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sábado, 24 de febrero de 2018

DOS POLACOS POR EL SUELDO DE UN FRANCÉS. Más de dos millones de europeos trabajan destinados en otros países comunitarios, algunos con salarios, horarios o esfuerzos "inaceptables" y que solo persiguen rebajar los costes para la empresa.

Un buen día, los jefes de la empresa mandaron a Fran Martínez a montar tuberías a Francia. El proyecto prometía pero lo que se encontró al llegar no era lo que esperaba. Lo alojaron en una sola casa con todos sus compañeros, los más desafortunados dormían en los pasillos. “La situación de los españoles allí es lamentable, pero la de los polacos o los rumanos es criminal”, asegura. “Todo lo que te ponen en las nóminas es mentira”, sentencia este trabajador gallego de 42 años, que pasó cuatro meses en la construcción de supermercados en París y otros cuatro en Saint-Nazaire, una pequeña ciudad francesa situada en la vasta desembocadura del Loira en el Atlántico.

Dos polacos por el sueldo de un francés

Los astilleros de Saint-Nazaire, símbolo y orgullo de la industria nacional, se han convertido también en un caso paradigmático de una realidad a la que la Unión Europea quiere poner coto: la de los trabajadores desplazados por sus empresas desde otros países comunitarios que compiten deslealmente al cobrar salarios más bajos y aceptar peores condiciones. Allí esperan que lo acordado en Bruselas, que busca equiparar a los llegados de fuera con los empleados locales, dé resultados a corto plazo.

Alain Georget es uno de los 8.000 trabajadores que viven directa o indirectamente de los astilleros de Saint-Nazaire, y en los que hasta hace poco se construían buques metaneros o portahelicópteros. “Las condiciones para el trabajador francés son muy duras: mucho esfuerzo físico, salarios insuficientes, malos horarios; pero para el trabajador desplazado suelen ser mucho peores”, explica a la salida de los astilleros.

Estas malas condiciones, la vulnerabilidad y precariedad laborales, son las que han dificultado el contacto con empleados de las instalaciones, temerosos de exponer su caso en este reportaje, que forma parte del proyecto periodístico Europa Ciudadana, financiado por el Parlamento Europeo.

La libre circulación de trabajadores es un pilar fundamental de la Unión Europea. Dos millones de europeos trabajan en otros países comunitarios destinados por sus empleadores. En Alemania, un tercio de los 30.000 trabajadores en los mataderos es personal destinado desde el sur o el este del continente. Empresas radicadas en Luxemburgo han contratado a franceses para después enviarlos a trabajar a su país y ahorrarse elevadas cargas sociales. En el sector de la construcción en Bélgica —en el que un tercio de los trabajadores son desplazados— ha habido casos con 22 niveles de subcontratación. Algunas empresas han exprimido la brecha salarial entre los socios antiguos y nuevos de la UE para contratar con condiciones ventajosas y desleales, aprovechando que la directiva que regula el desplazamiento es de hace más de 20 años y hasta ahora no había entrado en fase de reforma.

El trabajador desplazado tras ser contratado en su país de origen —no confundir con el ciudadano que emigra de forma voluntaria para buscar empleo— deberá beneficiarse de los mismos convenios que sus colegas del país de acogida que ejerzan las mismas labores, según la reforma que se pactó en octubre en Bruselas y que todavía tardará al menos un par de años en empezar a ser efectiva. La UE repite como un mantra el principio básico de la reforma: misma remuneración por un mismo trabajo en un mismo lugar. Un ejemplo: los eslovacos que estén subcontratados en una obra en Viena tendrán derecho a la misma paga navideña que sus compañeros austriacos.

Entre los vehículos aparcados en los alrededores del puerto o de los astilleros escasean las matrículas francesas. Abundan las furgonetas patentadas en Polonia, Hungría y en los países bálticos. También es fácil encontrar algún coche español, portugués o griego, incluso de Estados no comunitarios como Serbia o Ucrania. Los sindicatos calculan que generalmente hay más de 2.000 trabajadores desplazados en Saint-Nazaire. “Esto se ha convertido en una Torre de Babel. Es complicado y perjudicial trabajar con colegas con los que no te puedes comunicar ni para transmitir una sencilla orden de trabajo”, apunta Georget, quien ejerce como delegado sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La arquitectura y el urbanismo de Saint-Nazaire pueden llevar al visitante a pensar que esta ciudad de 70.000 habitantes carece de historia. Frente al océano, una mole de hormigón de 18 metros de altura y 300 metros de largo dice lo contrario. Este portento de la ingeniería nazi fue construido durante la ocupación por las tropas alemanas para albergar y reparar parte de su flota en el Atlántico. La base de submarinos se convirtió en un objetivo destacado de los bombardeos aliados y al final de la guerra la ciudad había quedado en ruinas y abandonada.

La mole resistió y el contingente nazi en Saint-Nazaire fue el último en rendirse en toda Europa Occidental, casi un año después de la liberación de París y dos semanas más tarde de que Hitler se suicidara. Antiguo puerto negrero a la sombra del de Nantes, Saint-Nazaire volvió a enfocarse al Atlántico tras la guerra. Hoy se construyen los cruceros más grandes del mundo.

Los astilleros no cierran, siempre hay alguien trabajando. Muchos de los soldadores o carpinteros desplazados en Saint-Nazaire desconocen sus derechos y trabajan más horas de las que marca su contrato, según Georget, quien considera que además de alcanzar acuerdos en Bruselas es necesario que la inspección laboral destape mucho más el fraude. “Puede que lo firmado sea legal, pero en el caso de los desplazados casi nunca se adecua a la realidad. Los contratados en Francia cumplimos las 35 horas semanales; los desplazados hacen 50 por menos dinero”, sentencia.

Los trabajadores desplazados en Saint-Nazaire llevan, por lo general, una vida rutinaria y austera. La mayoría no pasa allí más de un año. A pesar de que sus condiciones laborales son peores que las de sus colegas, algunos de estos operarios del Este cuadruplican sus ingresos mensuales al cobrar el salario mínimo francés. Su intención suele ser ahorrar todo lo posible durante su estancia en Francia y regresar a su país cuando termine el desplazamiento para seguir trabajando en la misma empresa, lo que los sindicatos consideran un freno a la hora de denunciar.

Las negociaciones en Bruselas para alcanzar acuerdos sobre la reforma han vuelto a evidenciar las discrepancias entre Este y Oeste. El presidente francés, Emmanuel Macron, asumió el asunto como su primera cause célèbre en Europa y llegó a condicionar la viabilidad de la Unión al acuerdo alcanzado. “Hay que poner coto a aquellos que contratan mano de obra en el extranjero con el único fin de abaratar costes”, señala Agnes Jongerius, eurodiputada holandesa que ha sido ponente en la revisión de la directiva debatida en la Comisión. Jongerius destaca que hay trabajadores desplazados que viven en condiciones “inaceptables” para la UE y que, cuando la reforma entre en vigor, los costes de alojamiento y transporte deberán siempre correr a cargo del empleador. En Polonia se ha rechazado vehementemente la reforma alegando que una de las consecuencias del mercado único debería ser la oferta de mano de obra más barata. Hungría, Lituania y Letonia se han posicionado firmemente con Varsovia.

La tasa de paro de Saint-Nazaire se sitúa por encima del 10%, ligeramente superior a la media de la región (Países del Loira) y la nacional. Además del puerto y los astilleros, una planta de Airbus da empleo a 3.000 personas más. “El desplazamiento de trabajadores y el dumping salarial o laboral que conlleva dificulta la contratación de jóvenes locales”, subraya Xavier Perrin, teniente de alcalde de la ciudad, quien añade que el uso fraudulento del desplazamiento en el trabajo es caldo de cultivo para los nacionalismos y populismos. El político socialista añade que son muchos los franceses que se mudan a Saint-Nazaire para trabajar en su industria y que la región debería renovar y adaptar los estudios de formación de empleo a las necesidades locales.

Las medidas pactadas en Bruselas encarecerán el coste y aumentarán la carga burocrática del desplazamiento de trabajadores. Aún así, estos solo representan el 0,9% de la fuerza laboral europea, y solo el 0,4% está destinado en países con un salario mínimo superior al de origen, por lo que el impacto de las medidas en el global de la economía del continente será limitado. En Saint-Nazaire sí que confían en que las medidas tengan un impacto en su economía y terminen con la competencia salarial desleal. Martínez, que terminó dejando la empresa gallega por no cobrar las horas extras trabajadas en Francia, espera que los empleados dejen de sentirse discriminados en Europa por su nacionalidad.

EL TRANSPORTE POR CARRETERA QUEDA EXCLUIDO
En el acuerdo sobre la reforma de la directiva de los trabajadores desplazados alcanzado por los ministros de Trabajo de la UE en octubre se decidió mantener fuera de la nueva regulación al transporte por carretera. España, junto al grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa), Portugal, Dinamarca e Irlanda, se opuso a que el tráfico terrestre de mercancías quedara sometido a las mismas reglas, alegando las peculiaridades del sector como que sus trabajadores pueden llegar a cruzar tres fronteras europeas en una jornada de trabajo.

La eurodiputada española Inés Ayala, muy activa en la regulación comunitaria del transporte por carretera, explica por teléfono su defensa en Bruselas de los camioneros españoles. "El bloque formado por Francia, Alemania, Bélgica y Austria llegó incluso a legislar a nivel nacional medidas proteccionistas para dificultar y encarecer el trabajo de los camioneros de los países periféricos". Otros como Suecia han defendido la prohibición de dormir en cabina.

"Algunos pretendían que los camioneros llevaran una oficina administrativa en cabina", apunta Sender, eurodiputada socialista desde 2004. Los antiguos socios de la UE alegan que no pueden competir con los servicios ofertados en países periféricos como Rumania, Italia o España, que ofrecen peores condiciones laborales a sus camioneros e invierten menos en seguridad.

Al quedar al margen de la directiva sobre desplazamiento en el trabajo, la regulación del transporte por carretera deberá comenzar a negociarse en los próximos meses.

https://elpais.com/internacional/2018/01/26/actualidad/1516992987_892079.html