Últimamente el gobierno se pasea muy a menudo por el callejón del gato (aquel en el que los personajes de la novela de Valle-Inclán, se reflejaban en espejos cóncavos). Sus imágenes deformadas sobre la situación que vivimos no dejan lugar a dudas; todo es demasiado esperpéntico. La semana pasada, informes de distintas ONG ofrecieron una bofetada de realidad que quebró los espejos en los que se refleja el Gobierno cual personaje valleinclaniano. Los datos de paro registrado en octubre arrojan cifras insoportables: más de 4,5 millones de personas no tienen empleo; España ocupa el vergonzoso segundo puesto en desigualdad en Europa después de Letonia; 2,7 millones de menores viven en pobreza en nuestro país. Y, a pesar de todo ello, el Gobierno repite cual mantra que estos son los “presupuestos de la consolidación de la recuperación”. Lo dicho: esperpéntico.
El excelente informe de la Fundación Foessa presenta una realidad que no habla de recuperación sino de empobrecimiento y exclusión. Sus datos no dejan lugar a dudas: el 25% de la población española se encuentra en situación de exclusión; cinco millones de personas sufren exclusión severa. Tener un trabajo ya no significa tener cubiertas las necesidades básicas: la pobreza laboral afecta al 15% de los y las trabajadoras; los salarios son tan ínfimos que son insuficientes.
Esta situación contrasta con las cifras de concentración de la riqueza que nos ofrece el estudio Iguales de Oxfam Intermón en el que se denuncia que en España “tres individuos acumulan una riqueza que duplica con creces la del 20% más pobre de la población”. Una realidad que se sitúa en un contexto mundial que, lamentablemente, no es muy diferente: las 85 personas más ricas del planeta ganan medio millón de euros por minuto.
Los discursos imperantes continúan defendiendo el crecimiento económico como solución a los problemas de pobreza y desigualdad sin percatarse de que el crecimiento no garantiza el desarrollo; pero, sobre todo, que crecer sin tener en cuenta los límites del planeta nos lleva a un callejón sin salida. El pasado mes de agosto el mundo ya había consumido su capital natural para 2014. Seguir defendiendo un crecimiento sin límites que no respete los derechos humanos y no proteja los recursos del planeta es insostenible. Es una huída hacia delante de la que cada vez se benefician un número más reducido de personas y a costa de atentar contra los derechos más básicos de la inmensa mayoría de la población
Qué nos espera en 2015
Y mientras asistimos a esta “comedia bárbara”, el pseudo debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2015 continúa su curso. Montoro asegura que estos son los “presupuestos de una nueva etapa esperanzadora”. Seguramente necesite afinar bastante su análisis porque al estudiarlos con detalle, esperanza, la verdad, se ve poca. Con una deuda pública que supera por primera vez el 100% del PIB, el pago de los intereses se lleva un 10,2% del total de los presupuestos; o lo que es lo mismo: casi 100 millones diarios. Tal volumen hace que los fondos destinados a políticas sociales —ya muy debilitadas en los últimos años— queden prácticamente congelados.
Si se analizan con lupa algunas partidas, se ve con nitidez cuáles son las prioridades. La I+D militar aumenta con respecto a 2014 un 43,5%, lo que supone pasar de 507 a 727 millones de euros. El Ministerio de Defensa, a través del de Industria, contará con 563 millones solo para desarrollar un submarino, helicópteros, dos buques y un avión de transporte militar. En contraposición, la partida para ayuda humanitaria contará con 16,8 millones para todas las emergencias que surjan a lo largo del año. Estas cifras llaman profundamente la atención en un contexto internacional con más de 30 conflictos armados y un creciente número de desastres naturales, especialmente ahora que España acaba de estrenar su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y sobre todo cuando el ébola ha dejado de ser un virus que afecta a determinados países africanos para convertirse en un problema de salud pública mundial.
Mientras se incrementa el presupuesto militar (que, por cierto, cada agosto ve aumentar su importe por la puerta de atrás y por decreto), se debilitan más y más las políticas sociales. No parece que sean “presupuestos esperanzadores”, como defiende el Ministro de Economía.
Hay salidas en el callejón
El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona, denuncia que un gobierno que no destina el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales puede caer en una violación de los derechos humanos. Cabría preguntarse si el gobierno español está destinando en sus presupuestos para 2015 el máximo de recursos para la protección de esos derechos.
Según informes del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha), el Estado español pierde 90.000 euros al año debido al fraude fiscal, una práctica realizada en un 72% por grandes empresas y fortunas. Si se aplicaran políticas de recaudación y redistribución justas, con ese dinero podrían garantizarse los derechos de las personas. Si, además, se priorizaran políticas que protegen a las personas frente a medidas que salvaguardan a los mercados, la protección que el Estado debe a su ciudadanía podría empezar a fortalecerse.
El coste social de la corrupción ha alcanzado niveles aberrantes. Un estudio de la Universidad de las Palmas, basado en un análisis sobre el impacto que la corrupción tiene sobre la calidad de la vida de las personas, demuestra que ese coste asciende a 40.000 millones de euros anuales. ¿Se imaginan cuántas políticas sociales podrían garantizarse con ese dinero si hubiera voluntad política para aplicarlas?
El modelo de desarrollo actual es insostenible. Los niveles de desigualdad entre la minoría rica y la inmensa mayoría empobrecida son absolutamente indecentes. Como decía Max, el personaje de Luces de Bohemia, debemos “deformar la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras” y modificar un sistema que condena a millones de personas a la pobreza. Urgen cambios estructurales que ataquen las causas de la pobreza y eso pasa necesariamente por cambios radicales en las políticas fiscales, comerciales, económicas, sociales… en todos los rincones del planeta. Pero urge, sobre todo, voluntad política real para llevar a la práctica esos cambios y garantizar políticas redistributivas justas. Los PGE15 deberían apuntar hacia esa dirección y proveer, tal como Naciones Unidas exige, recursos suficientes para garantizar los derechos de las personas. Solo así podremos empezar a salir del callejón.
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar es presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España.
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