El cambio climático no es una broma ni una cuestión teórica. El cambio climático afecta a las condiciones de la naturaleza y de la vida de las personas, y sigue habiendo gente, especialmente entre todas las derechas, que lo niega o disimula. Además, el urbanismo descontrolado, las políticas de construir en lechos de ríos y torrentes, de sacar arena de las riberas, de poner cemento en cualquier lugar sin pensar en las condiciones climáticas ayuda a que el agua arrase con todo lo que encuentra a su paso. Estos dos elementos son parte de la explicación del desastre humano y material que ha arrasado en Valencia y en Albacete.
Y no es menos importante el factor político, las políticas que se aplican y las decisiones que se toman cuando arrecia la tormenta. El Partido Popular es especialista en reaccionar echando la culpa a otros y mirar a otro lado para lavar sus responsabilidades. Lo hizo en 2002 con la catástrofe del Prestige. Lo repitió en 2004 ante los atentados del 11-M o con la pandemia en 2020, y lo ha vuelto a repetir ahora.
Una de las primeras decisiones que tomó el PP cuando volvió a dirigir la Generalitat valenciana fue suprimir la “La Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón. Es el primer paso de la reestructuración del sector público anunciada por el Gobierno Valenciano”. Fue en mayo del año pasado.
El miércoles 23, la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) advirtió del riesgo de una dana o gota fría. Después alertó de que el lunes 28 y el martes 29 se preveían lluvias intensas. A las 6:42h del día 29 lanzó un aviso naranja por fuertes lluvias en varias zonas de la provincia de Valencia. A las 7:37h elevó el nivel a rojo en el interior norte de la provincia. A las 9:48h, se lanzó el aviso rojo a todo el litoral de Valencia, seguido doce minutos más tarde de una alerta de nivel rojo emitida por Emergencias de la Generalitat. Hacia las 11h algunos arroyos ya se habían desbordado. A las 12:20h, el Centro de Coordinación de Emergencias emitió una alerta hidrológica para todos los municipios del barranco del Poyo, siguiendo la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Júcar: se aconsejaba a los vecinos no acercarse al agua. A las 13h, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció que lo peor había pasado y que la intensidad de la DANA disminuiría en las horas siguientes: "Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que hacia las 18h disminuya su intensidad”. No debía haber mucha preocupación cuando en esos momentos el secretario de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Emilio Argüeso, mantenía una reunión con el jefe de Festejos Taurinos de la Comunidad.
A las 18:30h, la inundación ya había llegado a los municipios de Torrent, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa y Catarroja, donde se acumularon la mayoría de las víctimas. A las 20:12h, cuando miles de personas tenían ya el agua al cuello, la Generalitat lanzó una alerta masiva por SMS pidiendo a la población de la provincia de Valencia que evitara salir de casa y hacer desplazamientos. Un vecino de Paiporta publicó en X: “La alarma la dieron cuando yo estaba en un puñetero árbol subido viendo los muertos flotando”. Según la Organización Meteorológica Mundial, los daños provocados por desastres naturales se reducen una media del 30% cuando se lanza un aviso a la población con al menos 24 horas de antelación.
Hasta las 20h el gobierno valenciano del PP estuvo desaparecido. Fueron las horas más decisivas, pues la inundación arreció con más fuerza cuando la mayoría de la población salía de su trabajo y se dirigía su hogar. Lo ha declarado la alcaldesa de Paiporta: “Los primeros avisos llegaron cuando el agua estaba a dos metros”. Al PP le pareció más importante que la gente no abandonara sus trabajos (¡lo importante son los beneficios de los capitalistas!) antes que proteger sus vidas.
Entonces el PP empezó a sacar su manual ante las catástrofes. Al día siguiente de la devastación, el presidente del PP, Núñez Feijóo, declaró que los responsables eran la Aemet y Pedro Sánchez por no haber proporcionado la información necesaria a la Generalitat valenciana. No se correspondía con la verdad, pero ¿qué le importaba? Ni siquiera se correspondía con lo declarado por el presidente valenciano; lo importante era mover el ventilador para evitar responsabilidades.
Así hicieron cuando el 19 de diciembre de 2002 el Prestige arrojó al océano 136.000 toneladas de petróleo. Mintieron sobre el peligro que se cernía, tomaron decisiones que los técnicos desaconsejaron, como llevar el buque hacia el mar en vez de intentar protegerlo en algún puerto. Mintieron a sabiendas, como cuando Rajoy declaró que “salen solo unos pequeños hilitos”.
Repitieron el manual tras el 11-M de 2004 en Madrid. Poco después de los hechos, los informes policiales ya alertaron de que, por sus características, los atentados no parecían ser obra de ETA sino de grupos islamistas. Pero el ministro del Interior, Ángel Acebes, salió con aplomo para mentir y decir que había sido ETA. Durante días mantuvieron la mentira; el propio presidente Aznar presionó a los medios de comunicación para que respaldaran la versión mentirosa del gobierno.
Y aún fue más deleznable cuando durante la pandemia de Covid-19 el gobierno de la Comunidad de Madrid dejó que 7.291 personas murieran en las residencias de personas mayores al no permitir su traslado a hospitales. Con toda indignidad, su presidenta, Díaz Ayuso, declaró que los ancianos “se iban a morir igual”. Cuando empezaron a trasladarlos a hospitales el 60% se salvó.
La solidaridad
Como siempre que ocurre una catástrofe, es el pueblo llano quien mejor responde a sus consecuencias. Lo vimos con el Prestige en Galicia. Miles de personas se trasladaron a las playas gallegas para ayudar a retirar el chapapote. De ese movimiento solidario y de cabreo surgió la plataforma Nunca Mais. En la manifestación más masiva reunida en Galicia el 1 de diciembre de 2002, Santiago acogió a unas 200.000 personas, y hubo masivas manifestaciones en todo el Estado. Fue el anuncio de un cambio político que se expresó en el bipartito entre el PSG y BNG (2005-2009) y posteriormente en las mareas y AGE (Alternativa Galega de Esquerda).
El PP mintió el 11-M y lo pagó. Tres días después, el cabreo de la gente permitió la victoria del PSOE en unas elecciones generales que el PP parecía tener ganadas. La lucha contra esa mentira duró años, y gracias a las investigaciones y al trabajo de las asociaciones de afectados (algunas de ellas duramente atacadas por el PP), la verdad se impuso.
Ha sido emocionante e impresionante ver a miles de personas desplazándose con palas (se agotaron en Valencia), con cubos, con escobas, con botellas de agua mineral para ayudar a los pueblos afectados. La fuerza y la solidaridad del pueblo siempre sale a la luz frente al odio y la ineptitud de los que gobiernan, de los que piensan que sin ellos nada puede funcionar. Cuando hay una crisis o una catástrofe la organización de la gente es imprescindible para dar la respuesta adecuada.
La primera respuesta de los gobernantes es la típica de quien desprecia a la población y considera menor de edad a la ciudadanía: “mejor no vengáis que ya nos ocuparemos nosotros”. La presión ha sido tan enorme que no han tenido más remedio que intentar organizarla. Es un ejemplo claro del déficit de participación ciudadana que existe en la vida política y asociativa actual. Apenas hay espacios comunitarios, los ayuntamientos, los más cercanos a la gente, apenas tienen medios ni potestad, y algunos partidos prefieren no tenerlo, para organizar y mantener la participación en la vida del día a día y más aún ante catástrofes como esta.
Es tan grave la situación que la crisis va para largo. Los más de 200 muertos, -una cifra que supera a los atentados de Madrid-, la destrucción de numerosas localidades y el fracaso de las políticas de prevención y emergencia necesitarán respuestas políticas. De momento, además de la solidaridad ciudadana, diversas plataformas han convocado una manifestación en Valencia el próximo 9 de noviembre para exigir la dimisión de Mazón.
Miguel Salas es miembro del comité de redacción de Sin Permiso
Fuente:
www.sinpermiso.info, 3-11-2024
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