Desde su inhabilitación, Garzón ha creado un bufete y una fundación pro derechos humanos.
Cuenta Baltasar Garzón entre risas que, al verle caminar solo, sin escoltas, hay gente que le para por la calle y se ofrece a escoltarle hasta el sitio donde vaya. Lo dice mientras entra en el parque del Retiro sin esas sombras que le han acompañado y protegido durante años de una larguísima lista de enemigos —la más larga que ningún juez podría escribir en España— y cuya retirada abrupta provocó un duro enfrentamiento con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. “La escolta no es un servicio de mayordomía que presta el Estado”; el riesgo de Garzón no viene “de los terroristas, sino de la ciudadanía”, dijo el número dos de Interior. Él dice que no tiene miedo. Sigue recibiendo amenazas de muerte, pero ya no en España, sino en los sitios donde ahora trabaja: Colombia, México..., donde sí tiene protección.
Hace algo más de dos años y dos meses que bajó las escaleras de la Audiencia Nacional por última vez, suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial después de que el juez Luciano Varela, instructor de la causa contra él por la investigación de los crímenes del franquismo, dictara siete resoluciones en un día para forzar su suspensión. Y han pasado casi seis meses desde que fue condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel, poniendo fin a una carrera judicial de 31 años, 22 de ellos en la Audiencia Nacional, desde donde desarticuló el entramado de ETA, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo, y ordenó la detención del general Pinochet. “Yo soy juez, no ex. Todavía tengo mi título”, se resiste. Está decidido a luchar “hasta el último aliento” en todas las instancias judiciales por que un tribunal diga que esa sentencia “nunca debió dictarse”.
Del vacío que esa condena ha dejado en Garzón habla la delirante lista de trabajos y compromisos que ha adquirido para rellenarlo: además de asesorar a la justicia colombiana y a la mexicana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, supervisa la reforma de la función judicial en Ecuador, asesora a la cámara de diputados argentina en asuntos de derechos humanos, colabora con la Unesco y con la Universidad de Seattle, ha creado una fundación para promover la jurisdicción universal y acaba de asumir la defensa del enemigo público número uno de EE UU, el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
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