoy, está rubricada por las asociaciones Winnipeg, Violeta Parra, Francisco Aedo, Centro Salvador Allende Barcelona, Federación de Asociaciones Chilenas en España (Fedaches) y las representaciones en España de los Partidos Socialistas y Comunistas de Chile. “No podemos guardar silencio, respondiendo con dolor e indignación sus incalificables juicios”, destaca el comienzo del comunicado. Salvador Zúñiga, presidente de la asociación Winnipeg, destaca a este medio que la declaración se ha hecho llegar directamente al PSOE. “Entendemos que estas declaraciones comprometen de alguna manera al partido y creemos que no todo el PSOE las comparte”, señala. “Solicitamos al PSOE, organización que siempre ha apoyado la lucha del Chile democrático, un pronunciamiento formal y público acerca se estas lamentables declaraciones y exigimos al señor Felipe González que se retracte y pida excusas por el daño a la causa de los derechos Humanos en Chile”, indica el texto.

Para Zúñiga, las asociaciones firmantes consideran condenable que se haya establecido una categoría respecto a los Derechos Humanos en Chile durante la dictadura. “La comparación no tiene ningún valor. No nos gusta el ejemplo porque pensamos que en la dictadura chilena no hubo DDHH, no existieron”. Además, Zúñiga recuerda que la explicación a estas palabra no la encuentran más allá de “ciertos intereses políticos, económicos e ideológicos” de González. “Y no muy claros”, añade.

El comunicado recuerda que en el Chile de Pinochet los DDHH “fueron eliminados violentamente por la represión brutal de la más cruel y sanguinaria dictadura de América Latina, una dictadura que conquistó el poder a sangre y fuego el 11 de septiembre de 1973 y condenada unánimemente por la Comunidad internacional”. Para las asociaciones firmantes, “más allá de las diferentes opiniones políticas e ideológicas que se puedan tener sobre Nicolás Maduro y Venezuela, nadie puede desconocer que es un país donde funciona un Parlamento, existen oposición política, medios de comunicación independientes y tribunales de justicia”. Esas “condiciones y garantías políticas” no existieron durante la dictadura chilena, indican. “Ningún organismo internacional serio y reconocido califica al Gobierno venezolano de dictadura, ni desconoce la legitimidad de los comicios celebrados últimamente, además no existe sentencia por delitos de lesa humanidad o similares”, añaden.

“El hecho de visitar a dos presos políticos durante la dictadura de Pinochet no le confiere categoría de respeto a los Derechos Humanos. Las personas reconocidas oficialmente por la Comisión Valech como víctimas de la prisión política y tortura fueron 40.018 y los muertos y desaparecidos 3.065, entre ellos niños y niñas, siendo estos números todavía incompletos”, recuerdan los colectivos chilenos.
http://www.cuartopoder.es/deidayvuelta/2015/09/23/asociaciones-chilenas-piden-al-psoe-que-rechace-las-palabras-de-gonzalez-sobre-la-dictadura-de-pinochet/4532

lunes, 23 de marzo de 2015

¿Quién dijo miedo? Los ocho condenados a tres años de cárcel no amenazaron a los diputados catalanes ni ejercieron fuerza física

El Tribunal Supremo anuló esta semana una sentencia de la Audiencia Nacional y condenó a tres años de cárcel a ocho personas por un delito contra las instituciones del Estado. Las ocho participaron en la manifestación del 15 de junio de 2011 ante el Parlamento de Cataluña, bajo el lema “Aturem el Parlament. No deixarem que aprovin retallades” (Paremos al Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes), que finalizó con incidentes.

¿Qué hicieron exactamente estos ocho jóvenes? ¿Conspiraron para asaltar el Parlamento catalán? ¿Agredieron a los diputados? ¿Les amenazaron con piedras, palos o pistolas? ¿Les dijeron que iba a darles un puñetazo? ¿Ejercieron la fuerza física contra ellos? No. Absolutamente nada de todo eso. Eran jóvenes que no formaban parte de un grupo organizado; participaban en una manifestación y, según la sentencia ha dejado claramente establecido, “levantaron los brazos”, “agitaron las manos abiertas”, “gritaron”, “siguieron” “recriminaron”, “dijeron” y “corearon”. Uno de ellos desplegó una pancarta y otro manchó con un espray la chaqueta de una diputada. Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter, por ejemplo, “recriminaron las políticas de recortes y dijeron a un parlamentario que no les representaba”. Ciro Morales fue “una de las personas que rodearon a otro parlamentario, coreando lemas”.

Esos son los únicos hechos probados. Y, sin embargo, merecen nada menos que tres años de cárcel, una pena que implica que los acusados, ciudadanos españoles sin antecedentes penales, trabajadores sociales, estudiantes, parados o empleados precarios, deben ingresar en prisión. Tres años de cárcel, según el mismo Tribunal Supremo que en 1982 condenó con esa misma pena a dos de los capitanes que participaron en el asalto armado al Congreso de los Diputados o que estimó que bastaba con un único año para los seis tenientes que les acompañaron.

Todo estriba en la interpretación del artículo 498 del Código Penal que dice que serán castigados con pena de prisión de tres a cinco años los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir que un parlamentario asista a sus reuniones (…).

La Audiencia y el voto particular formulado por el magistrado del Supremo Perfecto Andrés interpretan que agitar las manos abiertas, levantar los brazos o gritar no supone “fuerza, violencia, intimidación ni amenaza grave”. Es posible que en algunos momentos de la manifestación algunos parlamentarios se sintieran atemorizados, pero, en concreto, estos ocho procesados no hicieron nada que pudiera considerarse una amenaza, es decir, el anuncio de un mal o peligro grave. Por el contrario, la Audiencia aseguró que cuando algunos sectores de la población están en una situación de grave vulnerabilidad (los recortes supusieron un hachazo en las prestaciones sociales) y sufren un déficit material de representatividad, “porque no pueden hacer trascender su indignación y su explicable malestar en los medios de comunicación ni privados ni estatales”, no les queda otra posibilidad que el recurso al derecho constitucional de manifestación en la calle.

Perfecto Andrés, por su parte, afirma que no se trata de disculpar las acciones contempladas o privarles de significación. Pero no existe el requisito de ejercer “fuerza” sobre los parlamentarios. La intimidación, explica, supone inducir temor de una intensidad tal que obligue al afectado a modificar su comportamiento, algo que tampoco ocurrió. El Supremo, por el contrario, considera que “interponerse en el camino de dos diputados que solo pretendían acceder al órgano en el que habían de desplegar su función representativa, y hacerlo con los brazos en cruz, supone ejecutar un acto intimidatorio”.

¿Qué ha pasado en la sociedad española para que conductas como las que se describen se consideren tan graves que requieran un castigo tan severo? Quizás el miedo no sea lo que afligió a los diputados del Parlamento catalán, sino lo que está tomando al asalto en los últimos meses a todo el ordenamiento jurídico español. Quizás se tema que la desigualdad galopante termine por generar violencia (algo que no suele ocurrir con la pobreza). Quizás se pretenda desplegar todo un violento arsenal intimidatorio frente a los ciudadanos, a fin de advertirles y avisarles del mal o peligro grave que, al más mínimo gesto, les acecha. A ellos, no a los diputados.
 22 MAR 2015 -
http://elpais.com/elpais/2015/03/20/opinion/1426869530_962946.html

lunes, 9 de septiembre de 2013

Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. (That which cannot be seen must be shown) -

Contempla aquí el vídeo en este enlace: http://vimeo.com/34218157

Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. Es un documental sobre la memoria de la Transición construido a partir de ciertas producciones del cine militante que contradicen las imágenes oficiales que han elaborado nuestra memoria del final del franquismo y del inicio de la democracia.
"Desde el deber de la memoria", en palabras de Primo Levi, María Ruido aborda la construcción de la memoria histórica del estado español, pero su aproximación no se basa en los testimonios registrados, sino en la constatación de la falta de imágenes sobre determinados acontecimientos o problemáticas.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pilay, ha pedido al Estado español la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos. "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación". Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.