La Generalitat valenciana ha detectado "auténticas barbaridades" en la actividad de construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), la empresa pública creada por el Partido Popular para levantar colegio e institutos públicos. El consejero de Educación, Vicent Marzà, ha afirmado este lunes que su departamento ha entregado el informe definitivo sobre Ciegsa a la Abogacía de la Generalitat como paso previo a llevarlo a la fiscalía.
Hace unas semanas el portavoz socialista, Manuel Mata, cifró los sobrecostes observados en un primer informe en cerca de 1.300 millones de euros. Marzà ha adelantado hoy que el informe definitivo ha detectado irregularidades "alarmantes".
"Estamos hablando de encargos que no se han hecho, de trabajos sin presupuesto", de centros educativos "que no se han acabado, que no han comenzado algunos de ellos, en los que no se ha hecho ningún tipo de trámite y, en cambio, se ha seguido pagando dinero", ha afirmado Marzà.
El informe también advierte de que la gran estructura de la que se dotó Ciegsa, "que sobrepasaba por completo lo que realmente era necesario". Y de "sueldos por encima de la Administración pública con eficiencia por debajo de la Administración", ha añadido.
El titular de Educación ha mantenido que la gestión de Ciegsa no fue "ética, pero el informe apunta a cuestiones que van más allá de si es ético o no". Una materia sobre la que en su opinión deberá pronunciarse "un juez" para que "la ciudadanía sepa si ha habido actos delictivos".
Al frente de Ciegsa estuvo durante años Máximo Caturla, que se vio forzado a dimitir el año pasado del cargo de vicepresidente de la Diputación de Valencia después de que salieran a la luz grabaciones en las cuales trataba presuntamente del cobro de comisiones y otras irregularidades. Se trata del mismo caso que afecta al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus.
El consejero se ha referido también al pacto que mantuvieron las empresas que alquilaban barracones a la Generalitat y que, según una condena de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, habrían pactado precios en perjuicio del Gobierno autonómico.
Marzà ha señalado que en torno a los barracones se han gastado "más de 92 millones de euros en diferentes legislaturas, y por tanto es un tema muy serio". Compromís, formación a la que pertenece Marzà, ha pedido que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre Ciegsa en las Cortes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/18/valencia/1453143302_142016.html
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viernes, 5 de febrero de 2016
lunes, 25 de mayo de 2015
La inmoralidad e ilegalidad de la deuda pública griega
Vicenç Navarro
El pasado 4 de abril el Estado griego nombró un Comité parlamentario, The Debt Truth Commitee (Comité de la Verdad sobre la Deuda), para analizar los orígenes de la deuda pública y por qué ha ido aumentando considerablemente durante los años de la Gran Recesión. Este Comité está compuesto por expertos nacionales e internacionales para asesorar en temas de financiación de la deuda pública. Otra dimensión importante de tal Comité es también analizar la legalidad de tal deuda, es decir, ver si los mecanismos que se utilizaron para su establecimiento eran legales o ilegales, tal como se concluyó que fueron en el análisis de las deudas públicas en casos anteriores, como en Cuba en 1898, en Irak en 2003 y en Ecuador en 2007. En estos casos la deuda pública se anuló precisamente por haberse demostrado que en ninguno de ellos se había respetado la legalidad internacional (ver Ozlem Onaran, “Should Greece Pay Back its Debt?”, Social Europe Journal, 23 de abril de 2015). El Comité establecido en el pasado abril debe, pues, ver si el Estado griego respetó la legalidad internacional cuando se endeudó y cuando, más tarde, pagó los intereses de la deuda así como la deuda en sí. Y en la misma línea, el Comité debe también analizar si los que compraron deuda pública griega (fueran los bancos públicos o privados, o los Estados) respetaron las leyes internacionales que rigen tal tipo de compras y ventas.
Pues bien, parece que, como señala Ozlem Onaran en el citado artículo, hay abundante evidencia de que tales leyes internacionales tampoco fueron respetadas en el establecimiento y crecimiento de la deuda pública griega, unas leyes reconocidas por las Naciones Unidas y por la propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Así, las leyes que rigen el establecimiento de la Seguridad Social Europea han sido violadas sistemática y continuamente en el inicio y engrandecimiento de tal deuda pública. Y todas estas leyes tienen en común un principio básico y es que el Estado no puede intervenir para infringir los derechos humanos de su población. La evidencia acumulada es que durante los años de la Gran Recesión, gran número de Estados –incluido el griego- han tenido un efecto muy negativo sobre estos derechos humanos (como el de la salud y bienestar de sus ciudadanos) con la aplicación de sus políticas.
La violación de los derechos humanos en Grecia y otros países de la Eurozona
Hoy, en la Eurozona, como resultado de las políticas de austeridad, justificadas para reducir la deuda pública, hemos visto:
1. El desmantelamiento de los convenios de negociación colectiva, causando en Grecia un descenso de un 25% del salario real por hora durante el periodo de aplicación de tales políticas.
2. El descenso del salario mínimo griego a niveles de los años setenta.
3. Una reducción de las pensiones públicas griegas, alcanzando las más reducidas unos niveles por debajo del umbral de la pobreza.
4. La extensión de la pobreza al 35,7% de la población, y al 44% de los niños entre 11 a 15 años.
5. Un aumento sin precedentes de las tasas de suicidio.
6. Una disminución del nivel de riqueza del país, con un descenso de un 25% de su PIB durante los años de su recesión, una situación sin precedentes en Europa en tiempos de paz.
Todos estos indicadores –y muchos otros- muestran la violación de las condiciones acordadas en tales leyes, que determinan que los préstamos a un Estado no pueden desestabilizar las sociedades ni afectar negativamente sus derechos humanos. En realidad, estudios han mostrado que si no se hubieran aplicado las políticas de austeridad para pagar la deuda, la economía griega no hubiera perdido el 25% de su PIB como ha ocurrido. Las enormes crisis humanas creadas por estas políticas de austeridad están violando los derechos humanos de la población afectada por ellas.
Soy consciente de que algunos lectores expresarán dudas de la eficacia de tales argumentos legales pues, en general, los derechos de propiedad siempre se respetan más que los derechos humanos. Pero un principio que, al menos en teoría, se aplica para que un Estado permanezca en la Unión Europea, es precisamente el respeto a la democracia y a los derechos humanos, derechos que hoy están siendo abusivamente infringidos en Europa. La pérdida de legitimidad de las instituciones de gobernanza de la Unión Europea se basa, precisamente, en la amplia percepción de que estos principios –que no son solo morales, sino también legales- se están violando sistemáticamente.
Vicenç Navarro
Público
Fuente original: http://www.caffereggio.net/2015/05/14/la-inmoralidad-e-ilegalidad-de-la-deuda-publica-griega-de-vicenc-navarro-en-publico/
El pasado 4 de abril el Estado griego nombró un Comité parlamentario, The Debt Truth Commitee (Comité de la Verdad sobre la Deuda), para analizar los orígenes de la deuda pública y por qué ha ido aumentando considerablemente durante los años de la Gran Recesión. Este Comité está compuesto por expertos nacionales e internacionales para asesorar en temas de financiación de la deuda pública. Otra dimensión importante de tal Comité es también analizar la legalidad de tal deuda, es decir, ver si los mecanismos que se utilizaron para su establecimiento eran legales o ilegales, tal como se concluyó que fueron en el análisis de las deudas públicas en casos anteriores, como en Cuba en 1898, en Irak en 2003 y en Ecuador en 2007. En estos casos la deuda pública se anuló precisamente por haberse demostrado que en ninguno de ellos se había respetado la legalidad internacional (ver Ozlem Onaran, “Should Greece Pay Back its Debt?”, Social Europe Journal, 23 de abril de 2015). El Comité establecido en el pasado abril debe, pues, ver si el Estado griego respetó la legalidad internacional cuando se endeudó y cuando, más tarde, pagó los intereses de la deuda así como la deuda en sí. Y en la misma línea, el Comité debe también analizar si los que compraron deuda pública griega (fueran los bancos públicos o privados, o los Estados) respetaron las leyes internacionales que rigen tal tipo de compras y ventas.
Pues bien, parece que, como señala Ozlem Onaran en el citado artículo, hay abundante evidencia de que tales leyes internacionales tampoco fueron respetadas en el establecimiento y crecimiento de la deuda pública griega, unas leyes reconocidas por las Naciones Unidas y por la propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Así, las leyes que rigen el establecimiento de la Seguridad Social Europea han sido violadas sistemática y continuamente en el inicio y engrandecimiento de tal deuda pública. Y todas estas leyes tienen en común un principio básico y es que el Estado no puede intervenir para infringir los derechos humanos de su población. La evidencia acumulada es que durante los años de la Gran Recesión, gran número de Estados –incluido el griego- han tenido un efecto muy negativo sobre estos derechos humanos (como el de la salud y bienestar de sus ciudadanos) con la aplicación de sus políticas.
La violación de los derechos humanos en Grecia y otros países de la Eurozona
Hoy, en la Eurozona, como resultado de las políticas de austeridad, justificadas para reducir la deuda pública, hemos visto:
1. El desmantelamiento de los convenios de negociación colectiva, causando en Grecia un descenso de un 25% del salario real por hora durante el periodo de aplicación de tales políticas.
2. El descenso del salario mínimo griego a niveles de los años setenta.
3. Una reducción de las pensiones públicas griegas, alcanzando las más reducidas unos niveles por debajo del umbral de la pobreza.
4. La extensión de la pobreza al 35,7% de la población, y al 44% de los niños entre 11 a 15 años.
5. Un aumento sin precedentes de las tasas de suicidio.
6. Una disminución del nivel de riqueza del país, con un descenso de un 25% de su PIB durante los años de su recesión, una situación sin precedentes en Europa en tiempos de paz.
Todos estos indicadores –y muchos otros- muestran la violación de las condiciones acordadas en tales leyes, que determinan que los préstamos a un Estado no pueden desestabilizar las sociedades ni afectar negativamente sus derechos humanos. En realidad, estudios han mostrado que si no se hubieran aplicado las políticas de austeridad para pagar la deuda, la economía griega no hubiera perdido el 25% de su PIB como ha ocurrido. Las enormes crisis humanas creadas por estas políticas de austeridad están violando los derechos humanos de la población afectada por ellas.
Soy consciente de que algunos lectores expresarán dudas de la eficacia de tales argumentos legales pues, en general, los derechos de propiedad siempre se respetan más que los derechos humanos. Pero un principio que, al menos en teoría, se aplica para que un Estado permanezca en la Unión Europea, es precisamente el respeto a la democracia y a los derechos humanos, derechos que hoy están siendo abusivamente infringidos en Europa. La pérdida de legitimidad de las instituciones de gobernanza de la Unión Europea se basa, precisamente, en la amplia percepción de que estos principios –que no son solo morales, sino también legales- se están violando sistemáticamente.
Vicenç Navarro
Público
Fuente original: http://www.caffereggio.net/2015/05/14/la-inmoralidad-e-ilegalidad-de-la-deuda-publica-griega-de-vicenc-navarro-en-publico/
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