martes, 27 de septiembre de 2022

_- Una obligación Internacional

_- Javier Cercas.

Unas semanas atrás publiqué en esta misma columna un texto titulado "No es memoria: es justicia", 
donde sostenía que la llamadqa Ley de Memoria Democrática"responde a una " obligación internaciuonal" en particular por lo que atañe al deber del Estado de localizar y exhumar a las víctimas del franquismo. Poco después recibí un correo electrónico de un amigo -un experto en derecho internacional humanitario (DIH) que trabaja como consejero jurídico para una organización internacional con sede en Ginebra, en el que reforzaba y ampliaba esa información elemental, pero a menudo olvidada. Sus observaciones son tan pertinentes que me siento abligado a glosarlas: primero porque ese tipo de argumentos apenas circula en el emponzoñado debate español sobre la cuestión; y, segundo, porque ello muestra que no estamos ante una cuestión partidaria, de izquierda contra derecha (o al revés), sino que, ante cualquier otra cosa, se trata de un asunto de respeto a la legislación internacional.

En su correo, mi amigo me explica que 
el DIH- conocido como derecho de la guerra o derecho internacional de conflictos armados- establece numerosas obligaciones jurídicas que deben respetarse por las partes en liza, 
también al final del conflicto; una de ellas es la búqueda de personas desaparecidas: el DIH impone a los bandos en cualquier guerra , en efecto deberes como la localización de tumbas o la necesidad de obtener informadión sobre el paradero de las personas extraviadas y de compartir dicha información con sus familiares, según acaba de hacer, por cierto el Estado colombiano, que ha creado una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por ello, razona mi amigo; 
"No haber localizado las tumbas de quienes murieron durante la Guerra Civil, para exhumar sus cadáveres y entregarselo a las familias es no sólo una injuticia, como bien señalas en tu artículo, sino tambien una flagrante violación de las obligaciones jurídicas de España de conformidad con el derecho internacional"

Pregunta legítima: ¿hacía falta una Ley para cumplir con esas obligaciones?. En un artículo publicado el El Mundo el expresidente Aznar afirmaba que no. Pregunta obligada; entonces, ¿por qué todavía no ha cumplido con su deber el Estado? ¿Por qué no lo hizo el presidente Aznar? Que no existía una respuesta satisfactoria a esos interrogantes no constituye una prueba inequívoca de la necesidad de esa Ley de Memoria. Por lo demás, mi amigo recuerda una evidencia histórica, y es que el paso de la dictadura a la democracia supuso hacer la vista gorda con muchas violaciones del derecho internacional, y no sólo respecto a nuestro asunto. "Sucede lo mismo respecto a la ausencia de procesos judiciales para investigar crímenes de guerra", escribe. Así que con la ley internacional en la mano, la justicia española debería haber juzgado a los presuntos responsables de los crímenes de guerra cometidos por los franquistas; algunos todavía vivos tras la muerte de Franco; pero como en la guerra los republicanos también cometieron crímenes- esto no es equidistancia; es un hecho- en rigor debería haberse juzgado también a sus presuntos responsables. Es lo que tiene la ley que es igual para todos. Durante la tormentosa Transición, después de 3 años de guerra y 40 de dictadura (o de 43 de guerra), la clase política al completo y la inmensa mayoría de la población sintió que era imposible hacer del todo justicia y, al mismo tiempo, construir una democracia; Después de la tormenta todo el mundo es piloto, pero me pregunto que hubieramos hecho nosotros.

Así que ahora, con la democracia asentada en España, nuestra obligación consiste en terminar de hacer justicia (aunque ya sea tarde para hacerla del todo); ese es, o debería ser, el sentido profundo de la Ley de Memoria. Y por eso que, pese a haberse negado el PP de Feijóo a apoyar la ley si llega al poder no la derogue, como ya ha anunciado que hará y como hizo en la práctica el PP de Rajoy. Además de un tremendo error moral y político, supondrá un incumplimiento palmario de sus obligaciones internacionales.

Javier Cercas, columna de EL País semanal.

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