José Luis Martín Ramos
1. Hace un año, en una conferencia en el CESEDEN de promoción de hecho del libro que iba a publicar, Payne anunciaba la próxima publicación de un trabajo de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, en el que según él se demostraba el fraude generalizado de las elecciones de 1936 y la evidencia de la ilegitimidad de un gobierno, el del Frente Popular, y de la República que tras todo ello había dejado de ser democrática; y apostillaba, la sublevación del 18 de julio no se había producido, por tanto, contra la democracia. Hasta ahora el estudio de Javier Tusell había establecido la línea principal de interpretación de aquellas elecciones, que consideró aceptables en las condiciones de la época y de las que se había producido un triunfo democrático innegable del Frente Popular; una línea de interpretación muy incómoda para la derecha – historiográfica y política -, que en el fondo nunca se ha sacado de encima el discurso de la ilegitimidad de la República del Frente Popular, discurso justificador antes y después de la sublevación.
Por fin tenemos el estudio de Álvarez Tardío y Roberto Villa y ¿qué demuestra? Antes que nada la ratificación de la condena que ya conocemos de la revolución democrática iniciada el 14 de abril y de la República que de ella salió. Y su identificación con la crítica política de la derecha antirrepublicana de la época – sobre todo la que representaron la CEDA y su líder Gil Robles – convertida por Álvarez Tardio y Roberto Villa (en adelante ATV) en verdad historiográfica. No les reprocho que tengan una posición ideológica propia, incluso que tengan sus afinidades políticas – aunque no estoy seguro de que ellos si me reprocharían a mí – sino de que la concreción de su trabajo historiográfico esté tan sobrecargado de argumentaciones falaces, escamoteo de datos, interpretaciones insidiosas, juicios de intención y finalmente un burdo juego de prestidigitación a punto de caer en un discurso más propio de Cantinflas: no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga le damos la razón…
Como me comprometí a rectificar públicamente la interpretación que de aquella victoria del Frente Popular hice en el libro publicado hace un año por Pasado y Presente, creo que estoy obligado a puntualizar algunas de las tesis y divagaciones principales del libro de Álvarez Tardío y Villa, y manifestar porque no creo que haya de corregir lo que yo escribí. Empezando por su capítulo primero en el que en una síntesis, más que apretada simple, de la Segunda República se nos presenta una imagen edulcorada de la CEDA, donde se dice predominaba el sector más moderado – ya se vio en el éxito que las propuestas de Giménez Fernández tuvieron en el seno de su partido – y de su líder Gil Robles. Edulcoración que se manifiesta en esa presentación de la propuesta de reforma constitucional cedista tan inocente: “Anhelaban un sistema político más favorable para los católicos, querían un modelo corporativo para las relaciones laborales, hablaban de reforzar el poder ejecutivo frente a la inestabilidad y la parálisis parlamentaria y eran radicalmente antimarxistas y enemigos de la visión liberal clásica de la primacía indiscutible de los derechos individuales. Pero no eran partidarios de un régimen político que anulara las libertades de expresión, reunión y manifestación; y ni siquiera querían suprimir el Parlamento” (pág. 17) La apostilla final ilumina el sentido de esa versión. Lo disfracen o no con generalidades, la CEDA – y ya no digamos su inevitable aliado en el vuelco político que pretendían, Renovación Española – pretendían la sustitución del parlamentarismo democrático por un régimen autoritario, similar al Estado Novo de Salazar, en el que el Parlamento pasaría a ser un poder subordinado, las libertades individuales discutidas y los derechos de expresión y manifestación discriminados de acuerdo con el contenido de las correspondientes expresiones y manifestaciones. En la línea también de lo que venía desarrollando Dollfus en Austria. Y ATV se cuidan muy mucho, por cierto, de recordar las confesiones del propio Gil Robles sobre las simpatías/identidades monárquicas de los afiliados de la CEDA, de las que él no se excluía.
Ese era desde el primer momento el objetivo de Gil Robles y la razón por la que Alcalá Zamora no accedió a darle los definitivos puestos de mando del gobierno fue porque no compartía el calado de esa reforma constitucional, para cuya consecución Gil Robles había diseñado un plan progresivo que iba desde la entrada en el gobierno en minoría, el control de espacios institucionales fundamentales en una expectativa de cambio –el Ejército-, la implementación de un programa de Obras Públicas y de reconsideración de la reforma agraria – en la que había no solo la propuesta moderada de Giménez Fernández, sino la inmoderada Ley de arrendamientos rústicos – y otras mejoras materiales para culminar, cuando fuera posible, en el acceso a la jefatura del gobierno y en cualquier caso en el agotamiento de la legislatura para dar tiempo a capitalizar en beneficio de la CEDA toda esa política supuestamente regeneracionista. Alcalá Zamora no le negó la presidencia del gobierno por capricho personal, sino por antagonismo político fundamental.
No solo distorsionan el objetivo estratégico de la CEDA. ATV escamotean el contexto europeo, como si España no solo fuera diferente sino una isla ajena a lo que estaba sucediendo al Norte de los Pirineos y al Este de Mallorca; un contexto europeo que explican muchos comportamientos políticos españoles de la época, consecuencia directa de él o de la percepción que de él se tuviera. Escamotean la cuestión militar. Resulta escandaloso como se esconden los importantes cambios de Gil Robles dando el mando a significados militares enfrentados por una u otra razón con la República, conspiradores intermitentes algunos de ellos antes de 1936 y luego a partir de marzo de 1936 organizadores conscientes de una sublevación para la que asumen – si no desean, algunos – el riesgo de la guerra civil: Fanjul, Franco, Goded… Ya veremos más adelante la cuestión de las presiones militares en el invierno de 1936. Y escamotean el conflicto social; no existe para ellos más conflicto social en la República que el católico. De manera que el comportamiento de la izquierda obrera no es ninguna manifestación de conflicto social sino de la suma de ambición de poder de sus dirigentes y de la barbarie de sus bases; el movimiento obrero queda reducido a la condición de manifestación del pueblo incivilizado: intimida, violenta, se queja sin razón o exagerando las razones… El conflicto queda encorsetado en el conflicto partidario y la política reducida a su dimensión más negativa de lucha por el poder, segregada de su dimensión social. Desde esa perspectiva, para ellos la polarización del 36 fue resultado de los acontecimientos del 34 y sobre todo del hecho de que las izquierdas no lo condenaran. La insistencia en la no condena es obsesiva; pero no solo eso es una insistencia que sugiere que un nuevo octubre era, en el fondo, el plan oculto de la izquierda obrera, afirmación que no puede documentarse de ninguna manera simplemente porque no existió el plan ni la documentación que lo atestigüe (a menos que demos crédito a los documentos del “mito de la Cruzada”, del supuesto complot para convertir a España en un satélite de la URSS y otras sandeces por el estilo).
Las derechas no tienen, para ellos, arte ni parte en esa polarización. Octubre del 34 solo existe como insurrección, no existe como represión. ATV menosprecian la represión, que no se limitó al sofocamiento del levantamiento de Asturias – cruento, de brutalidad desproporcionada de cuya planificación militar fue responsable un Franco al que siempre se le exonera de sus veleidades antidemocráticas; se extendió en forma de despidos masivos de trabajadores en razón no de su acción sino de su carnet, de desahucios de campesinos arrendatarios (más de 2.000 desahucios de rabasaires en Cataluña, tirando por lo bajo), de detenciones y proceso arbitrarios como el de Azaña, de sustitución masiva de ayuntamientos electos por gestoras y por gestoras claramente partidarias, de imposición indecente y políticamente afrentosa de Pich y Pon al frente de la Generalitat intervenida. Su menosprecio llega al extremo de burlarse de la reivindicación de la amnistía que consideran injustificada porque, dicen ellos, no afectaba a 30.000 detenidos como sostenían las organizaciones obreras sino “solo” a 8.000, cifra que deducen pero no documentan.
2. Dando por buena la interpretación de Gil Robles -de que la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones fue el principio de la catástrofe que habría de desembocar en la guerra civil- ATV se aplican a la tarea de desacreditar todo lo que puedan el proceso electoral y poner en interrogantes su resultado. El ejercicio proporciona conclusiones que no están en proporción, se levantan demasiadas piras contra tan pocas herejías. Da la sensación final de que los autores hayan estado buscando un asesinato – el que invocaba Payne, el que han invocado los medios de la derecha de hoy que han jaleado su libro – que no han conseguido encontrar; ante lo cual, sin poder cumplir aquel primer objetivo lo reducen a la sospecha de un homicidio, quien sabe si imprudente incluso. En su epílogo pretenden no “animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente popular o de la República como Régimen”; pero ese debate es el que dan por sentado Payne y los comentaristas de la derecha y de hecho ellos mismos permanentemente en el libro, por más que pretendan lo contrario.
Sostienen que “nuestro estudio supone un vuelco respecto de lo que ahora sabemos” (pág. 518). ¿Dónde está el vuelco? De entrada en que “Hasta ahora la mayoría de historiadores habían proporcionado una imagen de normalidad de la jornada del día 16 que resulta bastante engañosa si no se explica la intervención de la fuerza pública. Esta se funda en el hecho cierto de que la campaña electoral había sido muy violenta, hasta el punto de registrarse un número de agresiones, muertos y heridos sin precedente en ninguna otra convocatoria electoral” aunque luego añaden, no sin dejar de contradecirse con la boca pequeña – recurso constante – que “La violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral, pero sí fue una manifestación contundente de la radicalización política” (pág. 520). Para ese viaje no era necesario alforjas; Tusell ya lo había escrito: que se produjeron incidentes, pero que nunca excedieron de los términos del conflicto del momento, ni tuvieron trascendencia significativa en el resultado. De pasada – otro recurso habitual - ATV colocan de matute una de las suyas: no hubo incidente porque hubo despliegue policía…que si no, seguro que la plebe bárbara los hubiera producido. Porque hubo disuasión previa ante la voluntad de intimidación de las izquierdas; una voluntad de intimidación que se afirma en las exposiciones descriptivas como un factor constante de interferencia en el proceso electoral, en el escrutinio y en la proclamación final y definitiva de los diputados; por más que en textos de conclusiones se reconoce sin trascendencia, excepto determinadas situaciones locales. Lo dicho un estilo de tirar la piedra y esconder la mano.
¿Campaña violenta sin parangón anterior? Para empezar el parangón se limita al período republicano y en un ejercicio flagrante de mala práctica historiográfica se elude considerar la incidencia de la violencia en los procesos electorales desde el restablecimiento del sufragio masculino universal en 1890 (no su instauración, ésta se había producido en 1868). Y en ese período republicano la comparación se hace en exclusiva con las elecciones de 1933, convertidas en referencia fundamental de limpieza electoral y, sobre todo, de resultados (los de 1933 tendrían que avalar o desacreditar los de 1936 en caso de conflicto) lo que es, cuando menos, una barbaridad estadística (tendré que repetirlo más adelante). Pues bien, en el capítulo 6, “Católicos y anarquistas. La violencia electoral” – un mejunje curioso – después de decirnos que “en la España de la Segunda República la violencia política tuvo un papel relevante”, como si no hubiera existido antes y, sobre todo, como si solo entonces hubiera sido relevante, se compara la campaña de 1933 en la que se habrían producido 27 muertos y 58 heridos graves, con la de 1936 en la que las cifras serían 41 muertos, de las que 9 ellos mismos reconocen que su condición de violencia política es dudosa, y 80 heridos graves y aprovechan, una vez más, para aludir a la intervención salvadora de la policía gracias a la cual solo se dio esa cifra abultada de heridos y no una más abultada de muertos (¿?); más adelante se nos dirá que las fuerzas de orden causaron 8 de los 41 muertos, frente a 6 causadas por derechistas, 8 por elementos del Frente Popular y 4 anarquistas (ellos asignan 6 víctimas a la acción de desconocidos que presuponen que sean en un caso de derechas y en 5 de izquierdas y suman las 5 acciones de los anarquistas al conjunto de la violencia política de la campaña, lo que es absolutamente impropio).
Dejemos fuera del comentario esa constante exoneración de los comportamientos policiales, que va contra la absoluta evidencia, y centremos en la manipulación estadística que se ha hecho para establecer una violencia política “sin parangón”; algo, la manipulación estadística, que ya practicaron en su estudio sobre la violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, aunque en aquel las trampas eran constatables (desglose de episodios en acciones, con lo que las cifras se multiplicaban) por que se daba el detalle, cosa que en esta ocasión no se hace. Aun así, queda en evidencia la manipulación. Para empezar la de los tiempo: la duración de las dos campañas fue diferente, la de 1933 fue de 40 días, la de 1936 de 47. Si hacemos la correlación, imprescindible, entre tiempo de campaña y víctimas mortales, y solo consideramos las que en efecto ellos consideran como indudablemente fruto de la violencia política, el coeficiente resultante es de hecho el mismo: el 0,675 en 1933 y el 0,680 en 1936. ¿Dónde está el salto sin parangón? En la morbosa imaginación de Álvarez Tardío y Villa. La cifra en la que si hay una diferencia sustancial es la de los heridos, pero si no se nos da el detalle de las circunstancias en las que se producen es imposible de interpretar, más allá del juicio de intención; quizás solo se pueda suponer que en 1936 los incidentes de grupo fueron más tumultuosos en 1936 que en 1933, pero eso no es en sí mismo un indicativo del nivel de violencia, sino del de movilización. Y en esto último podemos estar de acuerdo, en la campaña de 1936 hubo una mayor movilización; lo que no es malo, sino bueno desde una perspectiva democrática.
La imagen de la violencia política electoral – porque ese, electoral, es el título del capítulo – se completa con un cuadro de “Actos de violencia política”, a la manera del cuadro de la anticlerical ya citado, pero sin poder saber si hay o no desagregación de acciones de un solo incidente y que es a todas luces de una muy grosera confección. El total suma 487 “actos”, incluyendo en ellos 25 que corresponden a detenciones gubernamentales – lo cual sería muy discutible como “violencia política electoral”, o en todo caso tendría que discriminarse caso por caso – y en la que se mezclan razones políticas con razones sociales, que nada tendrían que ver, forzosamente, con la violencia electoral. Hay dos filas definidas inadecuadamente: la de “detenciones policiales con violencia (motivos socio-políticos) que suman 19 actos y “atentados políticos o socio-laborales”, 70; en ninguno de los dos casos se tenían que haber hecho semejante suma de motivos políticos, sociales y laborales en un cuadro que pretende establecer la violencia política y, además, la violencia política en campaña electoral. Esa incorporación de actos sociales o laborales ponen más que en entredicho que fueran violencia política electoral las acciones atribuidas a los anarquistas (4 muertos de una lista de 41; de los que los propios autores reconocen que 9 son por causas dudosas, que solo concretan en dos casos en los que no hay ninguna participación anarquista). ¿Tendríamos que restar también esas 4 víctimas del cómputo de la “violencia política electoral”? En la cuestiones de la violencia hay que ir con mucho más cuidado en la conceptualización y la interpretación.
Su cuadro, resumen gráfico de lo que plantean, es extravagante, incorrecto; con un resultado final desacreditado, porque se construye a partir de actos y no de episodios, porque que se mezclan en el la competencia partidaria electoral y la acción gubernamental y, sobre todo, por esa impresentable mezcla de motivos, por otra parte muy reveladora del pensamiento de los autores. El vuelco en lo conocido no resulta ni tan siquiera una ligera modificación. Pero aunque se esconda la mano que tiró la piedra, y se nos enseñe la otra – libre de pecado – la piedra ha sido tirada: la campaña que llevó al Frente Popular al poder estuvo precedida de una violencia sin parangón. Falso.
José Luis Martín Ramos (Barcelona 1948) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimiento obrero.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
P.D.: Un intento más de justificar lo injustificable, el levantamiento armado contra la legalidad republicana y los asesinatos de todos aquellos que siguieron fieles a la República, durante la contienda y los 40 años de cruel dictadura,
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