_- La familia de uno de los asesinados con Lorca intenta que Estraburgo deje de mirar a otro lado en los crímenes del franquismo

_- Por Álvaro Sánchez Castrillo | 23/08/2021 | España

Granada, 5 de septiembre de 1936. Ha pasado ya algo más de un mes desde el golpe de Estado contra la Segunda República y el Boletín Oficial de la Provincia sigue echando humo. El gobernador civil emite una circular con la vista puesta en los maestros de la zona. «En cuanto tengan conocimiento de esta circular, harán entrega de la escuela a la autoridad municipal correspondiente y desalojarán la casa vivienda que se les tuviera asignada o cesarán en el percibo de indemnización de habitación, con efectos del primero de agosto», reza el escrito. Más de una treintena de nombres forman parte de esa lista de depuración. Entre ellos, el de Dióscoro Galindo. Sin embargo, el profesor nunca llevaría a cabo esa entrega. Y no lo haría porque había sido asesinado diecisiete días antes. Sus restos nunca aparecieron. Ahora, ochenta y cinco años después, la familia se agarra a Estrasburgo como última esperanza para su localización. Una instancia que, sin embargo, siempre ha mirado hacia otro lado con las víctimas del franquismo.

Galindo ni era granadino ni su primera opción fue la enseñanza. Nacido en Ciguñuela (Valladolid) en 1877, comenzó estudiando Veterinaria en Madrid. Sin embargo, tras perder una pierna en un accidente sufrido con un tranvía el hijo de Clemente y Marcelina decidió regresar al pueblo. Fue entonces cuando empezó a estudiar para maestro. Su primer destino fue en Uribarri Harana (Araba), al que le siguió, con un sueldo de 825 pesetas anuales, Aia (Gipuzkoa). «Luego fue pidiendo traslados», cuenta al otro lado del teléfono su nieta adoptiva Nieves García. En su hoja de servicios constan lugares como Algete (Madrid), Tejina (Tenerife) o Daimiel (Ciudad Real). Y así, tras pasar previamente por los municipios sevillanos de Osuna y Santiponce e Íllora (Granada), recaló en el que sería su último destino. El 1 de noviembre de 1934, el maestro tomó posesión en la localidad granadina de Pulianas. «Era una buena persona. No solo daba clases a sus alumnos, también enseñaba a personas mayores», apunta García.

Y llegaron las elecciones de febrero de 1936, en las que el maestro participó activamente. A fin de evitar un fraude por parte de los caciques del pueblo, decidió representar al Frente Popular en la mesa electoral. Cinco meses después, tras el golpe de Estado, los militares se presentaron en su casa. Primero fue un registro. A la segunda, se lo llevaron. Su hijo Antonio no dudó en agarrar la bicicleta y comenzó a seguirles. «Le apuntaron y le dijeron que o se largaba o llevaría el mismo camino», cuenta su hija. El muchacho, que no podía hacer mucho más, regresó a casa con su madre Juliana y sus dos hermanas. Es la última vez que le vio con vida. Pocas horas después, fue asesinado. La nieta lo define como un maestro «de enseñanza liberal, no creyente». «Hizo una labor pésima enseñando a los niños cosas contra la religión diciéndoles que no existe dios», se recoge en un informe elaborado por el cura del pueblo que se incorporó al expediente de depuración de Galindo, ese en cuya resolución final consta escrita a lápiz la palabra «fusilado».

Dióscoro podría ser solo uno más de esos casi 60.000 profesores que se estima que fueron depurados durante el franquismo. Sin embargo, su historia cuenta con un elemento especial que le ha otorgado gran reconocimiento público. Porque Galindo fue una de las personas que acompañó al poeta Federico García Lorca en sus últimas horas de vida. Con el autor de Romancero Gitano o La Casa de Bernarda Alba coincidió en el Gobierno Civil o en La Colonia, antiguo molino convertido por los golpistas en cárcel provisional. Y fue asesinado junto a él y un par de banderilleros que pertenecían a la CNT –Francisco Galadí y Juan Arcollas– en el trayecto entre Víznar y Alfacar. Pero ochenta y cinco años después, los restos de todos ellos siguen desaparecidos. Los diferentes intentos por localizarlos terminaron fracasando. «Mi padre siempre dijo que antes todo aquello era un olivar. Ahora, solo hay pinos. La tierra se ha removido en todas estas décadas«, resume García.

El arqueólogo Javier Navarro participó en uno de esos intentos fallidos. «Removimos más de 4.500 metros cúbicos de tierra para llegar al nivel del suelo original», cuenta. Solo encontraron los restos de una bala mauser y un casquillo de Mosin-Nagant, de fabricación soviética. Un hilo del que, dice, está tirando ahora después de descubrir «un documento» de un espía en Argel durante la Guerra de Marruecos en el que informaba de la llegada de un barco desde San Petersburgo con armamento y munición para Abd el-Krim. «Estamos viendo documentalmente si además de mauser llegaron también Mosin-Nagant, porque cuando Abd el-Krim se rinde se envió ese material al Parque de Artillería de Granada», desliza el arqueólogo. La hipótesis es que esa munición, que encontraron durante los trabajos que realizaron en la zona, podría haber sido la que se utilizó en el asesinato del poeta.

Pero, ¿Dónde pueden estar entonces los restos en la actualidad? Una posibilidad, dice, podría ser el Barranco de Víznar, un lugar repleto de fosas comunes. Otra hipótesis que se ha puesto sobre la mesa, añade, es que su cadáver fuera exhumado y el resto arrojados a ese paraje natural. En la batalla actual, García, que fue acogida por los Galindo cuando solo tenías tres días de vida, está sola. Arcollas, dice, no tuvo descendientes. El hijo de Galadí decidió dejarlo tras el primer intento porque «su madre estaba padeciendo mucho». Y los Lorca siempre se han mostrado en contra de que se busquen sus restos. Pero ella está decidida a continuar luchando por localizar a su abuelo y tener un lugar al que poder ir a depositar un ramo de flores. Ahora, su mirada está puesta en un punto a 500 metros de donde se realizaron los primeros trabajos de búsqueda. Por los testimonios recogidos, ahí podría hallarse la fosa. «Pero tampoco es algo que sepamos a ciencia cierta», concede la nieta del maestro.

Sin «oportunidad» de ser compensados «por el daño sufrido»
A finales de diciembre de 2019, García interpuso una denuncia para que se investigara por la vía penal el asesinato de su abuelo. Lo hizo poniendo sobre la mesa una entrevista telefónica que Víctor Fernández Puertas, periodista e investigador de la figura del poeta, hizo a quien fuera en la década de los ochenta diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Granada. En ella, el político explicaba que en las obras que se realizaron en 1986 en el Parque Federico García Lorca –uno de los enclaves en los que se han centrado los trabajos de búsqueda– apareció un fémur completo que echaron a otra finca. Sin embargo, el juez dio carpetazo al asunto al entender que el autor de los asesinatos tendría más de cien años, que faltaba determinación de la persona concreta contra la que se dirigía la acción penal y que la Ley de Amnistía de 1977 constituía causa de extinción de la responsabilidad penal.

Recurrió, sin éxito, ante la Audiencia Provincial de Granada. Y luego puso el asunto en manos del Tribunal Constitucional. De nuevo, chocaron contra un muro. «[Se rechaza el recurso por] no apreciar en el mismo la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere», recogía la resolución. Ahora, con todas las puertas cerradas, García agota su última bala ante Europa. Este miércoles, ha registrado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es su última esperanza. En ella, denuncia que se ha violado su derecho a un proceso equitativo, a un recurso efectivo y los artículos que hacen referencia a la prohibición de discriminación y de abuso de derecho. «El Estado viola su obligación de investigar de forma efectiva (…) cuando tras el descubrimiento de restos con signos de muerte violenta las autoridades rechazan iniciar/abrir un proceso penal sobre la base de ‘ausencia de los elementos constitutivos del crimen», recoge el escrito.

«Los familiares de las víctimas no han tenido oportunidad alguna de ser compensados por el daño sufrido», señalan los demandantes. Eduardo Ranz, el abogado que ha llevado el caso, explica al otro lado del teléfono que no están buscando «enjuiciar culpables», sino que la justicia española «cumpla su deber de investigar y esclarecer los hechos». Esos trabajos, dice, son «fundamentales» para poder saber qué ocurrió, cómo sucedió y dónde se encuentran los restos de todas estas personas que sufrieron la brutalidad del régimen franquista. «Es increíble que lo único que se nos dijera es que fuéramos a la jurisdicción voluntaria, que es algo que no podemos hacer desde 2015», asevera el letrado, que reconoce que todas las esperanzas están puestas al otro lado de la frontera española, en esa institución que se encarga de proteger los derechos humanos.

Estrasburgo, un muro infranqueable
No será sencillo. Y no lo será porque, en lo referente a las víctimas del franquismo, Estrasburgo siempre ha mirado por el momento hacia otro lado. «Todos los intentos que se han producido hasta ahora han sido rechazados», recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El primer golpe llegó en abril de 2012, cuando el TEDH decidió inadmitir la demanda que presentaron la hija y el nieto del diputado socialista por Málaga Luis Dorado Luque, detenido el 18 de julio de 1936 y del que no volvió a saberse nada diez días después. Lo hizo al entender que se había presentado «fuera de plazo». No obstante, la resolución ya dejaba claro que no había margen para abordar aquellos hechos ocurridos antes de la adopción (1950) y posterior ratificación por España de la Convención Europea de Derechos Humanos (1979).

La inadmisión se conoció pocos días después de que en España el Supremo dictaminase que no cabía investigar penalmente los crímenes del franquismo por la ley de amnistía. Tras el varapalo en el caso de Dorado Luque, vinieron más. En julio, se inadmitieron demandas similares de UGT y Carmen Negrín –nieta del último presidente del Gobierno de la Segunda República– por el cerrojazo de los tribunales en relación con los actos de naturaleza genocida cometidos en España. En noviembre de 2012, queda guardado en un cajón de Estrasburgo el caso de Fausto Canales, a cuyo padre Valerio hicieron desaparecer el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila), algo que los tribunales españoles jamás llegaron a investigar. Y a comienzos de 2013 el de Fernando León, cuyos padres fueron detenidos «por escuadras fascistas» en 1936 y nunca más volvieron a aparecer. Sus intentos de que se investigase en suelo español siempre fueron rechazados.

La nieta del maestro, sin embargo, alberga cierta esperanza. Espera poder abrir una grieta en un muro que hasta el momento ha sido infranqueable. No solo por ella, sino también por tantas y tantas familias que todavía, en la actualidad, siguen buscando desesperadamente a sus seres queridos. «Los años no pasan en balde», dice. No llega a comprender cómo es posible que en una democracia asentada desde hace décadas todos ellos se vean obligados a buscar ayuda lejos de nuestras fronteras. Y hasta que no se levante esta losa, poco se podrá avanzar. «Mientras no podamos resolver esta situación, nunca se podrá estudiar la historia de España como realmente fue», sentencia.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/08/19/dioscoro_123669_1012.html

_- La mayor barbarie (crímen de guerra contra civiles indefensos aún sin juzgar) del franquismo. El Centro Andaluz de la Fotografía revisa la masacre de civiles que huyeron de Málaga en 1937. El nuevo Gobierno regional despide al director que programó la muestra.

_- El infame bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor en abril de 1937 se convirtió enseguida —y definitivamente gracias al célebre cuadro de Picasso— en el eje principal de la denuncia ante la opinión pública internacional tanto de la barbarie franquista como de la participación de las potencias nazi-fascistas en la Guerra Civil mientras las democracias europeas se encogían de hombros.

Aquella atrocidad relegaría a un segundo plano, hasta sumirlo en un casi absoluto olvido, al que probablemente constituya el mayor crimen de guerra del franquismo. Solo dos meses antes, en febrero, la caída de Málaga en poder del ejército sublevado lanzó a la carretera hacia Almería a decenas de miles de refugiados. Con la colaboración de fuerzas italianas y alemanas, los buques de la escuadra rebelde los bombardearon desde el mar mientras la aviación ametrallaba a la multitud. En palabras de Queipo de Llano, “para acompañarlos en la huida y hacerles correr más aprisa” (se mofaban criminalmente de los indefensos, eso eran valores cristianos?).

El Centro Andaluz de la Fotografía presenta la exposición Taro y Capa en el frente de Málaga. Las fotografías de las brigadas internacionales, comisariada por Fernando Alcalde de la ARMH 14 de Abril. Se inaugura el viernes 12 de julio a las 20.30 y se podrá visitar hasta el 29 de septiembre de 2019.

Muestran, por primera vez, las imágenes tomadas en el viaje que emprendieron Robert Capa y Gerda Taro desde Almería hasta Calahonda (Motril) acompañando al Batallón Tschapaiew de la XIII Brigada Internacional durante la contraofensiva republicana en La Desbandá (febrero de 1937).

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ARMH 14 de Abril 

Colabora: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Concebida como una operación de propaganda a mayor gloria del golpismo y sus aliados, no existen apenas más imágenes que las realizadas por reporteros empotrados que las divulgaron en las principales revistas ilustradas europeas y los noticieros cinematográficos de la época. Solo las pocas fotografías del folleto del médico canadiense Norman Bethune, El crimen del camino Málaga-Almería, están hechas desde el lado de las víctimas y recogen el éxodo. Aparte, se conocían las firmadas por Robert Capa, tomadas ya en una Almería bajo el shock del bombardeo especialmente cruel del 12 de febrero, con la ciudad desbordada por la presencia de alrededor de 300.000 personas refugiadas.

Recientemente, y casi con cuentagotas, han ido viendo la luz más documentos gráficos relacionados con este episodio y que obligan a un replanteamiento de la autoría de la obra producida por el famoso fotógrafo y por Gerda Taro, demasiado tiempo despachada como “la novia de Robert Capa”. Las fotografías de ambos, publicadas en las revistas francesas Regards y Ce Soir, la alemana Die Volks-Illustrierte y la checoslovaca Španělsko, además de la documentación del contrataque del batallón Chapaiev de la XIII Brigada Internacional en la costa de Almería y Granada, constituyen el núcleo de la exposición Taro y Capa en el frente de Málaga. Las fotografías de las Brigadas Internacionales. Este valioso material procede del International ­Center of Photography de Nueva York, la Bibliothèque Nationale de France, el Archivo de la Resistencia Austriaca en Viena, los Archives Nationales de France y el legado del escritor y brigadista Alfred Kantorowicz en Hamburgo.

Comisariada por Fernando Alcalde, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 14 de Abril, la exposición representa una ocasión idónea para la reflexión acerca del papel que en la construcción de la memoria colectiva y, a la postre, de nuestra identidad desempeñan las producciones culturales —y en concreto, la fotografía—. Qué y cómo se difunde y se consume. O, todo lo contrario, se silencia.

La muestra puede verse en el Centro Andaluz de la Fotografía, en Almería. A la inauguración, el pasado 12 de julio, en contra de lo habitual, no asistió el director del centro.

El CAF fue creado en 1992 y, por primera vez desde su fundación, su dirección fue adjudicada en 2017 en un concurso público, por un jurado de profesionales y siguiendo el código de buenas prácticas. Pero habiendo escasamente superado la mitad de los cuatro años de duración del contrato, este ha sido rescindido, y su titular, Rafael Doctor, despedido.

La razón aducida es la desaparición de la dirección de Programas de Fotografía, de la que depende el CAF. La mesa sectorial del arte contemporáneo español —que congrega asociaciones de artistas y comisarios, de coleccionistas, docentes o galeristas— ha respondido contundentemente, denunciando la supresión de una de las escasas instituciones dedicadas en España al ámbito de la fotografía y condenando la inaceptable injerencia política que implica esta medida de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Al frente de dicha Consejería se encuentra desde el pasado mes de enero la veterana militante del PP y experta en derecho comunitario Patricia del Pozo. Glosando su nombramiento, la prensa más afín destacó su gusto por el flamenco, “al que su padre es un gran aficionado”, o las corridas de toros. En esa línea cabe interpretarse su anuncio de “declarar bien de interés cultural las rehalas y la montería” o el de una “ley del flamenco”. En todo caso, el grueso de la gestión de la cultura andaluza ha ido a recaer en un cargo de nuevo cuño, el secretario general de Innovación Cultural y Museos, con el que, no menos sorprendentemente, ha sido agraciado el empresario cántabro Fernando Francés García, célebre por los continuos enredos, siempre al límite de la (i)legalidad, que provoca la porosidad con que concibe el lucro propio y la administración de los recursos públicos. A fin de cuentas, el modelo que el neoliberalismo sueña: sacrificarlo todo en el altar de los intereses de la libérrima y soberana empresa. Incluidas las instituciones públicas.

Es digna de admirarse la soltura con que el poder político simultanea, ambidiestro, la autoritaria censura de corte tradicional, propia de los regímenes dictatoriales, con su enmascaramiento tras subterfugios tecnoburocráticos de interminables reestructuraciones en nombre de una “optimización” de nunca queda claro exactamente qué. Una maraña entre la que se ve alejarse el improbable día del fin de esta querencia por una anomalía que se revela, ¡ay!, tan española.

En medio de un paisaje sometido a una violenta mutación —de un lado, una clónica y banal arquitectura turística; del otro, la arrolladora generalización de la agricultura intensiva–, no es fácil reconocer aquella carretera de 1937. En la Nacional 340 entre Málaga y Almería, abandonada hoy en muchos de sus tramos, no atruenan las bombas impeliendo al viajero a “ir más deprisa”: una moderna autovía le permite dejar cómodamente de lado las paradas y vistas indeseadas. Con la misma eficacia con que nuestros gestores político-culturales se desviven por ahorrarnos los siempre fastidiosos guernicas aún pendientes.

Taro y Capa en el frente de Málaga. Centro Andaluz de la Fotografía. Almería. Hasta el 29 de septiembre.

https://elpais.com/cultura/2019/07/19/babelia/1563555485_082094.html

Así es ‘El silencio de otros’, el documental sobre los crímenes del franquismo. Tráiler del filme de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que ganó los premios de la Paz y el del Público de los documentales en la pasada Berlinale.

Fue, claramente, uno de los grandes filmes de la pasada Berlinale, donde ganó los premios de la Paz otorgado por la Fundación Heinrich Böll y el del público entre los documentales de la sección Panorama.

El silencio de los otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, es también el máximo favorito en el Goya de su categoría, gracias a su impecable narración de los crímenes del franquismo.

El filme, producido por El Deseo, es una inmersión a ese legado del mal, a través de los desaparecidos de la Guerra Civil (aún hay 100.000 cadáveres en fosas comunes esperando a ser exhumados), los torturados durante el franquismo y los miles de casos de niños robados, arrebatados a sus madres con mentiras incluso aún a inicios de los años ochenta.

A estos crímenes les unen dos condiciones: que son delitos de lesa humanidad —al menos así los consideran en casi todas las naciones, excepto en España— y que han sido investigados a través de una querella interpuesta en Argentina y tramitada por la juez María Servini ante el silencio obtenido por las víctimas en España, excepción hecha de la investigación del magistrado Baltasar Garzón.

 

Un documental repasa los crímenes franquistas y pide justicia. En 'Lesa humanitat', una sucesión de afectados por los perjuicios del franquismo echan en falta que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se preguntaba el pasado 30 de noviembre por qué se le había cambiado el nombre a la calle de Pontevedra dedicada al almirante Salvador Moreno, participante en el golpe de Estado de 1936 y ministro de Marina durante los primeros años del franquismo.

De esta supuesta falta de conocimiento o del querer ignorar la ley de la memoria histórica, del silencio que lleva más de 80 años acompañando a buena parte de los crímenes del franquismo y de la necesidad de difundir esa realidad surge Lesa humanitat, el documental dirigido por Héctor Faver y narrado por el actor Eduard Fernández, que se puede ver en dos salas de cine a partir de hoy en Barcelona y del viernes, en Madrid.

Es una película coral con las voces de Soledad Luque, presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados son También mis Niños; Carlos Slepoy, abogado impulsor de una jurisdicción universal que instruyó en Argentina la querella de las víctimas del franquismo; Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica; el jurista Baltasar Garzón y José María Chato Galante, preso y torturado durante la dictadura, entre otros. Todos ellas hilan un discurso común sobre las asignaturas pendientes que dejó el paso de la dictadura a la democracia, como los crímenes franquistas. “La Transición fue como si el aparato de Estado franquista pasase por un cristal como un rayo de sol, sin romperlo, sin manchar”, dice Chato Galante, que cifra en unos 140.000 los desaparecidos del franquismo.

Las mismas torturas
Este represaliado del franquismo recuerda que cuando estuvo en Argentina, en la tristemente famosa ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), y alguno de los allí torturados le contaba sus experiencias, no podía más que rememorar las palizas y castigos que él recibía en España. Eran muy similares. Una razón más para sostener que la justicia debe ser universal, apunta.

La película repasa conocidos crímenes de lesa humanidad en el mundo, como los cometidos por los comunistas de los Jemeres Rojos en Camboya, y vincula, por ejemplo, el nazismo con el franquismo y las dictaduras latinoamericanas. Además, Soledad Luque sitúa el precedente del robo de recién nacidos en España a la práctica franquista de quitar los hijos a las madres republicanas encarceladas.

https://elpais.com/cultura/2017/12/18/actualidad/1513627148_355524.html

El apoyo de juristas y observadores internacionales a Baltasar Garzón

¿Cómo situamos este juicio en el marco internacional? ¿A qué derechos de las víctimas de los genocidios nazi y fascista puede afectar? ¿A quién anima en el continente que se autoproclama defensor de los Derechos humanos? ¿Y, fuera del continente, tenemos en cuenta las violaciones que vienen realizando EEUU e Israel? ¿Es posible el revisionismo histórico en Europa por parte de los genocidas? ¿Se está en España en la lucha entre franquismo y democracia desde 1936?

Por lo que se refiere al Estado español, el problema dela Memoria Histórica cruza el corazón del presente. Estar a favor de Garzón o en contra desde posiciones de izquierda deja de ser lo primero si nos ponemos ante el significado de su juicio. Los franquistas se felicitan y se premian ante el procesamiento. El juicio a Garzón es el resorte franquista (“No consiento que en mi presencia se hable mal de Franco”, declara Juan Carlos de Borbón) para atemorizar y corregir la tendencia social de condena de los crímenes franquistas y llevar a sus responsables a juicio. El propósito de los fascistas es aferrarse a los órganos de poder para que todo siga atado y bien atado. Pero los Crímenes de Lesa Humanidad no prescriben, y hay tribunales internacionales que los persiguen, y sabemos que más pronto que tarde van a ser juzgados.

Prestigiosos juristas y observadores internacionales relacionados con los Derechos Humanos siguen sumándose a numerosas declaraciones de apoyo al juez Baltasar Garzón. Tras nuevas manifestaciones de la ciudadanía en su defensa y en protesta por los juicios de la vergüenza, Crónica Popular recoge algunas de las opiniones y argumentos en pro de los derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional que se están produciendo.

María Ángeles Siemens. Directora general del Comité Español del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y presidenta dela Asociación de Derechos Civiles.

“Forma parte del Derecho Internacional y de los derechos humanos el reconocimiento y la reparación a las víctimas. En el juicio a Garzón no se discute su argumento, sino la defensa del Derecho Internacional. Hasta ahora el Tribunal Supremo se ha negado a escuchar a las víctimas del franquismo, algo insólito.”

Manuel Ollé. Presidente dela Asociación Pro Derechos Humanos de España.
“Desde la independencia que representamos no entendemos cómo se puede abrir la causa contra Garzón cuando los crímenes del franquismo son de lesa humanidad. España tiene obligaciones claras con el Derecho Internacional.”

Alicia Moreno. Abogada e integrante del Comité Coordinador de Rights Internacional Spain
“En un auto del 28 de mayo de 2009, en Granada, el juez de aquel auto declaró que eran crímenes contra la humanidad. Nadie le denunció. El 15 de abril de 2009 se dictó otro auto en los mismos términos. El 2 de julio de 2009 otro juez abre un auto similar declarando que los crímenes del franquismo son crímenes contra la humanidad. Luego Garzón no es el único que juzga estos crímenes, pero si es el único que va a ser juzgado.

El Tribunal Supremo olvida que al militar argentino Adolfo Scilingo la Audiencia Nacional le juzgó y condenó a 640 años de cárcel por crímenes contra la humanidad; que en 2003, en el caso Guatemala, también juzgó por crímenes contra el Derecho Internacional. Debe saber que el ministerio fiscal avala los juicios contra los cambios sobre los campos de exterminio nazi, y el juicio de Nuremberg es uno de los seguidos.

El juez instructor del juicio a Garzón parece desconocer lo expuesto aquí diciendo que juzgar los crímenes franquistas es propio de una imaginación exacerbada por parte de Garzón.”

Hugo Relva. Consejero jurídico de Amnistía Internacional.
“Está clara la imprescriptibilidad de los crímenes franquistas. España es parte de la Convención de 1999 sobre el Derecho en/de los Tratados dela ONU, y todo tratado firmado por un Estado debe ser cumplido, y no puede (Artículo 27) no cumplir basándose en su derecho interno. La prescripción de los crímenes de lesa humanidad no es autorizada por el Derecho Internacional. Los crímenes contra el Derecho Internacional no prescriben.”

Reed Brody. Portavoz de Huwman Right Watch.
“Es la primera vez que en un país dela UE es juzgado un juez por aplicar los Derechos Humanos. Si eso ocurriese en países de Oriente la reacción sería inmediata. “La independencia de jueces y abogados no es un fin sino un medio”, ha declarado el Ministro de Justicia brasileño. ¿Las víctimas del franquismo tienen menos derechos que las víctimas del pinochetismo? En Naciones Unidas los relatores han declarado que para proteger a la sociedad debe protegerse la independencia de los jueces, para lo que deben contar con cierto grado de inmunidad; la respuesta a una sentencia es la invalidación de la sentencia. Procesar a un juez conduce a la timidez de los jueces. El mensaje que envían los que juzgan a Garzón es que el juez que incomoda sufre represalias. No se puede aceptar que se impida la aplicación del Derecho Internacional.

Aquí no han dejado ver y sentir la repercusión internacional para mantener oculta ante el pueblo la importancia de los crímenes franquistas y las denuncias internacionales, y de esa manera tratan de evitar que repercuta en la sociedad”. Ramón Pedregal Casanova. Crónica Popular- Fuente: http://www.cronicapopular.es/?p=7553

"La sentencia ha caído como una bomba allá, acá y en todo el mundo". La prensa internacional recoge las reacciones a la inhabilitación del juez Garzón.

Declaraciones y comunicados de Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH sobre nuestro país en general, aquí.

Y sobre lo que considera la doble vulneración de la independencia judicial en el juicio contra el juez Garzón por el T. Supremo, aquí.

Más: El Congreso recibe la recomendación de la ONU de tipificar la desaparición forzosa.

Los grupos de la izquierda se quejan del parón en la aplicación de la ley de Memoria Histórica.

Garzón vuelve al banquillo, ahora por investigar los crímenes franquistas

La defensa pedirá que se le aplique la 'doctrina Botín' para que no siga el juicio.

El juez Baltasar Garzón volverá mañana al Palacio del Tribunal Supremo para ocupar por segunda vez el banquillo de los acusados y ser sometido a juicio por su investigación de los crímenes del franquismo. Esta vez se enfrenta a la pena máxima prevista para el delito de prevaricación, 20 años de inhabilitación que pide para él el pseudosindicato Manos Limpias, del ultraderechista Miguel Bernard.

El juicio arrastra muchas pasiones y las organizaciones de la Memoria Histórica están decidas a respaldar a Garzón y a hacerse notar con concentraciones y movilizaciones de protesta contra el juicio. Amnistía Internacional (AI) se anticipó el pasado viernes con un comunicado en el que considera "escandaloso" que se juzgue por prevaricación una "investigación de violaciones de derechos humanos".

Garzón tendrá que volver al banquillo sin conocer la sentencia de las escuchas Gürtel, que puede tardar todavía en hacerse pública. Según fuentes del Supremo, el juicio de las escuchas le ha salido a Garzón mejor de lo esperado. Salió indemne y hasta reforzado del interrogatorio de la acusación; los policías de la brigada antiblanqueo respaldaron su versión de que las escuchas eran la única manera de evitar el blanqueo desde la prisión a través de determinados abogados y de que dio instrucciones para preservar el derecho de defensa. Por añadidura, la calidad jurídica de los informes de los fiscales Antolín Herrero y Pilar Fernández Valcárcel y el discurso del abogado defensor, Francisco Baena, van a obligar a los magistrados a tener que aquilatar...

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