_- G. Buster, Daniel Raventós, Miguel Salas
Se cumplen 90 años de la victoria electoral del Frente Popular de Izquierdas (Front d’Esquerres en Catalunya y País Valencià) el 16 de febrero de 1936. Contra las expectativas, la coalición de las izquierdas republicanas y obreras derrotó a las derechas y sus amenazas autoritarias. La alegría se desbordó por las calles y sin esperar a la formación de las Cortes y el gobierno algunas manifestaciones se concentraron ante las prisiones y liberaron a los presos políticos. Más de 15.000 personas (otras fuentes hablan de 30.000) estaban encarceladas tras la insurrección de octubre de 1934 en Asturias y la rebelión catalana del mismo mes. Miles de obreros y campesinos habían sido despedidos por luchar por sus reivindicaciones. La Generalitat catalana había sido suspendida y su gobierno encarcelado. Igual que el dirigente de la izquierda republicana, Manuel Azaña y el presidente del PSOE y secretario general de la UGT, Largo Caballero. Acababa el llamado bienio negro (1933-1935) en el que las derechas habían echado para atrás las reformas iniciadas con el advenimiento de la república en 1931. La victoria desató un profundo proceso de movilizaciones sociales que abría la esperanza para resolver los problemas del histórico atraso español.
Desde su propuesta inicial, forzada por las políticas reaccionarias del Bienio Negro, la represión tras Octubre del 34 y una ley electoral que favorecía las mayorías, el Frente Popular de Izquierdas fue un terreno de confrontación entre dos visiones contrapuestas. La de Manuel Azaña, para el que el sujeto de las transformaciones debía ser la burguesía republicana progresista, y la de Largo Caballero, convencido de que solo la clase obrera era capaz de llevar a cabo las tareas de la revolución democrática. El bloque republicano pretendía construir su mayoría republicana sobre ambos pilares, pero con un gobierno exclusivamente suyo que, como mucho, integrase en algunas carteras al PSOE.
Pero el gobierno surgido de esas elecciones y los dos que le sucedieron en meses, enseguida frustraron esas esperanzas, ante las dificultades para aplicar el limitado programa electoral de la izquierda republicana. El historiador Manuel Tuñón de Lara escribe: “Azaña (presidente del gobierno) rehacía un gobierno en el que predominaban hombres de la pequeña burguesía y de la burguesía media republicanas” (La España del siglo XX). Mientras el gobierno predicaba la conciliación y contemporizaba con los militares, que la noche del 16 habían presionado para que se declarara el estado de sitio, evidente anticipo de lo que será el 18 de julio, las masas se movilizaban para resolver a su manera los graves problemas del país. Luis Portela, uno de los fundadores del Partido Comunista que había ingresado en el POUM de Madrid lo contó así: “Querían ir hacia delante, no se daban por satisfechos simplemente con que se pusiera en libertad a los presos políticos y se readmitiera a todos los que habían sido despedidos a resultas de la insurrección revolucionaria de octubre de 1934. Avanzaban instintivamente, no necesariamente para conquistar el poder o para crear soviets, sino para que prosiguiera la revolución que había empezado al proclamarse la república” (Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Ronald Fraser)
Por todo el país se inició un proceso de movilizaciones. El campo en primer lugar. El 25 de marzo se produjo una ocupación en masa de tierras en la provincia de Badajoz, en la que participaron unos sesenta mil jornaleros y arrendatarios. Hacia finales de la primavera, llegaron a estar en huelga al mismo tiempo por lo menos 100.000 trabajadores de la tierra. En las provincias con propiedades latifundistas se organizó la apropiación con el fin de instalar en ellas a miles de trabajadores agrícolas. Las ocupaciones y expropiaciones “debían acercarse al millón de hectáreas cuando estalló la Guerra Civil” (La España del siglo XX, Tuñón de Lara) Se redistribuyó mucha más tierra entre marzo y julio de 1936 que en los cinco años anteriores de la República. Además, ese proceso fue acompañado de un aumento de los jornales, que pasaron a ser de 11 a 13 pesetas diarias, aproximadamente el doble de 1935. El gobierno iba por detrás de los acontecimientos, a veces intentando impedirlos y otras limitándose a registrar lo que era un hecho, que los campesinos por sus propios medios imponían la reforma agraria.
El mismo impulso se produjo en la industria y el comercio. En abril se desarrolló una gran ola de huelgas exigiendo mejores salarios y cambios en las condiciones laborales, especialmente la reducción de la jornada de trabajo y el retiro con pensión a los 60 años. Se restableció la jornada semanal de 44 horas en la metalurgia y la construcción. Los metalúrgicos de Catalunya habían obtenido en 1934 la semana de 44 horas, pero en 1935 debían trabajar 48 horas por el mismo salario. Los ferroviarios exigían la vuelta a sus salarios de 1931-1933. Ante la amenaza de cierre patronal, en no pocas ocasiones los sindicatos se ofrecieron para hacerse cargo de ellas, como en los tranvías de Madrid. En mayo hubo una gran huelga de marineros con repercusiones internacionales, pues paralizó también a barcos que se hallaban en puertos extranjeros, logrando un gran triunfo en aumento salarial y reducción de horas de trabajo. Al final de la primavera se hallaban en huelga en Barcelona 60.000 empleados y empleadas del pequeño comercio. Se fueron incorporando sectores menos organizados y particularmente las mujeres, como la huelga de sastras y perfumistas en Madrid. En junio hubo una huelga general de la construcción de Madrid y sindicatos afines que movilizó a unos 110.000 trabajadores. Cálculos aproximados hablan de alrededor de un millón de huelguistas a finales de junio.
Dos personalidades nada proclives a la izquierda no tuvieron dudas sobre el momento histórico. Para el liberal Salvador de Madariaga: “El país había entrado en una fase claramente revolucionaria”. El historiador estadounidense Stanley G. Payne escribió: “Aquello no era todavía una revolución, pero se podría considerar como el comienzo de la misma”.
El Frente Popular
Era una época convulsa. En Italia gobernaban los fascistas. Hitler se había adueñado del poder en enero de 1933. Un levantamiento obrero en Austria fue derrotado en febrero de 1934. El futuro de Europa estaba en juego. Francia y España, con potentes sindicatos y partidos obreros, podían cambiar la tendencia.
El Frente Popular surge en esa encrucijada histórica. Después del tremendo fracaso de la política de división entre socialistas y comunistas en Alemania, la III Internacional, dirigida por Stalin, giró hacia una política de acuerdos entre los partidos obreros con partidos de la pequeña y mediana burguesía con el argumento de que lo importante era salvar la democracia frente al fascismo, pero evitar procesos revolucionarios que cuestionasen la hegemonía de los partidos democrático burgueses. La tendencia a la unidad, de un frente único obrero, se transformó en un acuerdo con partidos burgueses que ampliase los derechos sociales, pero respetase la propiedad privada a costa de concesiones de los partidos obreros.
Este giro estuvo determinado por la defensa de los intereses nacionales de la burocracia estalinista. Empieza con el pacto franco-soviético en mayo de 1935, en el que ambos países acuerdan asistencia mutua militar, y Stalin, a cambio, garantiza la paz social. En el mes de julio el VII Congreso de la III Internacional aprueba el giro hacia el frente popular. Pero esta política se acabará en agosto de 1939, cuando se firma el pacto entre Hitler y Stalin. Ya no se necesitan los frentes populares para derrotar al fascismo, la Alemania de Hitler es aliada de la URSS de Stalin.
Se forjó el lema de que la alternativa era fascismo o democracia, pero para aplastar al fascismo era necesario cambiar la sociedad capitalista que lo había engendrado. ¿Se podía defender la democracia manteniendo el capitalismo existente, en plena recesión económica y ascenso de la extrema derecha? Para mantener y desarrollar los derechos se necesita construir un mundo nuevo, avanzar hacia el socialismo.
En todos los países la tendencia a la unidad era un sentimiento generalizado, una condición para vencer al fascismo. En España se había expresado en la Alianza Obrera (acuerdo de las organizaciones obreras) que había impulsado la insurrección asturiana y la rebelión catalana de 1934. Una unidad que podía ampliarse a otras fuerzas políticas y sociales si las fuerzas obreras mayoritarias conservaban su dirección y objetivos. Por ejemplo, de una manera u otra las izquierdas y los sindicatos obreros apoyaban las exigencias campesinas contra los grandes latifundios, como defendían una república laica en la que la Iglesia no tuviera ni la presencia ni el poder que mantenía y sobre todo querían acabar con el peso del Ejército en la sociedad. Sobre esa base, y el reconocimiento nacional de Catalunya, País Vasco y Galicia, era posible un acuerdo con otras fuerzas sociales.
En julio de 1935 se formó el Frente Popular en Francia. En España fue en enero de 1936. El programa acordado era indiscutiblemente moderado en los términos impuestos por los republicanos liberales. No es buena idea un programa moderado para una época revolucionaria. En el pacto era más importante lo que se negaba que lo que se afirmaba. Dice el acuerdo que “los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos […] los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera […] No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros […] No aceptan los partidos republicanos el control obrero”.
Igual criterio se aplicó a la representación en las candidaturas. Mientras que las fuerzas obreras aportaban el voto de las masas trabajadoras, se permitió que los republicanos ocuparan el 56% de las candidaturas, el 36% para los socialistas y menos del 10% para el resto de fuerzas obreras, con el argumento de que un gobierno de la izquierda republicana necesita contar con una mayoría propia frente a sus aliados obreros. En un país polarizado, la victoria electoral, lograda también por el voto de muchos afiliados a la CNT anarco-sindicalista, significó un gran paso adelante y dio confianza al pueblo trabajador de que las cosas no podían quedarse en el mismo punto.
Como ya hemos relatado, los sucesivos gobiernos de la izquierda republicana fueron superados por la movilización social. Joaquín Maurín en un discurso en las Cortes el 16 de junio de 1936 denunció: “este Gobierno durante un tercio de año, durante una sexta parte, aproximadamente, de lo que es la vida normal de unas Cortes ordinarias, no ha hecho, no ya la sexta parte, ni la décima, ni la centésima parte de lo que contiene el programa del Frente Popular”.
La violencia durante esos meses, una guerra civil larvada que explotó con el golpe militar del 18 de julio de 1936, la sufrieron las izquierdas políticas y sindicales. Dos tercios de las víctimas mortales lo fueron por la represión de las fuerzas policiales, ya que las movilizaciones reivindicativas fueron reprimidas con dureza, y por los grupos fascistas que campaban a sus anchas. Siguió funcionando la censura, especialmente sobre las publicaciones obreras, a menudo se suspendieron las garantías constitucionales, no se tocó el poder de la Iglesia y los militares siguieron conspirando, se envió a algunos generales, como a Franco, fuera de Madrid, pero nada se hizo para depurar al Ejército.
Desde febrero hasta julio de 1936 los gobiernos de izquierda republicana del Frente Popular fueron incapaces de responder a las necesidades de las masas trabajadoras o de avanzar en las transformaciones necesarias de la revolución democrática o de adoptar las medidas defensivas necesarias frente al peligro fascista, monárquico y la sublevación militar. Lo que es peor, las izquierdas quedaron supeditadas a esos gobiernos. Así ni siquiera se podía defender la democracia, ni ser capaz de prever lo que se anunciaba, ni armar a las clases trabajadoras para defenderse. El golpe militar del 18 de julio sacó a la luz todas esas inconsecuencias. Fue la valentía de las clases trabajadoras, de los partidos y sindicatos obreros y campesinos quienes pararon los pies a militares y fascistas e iniciaron la revolución social. Debería haber servido para aplicar esas lecciones durante la guerra civil, pero tampoco fue así.
Francia y España
Para hacerse una idea de la importancia del momento histórico que podía haber cambiado la historia de Europa y del mundo, se ha tenido muy poco en cuenta el paralelismo entre la situación en Francia y España. El 6 de febrero de 1934 la extrema derecha organiza un motín en París intentando asaltar la Asamblea Nacional (emulando la marcha sobre Roma de Mussolini). Mueren 17 personas y hay más de 2.000 heridos. La respuesta es una huelga general el 12 de febrero. La jornada concluye con dos manifestaciones, la socialista y la comunista, que acabaron confluyendo al grito de “unidad”. En julio de 1935 se conforma el Frente Popular, que es un acuerdo “para realizar la unión entre la clase obrera y las ‘capas medias’” con el partido radical, un partido representante de la burguesía que había formado parte de diversos gobiernos durante la III República francesa. El 3 de mayo de 1936 gana las elecciones generales. La victoria electoral desencadena un impresionante movimiento huelguístico con ocupación de empresas. Empieza el 11 de mayo en Le Havre, el 13 es en Toulouse, el 14 en la región parisina. A comienzos de junio, 12.000 empresas están en huelga, muchas ocupadas, y se calcula que el número de huelguistas alcanza los dos millones. Para hacerse una idea del cambio producido, en la fábrica Renault la afiliación al sindicato CGT pasó de 700 a 25.000 afiliados. El 7 de junio el gobierno llega a un acuerdo con los sindicatos, los acuerdos de Matignon, por los que se consigue la semana de 40 horas, el derecho a sindicarse, aumentos salariales y vacaciones pagadas.
Es una victoria, pero el movimiento es tan amplio y potente que no se conforma y quiere avanzar más. Maurice Thorez, secretario del Partido Comunista francés, quiere cortar ese proceso y declara que “Hay que saber terminar una huelga cuando se ha obtenido satisfacción”. No sin gran esfuerzo se logra detener el movimiento, aunque a mediados de julio 600 fábricas siguen aún ocupadas.
Aunque los ritmos son diferentes y cada país tiene sus particularidades, durante unos meses en ambos países la revolución llamó a la puerta, pero el Frente Popular, instrumento defensivo subordinado a la hegemonía de los partidos democrático burgueses, fue incapaz de articularla, a pesar de su antifascismo declarado. Pero eso era imposible: o se avanzaba hacia cambios profundos contra el capitalismo o el fascismo acabaría imponiéndose. Cuando en España se inició el levantamiento fascista, el gobierno del Frente Popular francés ni siquiera quiso enviar armas y colaboró en la política de No Intervención, mientras que fascistas y nazis armaban a los franquistas. El resto de la historia es bien conocido.
El futuro
Conmemorar un acontecimiento histórico puede ser útil para aprender y debatir cómo afrontar un futuro que no está escrito. El avance de las derechas y las extremas derechas es una alerta cierta sobre los peligros que amenazan las libertades y las conquistas del movimiento obrero y no debería haber ninguna duda sobre la necesidad de acuerdos amplios, frentes únicos o frentes populares (lo importante no es el nombre sino el contenido).
Acuerdos que no sean solo electorales, sino que se basen en la movilización por abajo, que rehagan el tejido sindical, asociativo y popular y que puedan tener en cuenta la experiencia y el balance de otras etapas históricas, como aquí hemos señalado. Estamos en un momento defensivo frente a la oleada reaccionaria, pero una posición defensiva unitaria, clara y con perspectiva pueda convertirse en una palanca para dar un vuelco favorable a las clases trabajadoras. Las bases para tales acuerdos no son difíciles de plasmar, son las exigencias más claras y, nos atrevemos a decir, más decididamente democráticas: defensa de lo público, sanidad, educación; control por el pueblo y sus organizaciones; condiciones de vida digna, vivienda y condiciones materiales de existencia, como una renta básica universal e incondicional; derechos universales y democráticos para la gente y los pueblos; alternativa desde un punto de defensa de la república y del derecho de las naciones comprendidas en el Reino de España a la autodeterminación y solidaridad con otros pueblos.
Si crecen las derechas es porque no hay una respuesta positiva y están fracasando las condiciones de lo que hasta ahora existía. No funciona, porque como entonces (salvando todas las distancias) lo que está quebrándose son las bases de la democracia liberal tanto internacionalmente como en el Reino de España del régimen de 1978. No se trata de mirar el pasado, porque para mantener lo existente se necesita ofrecer una nueva perspectiva, sino de pensar, acordar y construir un futuro diferente a partir de articular políticamente a todos los sectores de la clase trabajadora divididos por las consecuencias de la crisis capitalista y la ofensiva reaccionaria.
Daniel Raventós, G. Buster, Miguel Salas, son miembros del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 15 de febrero de 2025
Temática:
Izquierda institucional
República española
Republicanismo
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lunes, 23 de febrero de 2026
El eco del Frente Popular: ¿retórica parlamentaria o nuevo paradigma?
Por Lois Pérez Leira | 09/02/2026 | España
Fuentes: Rebelión
La política actual parece haber entrado en un ciclo donde las palabras ya no solo describen la realidad, sino que intentan invocarla. Cuando Gabriel Rufián lanzó la piedra de un nuevo «Frente Popular» para frenar el avance de la extrema derecha, muchos lo interpretaron como un eslogan más de la factoría de comunicación parlamentaria. Sin embargo, el estruendo de esa piedra al caer ha revelado un fondo mucho más profundo: una corriente de opinión que, lejos de evaporarse, empieza a ganar adeptos en diversos sectores de la izquierda y el progresismo institucional.
La «ilusión» a la que asistimos no nace del vacío. Se alimenta de un diagnóstico compartido por una base social que percibe las instituciones como asediadas por una ola reaccionaria global. Para este sector, la gestión administrativa ya no es suficiente; se demanda una trinchera ideológica. La propuesta ha dejado de ser una ocurrencia para convertirse en una expectativa real, una ventana que muchos ciudadanos —hartos de la ambivalencia— quieren atravesar para reencontrarse con una épica de resistencia y avance en derechos.
Sin embargo, el éxito de una «bola de nieve» no se mide por lo rápido que rueda, sino por su capacidad para no desintegrarse al chocar con la realidad. El gran desafío de pasar de las palabras a los hechos reside en la capacidad de articular fuerzas políticas que, a menudo, se pierden en el matiz diferenciador. En el siglo XXI, un frente popular requiere la generosidad de siglas que deben decidir si priorizan su identidad particular o la supervivencia de un bloque de progreso sólido.
Para que el «No pasarán» deje de ser un lema de movilización y se convierta en praxis política, la propuesta debe madurar hacia un programa de mínimos: blindaje de libertades civiles, políticas de vivienda ambiciosas y una estrategia que no solo hable a los ya convencidos. La ventana está abierta y la energía está ahí, pero la historia es implacable con las ilusiones que no se concretan. El liderazgo de este movimiento tiene ahora la responsabilidad de demostrar que esta iniciativa no es una táctica temporal, sino una estrategia para transformar el país.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuentes: Rebelión
La política actual parece haber entrado en un ciclo donde las palabras ya no solo describen la realidad, sino que intentan invocarla. Cuando Gabriel Rufián lanzó la piedra de un nuevo «Frente Popular» para frenar el avance de la extrema derecha, muchos lo interpretaron como un eslogan más de la factoría de comunicación parlamentaria. Sin embargo, el estruendo de esa piedra al caer ha revelado un fondo mucho más profundo: una corriente de opinión que, lejos de evaporarse, empieza a ganar adeptos en diversos sectores de la izquierda y el progresismo institucional.
La «ilusión» a la que asistimos no nace del vacío. Se alimenta de un diagnóstico compartido por una base social que percibe las instituciones como asediadas por una ola reaccionaria global. Para este sector, la gestión administrativa ya no es suficiente; se demanda una trinchera ideológica. La propuesta ha dejado de ser una ocurrencia para convertirse en una expectativa real, una ventana que muchos ciudadanos —hartos de la ambivalencia— quieren atravesar para reencontrarse con una épica de resistencia y avance en derechos.
Sin embargo, el éxito de una «bola de nieve» no se mide por lo rápido que rueda, sino por su capacidad para no desintegrarse al chocar con la realidad. El gran desafío de pasar de las palabras a los hechos reside en la capacidad de articular fuerzas políticas que, a menudo, se pierden en el matiz diferenciador. En el siglo XXI, un frente popular requiere la generosidad de siglas que deben decidir si priorizan su identidad particular o la supervivencia de un bloque de progreso sólido.
Para que el «No pasarán» deje de ser un lema de movilización y se convierta en praxis política, la propuesta debe madurar hacia un programa de mínimos: blindaje de libertades civiles, políticas de vivienda ambiciosas y una estrategia que no solo hable a los ya convencidos. La ventana está abierta y la energía está ahí, pero la historia es implacable con las ilusiones que no se concretan. El liderazgo de este movimiento tiene ahora la responsabilidad de demostrar que esta iniciativa no es una táctica temporal, sino una estrategia para transformar el país.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
viernes, 12 de mayo de 2017
_--Unas notas de réplica a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa (Segunda parte) ¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?
_--José Luis Martín Ramos
El segundo supuesto vuelco en la investigación – antecedente directo del tercero y fundamental que se refiere a las elecciones y su escrutinio – es el que sostiene, bajo un título algo peliculero,“cuatro días de febrero”, un desbordamiento general de las instituciones por la izquierda frentepopulista y particularmente la obrera, que operó desde la misma tarde-noche del 16 de febrero en forma de manifestaciones, motines en las cárceles y diversas formas de “intimidación” –palabra clave y repetida de manera recurrente en la exposición de ATV-; desbordamiento que llevó al abandono precipitado del gobierno por parte de Portela y al asimismo precipitado – y se sugiere que injustificado – acceso del Frente Popular al poder, lo que validó el artero objetivo de aquellos desbordamientos de masas y propició por un lado la celebración de las elecciones pendientes todavía en un clima de coerción de la izquierda y por otro los definitivos falseamientos de los escrutinios.
Es sabido que un recurso literario habitual es que el inicio de un libro o de un capítulo constituya en sí mismo un impacto que atraiga y, al propio tiempo, oriente al lector. ¿Cuál es ese mensaje de inicio? Pues que ya “en las horas previas se hizo evidente que no todos iban a aceptar una posible derrota. El Socialista anticipaba en su editorial el mismo 16 que “en un juego sucio, como el que se plantea ahora, jugamos tan solo a ganar” (pág. 275) y tanto el diario socialista como el republicano, El Heraldo, ponían en guardia ante los posibles pucherazos que produciría un control tan generalizado de los municipios por “gestoras monárquicas”. Deducir de todo eso que socialistas y republicanos se disponían ya a desconocer el resultado si les era adverso y a deducir de ello alguna acción contra los resultados electorales efectivos es una absoluta grosería de interpretación. ¿Es que no todos iban a ganar? El Socialista y El Heraldo simplemente estaban llamando a la participación e incluso a la vigilancia. Sólo una amplia participación les podía dar la victoria y la invocación de la vigilancia no era injustificada; con las elecciones municipales sin hacer – estaban pendientes desde 1934 – una gran cantidad de municipios, sobre todo en la España rural, estaban en manos de gestoras nombradas primero por el gobierno radical-cedista y luego por Portela, quien en una última maniobra – que todo el mundo interpretó que tenía objetivos de posible interferencia electoral- removió todos los gobiernos civiles y los delegados gubernativos. A la derecha no le preocupaba tanto esa cuestión porque estaba absolutamente convencida de su victoria, que pregonaban como cierta en su prensa antes de las elecciones. ¿Podrían considerar eso ATV también una incitación al desconocimiento del resultado si no se cumplía tal previsión?
El sectarismo de ATV les impide analizar, en términos históricos, el peso de las percepciones en la movilización de unos y la desmovilización de otros. Y sobre todo les lleva a ver en la movilización del frentepopular siempre una amenaza a la democracia, una manifestación de una mera ambición de poder y de los instintos bárbaros de las turbas. ¿No había razones para esa actitud de movilización? De sobras, y entre ellas la amenaza del golpismo que pendía sobre la república democrática, que se reactivó en diciembre de 1935 con la imprudente – cuando menos, por no decir otra cosa – iniciativa frustrada de Gil Robles; ya volveremos sobre ello al considerar las presiones militares sobre Portela. No voy a discutir que se produjeron incidentes, episodios de violencia en una situación de desconcierto por el comportamiento de Portela, pero hacer de eso el fantasma de una casi insurrección general, que habría justificado la declaración, asimismo general, del estado de guerra y otras medidas de “autoridad” más que probablemente, enturbiando una jornada electoral, que fue aceptable según las condiciones y comportamientos de la época – no solo en España, en Europa – es absolutamente desproporcionado. Sin embargo esa desproporción es imprescindible en el relato de ATV porque crea un clima de pre-asalto al poder de las masas populares, que en aquel momento no existió de ninguna manera. Ese relato de ATV no es tan novedoso, tiene sus antecedentes en bibliografía anterior; desde las memorias de Gil Robles, en la que la secuencia del desbordamiento de las masas a Portela es también clave para la consideración de la para él irregular – y no justificada – formación del gobierno de Frente Popular hasta el “Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936” elaborado por el régimen franquista, que ATV dicen no compartir, pero que incluso utilizan como prueba documental válida, sin más (lo veremos más adelante).
La jornada electoral del 16 fue, salvo excepciones –por graves que localmente fueran– aceptable. Aunque ATV no pueden ahorrarse un nuevo juicio de intención al afirmar que si resultó así fue por el extraordinario despliegue de las fuerzas de seguridad….que si no; ignorando que el Frente Popular y sus organizaciones llamaron a una votación tranquila. El Frente Popular, las izquierdas están siempre bajo sospecha en el trabajo de ATV; el resto, solo en alguna ocasión, siempre que no afecte a Gil Robles. Que tras conocerse la victoria en Madrid, que nadie discutió, y en Cataluña, también indiscutible, y la probabilidad de que fuera el Frente Popular el que mayor opciones tenía de ganar, se produjera una concentración en Puerta del Sol no tiene la significación subversiva que le atribuyen ATV ¿por qué solo han de tener significación subversivas las manifestaciones? sino de celebración, incluso por el tradicional lugar de celebración que se producen; incluso, como reconocen los autores, el Comité del Frente Popular desautorizó una octavilla anónima que sugería convertir la celebración en protesta. ATV se empeñan en sugerir que eran mucho más que celebraciones y en que se produjo “un goteo constante de episodios con distintos niveles de gravedad”, que justificarían en su opinión las gestiones – presiones, digo yo –de Gil Robles, de Franco, de Fanjul y de Goded para tomar decisiones extraordinarias, rozando lo extremo
“Más que incidentes” es el subtítulo en el que ATV juegan a desacreditar la imagen de normalidad mayoritaria durante la jornada electoral. Lo que luego describen no son otra cosa que incidentes, por más que exageren su trascendencia prejuzgando que “sin bien no fueron generalizadas, si es cierto que la reiteración indica una violencia latente significativa”. Pero, ¿de qué están hablando? De diversos episodios dispersos, en Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, la mayor parte de signo menor por muy lamentables que fueran – como las coacciones a grupos de monjas para que no pudieran ir a votar -, las peleas entre simpatizantes, el apedreamiento de un candidato de la derecha y algunos con consecuencias mayores, al aparecer las navajas, las pistolas, o las fuerzas de orden público. ATV citan una treintena de incidentes concretos, de los que una docena larga se produjeron en Galicia, y sin concretar “muertos y heridos de diferente consideración” en las provincias de Córdoba, Guipúzcoa, Navarra, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo y Zaragoza, de los que solo concretan media docena de ellos, los que tuvieron consecuencia de muerte, por lo que hemos de suponer que el resto fueron de carácter tan menor que ni siquiera ATV han considerado oportuno señalarlos. Eso no describe un cuadro de nada que sea “más que incidentes”, por más que los que produjeran muertes resultaran irremediables.
Por otra parte, la responsabilidad de los incidentes más graves, los irreversibles por la pérdida de vidas humanas correspondió a…las derechas: de los 10 muertos reconocidos, citan 8 casos, de ellos las víctimas fueron de izquierdas, a manos de falangistas, papistas o cedistas y en un caso de la guardia civil, por un muerto cedista y otro cuya filiación política no se da. La proporción es tan elocuente de que la violencia grave partió más de un bando que de otro, que extraña que ATV, que señalan tantos detalles, no hayan hecho ningún comentario sobre éste. Sí, en cambio, se permiten comentarios increíbles, para exculpar las agresiones perpetradas por elementos derechistas: en Antas de Ulloa, los papistas malhirieron a tiros a un presidente de mesa y a un “portelista”, y como quiera que no pueden negar que fue así se ven obligados a añadir “Pero no es menos cierto que, antes de los disparos, se había entablado una fuerte discusión”, en la que al representante cedista, que se quejaba ante la mesa de irregularidades supuestas “se le propinó un fuerte golpe”. El comentario es absurdo, en casi todos los enfrentamientos, excepto los atentados que sufrieron militantes de izquierda – a un vendedor de prensa los falangistas le obligaron a beber gasolina – hubo primero alguna fuerte discusión, que fue a más porque alguien tenía pistola o navaja; y que un fuerte golpe pueda poner pero a un asesinato es un comentario poco medido, si no indecente.
Esta peculiar exposición de sucesos sirve a ATV para desacreditar la versión del gobierno de que la jornada fue tranquila y sobre todo para, tras reconocer que “no puede decirse que la violencia primara”, concluir que “todo ello fue un mal augurio y anticipó los desórdenes que comenzaron a propagarse durante la tarde y noche del 16 de febrero”. No digo, pero digo. Establecen así una relación de continuidad absolutamente insostenible. Lo cierto es que el grueso de las elecciones tuvo un transcurso normal y su resultado ya anticipó una victoria – ajustada, pero victoria - del Frente Popular de la que sólo quedaba por conocer si llegaría a mayoría absoluta y las dimensiones de ésta si se producía. El recuento de las elecciones del 16 habría de ser algo largo y accidentado y la gestión informativa que el gobierno Portela hizo del mismo resultó muy poco acertada; dominada como estaba por el conocimiento del estrepitoso fracaso del Partido del Centro organizado por Portela bajo el padrinazgo de Alcalá Zamora. A pesar de ello, en ningún momento se invirtió de manera clara la tendencia, por más que el Gobierno Portela intentó reducir el impacto inmediato – acaso para aguar la celebración en marcha de las izquierdas e intentar frenarla – manteniendo por algunas horas le expectativa de un triunfo, no de las derechas, sino de la problemática suma de las derechas y el centro (dicho sea de paso, ATV recurren más de una vez en sumar las fuerzas centristas a la de las poco avenidas de la derecha; es improcedente, no significaban políticamente lo mismo ni mucho menos y en todo caso el portelismo estaba más cercano de las izquierdas que de las derechas en muchas de las circunscripciones).
En la madrugada del 17, gracias al voto de las grandes ciudades, el Frente Popular iba por delante y en la mañana del 17, en el Consejo de Ministros Portela anunció que éste ya podría estar contando – con el recuento en marcha – con 193 diputados y ese es el dato que vale y no las informaciones o intoxicaciones que ATV citan del embajador portugués que atribuía la victoria al “Bloque de derechas” o de Ferández Almagro que dijo que le había dicho Portela (pág. 362); utilizar estas dos manifestaciones como documentación firme, frente a la del Consejo de Ministros es ridículo. Como ATV reconocen “los escrutinios del 17 solo eran terminantes en que el Frente Popular iba por delante en el escrutinio y en que sus adversarios sólo podían encomendarse, para ganarle, a los votos de los distritos rurales aún por ganar” (pág. 363); el primer “solo” sobra, desde luego, pero no pueden evitar trufar los irremediables reconocimientos de la realidad con fórmulas adversativas. Siguiendo a ATV, los datos ya definitivos, en la tarde del 17 de febrero – los que correspondían a las circunscripciones en las que el ganador aventajaba claramente a sus competidores y estaba por encima del 40% para llevarse los escaños por mayoría- , al atardecer del 17 el Frente Popular ya tenía en su poder 65 escaños, mientras que “la CEDA y sus aliados” quedaban en 51 y el Partido del Centro no tenía ninguna. Otra manifestación clara de cuál era la tendencia. En la mañana del 18 la situación se mantenía con una ampliación de resultados definitivos: 198 escaños para el Frente Popular y 161 para “sus adversarios”, pero ha de notarse que ATV están sumando contra el Frente Popular todo lo que no era Frente Popular.
El 19, cuando se producirá el cambio del gobierno, en el cuarto de aquellos días de febrero, Martínez Barrio y Azaña, y Alcalá Zamora lo aceptaba – desde luego a regañadientes – consideraban que el Frente Popular tenía 217, a 20 de la mayoría absoluta (no de una cincuentena, como de vez en cuando se insinúa en el libro). Azaña se quejó de tener que asumir el gobierno sin saber cuál era su mayoría definitiva, pero no rechazó formar gobierno – ATV citan la queja, pero no consideran el valor de la aceptación – porque a pesar de todo, lo que había quedado claro a lo largo de esos días es que la formación ganadora era el Frente Popular, que podría llegar a la mayoría absoluta o que tenía margen de negociación con otras formaciones políticas – entre ellas el Partido Nacionalista Vasco – para revalidar su gobierno en las nuevas Cortes cuando se constituyeran. Y que la CEDA y Renovación Española, que no tenían acordado ningún programa de gobierno y cuya alianza era fundamentalmente negativa (contra la “revolución”, que nadie que fuera significativo proponía en ese momento) no estaban en condiciones de formar un gobierno que pudiera tener el apoyo final de la cámara; y pero todavía era peor que llegasen a formar un gobierno, que necesariamente habría significado el cierre de la república democrática, como proclamaba con la boca grande Calvo Sotelo, y aceptaban con boca pequeña en la CEDA. Volveremos a la cuestión del resultado final y la mayoría absoluta.
La primera parte de este artículo puede verse en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225669
El segundo supuesto vuelco en la investigación – antecedente directo del tercero y fundamental que se refiere a las elecciones y su escrutinio – es el que sostiene, bajo un título algo peliculero,“cuatro días de febrero”, un desbordamiento general de las instituciones por la izquierda frentepopulista y particularmente la obrera, que operó desde la misma tarde-noche del 16 de febrero en forma de manifestaciones, motines en las cárceles y diversas formas de “intimidación” –palabra clave y repetida de manera recurrente en la exposición de ATV-; desbordamiento que llevó al abandono precipitado del gobierno por parte de Portela y al asimismo precipitado – y se sugiere que injustificado – acceso del Frente Popular al poder, lo que validó el artero objetivo de aquellos desbordamientos de masas y propició por un lado la celebración de las elecciones pendientes todavía en un clima de coerción de la izquierda y por otro los definitivos falseamientos de los escrutinios.
Es sabido que un recurso literario habitual es que el inicio de un libro o de un capítulo constituya en sí mismo un impacto que atraiga y, al propio tiempo, oriente al lector. ¿Cuál es ese mensaje de inicio? Pues que ya “en las horas previas se hizo evidente que no todos iban a aceptar una posible derrota. El Socialista anticipaba en su editorial el mismo 16 que “en un juego sucio, como el que se plantea ahora, jugamos tan solo a ganar” (pág. 275) y tanto el diario socialista como el republicano, El Heraldo, ponían en guardia ante los posibles pucherazos que produciría un control tan generalizado de los municipios por “gestoras monárquicas”. Deducir de todo eso que socialistas y republicanos se disponían ya a desconocer el resultado si les era adverso y a deducir de ello alguna acción contra los resultados electorales efectivos es una absoluta grosería de interpretación. ¿Es que no todos iban a ganar? El Socialista y El Heraldo simplemente estaban llamando a la participación e incluso a la vigilancia. Sólo una amplia participación les podía dar la victoria y la invocación de la vigilancia no era injustificada; con las elecciones municipales sin hacer – estaban pendientes desde 1934 – una gran cantidad de municipios, sobre todo en la España rural, estaban en manos de gestoras nombradas primero por el gobierno radical-cedista y luego por Portela, quien en una última maniobra – que todo el mundo interpretó que tenía objetivos de posible interferencia electoral- removió todos los gobiernos civiles y los delegados gubernativos. A la derecha no le preocupaba tanto esa cuestión porque estaba absolutamente convencida de su victoria, que pregonaban como cierta en su prensa antes de las elecciones. ¿Podrían considerar eso ATV también una incitación al desconocimiento del resultado si no se cumplía tal previsión?
El sectarismo de ATV les impide analizar, en términos históricos, el peso de las percepciones en la movilización de unos y la desmovilización de otros. Y sobre todo les lleva a ver en la movilización del frentepopular siempre una amenaza a la democracia, una manifestación de una mera ambición de poder y de los instintos bárbaros de las turbas. ¿No había razones para esa actitud de movilización? De sobras, y entre ellas la amenaza del golpismo que pendía sobre la república democrática, que se reactivó en diciembre de 1935 con la imprudente – cuando menos, por no decir otra cosa – iniciativa frustrada de Gil Robles; ya volveremos sobre ello al considerar las presiones militares sobre Portela. No voy a discutir que se produjeron incidentes, episodios de violencia en una situación de desconcierto por el comportamiento de Portela, pero hacer de eso el fantasma de una casi insurrección general, que habría justificado la declaración, asimismo general, del estado de guerra y otras medidas de “autoridad” más que probablemente, enturbiando una jornada electoral, que fue aceptable según las condiciones y comportamientos de la época – no solo en España, en Europa – es absolutamente desproporcionado. Sin embargo esa desproporción es imprescindible en el relato de ATV porque crea un clima de pre-asalto al poder de las masas populares, que en aquel momento no existió de ninguna manera. Ese relato de ATV no es tan novedoso, tiene sus antecedentes en bibliografía anterior; desde las memorias de Gil Robles, en la que la secuencia del desbordamiento de las masas a Portela es también clave para la consideración de la para él irregular – y no justificada – formación del gobierno de Frente Popular hasta el “Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936” elaborado por el régimen franquista, que ATV dicen no compartir, pero que incluso utilizan como prueba documental válida, sin más (lo veremos más adelante).
La jornada electoral del 16 fue, salvo excepciones –por graves que localmente fueran– aceptable. Aunque ATV no pueden ahorrarse un nuevo juicio de intención al afirmar que si resultó así fue por el extraordinario despliegue de las fuerzas de seguridad….que si no; ignorando que el Frente Popular y sus organizaciones llamaron a una votación tranquila. El Frente Popular, las izquierdas están siempre bajo sospecha en el trabajo de ATV; el resto, solo en alguna ocasión, siempre que no afecte a Gil Robles. Que tras conocerse la victoria en Madrid, que nadie discutió, y en Cataluña, también indiscutible, y la probabilidad de que fuera el Frente Popular el que mayor opciones tenía de ganar, se produjera una concentración en Puerta del Sol no tiene la significación subversiva que le atribuyen ATV ¿por qué solo han de tener significación subversivas las manifestaciones? sino de celebración, incluso por el tradicional lugar de celebración que se producen; incluso, como reconocen los autores, el Comité del Frente Popular desautorizó una octavilla anónima que sugería convertir la celebración en protesta. ATV se empeñan en sugerir que eran mucho más que celebraciones y en que se produjo “un goteo constante de episodios con distintos niveles de gravedad”, que justificarían en su opinión las gestiones – presiones, digo yo –de Gil Robles, de Franco, de Fanjul y de Goded para tomar decisiones extraordinarias, rozando lo extremo
“Más que incidentes” es el subtítulo en el que ATV juegan a desacreditar la imagen de normalidad mayoritaria durante la jornada electoral. Lo que luego describen no son otra cosa que incidentes, por más que exageren su trascendencia prejuzgando que “sin bien no fueron generalizadas, si es cierto que la reiteración indica una violencia latente significativa”. Pero, ¿de qué están hablando? De diversos episodios dispersos, en Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, la mayor parte de signo menor por muy lamentables que fueran – como las coacciones a grupos de monjas para que no pudieran ir a votar -, las peleas entre simpatizantes, el apedreamiento de un candidato de la derecha y algunos con consecuencias mayores, al aparecer las navajas, las pistolas, o las fuerzas de orden público. ATV citan una treintena de incidentes concretos, de los que una docena larga se produjeron en Galicia, y sin concretar “muertos y heridos de diferente consideración” en las provincias de Córdoba, Guipúzcoa, Navarra, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo y Zaragoza, de los que solo concretan media docena de ellos, los que tuvieron consecuencia de muerte, por lo que hemos de suponer que el resto fueron de carácter tan menor que ni siquiera ATV han considerado oportuno señalarlos. Eso no describe un cuadro de nada que sea “más que incidentes”, por más que los que produjeran muertes resultaran irremediables.
Por otra parte, la responsabilidad de los incidentes más graves, los irreversibles por la pérdida de vidas humanas correspondió a…las derechas: de los 10 muertos reconocidos, citan 8 casos, de ellos las víctimas fueron de izquierdas, a manos de falangistas, papistas o cedistas y en un caso de la guardia civil, por un muerto cedista y otro cuya filiación política no se da. La proporción es tan elocuente de que la violencia grave partió más de un bando que de otro, que extraña que ATV, que señalan tantos detalles, no hayan hecho ningún comentario sobre éste. Sí, en cambio, se permiten comentarios increíbles, para exculpar las agresiones perpetradas por elementos derechistas: en Antas de Ulloa, los papistas malhirieron a tiros a un presidente de mesa y a un “portelista”, y como quiera que no pueden negar que fue así se ven obligados a añadir “Pero no es menos cierto que, antes de los disparos, se había entablado una fuerte discusión”, en la que al representante cedista, que se quejaba ante la mesa de irregularidades supuestas “se le propinó un fuerte golpe”. El comentario es absurdo, en casi todos los enfrentamientos, excepto los atentados que sufrieron militantes de izquierda – a un vendedor de prensa los falangistas le obligaron a beber gasolina – hubo primero alguna fuerte discusión, que fue a más porque alguien tenía pistola o navaja; y que un fuerte golpe pueda poner pero a un asesinato es un comentario poco medido, si no indecente.
Esta peculiar exposición de sucesos sirve a ATV para desacreditar la versión del gobierno de que la jornada fue tranquila y sobre todo para, tras reconocer que “no puede decirse que la violencia primara”, concluir que “todo ello fue un mal augurio y anticipó los desórdenes que comenzaron a propagarse durante la tarde y noche del 16 de febrero”. No digo, pero digo. Establecen así una relación de continuidad absolutamente insostenible. Lo cierto es que el grueso de las elecciones tuvo un transcurso normal y su resultado ya anticipó una victoria – ajustada, pero victoria - del Frente Popular de la que sólo quedaba por conocer si llegaría a mayoría absoluta y las dimensiones de ésta si se producía. El recuento de las elecciones del 16 habría de ser algo largo y accidentado y la gestión informativa que el gobierno Portela hizo del mismo resultó muy poco acertada; dominada como estaba por el conocimiento del estrepitoso fracaso del Partido del Centro organizado por Portela bajo el padrinazgo de Alcalá Zamora. A pesar de ello, en ningún momento se invirtió de manera clara la tendencia, por más que el Gobierno Portela intentó reducir el impacto inmediato – acaso para aguar la celebración en marcha de las izquierdas e intentar frenarla – manteniendo por algunas horas le expectativa de un triunfo, no de las derechas, sino de la problemática suma de las derechas y el centro (dicho sea de paso, ATV recurren más de una vez en sumar las fuerzas centristas a la de las poco avenidas de la derecha; es improcedente, no significaban políticamente lo mismo ni mucho menos y en todo caso el portelismo estaba más cercano de las izquierdas que de las derechas en muchas de las circunscripciones).
En la madrugada del 17, gracias al voto de las grandes ciudades, el Frente Popular iba por delante y en la mañana del 17, en el Consejo de Ministros Portela anunció que éste ya podría estar contando – con el recuento en marcha – con 193 diputados y ese es el dato que vale y no las informaciones o intoxicaciones que ATV citan del embajador portugués que atribuía la victoria al “Bloque de derechas” o de Ferández Almagro que dijo que le había dicho Portela (pág. 362); utilizar estas dos manifestaciones como documentación firme, frente a la del Consejo de Ministros es ridículo. Como ATV reconocen “los escrutinios del 17 solo eran terminantes en que el Frente Popular iba por delante en el escrutinio y en que sus adversarios sólo podían encomendarse, para ganarle, a los votos de los distritos rurales aún por ganar” (pág. 363); el primer “solo” sobra, desde luego, pero no pueden evitar trufar los irremediables reconocimientos de la realidad con fórmulas adversativas. Siguiendo a ATV, los datos ya definitivos, en la tarde del 17 de febrero – los que correspondían a las circunscripciones en las que el ganador aventajaba claramente a sus competidores y estaba por encima del 40% para llevarse los escaños por mayoría- , al atardecer del 17 el Frente Popular ya tenía en su poder 65 escaños, mientras que “la CEDA y sus aliados” quedaban en 51 y el Partido del Centro no tenía ninguna. Otra manifestación clara de cuál era la tendencia. En la mañana del 18 la situación se mantenía con una ampliación de resultados definitivos: 198 escaños para el Frente Popular y 161 para “sus adversarios”, pero ha de notarse que ATV están sumando contra el Frente Popular todo lo que no era Frente Popular.
El 19, cuando se producirá el cambio del gobierno, en el cuarto de aquellos días de febrero, Martínez Barrio y Azaña, y Alcalá Zamora lo aceptaba – desde luego a regañadientes – consideraban que el Frente Popular tenía 217, a 20 de la mayoría absoluta (no de una cincuentena, como de vez en cuando se insinúa en el libro). Azaña se quejó de tener que asumir el gobierno sin saber cuál era su mayoría definitiva, pero no rechazó formar gobierno – ATV citan la queja, pero no consideran el valor de la aceptación – porque a pesar de todo, lo que había quedado claro a lo largo de esos días es que la formación ganadora era el Frente Popular, que podría llegar a la mayoría absoluta o que tenía margen de negociación con otras formaciones políticas – entre ellas el Partido Nacionalista Vasco – para revalidar su gobierno en las nuevas Cortes cuando se constituyeran. Y que la CEDA y Renovación Española, que no tenían acordado ningún programa de gobierno y cuya alianza era fundamentalmente negativa (contra la “revolución”, que nadie que fuera significativo proponía en ese momento) no estaban en condiciones de formar un gobierno que pudiera tener el apoyo final de la cámara; y pero todavía era peor que llegasen a formar un gobierno, que necesariamente habría significado el cierre de la república democrática, como proclamaba con la boca grande Calvo Sotelo, y aceptaban con boca pequeña en la CEDA. Volveremos a la cuestión del resultado final y la mayoría absoluta.
La primera parte de este artículo puede verse en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225669
La tercera en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
La cuarta en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226560
José Luis Martín Ramos (Barcelona 1948) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimiento obrero.lunes, 8 de mayo de 2017
¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?
Unas notas de réplica a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa (Primera parte)
José Luis Martín Ramos
1. Hace un año, en una conferencia en el CESEDEN de promoción de hecho del libro que iba a publicar, Payne anunciaba la próxima publicación de un trabajo de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, en el que según él se demostraba el fraude generalizado de las elecciones de 1936 y la evidencia de la ilegitimidad de un gobierno, el del Frente Popular, y de la República que tras todo ello había dejado de ser democrática; y apostillaba, la sublevación del 18 de julio no se había producido, por tanto, contra la democracia. Hasta ahora el estudio de Javier Tusell había establecido la línea principal de interpretación de aquellas elecciones, que consideró aceptables en las condiciones de la época y de las que se había producido un triunfo democrático innegable del Frente Popular; una línea de interpretación muy incómoda para la derecha – historiográfica y política -, que en el fondo nunca se ha sacado de encima el discurso de la ilegitimidad de la República del Frente Popular, discurso justificador antes y después de la sublevación.
Por fin tenemos el estudio de Álvarez Tardío y Roberto Villa y ¿qué demuestra? Antes que nada la ratificación de la condena que ya conocemos de la revolución democrática iniciada el 14 de abril y de la República que de ella salió. Y su identificación con la crítica política de la derecha antirrepublicana de la época – sobre todo la que representaron la CEDA y su líder Gil Robles – convertida por Álvarez Tardio y Roberto Villa (en adelante ATV) en verdad historiográfica. No les reprocho que tengan una posición ideológica propia, incluso que tengan sus afinidades políticas – aunque no estoy seguro de que ellos si me reprocharían a mí – sino de que la concreción de su trabajo historiográfico esté tan sobrecargado de argumentaciones falaces, escamoteo de datos, interpretaciones insidiosas, juicios de intención y finalmente un burdo juego de prestidigitación a punto de caer en un discurso más propio de Cantinflas: no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga le damos la razón…
Como me comprometí a rectificar públicamente la interpretación que de aquella victoria del Frente Popular hice en el libro publicado hace un año por Pasado y Presente, creo que estoy obligado a puntualizar algunas de las tesis y divagaciones principales del libro de Álvarez Tardío y Villa, y manifestar porque no creo que haya de corregir lo que yo escribí. Empezando por su capítulo primero en el que en una síntesis, más que apretada simple, de la Segunda República se nos presenta una imagen edulcorada de la CEDA, donde se dice predominaba el sector más moderado – ya se vio en el éxito que las propuestas de Giménez Fernández tuvieron en el seno de su partido – y de su líder Gil Robles. Edulcoración que se manifiesta en esa presentación de la propuesta de reforma constitucional cedista tan inocente: “Anhelaban un sistema político más favorable para los católicos, querían un modelo corporativo para las relaciones laborales, hablaban de reforzar el poder ejecutivo frente a la inestabilidad y la parálisis parlamentaria y eran radicalmente antimarxistas y enemigos de la visión liberal clásica de la primacía indiscutible de los derechos individuales. Pero no eran partidarios de un régimen político que anulara las libertades de expresión, reunión y manifestación; y ni siquiera querían suprimir el Parlamento” (pág. 17) La apostilla final ilumina el sentido de esa versión. Lo disfracen o no con generalidades, la CEDA – y ya no digamos su inevitable aliado en el vuelco político que pretendían, Renovación Española – pretendían la sustitución del parlamentarismo democrático por un régimen autoritario, similar al Estado Novo de Salazar, en el que el Parlamento pasaría a ser un poder subordinado, las libertades individuales discutidas y los derechos de expresión y manifestación discriminados de acuerdo con el contenido de las correspondientes expresiones y manifestaciones. En la línea también de lo que venía desarrollando Dollfus en Austria. Y ATV se cuidan muy mucho, por cierto, de recordar las confesiones del propio Gil Robles sobre las simpatías/identidades monárquicas de los afiliados de la CEDA, de las que él no se excluía.
Ese era desde el primer momento el objetivo de Gil Robles y la razón por la que Alcalá Zamora no accedió a darle los definitivos puestos de mando del gobierno fue porque no compartía el calado de esa reforma constitucional, para cuya consecución Gil Robles había diseñado un plan progresivo que iba desde la entrada en el gobierno en minoría, el control de espacios institucionales fundamentales en una expectativa de cambio –el Ejército-, la implementación de un programa de Obras Públicas y de reconsideración de la reforma agraria – en la que había no solo la propuesta moderada de Giménez Fernández, sino la inmoderada Ley de arrendamientos rústicos – y otras mejoras materiales para culminar, cuando fuera posible, en el acceso a la jefatura del gobierno y en cualquier caso en el agotamiento de la legislatura para dar tiempo a capitalizar en beneficio de la CEDA toda esa política supuestamente regeneracionista. Alcalá Zamora no le negó la presidencia del gobierno por capricho personal, sino por antagonismo político fundamental.
No solo distorsionan el objetivo estratégico de la CEDA. ATV escamotean el contexto europeo, como si España no solo fuera diferente sino una isla ajena a lo que estaba sucediendo al Norte de los Pirineos y al Este de Mallorca; un contexto europeo que explican muchos comportamientos políticos españoles de la época, consecuencia directa de él o de la percepción que de él se tuviera. Escamotean la cuestión militar. Resulta escandaloso como se esconden los importantes cambios de Gil Robles dando el mando a significados militares enfrentados por una u otra razón con la República, conspiradores intermitentes algunos de ellos antes de 1936 y luego a partir de marzo de 1936 organizadores conscientes de una sublevación para la que asumen – si no desean, algunos – el riesgo de la guerra civil: Fanjul, Franco, Goded… Ya veremos más adelante la cuestión de las presiones militares en el invierno de 1936. Y escamotean el conflicto social; no existe para ellos más conflicto social en la República que el católico. De manera que el comportamiento de la izquierda obrera no es ninguna manifestación de conflicto social sino de la suma de ambición de poder de sus dirigentes y de la barbarie de sus bases; el movimiento obrero queda reducido a la condición de manifestación del pueblo incivilizado: intimida, violenta, se queja sin razón o exagerando las razones… El conflicto queda encorsetado en el conflicto partidario y la política reducida a su dimensión más negativa de lucha por el poder, segregada de su dimensión social. Desde esa perspectiva, para ellos la polarización del 36 fue resultado de los acontecimientos del 34 y sobre todo del hecho de que las izquierdas no lo condenaran. La insistencia en la no condena es obsesiva; pero no solo eso es una insistencia que sugiere que un nuevo octubre era, en el fondo, el plan oculto de la izquierda obrera, afirmación que no puede documentarse de ninguna manera simplemente porque no existió el plan ni la documentación que lo atestigüe (a menos que demos crédito a los documentos del “mito de la Cruzada”, del supuesto complot para convertir a España en un satélite de la URSS y otras sandeces por el estilo).
Las derechas no tienen, para ellos, arte ni parte en esa polarización. Octubre del 34 solo existe como insurrección, no existe como represión. ATV menosprecian la represión, que no se limitó al sofocamiento del levantamiento de Asturias – cruento, de brutalidad desproporcionada de cuya planificación militar fue responsable un Franco al que siempre se le exonera de sus veleidades antidemocráticas; se extendió en forma de despidos masivos de trabajadores en razón no de su acción sino de su carnet, de desahucios de campesinos arrendatarios (más de 2.000 desahucios de rabasaires en Cataluña, tirando por lo bajo), de detenciones y proceso arbitrarios como el de Azaña, de sustitución masiva de ayuntamientos electos por gestoras y por gestoras claramente partidarias, de imposición indecente y políticamente afrentosa de Pich y Pon al frente de la Generalitat intervenida. Su menosprecio llega al extremo de burlarse de la reivindicación de la amnistía que consideran injustificada porque, dicen ellos, no afectaba a 30.000 detenidos como sostenían las organizaciones obreras sino “solo” a 8.000, cifra que deducen pero no documentan.
2. Dando por buena la interpretación de Gil Robles -de que la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones fue el principio de la catástrofe que habría de desembocar en la guerra civil- ATV se aplican a la tarea de desacreditar todo lo que puedan el proceso electoral y poner en interrogantes su resultado. El ejercicio proporciona conclusiones que no están en proporción, se levantan demasiadas piras contra tan pocas herejías. Da la sensación final de que los autores hayan estado buscando un asesinato – el que invocaba Payne, el que han invocado los medios de la derecha de hoy que han jaleado su libro – que no han conseguido encontrar; ante lo cual, sin poder cumplir aquel primer objetivo lo reducen a la sospecha de un homicidio, quien sabe si imprudente incluso. En su epílogo pretenden no “animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente popular o de la República como Régimen”; pero ese debate es el que dan por sentado Payne y los comentaristas de la derecha y de hecho ellos mismos permanentemente en el libro, por más que pretendan lo contrario.
Sostienen que “nuestro estudio supone un vuelco respecto de lo que ahora sabemos” (pág. 518). ¿Dónde está el vuelco? De entrada en que “Hasta ahora la mayoría de historiadores habían proporcionado una imagen de normalidad de la jornada del día 16 que resulta bastante engañosa si no se explica la intervención de la fuerza pública. Esta se funda en el hecho cierto de que la campaña electoral había sido muy violenta, hasta el punto de registrarse un número de agresiones, muertos y heridos sin precedente en ninguna otra convocatoria electoral” aunque luego añaden, no sin dejar de contradecirse con la boca pequeña – recurso constante – que “La violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral, pero sí fue una manifestación contundente de la radicalización política” (pág. 520). Para ese viaje no era necesario alforjas; Tusell ya lo había escrito: que se produjeron incidentes, pero que nunca excedieron de los términos del conflicto del momento, ni tuvieron trascendencia significativa en el resultado. De pasada – otro recurso habitual - ATV colocan de matute una de las suyas: no hubo incidente porque hubo despliegue policía…que si no, seguro que la plebe bárbara los hubiera producido. Porque hubo disuasión previa ante la voluntad de intimidación de las izquierdas; una voluntad de intimidación que se afirma en las exposiciones descriptivas como un factor constante de interferencia en el proceso electoral, en el escrutinio y en la proclamación final y definitiva de los diputados; por más que en textos de conclusiones se reconoce sin trascendencia, excepto determinadas situaciones locales. Lo dicho un estilo de tirar la piedra y esconder la mano.
¿Campaña violenta sin parangón anterior? Para empezar el parangón se limita al período republicano y en un ejercicio flagrante de mala práctica historiográfica se elude considerar la incidencia de la violencia en los procesos electorales desde el restablecimiento del sufragio masculino universal en 1890 (no su instauración, ésta se había producido en 1868). Y en ese período republicano la comparación se hace en exclusiva con las elecciones de 1933, convertidas en referencia fundamental de limpieza electoral y, sobre todo, de resultados (los de 1933 tendrían que avalar o desacreditar los de 1936 en caso de conflicto) lo que es, cuando menos, una barbaridad estadística (tendré que repetirlo más adelante). Pues bien, en el capítulo 6, “Católicos y anarquistas. La violencia electoral” – un mejunje curioso – después de decirnos que “en la España de la Segunda República la violencia política tuvo un papel relevante”, como si no hubiera existido antes y, sobre todo, como si solo entonces hubiera sido relevante, se compara la campaña de 1933 en la que se habrían producido 27 muertos y 58 heridos graves, con la de 1936 en la que las cifras serían 41 muertos, de las que 9 ellos mismos reconocen que su condición de violencia política es dudosa, y 80 heridos graves y aprovechan, una vez más, para aludir a la intervención salvadora de la policía gracias a la cual solo se dio esa cifra abultada de heridos y no una más abultada de muertos (¿?); más adelante se nos dirá que las fuerzas de orden causaron 8 de los 41 muertos, frente a 6 causadas por derechistas, 8 por elementos del Frente Popular y 4 anarquistas (ellos asignan 6 víctimas a la acción de desconocidos que presuponen que sean en un caso de derechas y en 5 de izquierdas y suman las 5 acciones de los anarquistas al conjunto de la violencia política de la campaña, lo que es absolutamente impropio).
Dejemos fuera del comentario esa constante exoneración de los comportamientos policiales, que va contra la absoluta evidencia, y centremos en la manipulación estadística que se ha hecho para establecer una violencia política “sin parangón”; algo, la manipulación estadística, que ya practicaron en su estudio sobre la violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, aunque en aquel las trampas eran constatables (desglose de episodios en acciones, con lo que las cifras se multiplicaban) por que se daba el detalle, cosa que en esta ocasión no se hace. Aun así, queda en evidencia la manipulación. Para empezar la de los tiempo: la duración de las dos campañas fue diferente, la de 1933 fue de 40 días, la de 1936 de 47. Si hacemos la correlación, imprescindible, entre tiempo de campaña y víctimas mortales, y solo consideramos las que en efecto ellos consideran como indudablemente fruto de la violencia política, el coeficiente resultante es de hecho el mismo: el 0,675 en 1933 y el 0,680 en 1936. ¿Dónde está el salto sin parangón? En la morbosa imaginación de Álvarez Tardío y Villa. La cifra en la que si hay una diferencia sustancial es la de los heridos, pero si no se nos da el detalle de las circunstancias en las que se producen es imposible de interpretar, más allá del juicio de intención; quizás solo se pueda suponer que en 1936 los incidentes de grupo fueron más tumultuosos en 1936 que en 1933, pero eso no es en sí mismo un indicativo del nivel de violencia, sino del de movilización. Y en esto último podemos estar de acuerdo, en la campaña de 1936 hubo una mayor movilización; lo que no es malo, sino bueno desde una perspectiva democrática.
La imagen de la violencia política electoral – porque ese, electoral, es el título del capítulo – se completa con un cuadro de “Actos de violencia política”, a la manera del cuadro de la anticlerical ya citado, pero sin poder saber si hay o no desagregación de acciones de un solo incidente y que es a todas luces de una muy grosera confección. El total suma 487 “actos”, incluyendo en ellos 25 que corresponden a detenciones gubernamentales – lo cual sería muy discutible como “violencia política electoral”, o en todo caso tendría que discriminarse caso por caso – y en la que se mezclan razones políticas con razones sociales, que nada tendrían que ver, forzosamente, con la violencia electoral. Hay dos filas definidas inadecuadamente: la de “detenciones policiales con violencia (motivos socio-políticos) que suman 19 actos y “atentados políticos o socio-laborales”, 70; en ninguno de los dos casos se tenían que haber hecho semejante suma de motivos políticos, sociales y laborales en un cuadro que pretende establecer la violencia política y, además, la violencia política en campaña electoral. Esa incorporación de actos sociales o laborales ponen más que en entredicho que fueran violencia política electoral las acciones atribuidas a los anarquistas (4 muertos de una lista de 41; de los que los propios autores reconocen que 9 son por causas dudosas, que solo concretan en dos casos en los que no hay ninguna participación anarquista). ¿Tendríamos que restar también esas 4 víctimas del cómputo de la “violencia política electoral”? En la cuestiones de la violencia hay que ir con mucho más cuidado en la conceptualización y la interpretación.
Su cuadro, resumen gráfico de lo que plantean, es extravagante, incorrecto; con un resultado final desacreditado, porque se construye a partir de actos y no de episodios, porque que se mezclan en el la competencia partidaria electoral y la acción gubernamental y, sobre todo, por esa impresentable mezcla de motivos, por otra parte muy reveladora del pensamiento de los autores. El vuelco en lo conocido no resulta ni tan siquiera una ligera modificación. Pero aunque se esconda la mano que tiró la piedra, y se nos enseñe la otra – libre de pecado – la piedra ha sido tirada: la campaña que llevó al Frente Popular al poder estuvo precedida de una violencia sin parangón. Falso.
José Luis Martín Ramos (Barcelona 1948) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimiento obrero.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
José Luis Martín Ramos
1. Hace un año, en una conferencia en el CESEDEN de promoción de hecho del libro que iba a publicar, Payne anunciaba la próxima publicación de un trabajo de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, en el que según él se demostraba el fraude generalizado de las elecciones de 1936 y la evidencia de la ilegitimidad de un gobierno, el del Frente Popular, y de la República que tras todo ello había dejado de ser democrática; y apostillaba, la sublevación del 18 de julio no se había producido, por tanto, contra la democracia. Hasta ahora el estudio de Javier Tusell había establecido la línea principal de interpretación de aquellas elecciones, que consideró aceptables en las condiciones de la época y de las que se había producido un triunfo democrático innegable del Frente Popular; una línea de interpretación muy incómoda para la derecha – historiográfica y política -, que en el fondo nunca se ha sacado de encima el discurso de la ilegitimidad de la República del Frente Popular, discurso justificador antes y después de la sublevación.
Por fin tenemos el estudio de Álvarez Tardío y Roberto Villa y ¿qué demuestra? Antes que nada la ratificación de la condena que ya conocemos de la revolución democrática iniciada el 14 de abril y de la República que de ella salió. Y su identificación con la crítica política de la derecha antirrepublicana de la época – sobre todo la que representaron la CEDA y su líder Gil Robles – convertida por Álvarez Tardio y Roberto Villa (en adelante ATV) en verdad historiográfica. No les reprocho que tengan una posición ideológica propia, incluso que tengan sus afinidades políticas – aunque no estoy seguro de que ellos si me reprocharían a mí – sino de que la concreción de su trabajo historiográfico esté tan sobrecargado de argumentaciones falaces, escamoteo de datos, interpretaciones insidiosas, juicios de intención y finalmente un burdo juego de prestidigitación a punto de caer en un discurso más propio de Cantinflas: no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga le damos la razón…
Como me comprometí a rectificar públicamente la interpretación que de aquella victoria del Frente Popular hice en el libro publicado hace un año por Pasado y Presente, creo que estoy obligado a puntualizar algunas de las tesis y divagaciones principales del libro de Álvarez Tardío y Villa, y manifestar porque no creo que haya de corregir lo que yo escribí. Empezando por su capítulo primero en el que en una síntesis, más que apretada simple, de la Segunda República se nos presenta una imagen edulcorada de la CEDA, donde se dice predominaba el sector más moderado – ya se vio en el éxito que las propuestas de Giménez Fernández tuvieron en el seno de su partido – y de su líder Gil Robles. Edulcoración que se manifiesta en esa presentación de la propuesta de reforma constitucional cedista tan inocente: “Anhelaban un sistema político más favorable para los católicos, querían un modelo corporativo para las relaciones laborales, hablaban de reforzar el poder ejecutivo frente a la inestabilidad y la parálisis parlamentaria y eran radicalmente antimarxistas y enemigos de la visión liberal clásica de la primacía indiscutible de los derechos individuales. Pero no eran partidarios de un régimen político que anulara las libertades de expresión, reunión y manifestación; y ni siquiera querían suprimir el Parlamento” (pág. 17) La apostilla final ilumina el sentido de esa versión. Lo disfracen o no con generalidades, la CEDA – y ya no digamos su inevitable aliado en el vuelco político que pretendían, Renovación Española – pretendían la sustitución del parlamentarismo democrático por un régimen autoritario, similar al Estado Novo de Salazar, en el que el Parlamento pasaría a ser un poder subordinado, las libertades individuales discutidas y los derechos de expresión y manifestación discriminados de acuerdo con el contenido de las correspondientes expresiones y manifestaciones. En la línea también de lo que venía desarrollando Dollfus en Austria. Y ATV se cuidan muy mucho, por cierto, de recordar las confesiones del propio Gil Robles sobre las simpatías/identidades monárquicas de los afiliados de la CEDA, de las que él no se excluía.
Ese era desde el primer momento el objetivo de Gil Robles y la razón por la que Alcalá Zamora no accedió a darle los definitivos puestos de mando del gobierno fue porque no compartía el calado de esa reforma constitucional, para cuya consecución Gil Robles había diseñado un plan progresivo que iba desde la entrada en el gobierno en minoría, el control de espacios institucionales fundamentales en una expectativa de cambio –el Ejército-, la implementación de un programa de Obras Públicas y de reconsideración de la reforma agraria – en la que había no solo la propuesta moderada de Giménez Fernández, sino la inmoderada Ley de arrendamientos rústicos – y otras mejoras materiales para culminar, cuando fuera posible, en el acceso a la jefatura del gobierno y en cualquier caso en el agotamiento de la legislatura para dar tiempo a capitalizar en beneficio de la CEDA toda esa política supuestamente regeneracionista. Alcalá Zamora no le negó la presidencia del gobierno por capricho personal, sino por antagonismo político fundamental.
No solo distorsionan el objetivo estratégico de la CEDA. ATV escamotean el contexto europeo, como si España no solo fuera diferente sino una isla ajena a lo que estaba sucediendo al Norte de los Pirineos y al Este de Mallorca; un contexto europeo que explican muchos comportamientos políticos españoles de la época, consecuencia directa de él o de la percepción que de él se tuviera. Escamotean la cuestión militar. Resulta escandaloso como se esconden los importantes cambios de Gil Robles dando el mando a significados militares enfrentados por una u otra razón con la República, conspiradores intermitentes algunos de ellos antes de 1936 y luego a partir de marzo de 1936 organizadores conscientes de una sublevación para la que asumen – si no desean, algunos – el riesgo de la guerra civil: Fanjul, Franco, Goded… Ya veremos más adelante la cuestión de las presiones militares en el invierno de 1936. Y escamotean el conflicto social; no existe para ellos más conflicto social en la República que el católico. De manera que el comportamiento de la izquierda obrera no es ninguna manifestación de conflicto social sino de la suma de ambición de poder de sus dirigentes y de la barbarie de sus bases; el movimiento obrero queda reducido a la condición de manifestación del pueblo incivilizado: intimida, violenta, se queja sin razón o exagerando las razones… El conflicto queda encorsetado en el conflicto partidario y la política reducida a su dimensión más negativa de lucha por el poder, segregada de su dimensión social. Desde esa perspectiva, para ellos la polarización del 36 fue resultado de los acontecimientos del 34 y sobre todo del hecho de que las izquierdas no lo condenaran. La insistencia en la no condena es obsesiva; pero no solo eso es una insistencia que sugiere que un nuevo octubre era, en el fondo, el plan oculto de la izquierda obrera, afirmación que no puede documentarse de ninguna manera simplemente porque no existió el plan ni la documentación que lo atestigüe (a menos que demos crédito a los documentos del “mito de la Cruzada”, del supuesto complot para convertir a España en un satélite de la URSS y otras sandeces por el estilo).
Las derechas no tienen, para ellos, arte ni parte en esa polarización. Octubre del 34 solo existe como insurrección, no existe como represión. ATV menosprecian la represión, que no se limitó al sofocamiento del levantamiento de Asturias – cruento, de brutalidad desproporcionada de cuya planificación militar fue responsable un Franco al que siempre se le exonera de sus veleidades antidemocráticas; se extendió en forma de despidos masivos de trabajadores en razón no de su acción sino de su carnet, de desahucios de campesinos arrendatarios (más de 2.000 desahucios de rabasaires en Cataluña, tirando por lo bajo), de detenciones y proceso arbitrarios como el de Azaña, de sustitución masiva de ayuntamientos electos por gestoras y por gestoras claramente partidarias, de imposición indecente y políticamente afrentosa de Pich y Pon al frente de la Generalitat intervenida. Su menosprecio llega al extremo de burlarse de la reivindicación de la amnistía que consideran injustificada porque, dicen ellos, no afectaba a 30.000 detenidos como sostenían las organizaciones obreras sino “solo” a 8.000, cifra que deducen pero no documentan.
2. Dando por buena la interpretación de Gil Robles -de que la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones fue el principio de la catástrofe que habría de desembocar en la guerra civil- ATV se aplican a la tarea de desacreditar todo lo que puedan el proceso electoral y poner en interrogantes su resultado. El ejercicio proporciona conclusiones que no están en proporción, se levantan demasiadas piras contra tan pocas herejías. Da la sensación final de que los autores hayan estado buscando un asesinato – el que invocaba Payne, el que han invocado los medios de la derecha de hoy que han jaleado su libro – que no han conseguido encontrar; ante lo cual, sin poder cumplir aquel primer objetivo lo reducen a la sospecha de un homicidio, quien sabe si imprudente incluso. En su epílogo pretenden no “animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente popular o de la República como Régimen”; pero ese debate es el que dan por sentado Payne y los comentaristas de la derecha y de hecho ellos mismos permanentemente en el libro, por más que pretendan lo contrario.
Sostienen que “nuestro estudio supone un vuelco respecto de lo que ahora sabemos” (pág. 518). ¿Dónde está el vuelco? De entrada en que “Hasta ahora la mayoría de historiadores habían proporcionado una imagen de normalidad de la jornada del día 16 que resulta bastante engañosa si no se explica la intervención de la fuerza pública. Esta se funda en el hecho cierto de que la campaña electoral había sido muy violenta, hasta el punto de registrarse un número de agresiones, muertos y heridos sin precedente en ninguna otra convocatoria electoral” aunque luego añaden, no sin dejar de contradecirse con la boca pequeña – recurso constante – que “La violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral, pero sí fue una manifestación contundente de la radicalización política” (pág. 520). Para ese viaje no era necesario alforjas; Tusell ya lo había escrito: que se produjeron incidentes, pero que nunca excedieron de los términos del conflicto del momento, ni tuvieron trascendencia significativa en el resultado. De pasada – otro recurso habitual - ATV colocan de matute una de las suyas: no hubo incidente porque hubo despliegue policía…que si no, seguro que la plebe bárbara los hubiera producido. Porque hubo disuasión previa ante la voluntad de intimidación de las izquierdas; una voluntad de intimidación que se afirma en las exposiciones descriptivas como un factor constante de interferencia en el proceso electoral, en el escrutinio y en la proclamación final y definitiva de los diputados; por más que en textos de conclusiones se reconoce sin trascendencia, excepto determinadas situaciones locales. Lo dicho un estilo de tirar la piedra y esconder la mano.
¿Campaña violenta sin parangón anterior? Para empezar el parangón se limita al período republicano y en un ejercicio flagrante de mala práctica historiográfica se elude considerar la incidencia de la violencia en los procesos electorales desde el restablecimiento del sufragio masculino universal en 1890 (no su instauración, ésta se había producido en 1868). Y en ese período republicano la comparación se hace en exclusiva con las elecciones de 1933, convertidas en referencia fundamental de limpieza electoral y, sobre todo, de resultados (los de 1933 tendrían que avalar o desacreditar los de 1936 en caso de conflicto) lo que es, cuando menos, una barbaridad estadística (tendré que repetirlo más adelante). Pues bien, en el capítulo 6, “Católicos y anarquistas. La violencia electoral” – un mejunje curioso – después de decirnos que “en la España de la Segunda República la violencia política tuvo un papel relevante”, como si no hubiera existido antes y, sobre todo, como si solo entonces hubiera sido relevante, se compara la campaña de 1933 en la que se habrían producido 27 muertos y 58 heridos graves, con la de 1936 en la que las cifras serían 41 muertos, de las que 9 ellos mismos reconocen que su condición de violencia política es dudosa, y 80 heridos graves y aprovechan, una vez más, para aludir a la intervención salvadora de la policía gracias a la cual solo se dio esa cifra abultada de heridos y no una más abultada de muertos (¿?); más adelante se nos dirá que las fuerzas de orden causaron 8 de los 41 muertos, frente a 6 causadas por derechistas, 8 por elementos del Frente Popular y 4 anarquistas (ellos asignan 6 víctimas a la acción de desconocidos que presuponen que sean en un caso de derechas y en 5 de izquierdas y suman las 5 acciones de los anarquistas al conjunto de la violencia política de la campaña, lo que es absolutamente impropio).
Dejemos fuera del comentario esa constante exoneración de los comportamientos policiales, que va contra la absoluta evidencia, y centremos en la manipulación estadística que se ha hecho para establecer una violencia política “sin parangón”; algo, la manipulación estadística, que ya practicaron en su estudio sobre la violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, aunque en aquel las trampas eran constatables (desglose de episodios en acciones, con lo que las cifras se multiplicaban) por que se daba el detalle, cosa que en esta ocasión no se hace. Aun así, queda en evidencia la manipulación. Para empezar la de los tiempo: la duración de las dos campañas fue diferente, la de 1933 fue de 40 días, la de 1936 de 47. Si hacemos la correlación, imprescindible, entre tiempo de campaña y víctimas mortales, y solo consideramos las que en efecto ellos consideran como indudablemente fruto de la violencia política, el coeficiente resultante es de hecho el mismo: el 0,675 en 1933 y el 0,680 en 1936. ¿Dónde está el salto sin parangón? En la morbosa imaginación de Álvarez Tardío y Villa. La cifra en la que si hay una diferencia sustancial es la de los heridos, pero si no se nos da el detalle de las circunstancias en las que se producen es imposible de interpretar, más allá del juicio de intención; quizás solo se pueda suponer que en 1936 los incidentes de grupo fueron más tumultuosos en 1936 que en 1933, pero eso no es en sí mismo un indicativo del nivel de violencia, sino del de movilización. Y en esto último podemos estar de acuerdo, en la campaña de 1936 hubo una mayor movilización; lo que no es malo, sino bueno desde una perspectiva democrática.
La imagen de la violencia política electoral – porque ese, electoral, es el título del capítulo – se completa con un cuadro de “Actos de violencia política”, a la manera del cuadro de la anticlerical ya citado, pero sin poder saber si hay o no desagregación de acciones de un solo incidente y que es a todas luces de una muy grosera confección. El total suma 487 “actos”, incluyendo en ellos 25 que corresponden a detenciones gubernamentales – lo cual sería muy discutible como “violencia política electoral”, o en todo caso tendría que discriminarse caso por caso – y en la que se mezclan razones políticas con razones sociales, que nada tendrían que ver, forzosamente, con la violencia electoral. Hay dos filas definidas inadecuadamente: la de “detenciones policiales con violencia (motivos socio-políticos) que suman 19 actos y “atentados políticos o socio-laborales”, 70; en ninguno de los dos casos se tenían que haber hecho semejante suma de motivos políticos, sociales y laborales en un cuadro que pretende establecer la violencia política y, además, la violencia política en campaña electoral. Esa incorporación de actos sociales o laborales ponen más que en entredicho que fueran violencia política electoral las acciones atribuidas a los anarquistas (4 muertos de una lista de 41; de los que los propios autores reconocen que 9 son por causas dudosas, que solo concretan en dos casos en los que no hay ninguna participación anarquista). ¿Tendríamos que restar también esas 4 víctimas del cómputo de la “violencia política electoral”? En la cuestiones de la violencia hay que ir con mucho más cuidado en la conceptualización y la interpretación.
Su cuadro, resumen gráfico de lo que plantean, es extravagante, incorrecto; con un resultado final desacreditado, porque se construye a partir de actos y no de episodios, porque que se mezclan en el la competencia partidaria electoral y la acción gubernamental y, sobre todo, por esa impresentable mezcla de motivos, por otra parte muy reveladora del pensamiento de los autores. El vuelco en lo conocido no resulta ni tan siquiera una ligera modificación. Pero aunque se esconda la mano que tiró la piedra, y se nos enseñe la otra – libre de pecado – la piedra ha sido tirada: la campaña que llevó al Frente Popular al poder estuvo precedida de una violencia sin parangón. Falso.
José Luis Martín Ramos (Barcelona 1948) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimiento obrero.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
P.D.: Un intento más de justificar lo injustificable, el levantamiento armado contra la legalidad republicana y los asesinatos de todos aquellos que siguieron fieles a la República, durante la contienda y los 40 años de cruel dictadura,
jueves, 31 de marzo de 2016
Gilbert Grellet: “No ayudar a la República en 1936 fue un error”. El periodista y escritor francés sostiene que París y Londres podrían haber cambiado el curso de la historia de haber actuado contra la sublevación militar en España
París y Londres podrían haber cambiado el curso de la historia de haber apoyado en el verano de 1936 a la República Española contra la sublevación militar. ¿Por qué no lo hicieron? Es la cuestión que el periodista y escritor francés Gilbert Grellet plantea en su libro, de reciente aparición, Un été impardonnable (un verano imperdonable; editorial Albin Michel). “Fue una enorme injusticia”, dice Grellet en un café de París. “El Gobierno español democrático tenía todo el derecho a comprar armas para defenderse”. Mientras los golpistas contaron de manera inmediata con la ayuda de Adolf Hitler y Benito Mussolini, los Gobiernos de Francia y Reino Unido se entregaban a una política de no intervención para evitar la guerra en Europa y el avance de Moscú. Es la razón por la cual Grellet considera no solo que París y Londres (además, de Washington) obraron injustamente, sino que se equivocaron de estrategia.
“Algunos dirán: ‘imperdonable’ es una palabra fuerte”, ha escrito el primer ministro francés Manuel Valls prologando este libro. “Sí. Es fuerte. Pero justa”. Valls ocupa hoy el palacio de Matignon y utiliza la misma mesa de Léon Blum, un hombre clave de esta historia, que abandonó a su suerte al Gobierno español a pesar de sus firmes convicciones socialistas y democráticas. “Blum perdió parte de su alma”, dice Grellet sobre su posición acerca de la guerra civil española.
PREGUNTA. Dice usted que Lise London es la persona que le animó a escribir este libro.
RESPUESTA. Sí. Lise London es una francesa de origen español (su apellido era Ricol) a la que conocí hace 10 años, cuando asistía a una reunión de las Brigadas Internacionales en Madrid con motivo del 70º aniversario del inicio de la Guerra Civil. Hablamos de su historia [luchó en la Resistencia y fue capturada por los nazis] y de las Brigadas Internacionales, pero me dijo que a ella lo que le interesaba era el asunto “imperdonable” de la no intervención de las democracias occidentales. Como ve, ella misma me dio el título. Es un asunto que retomé ya de vuelta en París, en 2012, cuando Lise London murió.
P. Usted destaca en su libro la brutalidad de los primeros meses de la guerra.
R. En su momento me interesó especialmente el libro del historiador Francisco Espinosa sobre la columna de la muerte, la de los legionarios y moros que salieron de Sevilla en los primeros días de agosto para subir a Madrid pasando por Extremadura y Toledo. Fue terrible.
P. Hace usted un muy duro retrato de Léon Blum, un político tan apreciado en Francia.
R. Es verdad. Blum es un hombre interesante que ocupa un importante lugar en la historia de Francia. Fue el presidente del Consejo del Gobierno del Frente Popular e hizo muchas cosas desde el punto de vista social, como la limitación de la jornada laboral a 40 horas semanales o el derecho a las vacaciones pagadas. Con respecto a España, sin embargo, fue un desastre. Estaba muy influido por el Quai d’Orsay [el Ministerio de Exteriores] y ahí estaba Alexis Leger, secretario general del Ministerio, que consideraba que no se podía hacer nada sin el acuerdo de los ingleses, que defendían la política de distensión. En Londres influyeron mucho Stanley Baldwin [primer ministro], Anthony Eden [secretario de Estado de Asuntos Extranjeros] y también Winston Churchill, que no estaba entonces en el Gobierno, pero ejercía una gran influencia en los círculos conservadores. Publicaba un artículo semanal en el Evening Standard en el que criticaba de una manera sistemática al Gobierno republicano español, al que tachaba de comunista y bolchevique, lo que no era cierto. Churchill creía al principio que era más fácil entenderse con Hitler que con Stalin y era muy amigo de Blum. Le visitaba siempre que venía a Francia. Fue en una de esas reuniones cuando le aconsejó: “Keep out of Spain”.
P. Llega usted a decir que Blum perdió su alma por no ayudar a la República Española.
R. Sí, porque finalmente fue una enorme injusticia no ayudar a un Gobierno amigo, socialista, que tenía todo el derecho a comprar armas para defenderse de los militares. Perdió su alma y al mismo tiempo se equivocó, porque, si se hubiera aliado con los ingleses para oponerse a Hitler, quizá habría evitado la Segunda Guerra Mundial. Fue el mismo error que se cometió con la ocupación de Renania en marzo de 1936.
P. En descargo de Blum cuenta usted que era judío y que la presión de la prensa de la derecha era enorme. Dice incluso que ningún político del siglo XX ha sido tan calumniado como él.
R. No creo que ser judío fuera un factor importante en este caso. Fue más bien la presión de la prensa de la derecha, como Acción Francesa, un periódico que fue muy agresivo contra él. Hay que tener en cuenta que la derecha y la extrema derecha francesas flirteaban con Hitler y Mussolini y preferían que Franco ganara la guerra.
P. A finales de la Guerra Civil, tanto Churchill como el presidente americano Roosevelt reconocieron haberse equivocado. ¿Nunca hizo Blum lo mismo?
R. Nunca admitió su error. Siempre dijo que gracias a la no intervención se había evitado la guerra, lo que no fue cierto.
P. Usted fue el jefe de France Presse en España durante cinco años, de 2005 a 2010. Supongo que durante ese tiempo también comprendió que la Guerra Civil y la división social seguían muy presentes en la sociedad española.
R. Exacto. En aquellos años se debatía la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que quedó descafeinada, y se produjo la caída de Garzón, que a mí me pareció un disparate. Un juez que había sido tan importante en la persecución de Pinochet, expulsado de la magistratura por querer investigar los crímenes del franquismo. ¿Cómo era posible?
P. ¿Cree que España sigue sin tener superada esa etapa de su historia?
R. Adoro España y no quiero criticar a ese país, pero tuve esa impresión hace 10 años y ahora recuerdo aquello cuando veo que la alcaldesa de Madrid quiere aplicar la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, desechar los símbolos franquistas. La pregunta es por qué los anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, no hicieron nada entre 2007 y 2015.
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/11/babelia/1457720199_544614.html?rel=lom
“Algunos dirán: ‘imperdonable’ es una palabra fuerte”, ha escrito el primer ministro francés Manuel Valls prologando este libro. “Sí. Es fuerte. Pero justa”. Valls ocupa hoy el palacio de Matignon y utiliza la misma mesa de Léon Blum, un hombre clave de esta historia, que abandonó a su suerte al Gobierno español a pesar de sus firmes convicciones socialistas y democráticas. “Blum perdió parte de su alma”, dice Grellet sobre su posición acerca de la guerra civil española.
PREGUNTA. Dice usted que Lise London es la persona que le animó a escribir este libro.
RESPUESTA. Sí. Lise London es una francesa de origen español (su apellido era Ricol) a la que conocí hace 10 años, cuando asistía a una reunión de las Brigadas Internacionales en Madrid con motivo del 70º aniversario del inicio de la Guerra Civil. Hablamos de su historia [luchó en la Resistencia y fue capturada por los nazis] y de las Brigadas Internacionales, pero me dijo que a ella lo que le interesaba era el asunto “imperdonable” de la no intervención de las democracias occidentales. Como ve, ella misma me dio el título. Es un asunto que retomé ya de vuelta en París, en 2012, cuando Lise London murió.
P. Usted destaca en su libro la brutalidad de los primeros meses de la guerra.
R. En su momento me interesó especialmente el libro del historiador Francisco Espinosa sobre la columna de la muerte, la de los legionarios y moros que salieron de Sevilla en los primeros días de agosto para subir a Madrid pasando por Extremadura y Toledo. Fue terrible.
P. Hace usted un muy duro retrato de Léon Blum, un político tan apreciado en Francia.
R. Es verdad. Blum es un hombre interesante que ocupa un importante lugar en la historia de Francia. Fue el presidente del Consejo del Gobierno del Frente Popular e hizo muchas cosas desde el punto de vista social, como la limitación de la jornada laboral a 40 horas semanales o el derecho a las vacaciones pagadas. Con respecto a España, sin embargo, fue un desastre. Estaba muy influido por el Quai d’Orsay [el Ministerio de Exteriores] y ahí estaba Alexis Leger, secretario general del Ministerio, que consideraba que no se podía hacer nada sin el acuerdo de los ingleses, que defendían la política de distensión. En Londres influyeron mucho Stanley Baldwin [primer ministro], Anthony Eden [secretario de Estado de Asuntos Extranjeros] y también Winston Churchill, que no estaba entonces en el Gobierno, pero ejercía una gran influencia en los círculos conservadores. Publicaba un artículo semanal en el Evening Standard en el que criticaba de una manera sistemática al Gobierno republicano español, al que tachaba de comunista y bolchevique, lo que no era cierto. Churchill creía al principio que era más fácil entenderse con Hitler que con Stalin y era muy amigo de Blum. Le visitaba siempre que venía a Francia. Fue en una de esas reuniones cuando le aconsejó: “Keep out of Spain”.
P. Llega usted a decir que Blum perdió su alma por no ayudar a la República Española.
R. Sí, porque finalmente fue una enorme injusticia no ayudar a un Gobierno amigo, socialista, que tenía todo el derecho a comprar armas para defenderse de los militares. Perdió su alma y al mismo tiempo se equivocó, porque, si se hubiera aliado con los ingleses para oponerse a Hitler, quizá habría evitado la Segunda Guerra Mundial. Fue el mismo error que se cometió con la ocupación de Renania en marzo de 1936.
P. En descargo de Blum cuenta usted que era judío y que la presión de la prensa de la derecha era enorme. Dice incluso que ningún político del siglo XX ha sido tan calumniado como él.
R. No creo que ser judío fuera un factor importante en este caso. Fue más bien la presión de la prensa de la derecha, como Acción Francesa, un periódico que fue muy agresivo contra él. Hay que tener en cuenta que la derecha y la extrema derecha francesas flirteaban con Hitler y Mussolini y preferían que Franco ganara la guerra.
P. A finales de la Guerra Civil, tanto Churchill como el presidente americano Roosevelt reconocieron haberse equivocado. ¿Nunca hizo Blum lo mismo?
R. Nunca admitió su error. Siempre dijo que gracias a la no intervención se había evitado la guerra, lo que no fue cierto.
P. Usted fue el jefe de France Presse en España durante cinco años, de 2005 a 2010. Supongo que durante ese tiempo también comprendió que la Guerra Civil y la división social seguían muy presentes en la sociedad española.
R. Exacto. En aquellos años se debatía la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que quedó descafeinada, y se produjo la caída de Garzón, que a mí me pareció un disparate. Un juez que había sido tan importante en la persecución de Pinochet, expulsado de la magistratura por querer investigar los crímenes del franquismo. ¿Cómo era posible?
P. ¿Cree que España sigue sin tener superada esa etapa de su historia?
R. Adoro España y no quiero criticar a ese país, pero tuve esa impresión hace 10 años y ahora recuerdo aquello cuando veo que la alcaldesa de Madrid quiere aplicar la Ley de Memoria Histórica y, por tanto, desechar los símbolos franquistas. La pregunta es por qué los anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, no hicieron nada entre 2007 y 2015.
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/11/babelia/1457720199_544614.html?rel=lom
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