_- La familia de uno de los asesinados con Lorca intenta que Estraburgo deje de mirar a otro lado en los crímenes del franquismo

_- Por Álvaro Sánchez Castrillo | 23/08/2021 | España

Granada, 5 de septiembre de 1936. Ha pasado ya algo más de un mes desde el golpe de Estado contra la Segunda República y el Boletín Oficial de la Provincia sigue echando humo. El gobernador civil emite una circular con la vista puesta en los maestros de la zona. «En cuanto tengan conocimiento de esta circular, harán entrega de la escuela a la autoridad municipal correspondiente y desalojarán la casa vivienda que se les tuviera asignada o cesarán en el percibo de indemnización de habitación, con efectos del primero de agosto», reza el escrito. Más de una treintena de nombres forman parte de esa lista de depuración. Entre ellos, el de Dióscoro Galindo. Sin embargo, el profesor nunca llevaría a cabo esa entrega. Y no lo haría porque había sido asesinado diecisiete días antes. Sus restos nunca aparecieron. Ahora, ochenta y cinco años después, la familia se agarra a Estrasburgo como última esperanza para su localización. Una instancia que, sin embargo, siempre ha mirado hacia otro lado con las víctimas del franquismo.

Galindo ni era granadino ni su primera opción fue la enseñanza. Nacido en Ciguñuela (Valladolid) en 1877, comenzó estudiando Veterinaria en Madrid. Sin embargo, tras perder una pierna en un accidente sufrido con un tranvía el hijo de Clemente y Marcelina decidió regresar al pueblo. Fue entonces cuando empezó a estudiar para maestro. Su primer destino fue en Uribarri Harana (Araba), al que le siguió, con un sueldo de 825 pesetas anuales, Aia (Gipuzkoa). «Luego fue pidiendo traslados», cuenta al otro lado del teléfono su nieta adoptiva Nieves García. En su hoja de servicios constan lugares como Algete (Madrid), Tejina (Tenerife) o Daimiel (Ciudad Real). Y así, tras pasar previamente por los municipios sevillanos de Osuna y Santiponce e Íllora (Granada), recaló en el que sería su último destino. El 1 de noviembre de 1934, el maestro tomó posesión en la localidad granadina de Pulianas. «Era una buena persona. No solo daba clases a sus alumnos, también enseñaba a personas mayores», apunta García.

Y llegaron las elecciones de febrero de 1936, en las que el maestro participó activamente. A fin de evitar un fraude por parte de los caciques del pueblo, decidió representar al Frente Popular en la mesa electoral. Cinco meses después, tras el golpe de Estado, los militares se presentaron en su casa. Primero fue un registro. A la segunda, se lo llevaron. Su hijo Antonio no dudó en agarrar la bicicleta y comenzó a seguirles. «Le apuntaron y le dijeron que o se largaba o llevaría el mismo camino», cuenta su hija. El muchacho, que no podía hacer mucho más, regresó a casa con su madre Juliana y sus dos hermanas. Es la última vez que le vio con vida. Pocas horas después, fue asesinado. La nieta lo define como un maestro «de enseñanza liberal, no creyente». «Hizo una labor pésima enseñando a los niños cosas contra la religión diciéndoles que no existe dios», se recoge en un informe elaborado por el cura del pueblo que se incorporó al expediente de depuración de Galindo, ese en cuya resolución final consta escrita a lápiz la palabra «fusilado».

Dióscoro podría ser solo uno más de esos casi 60.000 profesores que se estima que fueron depurados durante el franquismo. Sin embargo, su historia cuenta con un elemento especial que le ha otorgado gran reconocimiento público. Porque Galindo fue una de las personas que acompañó al poeta Federico García Lorca en sus últimas horas de vida. Con el autor de Romancero Gitano o La Casa de Bernarda Alba coincidió en el Gobierno Civil o en La Colonia, antiguo molino convertido por los golpistas en cárcel provisional. Y fue asesinado junto a él y un par de banderilleros que pertenecían a la CNT –Francisco Galadí y Juan Arcollas– en el trayecto entre Víznar y Alfacar. Pero ochenta y cinco años después, los restos de todos ellos siguen desaparecidos. Los diferentes intentos por localizarlos terminaron fracasando. «Mi padre siempre dijo que antes todo aquello era un olivar. Ahora, solo hay pinos. La tierra se ha removido en todas estas décadas«, resume García.

El arqueólogo Javier Navarro participó en uno de esos intentos fallidos. «Removimos más de 4.500 metros cúbicos de tierra para llegar al nivel del suelo original», cuenta. Solo encontraron los restos de una bala mauser y un casquillo de Mosin-Nagant, de fabricación soviética. Un hilo del que, dice, está tirando ahora después de descubrir «un documento» de un espía en Argel durante la Guerra de Marruecos en el que informaba de la llegada de un barco desde San Petersburgo con armamento y munición para Abd el-Krim. «Estamos viendo documentalmente si además de mauser llegaron también Mosin-Nagant, porque cuando Abd el-Krim se rinde se envió ese material al Parque de Artillería de Granada», desliza el arqueólogo. La hipótesis es que esa munición, que encontraron durante los trabajos que realizaron en la zona, podría haber sido la que se utilizó en el asesinato del poeta.

Pero, ¿Dónde pueden estar entonces los restos en la actualidad? Una posibilidad, dice, podría ser el Barranco de Víznar, un lugar repleto de fosas comunes. Otra hipótesis que se ha puesto sobre la mesa, añade, es que su cadáver fuera exhumado y el resto arrojados a ese paraje natural. En la batalla actual, García, que fue acogida por los Galindo cuando solo tenías tres días de vida, está sola. Arcollas, dice, no tuvo descendientes. El hijo de Galadí decidió dejarlo tras el primer intento porque «su madre estaba padeciendo mucho». Y los Lorca siempre se han mostrado en contra de que se busquen sus restos. Pero ella está decidida a continuar luchando por localizar a su abuelo y tener un lugar al que poder ir a depositar un ramo de flores. Ahora, su mirada está puesta en un punto a 500 metros de donde se realizaron los primeros trabajos de búsqueda. Por los testimonios recogidos, ahí podría hallarse la fosa. «Pero tampoco es algo que sepamos a ciencia cierta», concede la nieta del maestro.

Sin «oportunidad» de ser compensados «por el daño sufrido»
A finales de diciembre de 2019, García interpuso una denuncia para que se investigara por la vía penal el asesinato de su abuelo. Lo hizo poniendo sobre la mesa una entrevista telefónica que Víctor Fernández Puertas, periodista e investigador de la figura del poeta, hizo a quien fuera en la década de los ochenta diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Granada. En ella, el político explicaba que en las obras que se realizaron en 1986 en el Parque Federico García Lorca –uno de los enclaves en los que se han centrado los trabajos de búsqueda– apareció un fémur completo que echaron a otra finca. Sin embargo, el juez dio carpetazo al asunto al entender que el autor de los asesinatos tendría más de cien años, que faltaba determinación de la persona concreta contra la que se dirigía la acción penal y que la Ley de Amnistía de 1977 constituía causa de extinción de la responsabilidad penal.

Recurrió, sin éxito, ante la Audiencia Provincial de Granada. Y luego puso el asunto en manos del Tribunal Constitucional. De nuevo, chocaron contra un muro. «[Se rechaza el recurso por] no apreciar en el mismo la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere», recogía la resolución. Ahora, con todas las puertas cerradas, García agota su última bala ante Europa. Este miércoles, ha registrado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es su última esperanza. En ella, denuncia que se ha violado su derecho a un proceso equitativo, a un recurso efectivo y los artículos que hacen referencia a la prohibición de discriminación y de abuso de derecho. «El Estado viola su obligación de investigar de forma efectiva (…) cuando tras el descubrimiento de restos con signos de muerte violenta las autoridades rechazan iniciar/abrir un proceso penal sobre la base de ‘ausencia de los elementos constitutivos del crimen», recoge el escrito.

«Los familiares de las víctimas no han tenido oportunidad alguna de ser compensados por el daño sufrido», señalan los demandantes. Eduardo Ranz, el abogado que ha llevado el caso, explica al otro lado del teléfono que no están buscando «enjuiciar culpables», sino que la justicia española «cumpla su deber de investigar y esclarecer los hechos». Esos trabajos, dice, son «fundamentales» para poder saber qué ocurrió, cómo sucedió y dónde se encuentran los restos de todas estas personas que sufrieron la brutalidad del régimen franquista. «Es increíble que lo único que se nos dijera es que fuéramos a la jurisdicción voluntaria, que es algo que no podemos hacer desde 2015», asevera el letrado, que reconoce que todas las esperanzas están puestas al otro lado de la frontera española, en esa institución que se encarga de proteger los derechos humanos.

Estrasburgo, un muro infranqueable
No será sencillo. Y no lo será porque, en lo referente a las víctimas del franquismo, Estrasburgo siempre ha mirado por el momento hacia otro lado. «Todos los intentos que se han producido hasta ahora han sido rechazados», recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El primer golpe llegó en abril de 2012, cuando el TEDH decidió inadmitir la demanda que presentaron la hija y el nieto del diputado socialista por Málaga Luis Dorado Luque, detenido el 18 de julio de 1936 y del que no volvió a saberse nada diez días después. Lo hizo al entender que se había presentado «fuera de plazo». No obstante, la resolución ya dejaba claro que no había margen para abordar aquellos hechos ocurridos antes de la adopción (1950) y posterior ratificación por España de la Convención Europea de Derechos Humanos (1979).

La inadmisión se conoció pocos días después de que en España el Supremo dictaminase que no cabía investigar penalmente los crímenes del franquismo por la ley de amnistía. Tras el varapalo en el caso de Dorado Luque, vinieron más. En julio, se inadmitieron demandas similares de UGT y Carmen Negrín –nieta del último presidente del Gobierno de la Segunda República– por el cerrojazo de los tribunales en relación con los actos de naturaleza genocida cometidos en España. En noviembre de 2012, queda guardado en un cajón de Estrasburgo el caso de Fausto Canales, a cuyo padre Valerio hicieron desaparecer el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila), algo que los tribunales españoles jamás llegaron a investigar. Y a comienzos de 2013 el de Fernando León, cuyos padres fueron detenidos «por escuadras fascistas» en 1936 y nunca más volvieron a aparecer. Sus intentos de que se investigase en suelo español siempre fueron rechazados.

La nieta del maestro, sin embargo, alberga cierta esperanza. Espera poder abrir una grieta en un muro que hasta el momento ha sido infranqueable. No solo por ella, sino también por tantas y tantas familias que todavía, en la actualidad, siguen buscando desesperadamente a sus seres queridos. «Los años no pasan en balde», dice. No llega a comprender cómo es posible que en una democracia asentada desde hace décadas todos ellos se vean obligados a buscar ayuda lejos de nuestras fronteras. Y hasta que no se levante esta losa, poco se podrá avanzar. «Mientras no podamos resolver esta situación, nunca se podrá estudiar la historia de España como realmente fue», sentencia.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/08/19/dioscoro_123669_1012.html