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lunes, 11 de noviembre de 2013

“España nos roba”

Si El Corte Inglés reduce un 10% sus precios en un edificio de nueve plantas, ¿de cuánto es la rebaja? Para todos, del 10%. Para el eximio nuevo económetra Ignacio González González —también famoso como presidente de la Comunidad de Madrid, CAM—, el descuento será del 90% (9 x 10). Al menos si aplica el baremo de su rebaja fiscal: es del 0,4% en cada uno de los cuatro tramos del IRPF, por lo que la ha vendido como del (0,4 x 4=) ¡1,6%! Genial.

Lo mejor de esta rebaja es que solemniza el principio de autonomía, incluso para la competencia fiscal, algo normal en un Estado compuesto, si no genera deslocalizaciones de sujetos y bases imponibles o desviaciones de flujos económicos exagerados, distorsionadores o provocados por ventajismos. Ninguna patronal acusa a González de romper la unidad de mercado, ya se sabe que no es Oriol Junqueras. Ni siquiera el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, el que creó ex-novo, aposta, un puesto de empleada de postín para Lourdes Cavero, esposa del económetra, en la organización empresarial madrileña.

Lo peor es lo demás.
Técnicamente, es dudoso que esta rebaja (y la de otros impuestos) ayude a cuadrar las cuentas madrileñas, este año y en 2014. Es verosímil lo contrario. A final de agosto, su déficit ascendía al 0,91% del PIB, superando el objetivo del 0,7% con que se elaboró el presupuesto para todo 2013. Y si los cuatro meses restantes siguen a igual ritmo, (0,11 puntos/mes) superará el 1,36%, desbordará el -1,07% que le autorizó el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Acertaba la ironía de Cristóbal Montoro: “Será que les sobra el dinero”. Y el recordatorio de Luis de Guindos a quienes compiten en rebajas: “Hay que cumplir con el déficit”.

Socialmente es discutible que se rebajen impuestos (incluso el IRPF, exorbitante con las rentas del trabajo) si se recortan prestaciones sanitarias y educativas. Y llueve sobre inequidad mojada, pues los impuestos de donaciones y sucesiones gozan en la CAM de exenciones del 99%. Acertaba Soraya Sáenz de Santamaría al advertir que de la “obtención de ingresos” depende “la financiación de los servicios básicos”.

“Queremos el dinero que nos corresponde a los madrileños”, blande González desvelando sus propósitos: presionar ante la reforma de la financiación autonómica e iniciar la carrera preelectoral. Otros denostan la “persecución (¡!) a la que somete el Gobierno central” a los madrileños, escribe el director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, Antonio Barderas (Expansión, 29 de octubre). Nos vamos acercando al “España nos roba”, ese delicado, sutil lema del sector más recalcitrante del secesionismo catalán.

Quiere el azar del calendario que este victimismo coincida con la socialización de pérdidas de las cuatro autopistas radiales de Madrid, la AP-41 a Toledo y la M-12 a Barajas (3.600 millones potenciales), amén de otras (hasta 4.500 millones de deuda a los bancos). Es un rescate público a las constructoras, pues su inclusión en la Empresa Nacional de Autopistas implica la garantía pública de esas deudas privadas, un segundo mini-rescate a la banca (¿ayuda de Estado?) y un capote a la capital.

O sea: desde ya habrá que incorporar los costes de la radialidad (para los demás) al debate financiero territorial. Las ventajas de la capitalidad (contando inconvenientes) debieran descartar al Madrid-Distrito-Central de la lista de autonomías normales: por su dotación de infraestructuras públicas; por sus mayores huestes en el sector público, estabilizador del consumo en las crisis; por sus sedes corporativas (60% de las empresas del Ibex); por su monopolio en organismos centrales de la Administración central. ¿Persecución? ¡Mamma mia!
Fuente: El País.

jueves, 19 de julio de 2012

La doctrina Rajoy. (Ay qué pena, hacen lo que no les gusta)

La doctrina Rajoy para explicar y justificar la tercera oleada de austeridad es de una gran enjundia. Consta, como la Tierra, de cuatro elementos: carencia de criterio, manifestación de disgusto, reconocimiento de impotencia y fe utilitaria. Veamos con detalle el acierto de cada uno, según los explicitó su autor en la comparecencia parlamentaria.

Carencia de criterio: “No disponemos de más ley ni más criterio que el que la necesidad nos impone”, dijo. Es una manera automática de consagrar la abdicación de toda política, incluida la política económica. Esta debería consistir en desplegar criterios para adecuar o conducir las necesidades surgidas de la realidad a los objetivos programáticos propuestos. Hacer de la necesidad virtud es virtud insuficiente. Y reconocer que la realidad ha derrotado tu programa —como hizo el presidente por vez primera al declarar que “han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas”— es parca explicación: ¿en qué datos sustanciales desconocidos han cambiado tan radicalmente?, ¿acaso es que el programa era inadecuado, o fútil, o engañoso?, ¿se puede culpar del problema al mismo tiempo a la herencia y a la recesión más grave de cuantas hemos sufrido? La carencia de criterio es peligrosa en sí misma. Y más en tanto que pueda lindar con la ausencia de principios

Manifestación de disgusto. Ya se ha convertido en un clásico de este Ejecutivo la declaración de que le disgusta mucho lo que hace. ¡Al propio gobernante! “Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta”, rizó el rizo Rajoy, arriesgando la réplica de que mejor lo deje, o apuntando a una victimista inversión de quién es la víctima de los recortes: no ya los recortados, sino el recortante. E insiste, por activa y pasiva: “tanto si nos gusta como si no”, “no pregunto si me gusta”... El llanto por el disgusto íntimo del gobernante es irrelevante frente al nivel de desempleo y malestar social existente. Y la confesión de disgusto ante la imperiosidad de cumplir con el propio deber, huelga por completo

El reconocimiento de impotencia se plasma en variadas expresiones: “la necesidad nos impone”, “no nos queda más remedio que hacer”, “no podemos elegir”, “no tenemos esa libertad”... Vuelve a significar la negación de la política, que es alternativa, o al menos modos alternativos de conseguir un mismo fin. Y supone reconocer una situación de falta de capacidad de maniobra propia de un rescate total, muy lejos del ejercicio de “decisiones soberanas” como las que el presidente enarboló al inicio de la polémica con Bruselas sobre el déficit. Lo peor del asunto es que si es cierto que la soberanía nacional a la vieja usanza hace ya decenios que dejó de existir en Europa, al menos en lo económico —aunque algunos aún no se hayan enterado—, sigue existiendo siempre un margen practicable. Usar ese margen habría posibilitado, por ejemplo, evitar o modular la subida del IVA. ...

Y la apuesta por la utilidad de las medidas adoptadas (“¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas?: La respuesta es un sí, con toda rotundidad”) se presenta como una fe ciega, en el sentido de que no se acompaña de argumentos económicos suficientes para ser sostenida. Por cuanto no se evalúa el impacto de las medidas, o se cuantifica con distintas cifras o de forma insuficiente, o clandestina. Por cuanto ninguno de los países que han aplicado programas del mismo formato han obtenido la reducción sustancial de su prima de riesgo. Por cuanto es dudoso que se logre aminorar de forma relevante el déficit, ya que la caída de ingresos provocada por la recesión podría superar fácilmente el recorte de gastos. A menos que empecemos a hablar también de crecimiento, de exportaciones, de relanzar la economía. Sin olvidar, por supuesto, la frugalidad.
Leer todo en, XAVIER VIDAL-FOLCH, El País, 19 JUL 2012

jueves, 27 de octubre de 2011

Nos engañan como a chinos

¿Bastará la recapitalización de la banca europea en 108.000 millones, como bendijo ayer la cumbre? ¿O conviene inyectarle 200.000 o 300.000 más, como predican, quién da más, ciertos analistas?

La respuesta es que nos están engañando como a chinos. Porque nadie sabe, ni puede saber hoy cuánto capital necesita, si 108.000, la mitad o el triple. Por la sencilla razón de que el supuesto de base está en tela de juicio: contra la creencia general, el capital de la banca no se está erosionando sobre todo por la mella en el precio de los bonos públicos que anida en sus balances.

El equívoco llegó hace un mes con el Informe del FMI sobre la Estabilidad Financiera Global: "El contagio de los riesgos soberanos al sector bancario ha supuesto tensiones de financiación a muchos bancos que operan en la eurozona y ha deprimido su capitalización bursátil". El FMI sugería una cifra de 204.000 millones, no de pérdidas, sino de afectación genérica.

De ahí pasamos a conclusiones de despeñadero. El valor de la banca europea en Bolsa ha perdido desde principio de año 273.000 millones de euros; 1,5 billones desde diciembre de 2007. Y la peña empezó a atribuir ese desastre enteramente a la deuda soberana periférica en turbulencia.

Dos valientes trabajos recientes desacreditan esa suposición. El economista Guntram Wolff acaba de calcular que solo "la exposición a la deuda soberana griega ha sido determinante para la valoración bursátil de la banca, sobre todo de la situada en Grecia" y que la exposición a la deuda española e irlandesa "no parece haber afectado a la de los bancos del corazón de la eurozona" (Is recent bank stress really driven by the sovereign debt crisis?, Bruegel, 12 de octubre). Y el periodista Miguel Jiménez demostró (EL PAÍS del domingo) que Dexia no cayó por culpa del deterioro de la deuda periférica remansada en su balance, que no alcanzó los 4.000 millones: aún le quedarían 13.000 millones de capital y superaría así el listón de solvencia exigido desde ayer, el 9%, si no fuera por su verdadero tumor, la tenencia de activos tóxicos.

Son pues, sobre todo, los remanentes de las hipotecas-basura titulizadas, otras deudas incobrables enmascaradas en CDO y en España, el exceso de crédito inmobiliario imprudente, los culpables de la debilidad bancaria europea. Junto a los efectos jibarizadores convencionales de un estancamiento económico: más morosidad, mayor carestía de los depósitos. Culpar a los bonos periféricos es errar el tiro, y agravar el problema de la deuda.

Por eso es todavía más escandaloso que la UE, intoxicada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en Londres, apruebe recortar el valor de los bonos públicos en manos bancarias hasta su precio de mercado y en cambio no imponga revisar los activos privados tóxicos y diezmar su precio hasta el real. No sabemos, pues, a cuánto asciende la fiebre de la banca enferma y, por tanto, si la medicina de 108.000 millones es suficiente, exagerada o mediopensionista. Pero no lo duden: los ayatolás de los mercados la considerarán escasa.

Para mayor inri, el desaguisado se dobla de discriminación, pues a alguna banca, como a la española, la EBA le niega que compute como capital las reservas genéricas anticíclicas acumuladas desde 2.000, esa hucha de la cigarra laboriosa y paciente impuesta por el Banco de España: a fecha de hoy, cerca de 8.500 millones.

Y además la Unión se queda corta en el reto moral. Si la banca acaba abrevando otra vez dinero público, no basta con que congele temporalmente dividendos y bonus: también salarios. Debería, en cuanto pudiese, repartir un "dividendo público", al sector público, como postula el democristiano Jean-Claude Juncker, y acoger a sus representantes en sus consejos. Lo resume el lema del ministro conservador sueco Anders Borg: "El objetivo es salvar al sistema financiero, no a sus accionistas". XAVIER VIDAL-FOLCH 27/10/2011