La OCDE ha elaborado un duro diagnóstico del sistema educativo español, ha reconocido que la reforma educativa en marcha trata de abordar buena parte de los problemas, que vienen en general de lejos, y ha propuesto cinco acciones, subdivididas en 44 medidas, para mejorarlo. Entre ellas identificar los centros educativos socioeconómicamente desfavorecidos, concentrar abundantes recursos en ellos, premiar a los docentes que los elijan y ampliar el horario de permanencia en la escuela del alumnado vulnerable.
El punto de partida del informe es el abandono escolar temprano, una de las grandes desventajas históricas de España respecto a los países de su entorno, que se mide calculando el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que han terminado como mucho la Educación Secundaria Obligatoria y no siguen ningún tipo de estudio o formación. Al principio de la pasada década, su nivel en España era enorme y anómalo para un país desarrollado: alcanzaba al 28,2% de los jóvenes de dichas edades, y les hacía el futuro mucho más difícil en múltiples terrenos, desde el trabajo a la salud. El porcentaje se ha reducido desde entonces con fuerza y ahora está en el 13,9%, pero sigue por encima del promedio de la UE (9,3%).
En 2020, el Ministerio de Educación pidió asesoramiento sobre cómo reducirlo a la dirección general de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea. Esta contrató a la OCDE, la organización que agrupa a los países desarrollados, que tiene en la educación una de sus ramas más relevantes (es la responsable de la mayor evaluación internacional, el Informe PISA), para que llevase a cabo una radiografía del caso español. Y el martes, la OCDE, junto a la Comisión Europea y al Ministerio de Educación, que han ayudado a su confección, han publicado el documento, titulado Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano en España.
El nivel educativo de las madres
El informe empieza por recordar las graves consecuencias del abandono escolar temprano. Los jóvenes que dejan pronto la escuela corren un mayor riesgo de “sufrir exclusión social, dado que a menudo se encuentran con dificultades para obtener y conservar un empleo” y “tienden a verse social y económicamente desfavorecidos a largo plazo”. El desenganche formativo les genera consecuencias negativas en el campo de la “inseguridad laboral, la desmotivación para participar en el mercado laboral, la salud personal y la autoestima”. Y conlleva también “cuantiosos costes económicos” para la sociedad, al alimentar el paro juvenil y la pobreza. Hay factores que ayudan a explicar la tasa española, entre ellos la estructura social y económica del país (con, por ejemplo, un elevado peso del turismo en algunas zonas). Y, a escala individual, el hogar en el que se nace. Los alumnos cuyas madres tienen como mucho estudios primarios presentan 10 veces más probabilidades de abandonar la escuela de forma temprana que los niños cuyas progenitoras tienen estudios terciarios (universitarios y de Formación Profesional de grado superior).
Después de entrevistar a un nutrido grupo de entidades vinculadas a la educación, docentes y alumnos, el informe pone sobre la mesa las debilidades de la enseñanza en España que contribuyen al abandono educativo temprano, que son las que siguen.
Faltan definiciones comunes
No existe “una definición ni una medición comunes a nivel de todo el país que permita saber qué convierte a un centro educativo en vulnerable”, y las diferentes interpretaciones territoriales “ponen en peligro la asignación equitativa de los recursos a los centros en las distintas zonas del país”. Colegios e institutos recopilan una buena cantidad de datos sobre su alumnado, pero “a menudo carecen de información sobre el entorno de los alumnos, las necesidades individuales de aprendizaje y los avances en los que fundamentar un diagnóstico de apoyo”. Tampoco existe una “definición y medición claras y comúnmente aceptadas del absentismo escolar”, a pesar de que su nivel en secundaria es significativamente mayor al promedio de la OCDE. Ni hay consenso sobre qué significa el término “alumnos con necesidad específica de apoyo educativo”, lo que provoca diferencias injustificadas en las estadísticas autonómicas: en Navarra, por ejemplo, los chavales así considerados representan el 21,6% del total, mientras en la vecina Aragón solo alcanzan el 3,9%. Ministerio y comunidades, señala el documento, han empezado a trabajar en definiciones comunes.
Precariedad del profesorado
La inestabilidad del profesorado es muy elevada (33% en secundaria frente al 18% de promedio en la OCDE), “lo cual menoscaba la capacidad de los centros para formar equipos estables, que son esenciales para fomentar las aptitudes necesarias para detectar, prevenir y afrontar el abandono escolar temprano”. El porcentaje de docentes de secundaria que al empezar se sienten bien formados para impartir su asignatura (48%) es muy inferior al promedio de la OCDE (79%). La Universidad no tiene en cuenta aspectos socioemocionales a la hora de admitir a los aspirantes a docentes, como sí ocurre en Finlandia o Países Bajos (los decanos de Magisterio lo propusieron hace unos meses, pero ni una parte de los rectores ni el Ministerio de Universidades estaban por la labor de implantarlo). Los centros carecen de suficientes profesionales especializados de apoyo, como “orientadores, trabajadores sociales y psicólogos escolares”. La tasa de repetición, un instrumento que el informe desaconseja con contundencia, salvo casos muy específicos, sigue siendo elevada. Y “el porcentaje de alumnos desfavorecidos que repiten curso es uno de los más altos en la OCDE”, señala el estudio, que destaca la apuesta de la actual reforma educativa por reducirlo.
Gran parte de los centros han asumido “un horario intensivo centrado en las mañanas”, cuando “se ha demostrado que pasar más tiempo en el centro educativo permite elevar las tasas de graduación y mejorar el aprendizaje y otros indicadores sociales y conductuales”, especialmente “en los alumnos desfavorecidos”. Y, al mismo tiempo, prosigue el informe, casi la mitad de los hogares pagan extraescolares por las tardes. En el caso de las contratadas por familias de bajos ingresos, consisten mayoritariamente en clases de apoyo a materias curriculares.
Sobrecualificación y escuelas segregadas
El 40% de los trabajadores menores de 35 años afirma estar sobrecualificado para su puesto, y a pesar de la escasez de mano de obra en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, “la matriculación en los programas técnicos de FP sigue siendo baja”, lo que el informe atribuye a la falta de una buena orientación en los centros. Los alumnos pobres o de origen inmigrante tienden a concentrarse en los mismos centros ―“el porcentaje de alumnos pobres en los centros concertados es menos de la mitad que en los centros públicos”, por ejemplo―, “agravando así las desigualdades y la vulnerabilidad de estos centros y de los alumnos”. La ley de educación, la Lomloe, ha creado herramientas para evitar la segregación, señala el informe.
El gasto público en educación infantil, que puede ayudar a reducir el fracaso escolar a medio y largo plazo, “es notablemente inferior al promedio de la OCDE”, aunque el documento señala que el Gobierno ha lanzado un plan para crear 65.000 plazas de cero a tres años. La FP también tiene en España menos peso que en otros países desarrollados, si bien la OCDE admite el esfuerzo de los últimos años, con la aprobación de la nueva ley y la financiación por parte del Ministerio de Educación de la creación de 245.000 nuevas plazas. El informe también aplaude los itinerarios de flexibilización curricular que ha introducido la Lomloe para que el alumnado que va mal pueda acabar la secundaria. Lamenta que muchos centros releguen la FP al horario de tardes, dejando las mañanas para la ESO, al considerar que ello “afecta negativamente a la motivación de los alumnos, contribuye a la segregación y agrava la estigmatización de la FP”. Critica por motivos similares el hecho de que la educación para personas adultas se imparta con frecuencia en “horario nocturno”, lo que dificulta el reenganche de jóvenes de 18 a 24 años. Y echa en falta más evaluación de las políticas educativas, más colaboración entre las comunidades y el ministerio, y un mayor intercambio de información “sobre aquello que da resultado y aquello que no”.
Orientar los recursos
El informe plantea cinco grandes acciones para mejorar el sistema y reducir el abandono. La primera es establecer una definición común de alumnado y centros vulnerables que permita “orientar los recursos” hacia ellos. Algunas iniciativas de estos últimos años, como el programa PROA+ del ministerio, pueden ser aprovechadas para ello, señala. Una vez identificados, la OCDE propone una amplia batería de medidas para apoyar al alumnado vulnerable y sus familias, que van desde “vales de comida” a aulas con muy pocos alumnos y clases adicionales de refuerzo. Los centros vulnerables deberían recibir, además, orientación y apoyo directo del ministerio y las comunidades autónomas.
Para los docentes
La OCDE propone reforzar al profesorado de varias formas. Aquel que trabaje en centros vulnerables debería obtener beneficios en su carrera profesional. La formación en la Universidad debería garantizar que los nuevos docentes “sean conscientes de los aspectos culturales y lingüísticos relacionados con el aprendizaje y la evaluación”, y el acceso a la carrera, valorar habilidades socioemocionales de los aspirantes como la “empatía, la confianza, la apertura mental y la resistencia al estrés”. Las oposiciones a profesor no deberían priorizar tanto “el conocimiento de las materias sobre las competencias pedagógicas”. El documento considera conveniente “alentar a personas de diversos orígenes a acceder a la profesión docente”. Y aumentar el número de personas con perfiles profesionales distintos al docente en los centros.
Plazas escolares por sorteo
La tercera acción abarca medidas como la reducción de la tasa de repetición, con la posibilidad de que se realice una “campaña nacional de comunicación para concienciar sobre sus efectos negativos”. Limitar la segregación escolar, llegando a optar por sistemas de matriculación centralizados a escala municipal que utilicen “un sistema de sorteo para asignar plazas en centros con gran demanda”. O reforzar la conexión entre la escuela y las autoridades locales, para que los centros educativos reciban el apoyo de otros servicios públicos municipales.
La cuarta propuesta incluye seguir potenciando la FP y los itinerarios curriculares adaptados, y potenciar las fórmulas para reenganchar al alumnado que salió tempranamente del sistema, como los centros de educación de personas adultas. Y la quinta se centra en mejorar el intercambio de información entre centros y comunidades autónomas, aumentar la evaluación externa y la autoevaluación de escuelas e institutos, así como de las medidas de política educativa.
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