Domingo Sanz
Asustados como nos quieren con los cuentos de nuevos terrorismos y golpes de estado sin sangre ni tanques que el Gobierno no deja de divulgar desde las posiciones que controla, transcurren desapercibidos los movimientos en la sombra que protagoniza el partido político más presunto, a tenor de la cuenta de expedientes vivos en los tribunales que lo acusan o salpican. La sospecha nace al comprobar que los miembros de este Gobierno tan divulgador pertenecen a ese mismo partido, y a partir de ahora conviene que las siglas PP dibujen siempre ante nosotros un patrimonio muy importante, económico y de un origen que quizás nunca se llegue a desentrañar.
El pasado 25 de marzo el periódico “Última Hora”, de Mallorca, anunciaba en portada que “El PP recibe varias ofertas de compra de su sede regional”. Nekane Domblás, la redactora que ampliaba la información en la página 18, presentó un panorama financiero desolador:
Caída a la mitad de los ingresos del partido a partir de las derrotas electorales de 2015.
Reclamación de 212.491.- € que probablemente tendrán que devolver al Govern Balear por subvenciones cobradas de más, tras ser condenados por delito electoral.
8.000.- € de hipoteca, que están pagando cada mes por la sede que ahora quieren vender.
Ya en noviembre de 2017 La Vanguardia publicaba unas declaraciones de Prohens, portavoz del PP en el Parlament Balear, en las que afirmaba que el único motivo por el que se ponía en venta la sede era económico. Negaba así que lo que pretendieran fuera quitarse de encima el marrón de una inversión inmobiliaria que estaba sometida a investigación por financiación ilegal. Como si el periodismo fuera fácil de engañar, pues la venta de un bien no borra ninguna culpa vinculada. Pero como tantas veces ha ocurrido en casos de corrupción política, la Justicia llegó tarde: un empresario, que había entregado no menos de 600.000.- € en efectivo y fuera de la ley para la reforma del local ahora en venta, falleció antes de conseguir que le pagaran los cheques sin fondos que otro empresario, que había intermediado para ocultar el lado político del delito, le había hecho llegar para tranquilizarlo, pues durante la crisis las firmas en falso eran papel mojado, incluso en los juzgados.
Por si lo de Mallorca fuera un caso aislado, buscando en Google aparecen referencias sobre operaciones similares con las sedes de Barcelona, Zaragoza y País Vasco, este último inmueble también bajo sospecha en cuanto a la procedencia de los fondos para la compra. Abunda en lo anterior el hecho de que durante 2017 algunos medios hablaron de tensiones entre los máximos dirigentes del PP, pues se decía que algunos estaban a favor de la venta de Génova 13, sede central “popular” sobre la que ya nadie pone en duda que, al menos la reforma, se financió en negro.
Las informaciones anteriores no proceden de ruedas de prensa convocadas por los responsables del partido del gobierno ni de ofertas publicadas para conseguir compradores. Tampoco corresponden a una investigación exhaustiva realizada por quien aquí firma. Han sido captadas esporádicamente por los medios, y no es posible que tanta coincidencia se deba a la casualidad. Lo lógico es que se trate de la punta del iceberg que sumerge una estrategia de licuación de activos, imprescindible en caso de estampida para salvar, y repartirse, “la pasta”.
Es evidente que los del PP están convirtiendo inmuebles en dinero. Se trata, sin duda, de una reacción desesperada ante la imposibilidad de mantener el ritmo habitual de delitos económicos que, combinados con una impunidad casi total, permitían a esa organización obtener ingresos extras millonarios. Las causas principales de ese recorte son dos. Por una parte, el comienzo, lento y tímido pero sostenido, de la acción judicial, animada en ocasiones por ajustes de cuentas internos que estallan porque la ambición lo llena todo, y en ocasiones rebosa. Por otra, la drástica reducción de poder real que sufrieron a partir de 2015 y 2016, al finalizar la cómoda etapa de un bipartidismo durante el que todo estaba perfectamente calculado. Esto también ha provocado una reducción significativa de los ingresos legales que se derivan de los resultados electorales
Mientras, la demoscopia sigue anunciando que el PP continuará retrocediendo electoralmente y, por tanto, reduciendo sus ingresos, sean del color que sean. La Justicia seguirá a lo suyo, ya se sabe que tiene vida propia cuando no hay cortocircuitos, lo que se traducirá en nuevas sentencias condenatorias, y de mayor calado. Lo que hoy se ha sabido es que el magistrado ponente de la sentencia del juicio Gurtel 1, a punto de caramelo envenenado, es partidario de no condenar al PP como organización, pero está en minoría y solo podrá emitir un voto particular, por lo que hoy hay muchos que están bebiendo para olvidar en los ficheros de que partido constan sus nombres y apellidos. En este contexto, lo normal es que caigan también los ingresos procedentes de las cuotas de los afiliados, pues periódicamente aparecen noticias de trasvases de militantes del PP hacia Ciudadanos.
Que una entidad tan poco controlada como el Partido Popular convierta inmuebles en dinero solo para ellos debe hacer sonar todas las alarmas. Esto significa que el resto de actores políticos, especialmente nacionalistas y de izquierdas, además de la Justicia, deberán mantener una actitud especialmente vigilante en defensa del interés general. Realizadas las ventas de locales al precio de la burbuja en la que privilegiados como ellos están flotando, nada impedirá al PP “liquidar” con cuantiosas indemnizaciones, acordadas “ad hoc” y directas a los bolsillos de los dirigentes del núcleo duro de los que habitan en el número 13 de Génova, y unos cuantos favoritos de la periferia. Eso sí, esta vez todo al contado para no diferir ni un euro a un futuro imprevisible. ¿Alguien recuerda los modelos de enriquecimiento personal de directivos bancarios en medio de la ruina generalizada? Pues eso. Pero en este caso, el Tribunal de Cuentas sabe que los ingresos procedentes del erario público superan con mucho el 50% de los declarados por todos los partidos políticos, por lo que procede que, en caso de liquidación, todos sus activos regresen en primer lugar al Estado y después, los que quieran reclamar que se pongan a la cola.
Por todo lo anterior, además del periodismo también los colectivos más motivados contra la corrupción deberán realizar un seguimiento permanente del estado de los bienes en manos del PP. Especialmente las asociaciones de profesionales que disponen de información veraz, pues todas las lupas son pocas para descubrir las peores intenciones de los que mandan en un país como España.
Por último, también conviene vigilar los movimientos de C’s, pues nada impide que Rivera, si las generales de 2020 les conceden la victoria, prepare una alambicada operación política de fusión condicionada con absorción parcial de “populares” que lo que en realidad estaría ocultando sería la salvación, y por tanto blanqueo bajo una nueva marca, del sustancioso patrimonio que constaría en los registros de la propiedad a nombre del PP. De nuevo nos viene a la cabeza el recuerdo de las maniobras orquestadas para salvar a los bancos, fuera cual fuera el número de víctimas, incluidas las mortales. Y también nos indignaría que, después de socializar las pérdidas de bancos, autopistas en quiebra y otros riesgos de multimillonarios, nos tuviéramos que quedar con los pasivos del partido que montó un ministro de Franco llamado Fraga Iribarne, y que un espabilado como Rivera se apropiara de la parte del león, limpia de polvo, paja y sin contenciosos pendientes en los tribunales. Son las maldades que no podemos evitar que nos asalten la cabeza cuando resulta imposible contener el caudal de sorpresas que cada día nos depara la peor política.
En marzo de 2016 nos preguntábamos públicamente “¿Qué hacemos con los bienes del PP?” y hace poco más de un mes volvíamos a insistir. Alarmamos de nuevo hoy porque hay que estar ojo avizor. De lo contrario, antes o después se repetirán los días en que nos llevaremos las manos a la cabeza. Por supuesto, cuando eso ocurra ya no habrá ningún remedio.
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viernes, 18 de mayo de 2018
jueves, 7 de enero de 2016
Sube la marea, no para todas las barcas. El futuro depende más de la renta de los padres que de los estudios que se tienen.
EE UU es uno de los países más desiguales del mundo. Como en la mayoría, la crisis económica ha conllevado desde 2007 un declive de la igualdad de oportunidades, esencia de la democracia. La escalera social se ha detenido, y cuando se ha recuperado el crecimiento y ha subido la marea, esta no levanta todas las barcas del puerto. La desigualdad de oportunidades se manifiesta, por ejemplo, en la educación universitaria.
Algunos datos se han hecho públicos recientemente: solo la mitad de los estudiantes estadounidenses que se matricularon en 2009 han conseguido graduarse ahora. Dado que dos terceras partes de estos últimos han arrastrado deudas por valor, como media, de unos 28.900 dólares, quedan encadenados a las mismas durante años. Siete de cada 10 universitarios solicitan algún tipo de ayuda financiera para completar su formación. Se calcula que la deuda acumulada por estos estudiantes se ha doblado desde el inicio de la Gran Recesión, y asciende al equivalente a 1,2 billones de euros, más de lo que produce un país como España en un solo año. Aunque hay pleno empleo, las condiciones del mercado de trabajo (escasa remuneración, nula seguridad) implican que los recién licenciados tienen que dedicar mucho tiempo de su iniciada vida laboral a pagar los créditos a los bancos. Si las cifras aportadas incluyeran los préstamos de los progenitores para auxiliar a sus hijos, serían un 33% más altas.
La ley de quiebras de 2005 hizo imposible que se pudieran cancelar las deudas por estudios aun en el caso de bancarrota personal. Dice Stiglitz en El precio de la desigualdad (Taurus) que ello anula cualquier incentivo que pudieran tener los bancos y las universidades con ánimo de lucro para estimular y proporcionar una educación que acabe teniendo rendimiento económico. Aunque el estudio universitario carezca de valor, el prestatario no se libra de pagar: "En vez de 'satisfacción garantizada o le devolvemos el dinero', la realidad es 'la insatisfacción está garantizada, pero usted tendrá que cargar con esas deudas el resto de su vida".
En el caso de los créditos a los estudiantes, los bancos consiguieron durante años sacar beneficios casi sin riesgo: en muchos casos, el Gobierno avalaba los créditos; en otros, el hecho de que los créditos nunca pudieran cancelarse —por la citada ley de quiebras— los hacía más seguros que cualquier otro tipo de crédito de características similares. En 2014, Obama, sorteando a los republicanos, trató de ampliar el alcance de una ley de 2010 que permitía que los estudiantes solo tuviesen que pagar mensualmente un máximo del 10% de sus ingresos para devolver el préstamo que adquirieron y que se perdonase la deuda restante cuando el estudiante llevase 20 años pagándola.
El hecho es que la coyuntura sigue siendo desfavorable para la igualdad de oportunidades. Según diversos proyectos de movilidad económica, aunque consigan una licenciatura universitaria los hijos de los pobres siguen siendo más pobres que los hijos de los ricos con menos estudios; que quienes tienen la suerte de tener unos padres más ricos y mejor educados tienen mejores perspectivas, ya que el nivel de ingresos de los progenitores ha devenido en el factor más decisivo ya que el coste de los estudios universitarios está aumentando más deprisa que las rentas medias; y que el acceso a una buena educación universitaria encarecida en sus tasas (sobre todo en los centros privados elitistas, muy vinculados a Wall Street) y con escasas becas depende, cada vez más, de los ingresos, riqueza y educación de los padres de los estudiantes. Ello genera el declive de la movilidad social por una insuficiente inversión en el interés general, incluida la educación pública.
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/27/actualidad/1451243121_568037.html
Algunos datos se han hecho públicos recientemente: solo la mitad de los estudiantes estadounidenses que se matricularon en 2009 han conseguido graduarse ahora. Dado que dos terceras partes de estos últimos han arrastrado deudas por valor, como media, de unos 28.900 dólares, quedan encadenados a las mismas durante años. Siete de cada 10 universitarios solicitan algún tipo de ayuda financiera para completar su formación. Se calcula que la deuda acumulada por estos estudiantes se ha doblado desde el inicio de la Gran Recesión, y asciende al equivalente a 1,2 billones de euros, más de lo que produce un país como España en un solo año. Aunque hay pleno empleo, las condiciones del mercado de trabajo (escasa remuneración, nula seguridad) implican que los recién licenciados tienen que dedicar mucho tiempo de su iniciada vida laboral a pagar los créditos a los bancos. Si las cifras aportadas incluyeran los préstamos de los progenitores para auxiliar a sus hijos, serían un 33% más altas.
La ley de quiebras de 2005 hizo imposible que se pudieran cancelar las deudas por estudios aun en el caso de bancarrota personal. Dice Stiglitz en El precio de la desigualdad (Taurus) que ello anula cualquier incentivo que pudieran tener los bancos y las universidades con ánimo de lucro para estimular y proporcionar una educación que acabe teniendo rendimiento económico. Aunque el estudio universitario carezca de valor, el prestatario no se libra de pagar: "En vez de 'satisfacción garantizada o le devolvemos el dinero', la realidad es 'la insatisfacción está garantizada, pero usted tendrá que cargar con esas deudas el resto de su vida".
En el caso de los créditos a los estudiantes, los bancos consiguieron durante años sacar beneficios casi sin riesgo: en muchos casos, el Gobierno avalaba los créditos; en otros, el hecho de que los créditos nunca pudieran cancelarse —por la citada ley de quiebras— los hacía más seguros que cualquier otro tipo de crédito de características similares. En 2014, Obama, sorteando a los republicanos, trató de ampliar el alcance de una ley de 2010 que permitía que los estudiantes solo tuviesen que pagar mensualmente un máximo del 10% de sus ingresos para devolver el préstamo que adquirieron y que se perdonase la deuda restante cuando el estudiante llevase 20 años pagándola.
El hecho es que la coyuntura sigue siendo desfavorable para la igualdad de oportunidades. Según diversos proyectos de movilidad económica, aunque consigan una licenciatura universitaria los hijos de los pobres siguen siendo más pobres que los hijos de los ricos con menos estudios; que quienes tienen la suerte de tener unos padres más ricos y mejor educados tienen mejores perspectivas, ya que el nivel de ingresos de los progenitores ha devenido en el factor más decisivo ya que el coste de los estudios universitarios está aumentando más deprisa que las rentas medias; y que el acceso a una buena educación universitaria encarecida en sus tasas (sobre todo en los centros privados elitistas, muy vinculados a Wall Street) y con escasas becas depende, cada vez más, de los ingresos, riqueza y educación de los padres de los estudiantes. Ello genera el declive de la movilidad social por una insuficiente inversión en el interés general, incluida la educación pública.
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/27/actualidad/1451243121_568037.html
domingo, 4 de octubre de 2015
Nueva ayuda a los bancos. De Guindos propone a la banca un pago de 419 millones por limpiar sus cuentas
Diagonal
El ministro de Hacienda y Administraciones responde con un impuesto del 1,5% a pagar por las entidades financieras a las amenazas de multas por ayudas ilegales a la banca por parte de la Comisión Europea.
“El Estado español va a imponer a las entidades financieras un pequeño impuesto por todo lo que no han pagado, y si después hay problemas y quiebran, como siempre lo pagarán los ciudadanos españoles”. Así resume Sergio Salgado, de 15MpaRato, el último anuncio hecho desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reforma de los llamados 'activos financieros diferidos', una herramienta económica utilizada por las entidades financieras, con el aval del Estado, que estaba desde abril bajo investigación por parte de la Comisión Europea.
Los activos fiscales diferidos son una figura a través de la que el Estado permite a las entidades financieras deducirse los gastos afrontados en un ejercicio sobre los impuestos a pagar en los siguientes. Como explica Octavio, miembro de 15MpaRato: “Si, por ejemplo, un banco tiene pérdidas en un ejercicio de 100 millones de euros, al estar en números negativos no pagaría impuestos. Si en ejercicio siguiente, la misma entidad tiene unos beneficios de 200 millones, por ejemplo, a la hora de pagar el impuesto de sociedades se descontaría el equivalente de impuestos de los 100 millones de pérdidas del ejercicio anterior”. Hasta ahí, la práctica es legal, señala Octavio, y se practica en más países de la Unión Europea.
A raíz de la crisis de las hipotecas basura, en diciembre de 2010, el Foro de Estabilidad Financiera y el G20 promovieron una reforma de la normativa internacional, bajo el nombre de Basilea III, que entró en vigor en enero de 2014. Con ella se restringía el tipo de activos que podía considerarse como activos fiscales diferidos para que sólo incluyera a los fondos de máxima calidad, aquellos con los que la entidad pudiera contar de forma inmediata para hacer frente a imprevistos. Fuera quedaban alrededor de 40.000 millones de euros en créditos fiscales de entidades españolas, entre los que se incluyen hipotecas basura o inmuebles que han perdido gran parte de su valor.
En España, la respuesta a este obstáculo fue la aprobación de varios decretos que suavizaban las requerimientos de la normativa internacional, manteniendo que los activos fiscales diferidos, ahora denominados créditos fiscales, siguieran computando en el capital de la entidad, recuperando también la carga del impuesto de sociedades y manteniendo el aval del Ministerio de Hacienda, aunque no se esperen beneficios en el futuro e, incluso, si la entidad quiebra.
“La trampa de esto es que los bancos meten en sus cuentas anuales como activos buenos activos que realmente son pérdidas”, explica Octavio. “Los activos fiscales diferidos son de dos tipos: los que vienen de pérdidas y los que vienen de ganancias, como los planes de pensiones millonarios de los altos directivos, que al jubilarse cobran 300.000 o 500.000 euros. Estos activos se convierten en activos fiscales diferidos, por los que la entidad no paga impuestos. Esto es legal porque el régimen fiscal lo permite, aunque sea un abuso”, continúa.
En abril de este año, la Comisión Europea lanzó una investigación sobre el funcionamiento de esta figura en España, Italia y Grecia, anunciando multas millonarias por lo que la institución consideraba una ayuda ilegal a la banca por parte de los respectivos gobiernos. La pasada jornada, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunció una reforma del Impuesto sobre Sociedades, que se tramitará como enmienda en la Ley de Presupuestos Generales de 2016. La solución planteada por el Ministerio de Hacienda español, y que hasta ahora ha sido aceptada por la Comisión Europea, es imponer a las entidades financieras un impuesto del 1,5% sobre los activos con impuestos deducidos de más, manteniendo el aval del Ministerio sobre estos activos.
Desde 15MpaRato explican que esta nueva norma anunciada con Guindos, y con el visto bueno de la Comisión Europea, se aplicaría sobre 28.000 de los 40.000 millones de activos diferidos, los correspondientes a los que se ha aplicado base impositiva negativa entre 2008 y 2014. El pago del 1,5% daría como resultado 419 millones de euros a pagar para continúen computando como capital de máxima calidad. “Donde está esta última estafa es que, aunque para desgravarse impuestos utilizan los números del impuesto de sociedades, que es del 30%, a la hora de pagar para que estos activos sigan acogiéndose a estas ventajas sólo pagan el 1,5%. Es un pequeño paraíso fiscal”, concluye.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/27924-guindos-porpone-pago-419-millones-la-banca-por-limpiar-sus-cuentas.html
El ministro de Hacienda y Administraciones responde con un impuesto del 1,5% a pagar por las entidades financieras a las amenazas de multas por ayudas ilegales a la banca por parte de la Comisión Europea.
“El Estado español va a imponer a las entidades financieras un pequeño impuesto por todo lo que no han pagado, y si después hay problemas y quiebran, como siempre lo pagarán los ciudadanos españoles”. Así resume Sergio Salgado, de 15MpaRato, el último anuncio hecho desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reforma de los llamados 'activos financieros diferidos', una herramienta económica utilizada por las entidades financieras, con el aval del Estado, que estaba desde abril bajo investigación por parte de la Comisión Europea.
Los activos fiscales diferidos son una figura a través de la que el Estado permite a las entidades financieras deducirse los gastos afrontados en un ejercicio sobre los impuestos a pagar en los siguientes. Como explica Octavio, miembro de 15MpaRato: “Si, por ejemplo, un banco tiene pérdidas en un ejercicio de 100 millones de euros, al estar en números negativos no pagaría impuestos. Si en ejercicio siguiente, la misma entidad tiene unos beneficios de 200 millones, por ejemplo, a la hora de pagar el impuesto de sociedades se descontaría el equivalente de impuestos de los 100 millones de pérdidas del ejercicio anterior”. Hasta ahí, la práctica es legal, señala Octavio, y se practica en más países de la Unión Europea.
A raíz de la crisis de las hipotecas basura, en diciembre de 2010, el Foro de Estabilidad Financiera y el G20 promovieron una reforma de la normativa internacional, bajo el nombre de Basilea III, que entró en vigor en enero de 2014. Con ella se restringía el tipo de activos que podía considerarse como activos fiscales diferidos para que sólo incluyera a los fondos de máxima calidad, aquellos con los que la entidad pudiera contar de forma inmediata para hacer frente a imprevistos. Fuera quedaban alrededor de 40.000 millones de euros en créditos fiscales de entidades españolas, entre los que se incluyen hipotecas basura o inmuebles que han perdido gran parte de su valor.
Leer más: ¿Necesita ayuda? Hágase banquero
En España, la respuesta a este obstáculo fue la aprobación de varios decretos que suavizaban las requerimientos de la normativa internacional, manteniendo que los activos fiscales diferidos, ahora denominados créditos fiscales, siguieran computando en el capital de la entidad, recuperando también la carga del impuesto de sociedades y manteniendo el aval del Ministerio de Hacienda, aunque no se esperen beneficios en el futuro e, incluso, si la entidad quiebra.
“La trampa de esto es que los bancos meten en sus cuentas anuales como activos buenos activos que realmente son pérdidas”, explica Octavio. “Los activos fiscales diferidos son de dos tipos: los que vienen de pérdidas y los que vienen de ganancias, como los planes de pensiones millonarios de los altos directivos, que al jubilarse cobran 300.000 o 500.000 euros. Estos activos se convierten en activos fiscales diferidos, por los que la entidad no paga impuestos. Esto es legal porque el régimen fiscal lo permite, aunque sea un abuso”, continúa.
En abril de este año, la Comisión Europea lanzó una investigación sobre el funcionamiento de esta figura en España, Italia y Grecia, anunciando multas millonarias por lo que la institución consideraba una ayuda ilegal a la banca por parte de los respectivos gobiernos. La pasada jornada, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunció una reforma del Impuesto sobre Sociedades, que se tramitará como enmienda en la Ley de Presupuestos Generales de 2016. La solución planteada por el Ministerio de Hacienda español, y que hasta ahora ha sido aceptada por la Comisión Europea, es imponer a las entidades financieras un impuesto del 1,5% sobre los activos con impuestos deducidos de más, manteniendo el aval del Ministerio sobre estos activos.
Desde 15MpaRato explican que esta nueva norma anunciada con Guindos, y con el visto bueno de la Comisión Europea, se aplicaría sobre 28.000 de los 40.000 millones de activos diferidos, los correspondientes a los que se ha aplicado base impositiva negativa entre 2008 y 2014. El pago del 1,5% daría como resultado 419 millones de euros a pagar para continúen computando como capital de máxima calidad. “Donde está esta última estafa es que, aunque para desgravarse impuestos utilizan los números del impuesto de sociedades, que es del 30%, a la hora de pagar para que estos activos sigan acogiéndose a estas ventajas sólo pagan el 1,5%. Es un pequeño paraíso fiscal”, concluye.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/27924-guindos-porpone-pago-419-millones-la-banca-por-limpiar-sus-cuentas.html
sábado, 4 de julio de 2015
Crisis Griega. Los países que más "defaults" han tenido en la historia (y no son Grecia ni Argentina)
BBC Mundo. Crisis griega
¿Es el "default" (quiebra, no pagar, ponerse en mora) tan antiguo como Grecia misma?
Hasta hace poco tiempo, cuando se hablaba de crisis de deuda inmediatamente surgía el nombre de Argentina.
Y no era para menos: el país sudamericano registró su octava cesación de pagos (o default) en julio de 2014; de hecho, la segunda desde 2001. Ocurrió luego de que el gobierno de Cristina Fernández no desembolsara el dinero que un juez de EE.UU. le obligó a pagar a acreedores privados que tenían bonos del Estado argentino y no entraron en el plan de canje de deuda lanzado años antes desde Buenos Aires.
Pero ahora, cuando se teme que Grecia entre en default con sus acreedores -la eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la llamada troika- es la nación helénica la que está en boca de todos.
El gobierno de Atenas debe realizar este martes un pago de 1.600 millones de euros al FMI. De no concretar ese desembolso, Grecia podría verse forzada a abandonar el euro.
Y ante los pronósticos de una tormenta financiera de alcance europeo -y posiblemente global-, los mercados internacionales abrieron este lunes a la baja.
Pero, ¿es este el primer default que enfrenta Grecia o el país es en realidad un "viejo conocido" en la historia de las cesaciones de pagos? ¿Y cómo se compara con otros países del mundo, incluyendo los latinoamericanos?
BBC Mundo lo explica respondiendo a 6 preguntas, algunas de las cuales podrían sorprender a más de un lector.
1. ¿Cuál fue el primer default (quiebra, no pago) de la historia?
El incumplimiento del pago de una deuda es, al parecer, tan antiguo como la historia misma.
¿Es el "default" casi tan antiguo como el Partenón?
Los economistas sitúan en Grecia la primera forma de default registrada, en el año 377 antes de Cristo, cuando una decena de polis -ciudades griegas- decidieron no cumplir con sus obligaciones financieras.
Sin embargo, aclaran que la mayoría de las crisis de deuda en la Antigüedad se resolvieron a través de la inflación y las devaluaciones, con lo que se terminaba devolviendo menos dinero en términos reales, como una suerte de reestructuración de facto.
Varufakis: 'Lo que hacen con Grecia tiene un nombre: terrorismo'
'Lo que quiere Bruselas y la Troika es que gane el 'sí' para humillar a los griegos'
'En toda Europa se necesitan partidos como Syriza y Podemos, críticos con el sistema"
Vea el mensaje de Varufakis dirigido a los españoles
Desde entonces, el destino financiero de los griegos ha sido cíclico: han dejado de pagar sus deudas en numerosas ocasiones.
2. ¿Son las cesaciones de pagos eventos extraordinarios o comunes?
Antes del siglo XIX los defaults se producían mayoritariamente por eventos extraordinarios como guerras y revoluciones. Pero a partir de entonces han estado más vinculados al manejo financiero.
Rogoff: los "defaults" son inherentes a la economía global.
Los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, de la Universidad de Harvard, en EE.UU., se han dedicado a contabilizar los defaults de deudas soberanas (las declaradas por Estados) desde 1800 hasta la década de 2000.
Rogoff y Reinhart han contabilizado unas 250 cesaciones de pagos en 200 años, es decir, un promedio de más de una por año.
La conclusión de los investigadores de Harvard, según le contó el propio Rogoff a BBC Mundo, es que los defaults son inherentes a la economía global y no son tan raros y anormales como algunos países centrales, economistas ortodoxos y medios de comunicación quieren hacer parecer.
3. ¿Qué naciones han sido las más vulnerables?
Según el informe más reciente de Naciones Unidas sobre esta materia, las naciones en desarrollo han sido las más vulnerables a las crisis de deuda a partir de la década de 1950.
600 casos de reestructuraciones en el mundo desde la década de 1950
95 países afectados por las crisis de deuda. Fuente: Naciones Unidas.
Desde entonces y hasta la fecha, dice la ONU, ha habido más de 600 casos de reestructuraciones en unos 95 países, un fenómeno que el organismo considera "generalizado".
De ellas, más de 180 fueron compromisos con acreedores privados (bancos y tenedores de bonos extranjeros), mientras que el resto -la mayoría- fueron con entidades internacionales de crédito como el Club de París.
El informe de la ONU reconoce que el problema de las demandas entabladas por tenedores de bonos privados ha sido frecuente, aunque en los últimos 15 años las reestructuraciones han sido "relativamente tranquilas", a excepción de casos como el de Argentina -hoy en las noticias- y Dominica.
4. ¿Cuáles son los países que más han incurrido en defaults?
Historiadores económicos afirman que, a pesar de la mala prensa, Argentina no es el país que más ha incumplido sus deudas.
Si se considera el default como una crisis de deuda externa producida por inestabilidad política, guerras y revoluciones, o bien por oleadas de crédito barato por un aumento especulativo de los préstamos, el peor deudor de la historia ha sido España, con 14 crisis relacionadas con compromisos financieros.
España, el más incumplidor.
Así se desprende de un ránking de países con más defaults desde el siglo XVI (o su independencia) elaborado a partir de datos compilados por Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, de la Universidad de Harvard, y otros investigadores como el economista Miguel Ángel Boggiano, de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires.
El país ibérico encabeza la lista, mientras que Argentina figura bastante más abajo, con 8 eventos y Grecia con 6.
Boggiano le subrayó a BBC Mundo que incluso varios países latinoamericanos están más altos en la lista: Venezuela y Ecuador (con 11); Brasil (con 10), y Costa Rica, México, Perú y Chile (con 9).
A continuación, la lista completa (actualizada al 29 de junio de 2015):
Los más incumplidores
País Defaults o reestructuraciones
1. España 14 eventos
2. Venezuela, Ecuador 11
3. Brasil 10
4. Francia, Costa Rica, México, Perú, Chile, Paraguay 9
5. Argentina, El Salvador, Alemania (incluido Prusia, Hesse, Schleswig-Holstein y Westfalia) 8
6. Colombia, Uruguay, Portugal 7
7. EE.UU., Bolivia, Turquía, Rusia, Grecia, Imperio Austro-Húngaro 6
8. Nigeria 5
Boggiano le aclaró a BBC Mundo que, en este ránking, default y reestructuración son considerados fenómenos similares. "Porque al final, se frenen los pagos o no, casi siempre hay una negociación para un descuento y un nuevo plazo, de modo que el compromiso de pago original termina no cumpliéndose", añade.
5. ¿Cuál ha sido la mayor deuda impagada registrada hasta la fecha?
La cesación de pagos de Argentina de 2001, de unos US$95.000 millones, es considerada por economistas como Jill Hedges como el default soberano más grande de la historia.
Sin embargo, algunos expertos afirman que el mayor default de los últimos tiempos ha sido el de Grecia en 2010, cuando el país europeo, quebrado por la crisis financiera que estalló en 2008, llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos para pagarles US$138.000 millones menos de lo que debía: US$410.000 millones en concepto de deuda pública.
Reestructuración griega de 2010: ¿fue un "default"?
Se trató de una reestructuración que estuvo bajo los auspicios de la Unión Europea y el FMI.
De todas maneras, los economistas creen que es muy difícil hablar del "mayor default de la historia", ya que es complicado comparar cesaciones de pagos del pasado, en monedas cuyos valores son difíciles de actualizar, con las más recientes.
"Es complicadísimo calcular los montos", le dice a BBC Mundo, Miguel Ángel Boggiano, de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires.
"Si uno convirtiera a valores hoy algunos defaults de España o Francia, serían al menos comparables al de Argentina".
6. ¿Hay realmente países con un historial impecable en cuanto al pago de sus deudas?
Hay muy pocos países que nunca han dejado de pagar sus deudas o las han reestructurado. Entre ellos figuran Suiza, Bélgica, Noruega, Finlandia, Corea del Sur, Singapur y Nueva Zelanda.
Países como EE.UU., Reino Unido y Alemania, si bien no tienen un historial limpio, son considerados "creíbles" por los mercados internacionales.
Y las principales razones son dos: porque han tenido largos períodos libres de defaults y porque son los grandes acreedores del mundo en cuanto a la cantidad de capital que prestan.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150629_economia_grecia_mayores_deudores_default_ms
Más: http://verdecoloresperanza.blogspot.com.es/2011/11/carta-abierta-de-mikis-theodorakis-y.html#links
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