A raíz de la denuncia contra el Gobierno español ante Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su incumplimiento de la ley que lo obliga a regular el otorgamiento de licencias de radio y televisión a medios comunitarios el periodista Pascual Serrano señala en su blog ‘otrasmiradas” que “Los diferentes gobiernos españoles han ido invirtiendo más o menos dinero en los medios estatales y concediendo más o menos licencias radioeléctricas para los medios privados (sobre todo en función de su afinidad ideológica), pero han ido conteniendo a los medios comunitarios, sabedores de que en ellos podía encontrarse la línea colectiva y periodística más crítica y más difícilmente manejable.
El desprecio es tal que, incluso en la ley audiovisual antes citada de 2010 donde se les da reconocimiento, se aclara que “salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica”.
Es decir, los medios comunitarios deberán, por ley, ser precarios y humildes, con mínimo presupuesto y capacidad, para no crearle competencia a las empresas comerciales. Es debido a ese límite de facturación que no pueden generar empleo, de hecho, solo el 22% de estos medios tienen a alguna persona contratada.
Vale la pena contrastar esta situación con la legislada en esos países latinoamericanos a los que nuestros medios privados tanto han presentado como depredadores de la libertad de expresión. En países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Uruguay la legislación dividió las licencias de emisión en tres tercios: un tercio para los medios del Estado, un tercio para los medios privados comerciales y otro tercio para los colectivos comunitarios. Estos últimos, en un amplio espectro que incluye grupos indígenas, sindicales, vecinales… contaban, además, con gran cantidad de recursos públicos que iban desde locales a capacitación, apoyo tecnológico o publicidad institucional.
La gran mayoría de esos medios comunitarios, con una calidad técnica muy dispar, han proporcionado a la ciudadanía un lugar donde expresarse, una visión de los acontecimientos diferente a las líneas comerciales de los privados y una independencia del gobierno que ha sido reconocida por la sociedad.
Mientras tanto, en España, los medios comunitarios, quienes representan, con sus limitaciones pero también con su grandeza, la vitalidad de una sociedad organizada y preocupada por la información han sido en el mejor de los casos despreciados e ignorados y en otros muchos perseguidos y cerrados. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión en España. Una decena son televisiones. En ellos, unas 5.000 personas producen contenidos sin ánimo de lucro. Estos medios se encuentran hoy en una situación de alegalidad, bajo la amenaza de un cierre arbitrario por parte de la Administración, que sabe que es la única forma que tiene de intentar lograr su sumisión editorial.
Ahora el gobierno español tiene seis meses para responder a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estén tranquilos, la gran mayoría de los medios privados, especialmente las radios y televisiones que acaparan las licencias, no nos contaran lo que vaya sucediendo.
Leer:
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13013/sabias-que-la-onu-investiga-a-espana-por-negar-la-legalizacion-a-200-medios-de-comunicacion/
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sábado, 7 de abril de 2018
sábado, 16 de abril de 2016
Scotland Yard pidió disculpas e indemnizó a siete mujeres que denunciaron traumas por compartir relaciones con agentes infiltrados
La policía británica ha pedido disculpas e indemnizado a siete mujeres que mantuvieron relaciones con agentes infiltrados en los grupos de activismo político en los que ellas militaban. Estas mujeres, cuyas protestas siempre fueron pacíficas, descubrieron años después de que sus novios desaparecieran sin dejar rastro que en realidad eran espías a sueldo del Estado.
En 1985, Charlotte, una activista medioambiental inglesa, tuvo a su primer hijo tras 14 horas de parto. Su novio, Bob Robinson, no se movió de su lado. Dos años más tarde, la relación se resquebrajaba. Habían detenido a dos amigos por incendiar unos grandes almacenes en protesta porque vendían abrigos de piel. Bob temía que él fuera el siguiente en caer en manos de la justicia y desapareció. Lo último que Charlotte supo de Bob Robinson fue una larga carta de despedida con matasellos de Valencia. Charlotte no se recuperó nunca de aquel abandono; su hijo creció sin padre, y así pasaron 24 años, hasta que en junio de 2012 encontró en el Daily Mail una foto de Bob, “su” Bob. La noticia era que el tercer implicado en aquel incendio de finales de los ochenta en unos grandes almacenes era un policía infiltrado. Hoy, Bob, que se apellida Lambert, es profesor universitario, especializado en espionaje y actividades antiterroristas. Charlotte sintió que todos sus recuerdos se ponían del revés. A Bob nunca le persiguió la policía. Él era la policía.
Resultó que Bob tenía dos hijos anteriores al que tuvo con Charlotte. A lo largo de toda su relación con ella siguió felizmente casado con su mujer, a la que veía cuando no estaba de servicio. De servicio en casa de Charlotte, espiándola a ella y a sus amigos, informando a sus jefes de Scotland Yard de los planes de los activistas medioambientales en general y del Frente de Liberación Animal en particular. Colaborando con ellos en lo que hiciera falta para dar verosimilitud a su coartada: participar en manifestaciones, organizar protestas, lanzar artefactos incendiarios o tener niños con compañeras de militancia.
En noviembre pasado, Scotland Yard pidió disculpas públicamente (y pagó cantidades de dinero no reveladas) a siete mujeres que, ejerciendo una acción conjunta, denunciaron el trauma sufrido por las relaciones engañosas y manipuladoras que mantuvieron con agentes infiltrados en los movimientos de izquierda desde los ochenta hasta la primera década de 2000. La policía ha destacado que estas mujeres se han comportado a lo largo de todo este doloroso proceso con coraje y dignidad.
Otra de las indemnizadas es Helen Steel. No es la primera vez que aparece en la prensa. De 1994 a 1997 fue una de las dos personas llevadas a juicio por la multinacional McDonald’s por difamación. Conocido como McLibel, aquel fue el juicio civil más largo de la historia en Reino Unido: duró 313 días. El Tribunal de Derechos Humanos europeo terminó dando la razón a los acusados, y las revelaciones de los últimos meses han descubierto que uno de los autores de aquel panfleto incendiario no es otro que Bob Lambert, alias Bob Robinson, el padre del hijo de Charlotte. El poli infiltrado, que tenía buena pluma.
Pero Helen Steel también tuvo un novio que desapareció. Ella creía que se llamaba John Barker. Vivieron juntos de 1990 a 1992. Estaban muy enamorados. Pero él decía haber sido víctima de malos tratos en la infancia y que no sabía enfrentarse a sus demonios. Huyó a Sudáfrica, y Helen temió durante años que se hubiera suicidado. Lo que había sucedido es que sus jefes le querían de vuelta, detrás de una mesa, en Scotland Yard, llamándose de nuevo John Dines. Hoy, Dines dirige un curso para policías en Sidney. El pasado 9 de marzo, Helen viajó a Australia para encararse con él un cuarto de siglo después de verle por última vez. Él le pidió perdón.
Pero las preguntas que Helen, Charlotte y las demás querrían hacerles a esos policías y al Estado que sufragó sus actividades durante años no tienen respuesta. ¿Qué derecho tenía el Estado a violar así mi intimidad? ¿Soy una mujer o una coartada? ¿De verdad me querías?
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/11/actualidad/1460386267_448855.html
Recordáis la película, "La vida de los otros", que hace una merecida crítica de los comportamientos no democráticos de los gobernantes de la RDA. Eso se acabó con el fin de la RDA. La duda persiste respecto a lo que hacen actualmente nuestros gobiernos, ¿siguen jugando con los otros como en este caso se ve? ¿Cuantas veces han jugado? ¿Siguen haciéndolo? ¿Permiten atentados para instrumentalizarlos políticamente en vez de impedirlos? Las dudas son muchas,...
En 1985, Charlotte, una activista medioambiental inglesa, tuvo a su primer hijo tras 14 horas de parto. Su novio, Bob Robinson, no se movió de su lado. Dos años más tarde, la relación se resquebrajaba. Habían detenido a dos amigos por incendiar unos grandes almacenes en protesta porque vendían abrigos de piel. Bob temía que él fuera el siguiente en caer en manos de la justicia y desapareció. Lo último que Charlotte supo de Bob Robinson fue una larga carta de despedida con matasellos de Valencia. Charlotte no se recuperó nunca de aquel abandono; su hijo creció sin padre, y así pasaron 24 años, hasta que en junio de 2012 encontró en el Daily Mail una foto de Bob, “su” Bob. La noticia era que el tercer implicado en aquel incendio de finales de los ochenta en unos grandes almacenes era un policía infiltrado. Hoy, Bob, que se apellida Lambert, es profesor universitario, especializado en espionaje y actividades antiterroristas. Charlotte sintió que todos sus recuerdos se ponían del revés. A Bob nunca le persiguió la policía. Él era la policía.
Resultó que Bob tenía dos hijos anteriores al que tuvo con Charlotte. A lo largo de toda su relación con ella siguió felizmente casado con su mujer, a la que veía cuando no estaba de servicio. De servicio en casa de Charlotte, espiándola a ella y a sus amigos, informando a sus jefes de Scotland Yard de los planes de los activistas medioambientales en general y del Frente de Liberación Animal en particular. Colaborando con ellos en lo que hiciera falta para dar verosimilitud a su coartada: participar en manifestaciones, organizar protestas, lanzar artefactos incendiarios o tener niños con compañeras de militancia.
En noviembre pasado, Scotland Yard pidió disculpas públicamente (y pagó cantidades de dinero no reveladas) a siete mujeres que, ejerciendo una acción conjunta, denunciaron el trauma sufrido por las relaciones engañosas y manipuladoras que mantuvieron con agentes infiltrados en los movimientos de izquierda desde los ochenta hasta la primera década de 2000. La policía ha destacado que estas mujeres se han comportado a lo largo de todo este doloroso proceso con coraje y dignidad.
Otra de las indemnizadas es Helen Steel. No es la primera vez que aparece en la prensa. De 1994 a 1997 fue una de las dos personas llevadas a juicio por la multinacional McDonald’s por difamación. Conocido como McLibel, aquel fue el juicio civil más largo de la historia en Reino Unido: duró 313 días. El Tribunal de Derechos Humanos europeo terminó dando la razón a los acusados, y las revelaciones de los últimos meses han descubierto que uno de los autores de aquel panfleto incendiario no es otro que Bob Lambert, alias Bob Robinson, el padre del hijo de Charlotte. El poli infiltrado, que tenía buena pluma.
Pero Helen Steel también tuvo un novio que desapareció. Ella creía que se llamaba John Barker. Vivieron juntos de 1990 a 1992. Estaban muy enamorados. Pero él decía haber sido víctima de malos tratos en la infancia y que no sabía enfrentarse a sus demonios. Huyó a Sudáfrica, y Helen temió durante años que se hubiera suicidado. Lo que había sucedido es que sus jefes le querían de vuelta, detrás de una mesa, en Scotland Yard, llamándose de nuevo John Dines. Hoy, Dines dirige un curso para policías en Sidney. El pasado 9 de marzo, Helen viajó a Australia para encararse con él un cuarto de siglo después de verle por última vez. Él le pidió perdón.
Pero las preguntas que Helen, Charlotte y las demás querrían hacerles a esos policías y al Estado que sufragó sus actividades durante años no tienen respuesta. ¿Qué derecho tenía el Estado a violar así mi intimidad? ¿Soy una mujer o una coartada? ¿De verdad me querías?
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/11/actualidad/1460386267_448855.html
Recordáis la película, "La vida de los otros", que hace una merecida crítica de los comportamientos no democráticos de los gobernantes de la RDA. Eso se acabó con el fin de la RDA. La duda persiste respecto a lo que hacen actualmente nuestros gobiernos, ¿siguen jugando con los otros como en este caso se ve? ¿Cuantas veces han jugado? ¿Siguen haciéndolo? ¿Permiten atentados para instrumentalizarlos políticamente en vez de impedirlos? Las dudas son muchas,...
viernes, 15 de abril de 2016
El Consejo de Europa critica que España deje la búsqueda de las víctimas del franquismo en manos de los familiares
El comisario de Derechos Humanos advierte de la dificultad de acceder a los archivos militares
Agencias
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha reprochado a España que deje los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en manos de las propias familias, quienes se enfrentan a “obstáculos” como el hecho de que sea “prácticamente imposible” acceder a los archivos, especialmente los militares.
En un informe el comisario Nils Muižnieks lamenta que el alcance de la Ley de Memoria Histórica siga siendo “limitado” y su aplicación deficiente, debido a la “falta de presupuesto” que se destina para cumplir los objetivos de reparar a las víctimas y sus familiares, así como a luchar contra la exaltación de la represión, en particular, a través de la retirada de símbolos y monumentos franquistas.
“En cuando a la investigación y la sanción de los responsables, muy poco se ha hecho, debido, entre otros factores, a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977“, prosigue el documento, que pone de relieve la ausencia de una “cifra oficial” sobre el número de desaparecidos y víctimas de la desaparición forzada a falta de una “base de datos centralizada”.
Por ello, el comisario de Derechos Humanos se remite a la investigación que llevó a cabo el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que calculó que fueron 114.226 personas entre el 17 de julio 1936 y diciembre 1951, una cifra que “no pudo ser confirmada de forma fiable porque se bloqueó la investigación”.
Apunta que cerca de 30.960 hijos de detenidos republicanos fueron “presuntamente” entregados a familias que apoyaban al régimen y otros fueron enviados a centros del Auxilio Social. “Muchos de estos niños fueron adoptados sin el conocimiento o consentimiento de sus familias biológicas que, hasta la fecha, no saben de su suerte y paradero”, añade.
“LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SIGUE EL MODELO DE FRANCO”
El jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunció por primera vez ante la ONU la pasividad de España en la búsqueda de los desaparecidos, ha subrayado que Naciones Unidas, el tribunal de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que el “Estado en ningún caso puede cargar sobre los hombros de los familiares la iniciativa de buscar a los afectados”.
Rodríguez Arias, autor del libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad’, ha denunciado además que la Ley de Memoria Histórica de 2007 “siguió el modelo de la orden de Franco del 1 de mayo de 1940, que establecía que los familiares debían pedir permiso al gobernador civil para ser ellos quienes buscaran a los ejecutados a cambio de desgravarse fiscalmente”.
“El Gobierno de Zapatero estableció que las familias pidieran permiso administrativo, emprendieran las búsquedas y a cambio se daban subvenciones, en lugar de seguir el modelo internacional de que el Estado busque a los desaparecidos”, ha proseguido el jurista, para entender que su norma vulnera los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Agencias
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha reprochado a España que deje los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en manos de las propias familias, quienes se enfrentan a “obstáculos” como el hecho de que sea “prácticamente imposible” acceder a los archivos, especialmente los militares.
En un informe el comisario Nils Muižnieks lamenta que el alcance de la Ley de Memoria Histórica siga siendo “limitado” y su aplicación deficiente, debido a la “falta de presupuesto” que se destina para cumplir los objetivos de reparar a las víctimas y sus familiares, así como a luchar contra la exaltación de la represión, en particular, a través de la retirada de símbolos y monumentos franquistas.
“En cuando a la investigación y la sanción de los responsables, muy poco se ha hecho, debido, entre otros factores, a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977“, prosigue el documento, que pone de relieve la ausencia de una “cifra oficial” sobre el número de desaparecidos y víctimas de la desaparición forzada a falta de una “base de datos centralizada”.
Por ello, el comisario de Derechos Humanos se remite a la investigación que llevó a cabo el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que calculó que fueron 114.226 personas entre el 17 de julio 1936 y diciembre 1951, una cifra que “no pudo ser confirmada de forma fiable porque se bloqueó la investigación”.
Apunta que cerca de 30.960 hijos de detenidos republicanos fueron “presuntamente” entregados a familias que apoyaban al régimen y otros fueron enviados a centros del Auxilio Social. “Muchos de estos niños fueron adoptados sin el conocimiento o consentimiento de sus familias biológicas que, hasta la fecha, no saben de su suerte y paradero”, añade.
“LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SIGUE EL MODELO DE FRANCO”
El jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunció por primera vez ante la ONU la pasividad de España en la búsqueda de los desaparecidos, ha subrayado que Naciones Unidas, el tribunal de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que el “Estado en ningún caso puede cargar sobre los hombros de los familiares la iniciativa de buscar a los afectados”.
Rodríguez Arias, autor del libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad’, ha denunciado además que la Ley de Memoria Histórica de 2007 “siguió el modelo de la orden de Franco del 1 de mayo de 1940, que establecía que los familiares debían pedir permiso al gobernador civil para ser ellos quienes buscaran a los ejecutados a cambio de desgravarse fiscalmente”.
“El Gobierno de Zapatero estableció que las familias pidieran permiso administrativo, emprendieran las búsquedas y a cambio se daban subvenciones, en lugar de seguir el modelo internacional de que el Estado busque a los desaparecidos”, ha proseguido el jurista, para entender que su norma vulnera los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
jueves, 17 de diciembre de 2015
La ONU reprende a España por el “trato inhumano” a las víctimas del franquismo.
Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos, pide además que el Estado no se ampare en la amnistía
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, pidió ayer a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía.
Salvioli impartió en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia. En su intervención recordó que España fue examinada en julio de este año. Según explicó, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, se preguntó.
Fabián Omar Salvioli destacó que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, añadió. Salvioli también destacó que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”. También consideró que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, puntualizó.
Además, recordó que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, apuntó. - E. P. Sábado, 12 de Diciembre de 2015. Deia.
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, pidió ayer a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía.
Salvioli impartió en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia. En su intervención recordó que España fue examinada en julio de este año. Según explicó, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, se preguntó.
Fabián Omar Salvioli destacó que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, añadió. Salvioli también destacó que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”. También consideró que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, puntualizó.
Además, recordó que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, apuntó. - E. P. Sábado, 12 de Diciembre de 2015. Deia.
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