3 claves para entender el polémico acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para lograr la investidura de Pedro Sánchez en España

Pie de fEl presidente español, Pedro Sánche

España está más cerca de saber quién gobernará el país los próximos cuatro años, pero lo hace sumida en un ambiente de tensión política y social.

Tras semanas de intensas negociaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actual presidente en funciones Pedro Sánchez, logró un polémico acuerdo con el partido independentista catalán Junts per Catalunya.

Esto es clave para que Sánchez sume los apoyos necesarios en el Parlamento para ser investido nuevamente como presidente del gobierno de España.

Y es que en las elecciones del pasado mes de julio, ninguno de los candidatos logró la mayoría de votos necesaria para formar gobierno por sí mismo.

Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países de América Latina, España se rige por un sistema parlamentario.

Es decir, en las elecciones generales no se elige directamente al presidente, sino a un Parlamento. Y son sus miembros los que votan la formación de un Ejecutivo.

Se requiere un voto favorable de una mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados para ser investido presidente en un primer intento, o mayoría simple, es decir más síes que noes, en un segundo.

El Partido Popular (centro-derecha) de Alberto Nuñez Feijóo ganó las elecciones al ser el más votado y obtener 137 diputados, pero no logró la investidura ni en primera ni en segunda votación por la falta de apoyos de otros partidos.

Ahora es el turno de Sánchez, que cuenta con 122 diputados.

El líder socialista buscar repetir el llamado “bloque de investidura”, la heterogénea relación de grupos de izquierda y nacionalistas e independentistas que facilitaron su ascenso al poder en 2020.

Sánchez ya se había asegurado el apoyo, entre otros, del grupo de izquierda Sumar, de independentistas vascos y de los independentistas catalanes de ERC.

Pero para obtener los votos definitivos le faltaba un acuerdo con Junts per Catalunya, que finalmente se anunció este jueves y que causó una gran polémica, por contemplar una amnistía para los condenados por el proceso independentista catalán, que culminó en 2017 con una declaración de independencia unilateral ilegal.

El pacto se dio a conocer tras días de tensión en la calle y protestas frente a las sedes del Partido Socialista, principalmente en Madrid, que se repitieron este jueves.

Pedro Sánchez el día de las elecciones.

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El partido de Sánchez no logró la victoria en las elecciones del pasado julio, pero cuenta con más apoyos parlamentarios que los conservadores.

 1. En qué consiste el acuerdo

En el texto, que se dio a conocer este jueves, tanto PSOE como Junts per Catalunya reconocen sus “profundas discrepancias”, además de “desconfianzas mutuas”, pero también ven esto como una oportunidad que tienen la “voluntad de aprovechar de forma responsable”.

El pacto contempla:

• Creación de "un mecanismo internacional entre ambas organizaciones que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue".

• Una ley de amnistía para los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el procés (proceso independentista catalán que derivó en la celebración de un reférendum de independencia declarado ilegal por la Justicia y una declaración unilateral de independencia) que “han sido objeto de decisiones o procesos judiciales”.

• Participación de Cataluña de modo directo en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales. La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts.

• La estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez.

Este último punto está sujeto a los avances y al cumplimiento de otros posibles acuerdos que resulten de negociaciones que ambos se comprometen a mantener sobre dos aspectos sobre los que hay mayores discrepancias.

Estos son:

• La propuesta de Junts de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña bajo el amparo de la Constitución. 
• La propuesta de Junts sobre una excepción fiscal para Cataluña que permita a esta comunidad autónoma quedarse con el 100% de lo recaudado en impuestos en ese territorio, entre otras medidas económicas.

Carles Puigdemont anunciando el acuerdo.

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Puigdemont, fundador de Junts per Catalunya, habló del acuerdo desde Bélgica, donde se encuentra desde 2017.

2. Por qué es polémico

El independentismo catalán, así como su relación con el gobierno de España, es un asunto que ha estado en la agenda política del país desde hace más de una década y ha generado suspicacias y grandes tensiones.

El máximo punto de tensión en el llamado procés fue el referendo de autodeterminación de Cataluña de 2017, por el que varios líderes políticos y ciudadanos catalanes fueron condenados por la justicia española, ya que había sido previamente declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Se celebró el primero de octubre de ese año, en una jornada violenta con la intervención de fuerzas de seguridad del Estado.

El entonces gobierno catalán, encabezado por el expresidente Carles Puigdemont, consideró los resultados legítimos y declaró de modo unilateral la independencia de Cataluña. Días después, Puigdemont huyó a Bruselas para evitar ser enviado a prisión.

Con los acuerdos anunciados este jueves, las condenas contra los líderes independentistas, sus colaboradores y los ciudadanos serían anuladas, así como los procesos legales en marcha. De esta manera, Puigdemont podría regresar a España.

No obstante, eso depende de cuándo será aprobada la ley en el Congreso, pues los socialistas tienen que presentar el proyecto de ley para que los parlamentarios lo registren y se prevé que ese proceso se demore.

Además, existe la posibilidad de que la aplicación de la ley se paralice por la vía legal aun siendo aprobada por el Congreso.

Y es que la amnistía es fuente de una gran polémica en el país europeo, donde algunos líderes políticos han llegado a argumentar que se trata del fin del Estado de Derecho.

El propio Sánchez se había opuesto a una amnistía hasta las elecciones del pasado 23 de julio, antes de necesitar el apoyo de los independentistas catalanes para poder seguir siendo presidente.

Manifestantes frente a un grupo de policías antidisturbios. 

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Protestas que derivaron en violencia el pasado 7 de noviembre en contra de la ley de amnistía.

 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó al posible gobierno de Sánchez como el "gobierno de la mentira" y dijo que, antes que esto, era "más decoroso optar por la segunda opción: convocar nuevas elecciones".

La amnistía también ha generado duras críticas por parte de integrantes históricos del PSOE, como el expresidente Felipe González, quien ha reiterado que es mejor celebrar nuevas elecciones.

3. Qué puede pasar ahora

Este acuerdo con los independentistas ayuda a que Sánchez sume los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para ser investido presidente.

El PSOE ya logró cerrar también un acuerdo con los nacionalistas vascos del PNV, por lo que Sánchez tiene asegurado un amplio apoyo en el Congreso.

Se espera que el 15 y 16 de noviembre se vote una nueva investidura en el Congreso.

Si no se logra la investidura de aquí al 27 de noviembre, los españoles tendrán que volver a las urnas en enero.

El probable éxito de Sánchez en esa votación, no obstante, no parece que vaya a acabar con la crispación política y social que se vive en España.

Tampoco con la inestabilidad dentro del Congreso.

Al anunciar el acuerdo, Puigdemont dijo que "a diferencia de la legislatura anterior, donde Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, día a día".

En el caso concreto de la amnistía, el PSOE debe registrar la propuesta de esta ley en el Congreso español para que entre a trámite. Esto ya se anticipa como un proceso legislativo largo y complejo con mucha oposición. Después podría haber incluso una batalla judicial sobre su validez.

Desde el Partido Popular han acusado al presidente del gobierno en funciones de firmar un "cheque en blanco para el movimiento independentista".

"Esto es el culmen de la deriva (del PSOE) para mantenerse a toda costa en el poder. Es un proceso de capitulación a espaldas de los españoles", dijo el líder del PP, Núñez Feijóo.

Feijóo dijo que la reacción al pacto "ha de ser firme y serena, institucional, legal política y social y debe de ir mas allá de los márgenes de los partidos políticos" en lo que ha calificado como un "desafío a la democracia española".

Desde distintas asociaciones de jueces y fiscales en España firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su "profunda preocupación" por el pacto y no descartaron tomar acciones al considerar que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".

Para el próximo domingo hay convocadas manifestaciones en toda España contra el pacto.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjkp0vj8e1mo

_- De la pereza intelectual de Abascal a la inanidad política de Núñez Feijóo

_- ¿No hay nadie en la dirección de Vox que sea capaz de estudiar el Proyecto de Ley de Presupuestos y contrastarlo con su programa para presentar enmiendas a las partidas que entran en contradicción con el mismo?

Hace unos días me preguntó una antigua alumna Erasmus italiana, hoy profesora de Derecho Constitucional en su país, qué es lo que más me había llamado la atención de Vox. Me quedé pensativo durante medio minuto y le respondí: la pereza intelectual de sus dirigentes.

Vox intelectualmente no es nada. Es un ventrílocuo de las aberraciones que vienen de la extrema derecha de los Estados Unidos, recicladas con algunas aportaciones por las extremas derechas de varios países europeos, y nada más. La contribución de Vox al arsenal de la extrema derecha global es nula. No tiene nada que decir que no sea insultar. Por eso, rehúye cualquier tipo de debate sobre algún asunto en concreto.

Su participación, su no-participación habría que decir, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 es la prueba más inequívoca de lo que acabo de decir. Vox presentó una enmienda a la totalidad y ninguna enmienda parcial.

¿Hay mayor prueba de pereza intelectual que esa? ¿No hay nadie en la dirección de Vox que sea capaz de estudiar el Proyecto de Ley de Presupuestos y contrastarlo con su programa electoral para presentar enmiendas a las partidas presupuestarias que entran en contradicción con el mismo? ¿No hay nadie en la dirección de Vox que considere que es esencial hacer visible ante la opinión pública que tienen respuestas distintas a los problemas con los que tiene que enfrentarse el país y que están dispuestos a defenderlas en sede parlamentaria? Después de afirmar que el Gobierno con sus políticas está acercando al país al borde del precipicio, ¿no se cree en la obligación de explicarle a los ciudadanos por qué es así y qué habría que hacer para evitarlo?

Para presentar una enmienda a la totalidad no hay que estudiar nada. Simplemente se presenta y se acabó. Esto es una mierda y punto. Esto es todo lo que Vox tiene que aportar a un debate presupuestario en el que se están jugando infinidad de cosas para la economía en general y para el bienestar de los ciudadanos en particular.

La indigencia intelectual de Vox no sería preocupante si no estuviera acompañada por la cobardía del PP. Cuando el PP se enfrenta a esa indigencia intelectual, como lo hizo Pablo Casado en la moción de censura que encabezó Santiago Abascal, la desnudez de Vox resulta visible para toda la opinión pública. Cuando el PP se calla o subrepticiamente acepta dicha indigencia, como lo está haciendo el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o la presidenta de la Comunidad de Madrid o el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el problema deja de ser anécdota para convertirse en categoría.

En estos días lo estamos comprobando de nuevo con la respuesta de las derechas frente a la estrategia del Gobierno de coalición para superar el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, acompañado por los partidos que constituyeron la mayoría de investidura, que, en lo fundamental, se ha mantenido estable desde 2018 en centenares de ocasiones.

Vox recurre de nuevo a la moción de censura, que es la otra cara de la moneda de su no participación en el debate presupuestario. No hay nada que argumentar frente a las iniciativas del Gobierno. Basta con utilizar la tribuna del Congreso de los Diputados para insultar a Pedro Sánchez y para obligar al PP a posicionarse respecto de la iniciativa de Santiago Abascal, que es el otro objetivo que persigue la dirección de Vox.

Vox está consiguiendo arrastrar a toda la derecha española con su pereza intelectual. Pablo Casado intentó resistirse a ser arrastrado y Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso lo liquidaron de manera sobradamente conocida. La vacuna de la defenestración de Pablo Casado está surtiendo efectos en su sustituto en la presidencia del PP.  Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP “vacunado”. Por eso no puede extrañar que la pereza intelectual de Vox se haya traducido en la inanidad política de Alberto Núñez Feijóo.

Fuente: Javier Pérez Royo.  

https://www.eldiario.es/contracorriente/pereza-intelectual-abascal-inanidad-politica-nunez-feijoo_132_9786971.html

La huida injustificable de Alberto Núñez Feijóo.

El debate sobre el estado de la nación no es derecho constitucional obligatorio, sino opcional, la flexibilidad con que se puede organizar es enorme. Si el PP hubiera planteado en la Junta de Portavoces que sería Núñez Feijóo quien representara al partido en el debate, no existe la menor duda de que habría sido aceptado

El debate del estado de la nación no es Derecho Constitucional obligatorio, como lo es la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), sino que es Derecho Constitucional opcional. Es el resultado de una iniciativa del presidente Felipe González en el año 1983. Hasta 2015, excepto en los años en que la celebración de las elecciones generales no lo hizo posible, la periodicidad anual era la norma. A partir de 2015, con la quiebra limitada, pero quiebra, del bipartidismo, también el debate del estado de la nación se vería afectado, no habiéndose producido ninguno en siete años.

La recuperación de la “práctica parlamentaria” del debate del estado de la nación se produce en un momento muy difícil tanto en España como en el resto del mundo y singularmente en Europa. De ahí la importancia del mismo. No ha habido ninguno en el que en un debate se tenga que hacer una síntesis de un periodo en el que se han sucedido crisis de distinta naturaleza que no tenían precedentes conocidos ni por los más viejos del lugar.

Justamente por eso, era de suma importancia que en el debate de este año estuviera presente el líder del principal partido de la oposición, que pudiera dar la réplica al discurso del Presidente del Gobierno y ofrecer la visión alternativa de la que su partido es portador.

En este caso la participación del presidente del principal partido de la oposición era todavía más necesaria por el terremoto político que el PP ha tenido que superar en estos últimos meses. El debate sobre el estado de la nación era la ocasión para que Alberto Núñez Feijóo se dirigiera a la sociedad española para explicarle cuál es la visión que él tiene del país y qué proyecto de dirección política del mismo propone.

Dado que el debate sobre el estado de la nación no es derecho constitucional obligatorio, sino opcional, la flexibilidad con que se puede organizar el mismo es enorme. Si el PP hubiera planteado en la Junta de Portavoces que sería Núñez Feijóo quien representara al partido en el debate, no existe la menor duda de que tal planteamiento habría sido aceptado. Tendría que haber sido aceptado, porque no hay ningún obstáculo en la Constitución o en el Reglamento del Congreso de los Diputados que lo impida. Todo lo contrario. Alberto Núñez Feijóo es senador y, por tanto, miembro de las Cortes Generales, que es el órgano que “representa al pueblo español” (art. 66.1 CE). En un debate sobre el estado de la nación no debería haber ningún obstáculo para que pudiera participar con la misma legitimidad democrática que cualquier otro miembro de las Cortes Generales. De no haber sido aceptada la propuesta, el PP podría haber interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dada la naturaleza exclusivamente política del debate sobre el estado de la nación no hay mejor decisión acorde con dicha naturaleza que la de que sea el presidente del principal partido de la oposición el que esté expresando la posición de su partido. Y confrontando dicha posición con la expresada por el presidente del Gobierno.

¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo no reunió a la dirección del partido primero para informarle y oír su opinión sobre la conveniencia de ser él el que participara como portavoz del partido en el debate y por qué no ordenó que se trasladara esa propuesta a la Junta de Portavoces para que la aceptara y se comunicara a la Presidenta y a la Mesa del Congreso de los Diputados?

El resultado de la huida del presidente del PP de su responsabilidad de ser portavoz de la posición de su partido sobre el estado de la nación y de singularizar su confrontación con el Presidente del Gobierno respecto de la posición de los demás grupos parlamentarios, lo hemos podido ver todos los españoles. El PP ha estado ausente del debate propiamente dicho. La intervención de su portavoz, Cuca Gamarra, fue patética, dedicando los diez primeros minutos a ETA y el resto no se sabe muy bien a qué. En el debate más importante el principal partido de la oposición ha estado ausente. Y ausente por voluntad de su presidente.

Prudencia no es cobardía, reza un conocido refrán. Pero hay ocasiones en que la prudencia no puede ser interpretada nada más que como cobardía. Y esta es una de ellas. Alberto Núñez Feijóo no podía autoexcluirse del debate más importante de la legislatura. Su obligación era estar en la Tribuna del Congreso de los Diputados y no en un asiento del hemiciclo con cara de circunstancias.

Estas son las ocasiones en las que un dirigente político tiene que acreditar su condición de tal. Resulta evidente que el presidente del PP no ha sabido hacerlo.

Javier Pérez Royo, 

_- El final de una complicidad (presuntamente) delictiva.

_- La ejecutoria de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno ha sido una ejecutoria fraudulenta desde el primer momento: hoy podemos decir que sin la complicidad delictiva con Luis Bárcenas, Mariano Rajoy no hubiera podido ejercer de presidente.

Mariano Rajoy no hubiera podido ejercer de Presidente de Gobierno sin la complicidad de Luis Bárcenas. Subrayo lo de ejercer. Es posible, aunque no seguro, que hubiera podido llegar a la presidencia del Gobierno sin dicha complicidad. Pero sin la misma no hubiera podido actuar como Presidente del Gobierno tras su investidura.

La investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno se produjo en diciembre de 2011. En enero de 2012 la justicia suiza decidió que se podía atender el requerimiento que le había sido dirigido por la justicia española acerca de la fortuna que Luis Bárcenas tenía depositada en bancos suizos, sobre la cual se había informado en diversos medios de comunicación tanto españoles como extranjeros.

Luis Bárcenas recurrió la decisión de la justicia suiza y con dicho recurso consiguió retrasar algo más de un año que se pusiera a disposición de la justicia española la información sobre "sus" cuentas bancarias.

Sin esa "prórroga" que Luis Bárcenas le concedió a Mariano Rajoy, este no hubiera podido empezar a ejercer como Presidente del Gobierno y asentarse en el puesto. De haberse hecho pública en sede judicial en enero de 2012, inmediatamente después de la investidura, la información que se ha ido filtrando trabajosamente con posterioridad a través de los tribunales, Mariano Rajoy habría tenido que renunciar a ser Presidente del Gobierno. Como lo haría en 2018, cuando se hizo pública la sentencia de la AN sobre la trama "Gürtel", en la que se acreditó la existencia de la Caja B del PP. 

La moción de censura de 2018 fue inevitable porque Mariano Rajoy se negó a dimitir como Presidente del Gobierno y ser sustituido por otro miembro de su partido, como se le ofreció repetidamente a lo largo del debate de la moción. Tras hacerse pública la sentencia de la AN, Mariano Rajoy no podía continuar siendo Presidente del Gobierno. Entendió que la dimisión suponía hacerse responsable de la corrupción judicialmente acreditada y prefirió la aprobación de la moción de censura. Si esto fue así en 2018, ¿Qué no hubiera pasado en enero de 2012? En ese momento inicial no hacía falta una sentencia.

La ejecutoria de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno ha sido una ejecutoria fraudulenta desde el primer momento. Una ejecutoria dependiente de la complicidad con un entonces presunto delincuente, que ya ha dejado de serlo. Hoy podemos decir que sin la complicidad delictiva con Luis Bárcenas Mariano Rajoy no hubiera podido ejercer de Presidente del Gobierno. Del paréntesis que figura en el título se puede prescindir ya. Complicidad delictiva. Acreditada ya respecto de Luis Bárcenas. Por acreditar todavía respecto de Mariano Rajoy.

Escapar a la acción de la justicia es lo que estuvo en el origen de la complicidad entre el Presidente del partido y el Tesorero. Los dos sabían que sus conductas habían sido delictivas y que se necesitaban el uno al otro para conseguirlo. Luis Bárcenas lo conseguiría por poco tiempo. Para Mariano Rajoy todavía sigue surtiendo efecto.

La complicidad se ha ido desgastando lentamente a lo largo de una década hasta llegar a lo que parece ser la ruptura total que estamos presenciando en estos días. La destrucción definitiva de la presunción de inocencia de Luis Bárcenas, acompañada de la de su esposa, ha puesto fin a la complicidad por parte de este. Esto es lo que significa la carta de Luis Bárcenas a la Fiscalía que se ha conocido esta semana.

¿Cuánto tiempo puede llevar la destrucción de la presunción de inocencia del otro cómplice? ¿Cuánto tiempo puede necesitar la justicia española para tomar una decisión sobre la conducta de Mariano Rajoy durante sus años de Presidente del PP primero y de Presidente del Gobierno después?

He visto en TVE que el Presidente de la Xunta de Galicia ha declarado que está seguro de la "honorabilidad" de Mariano Rajoy a lo largo de toda su trayectoria política. No se cuál es el "canon de honorabilidad" de Núñez Feijóo, pero si después de saber lo que ya sabemos, aunque todavía no exista una decisión judicial, considera que la conducta de Mariano Rajoy puede ser calificada de "honorable", los ciudadanos gallegos deberían empezar a preocuparse por la "honorabilidad" de su Presidente.

La trayectoria de Mariano Rajoy sigue gravitando sobre el PP. Es obvio que Mariano Rajoy sigue siendo portador de su derecho a la presunción de inocencia. Pero una vez que Luis Bárcenas ha puesto fin a su relación de complicidad, es más que probable que se susciten dudas sobre la misma. Y que se susciten en sede judicial, que es donde las dudas tienen que ser despejadas.

"Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios constitutivos de delitos son ilegales", dice el artículo 22.2 de la Constitución. ¿Ha considerado la dirección del PP que dicho artículo estaba para los demás, pero no para ellos? ¿Hasta cuándo va a poder mantenerse en esa posición? ¿Podría un partido continuar operando como tal si fuera condenado por corrupción su Presidente durante casi dos decenios y durante más de seis años Presidente del Gobierno?

La presunción de inocencia de Mariano Rajoy es una cuestión existencial para el PP.

Fuente: Javier Pérez Royo.  

https://www.eldiario.es/contracorriente/final-complicidad-presuntamente-delictiva_132_7198019.html