La patronal española contra la Constitución

Fuentes: La voz del sur [Ilustración creada con IA]

Siempre he subrayado en mis artículos, libros y clases la importancia fundamental que tienen las empresas para crear riqueza y bienestar. En ellas se producen los bienes y servicios que necesitamos para vivir, de modo que su buen funcionamiento es condición imprescindible para el progreso económico y social.

Algo que sólo es posible si disponen de una buena organización interna, gobernanza adecuada y un medio ambiente socioeconómico e institucional que favorezca su actividad. Y, desgraciadamente, también he tenido que señalar en muchas ocasiones que el empresariado español ha demostrado con demasiada frecuencia ser uno de los principales obstáculos para mejorar el funcionamiento de sus propias empresas.

Ahora, acabamos de ver otra muestra de su mal gobierno y representación. Las patronales CEOE y Cepyme acaban de emitir un comunicado rechazando participar en la mesa convocada por el gobierno para avanzar en la elaboración de una futura ley de democracia en las empresas que regule la participación de los trabajadores en ellas.

A pesar de contener sólo unas pocas líneas, el comunicado acumula errores jurídicos, afirmaciones empíricamente falsas y descalificaciones retóricas impropias de organizaciones que pretenden representar al empresariado.

La participación de los trabajadores es un mandato constitucional
Uno de los argumentos principales del comunicado empresarial consiste en afirmar que la participación de los trabajadores en el gobierno de la empresa vulneraría principios constitucionales como la libertad de empresa o el derecho a la propiedad privada. Una interpretación de la patronal muy discutible.

Aunque es cierto que la Constitución española reconoce efectivamente el derecho a la propiedad privada (art. 33) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38), sujeta ambos derechos a límites derivados del interés general y de la función social de la propiedad. Y no sólo eso, contiene además un mandato explícito en el artículo 129.2 que la patronal española olvida mencionar: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa.”

La participación de los trabajadores en la empresa que el gobierno de Pedro Sánchez se propone favorecer no sólo es jurídicamente posible, sino que constituye un objetivo que el legislador está llamado -por la propia Constitución- a promover.

La patronal desenfoca por completo el asunto: lo que hay que plantear no es si la participación de los trabajadores en las empresas es compatible con la Constitución —lo es— sino qué formas concretas puede adoptar y con qué alcance.

Al negarse siquiera a discutir una propuesta que desarrolla un mandato constitucional explícito, la patronal se sitúa voluntariamente al margen de la Constitución.

Argumentos falsos de la patronal
Un segundo argumento del comunicado empresarial se basa en presentar la democratización de la empresa como un modelo asociado a «un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado». Una auténtica falsedad. Pura demagogia populista

Los países europeos con economías más competitivas son precisamente los que han desarrollado desde hace décadas sistemas de participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas. No es posible que la patronal española desconozca que lo que se propone implantar el gobierno existe desde hace años en Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos

Con diversas modalidades, en todos ellos está regulada la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de supervisión de las grandes empresas, incluso llegando en algunos casos a la paridad con los representantes del capital.

La patronal española incurre en una afirmación objetivamente falsa cuando presenta estos sistemas como incompatibles con una economía de mercado avanzada. La verdad es que, por el contrario, forman parte de modelos productivos capitalistas caracterizados por altos niveles de productividad, innovación industrial y estabilidad institucional. En contra de lo que dicen las patronales, la evidencia muestra que la participación laboral en los órganos de gobierno empresarial no constituye una anomalía institucional, sino una característica relevante de algunos de los sistemas capitalistas más exitosos del mundo desarrollado.

También recurre la patronal a argumentos falsos cuando afirma que promover la democracia en la empresa favoreciendo la participación de los trabajadores en los consejos de administración es un «ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas» y con el efecto de «desalentar las inversiones en nuestro país».

La evidencia empírica proporcionada por abundante literatura académica al respecto es muy clara. Los efectos observados con mayor frecuencia cuando los trabajadores participan en la gestión y dirección de la empresa son la mejora en los niveles de cooperación entre trabajadores y dirección, la reducción de conflictos laborales, mayor inversión en formación y capital humano y menor desigualdad salarial dentro de la empresa. En contra de lo que aventura la patronal, lo que se ha podido comprobar es que, cuando los trabajadores participan en decisiones estratégicas o en los beneficios de las empresas, disminuyen el oportunismo, la rotación y el absentismo, mejora la información y las decisiones son más acertadas y racionales, y es más fácil adoptar medidas de ajuste ante situaciones de crisis.

Por otro lado, también parece mentira que nada más y nada menos que dos patronales confundan los espacios de la participación de los trabajadores con el de la negociación colectiva, centrada esta en salarios y condiciones laborales y en donde no se aborda la estrategia empresarial, la política de inversiones o las decisiones estructurales de la empresa.

La patronal pasa por alto que, incluso los análisis menos favorables a defender la participación de los trabajadores, sugieren que los efectos sobre productividad y rentabilidad son generalmente neutrales o moderadamente positivos, lo que indica que la codeterminación no supone necesariamente un obstáculo para la competitividad empresarial.

Resulta difícil sostener seriamente que estos mecanismos desalientan la inversión cuando están presentes desde hace décadas en algunas de las economías más competitivas de Europa. La inversión empresarial depende de la estabilidad jurídica, la productividad, el tamaño de mercado, la innovación, los beneficios esperados… y precisamente esas son variables que pueden mejorar cuando hay sistemas de participación laboral.

Los argumentos de la patronal española para presentar estos mecanismos como intrínsecamente perjudiciales para la economía carecen de respaldo empírico.

El trabajo como inversión en capital de la empresa
El comunicado de la patronal deja caer que promover la democracia en la empresa mediante la participación es una anticualla que hoy día no es de recibo. Una muestra más de que los dirigentes de las patronales que supuestamente defienden a los empresarios no son capaces de reconocer los fenómenos más novedosos que se están dando en la vida de las empresas.

Quizá más antiguamente se pudiera defender que el trabajo y el capital son factores separados, de naturaleza diferente. Podría aceptarse que el primero se aporta, se retribuye y desaparece, mientras que el capital perdura. Pero eso ocurre cada vez menos en la actualidad.

La aportación actual a las empresas que hace hoy día quizá la gran mayoría de los trabajadores se produce no sólo en horas de trabajo que se desvanecen una vez que el producto se ha obtenido y vendido. Por el contrario, tiene un gran contenido de información, experiencia y conocimientos acumulados que queda en la empresa, incluso aunque el trabajador deje el empleo. Eso significa que los trabajadores de la economía de la información y del conocimiento de nuestros días aportan también capital cuando trabajan en la empresa. Es un fenómeno singular de nuestra época que no está siendo suficientemente reconocido y menos por patronales ancladas en el pasado y acostumbradas a vivir disponiendo de privilegios y apoyo político, como la española. En la economía del conocimiento, una parte fundamental del capital de la empresa adopta la forma de información, experiencia y capacidades acumuladas por los trabajadores. Ese capital cognitivo permanece en la organización y constituye un activo esencial para su funcionamiento. Ignorar esta realidad supone seguir analizando la empresa con categorías propias de la economía industrial del siglo XIX. Los trabajadores ya no aportan sólo trabajo sino también capital (inmaterial, cognitivo) sin el que la empresa no puede producir. Y, por tanto, tienen el mismo derecho que los propietarios del resto del capital a participar en la toma de decisiones y en el beneficio final que produce.

Una patronal que no sabe defender a las empresas
Lo más curioso del comunicado de la patronal (por calificarlo suavemente) es que recurre a todos esos argumentos falaces, falsos y populistas cuando podría poner sobre la mesa otros que, efectivamente, también deben tenerse en cuenta a la hora de discutir serena y sabiamente y de negociar sobre este asunto.

En la teoría clásica de la empresa se defiende que, puesto que los accionistas son considerados titulares del riesgo final -ya que perciben los beneficios únicamente después de que todos los demás agentes hayan sido remunerados- sólo a ellos debe corresponder la responsabilidad de decidir. No se trata de un argumento menor.

También se ha subrayado que los trabajadores pueden tener incentivos distintos a los de los accionistas (estabilidad del empleo, resistencia a procesos de reestructuración, oposición a determinadas decisiones estratégicas…) o que su participación en el consejo podría, en ciertos contextos, dificultar la adopción de decisiones consideradas eficientes desde el punto de vista empresarial. Incluso podría argumentar la patronal que la inclusión de nuevos actores en los órganos de gobierno puede aumentar los costes de deliberación y ralentizar los procesos de toma de decisiones, o que la discusión sobre los mecanismos de participación debe formar parte de otra más general.

Aunque, precisamente porque todo eso se puede dar, también se puede afirmar que la participación de los trabajadores en el capital de la empresa contribuye a aumentar su corresponsabilidad y apoyo a los intereses generales de la corporación en detrimento de los exclusivamente laborales.

Avergüenza, como dije, que -en lugar de recurrir a razones serias- los máximos representantes de las empresas españolas caigan en el populismo y la falsedad para defender sus intereses.

Una cuestión central que la patronal soslaya
La discusión sobre la democratización de la empresa a la que la patronal española no quiere sumarse plantea finalmente una cuestión más profunda.

Si la participación laboral en los órganos de gobierno empresarial existe desde hace décadas en diversos países europeos con empresas y economías que son mucho más competitivas que las españolas, ¿no será nuestro problema que no hemos desarrollado instituciones similares?

El problema de fondo no es que la participación de los trabajadores en la empresa sea una propuesta radical. Lo verdaderamente llamativo es que España haya tardado tanto en plantearla, mientras otras economías europeas desarrollaban desde hace décadas mecanismos institucionales que mejoraban la gobernanza empresarial, reducían conflictos laborales y fortalecían su competitividad industrial.

Quizá el verdadero problema no sea la propuesta de democratizar la empresa, sino la resistencia de una parte del empresariado español a modernizar las instituciones que regulan su funcionamiento.

Publicado en La Voz del Sur el 13 de marzo de 2026

Fuente: 

 https://www.lavozdelsur.es/opinion/patronal-espanola-contra-constitucion_353621_102.html

Los fantasmas de las derechas.

Ante la falta de argumentos y propuestas reales, necesitan apelar al miedo para atemorizar a las gentes, demonizar a los gobiernos contrarios y, así, obtener votos y llegar al poder.

Uno. Un día de febrero de 1848 dos pensadores alemanes publicaron un manifiesto que comenzaba así: ”Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo”. Efectivamente, se trataba de un espectro o ánima, pues en la realidad de las cosas de este mundo el comunismo no existía, ni ha existido nunca como un posible estadio de la sociedad. No obstante, cuánto pánico ha desatado su simple mención a lo largo del último siglo y medio. Hasta tal punto que sirvió de coartada para intentar justificar el apoyo a las fuerzas fascistas con el fin de frenar o abortar reformas sociales que de comunistas no tenían nada. Después de la terrible contienda (1939-1945) y en el ambiente de la llamada Guerra Fría se siguió utilizando con el fin de malograr cualquier avance político o social, como fueron los casos de Mossadegh, en Irán; Arbenz, en Guatemala; Lumumba, en el Congo Belga; Getulio Vargas, en Brasil; Allende, en Chile; o sostener las dictaduras de España, Portugal o cualquier otra que se declarase anticomunista. Es, desde luego, el espectro que más juego ha dado en la historia de la humanidad, en general al precio de ríos de sangre. Lo curioso y siniestro del asunto es que han transcurrido 176 años desde aquella famosa frase del manifiesto, el “comunismo” por lo visto ha sido derrotado y, sin embargo, ese mismo fantasma, o quizá su hijo o nieto, sigue pululando por el ancho universo y las mismas fuerzas de ogaño continúan enarbolándolo de muy similar forma y manera que lo usaban las de antaño. Así, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, de peligrosa comunista, incluso representándola con un gorro que en vez de decir Make America Great Again aparece con la hoz y el martillo. A un nivel muy inferior, pero en la misma dirección, también la señora Ayuso, flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, sostiene que el presidente Sánchez nos está conduciendo al comunismo. En la última campaña electoral a la autonomía madrileña manifestó que había que elegir entre el comunismo —un fantasma— o la libertad, que en la concepción “ayusista” no deja de ser un espejismo. 

Dos. Sin embargo, la derecha no satisfecha solo con un fantasma se ha sacado de la manga otros no menos fantasmagóricos. Todo el mundo debería de saber que ETA desapareció de nuestras vidas hace ya 13 años. No obstante, destacados voceros de las derechas siguen sosteniendo que la organización terrorista continúa existiendo transmutada, por lo visto, en partido político plenamente legal y con representación parlamentaria, como es el caso de Bildu. Incluso llegan a decir, llevados de sus delirios anti Sánchez, que ETA ha triunfado y, en consecuencia, el actual Gobierno se mantiene gracias al apoyo de terroristas, un nuevo fantasma armado de metralletas. 

Tres. Otro tanto está sucediendo con el tema del separatismo en Cataluña. Es conocido que en 2017, bajo un Gobierno del PP, la Generalitat declaró durante unos minutos la independencia; las fuerzas separatistas eran mayoría en el Parlament; la sociedad catalana estaba dividida y enfrentada y el Gobierno de España tuvo que ejercer una represión, que fue una de las mayores chapuzas que contemplaron los siglos. Pues bien, ahora en la Generalitat gobierna un socialista que se llama Salvador Illa; los indepes han perdido la mayoría; por primera vez en años se coloca la bandera constitucional de España y el president recibe con normalidad al jefe del Estado, el Rey. Nadie habla ya de secesión y los partidarios de la independencia han descendido de forma considerable. Sin embargo, la derecha y sus socios mediáticos siguen diciendo que el Gobierno socialista de Cataluña significa el triunfo, póstumo o no, del procés y que su presidente es un consumado separatista, según algunos, el peor de todos. 

Cuatro. Por no hablar de ese otro fantasma que, en este caso, recorre el mundo, el fantasma de las migraciones, que por causa del mendaz “efecto llamada” y la irrefrenable tendencia de los desplazados a la delincuencia está socavando las ricas, blancas y pacíficas sociedades occidentales. Movería a risa si no fuese tan trágico y costase tantas vidas. La realidad es que esos desheredados de la tierra se juegan la vida porque no tiene nada que perder; porque esta globalización es un desastre de desigualdad; porque los países de donde proceden han sido esquilmados, durante siglos, por el colonialismo y porque, aunque se afirme lo contrario, los necesitamos como el comer y forman ese nuevo “ejército de reserva”, sin el cual el capitalismo realmente existente no mantendría la tasa de beneficios. 

Cinco. Todo ello es demostración de que a las derechas les faltan argumentos y propuestas reales y necesitan de estos fantasmas para atemorizar a las gentes, demonizar a los gobiernos contrarios y, de esa manera, obtener votos y llegar al poder. Cuando en realidad lo único fantasmagórico es su propio pensamiento y se les podría aplicar el dicho popular de “sois unos fantasmas”.

Ahora bien, el método para crear tantos espectros o trasgos es bastante parecido a los del pasado. Se dice que fue Joseph Goebbels, el jefe nazi encargado de la propaganda, el que dijo que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Seguramente, otros lo dijeron antes, pues la mentira tiene una larga historia. Ahora, ciertas derechas hacen lo mismo, con medios mucho más sofisticados. Sin embargo, entonces como en la actualidad, la mentira necesita medios para triunfar y penetrar en la mente de los humanos. El doctor Goebbels, o “huevels” como en la estupenda película La niña de mis ojos de Trueba, controlaba la prensa y, sobre todo, la radio, que era la reina de los medios de aquella época. Ahora, además de los anteriores, tenemos la televisión, las redes sociales, las plataformas, muchas de las cuales bombardean todos los días y a todas horas con informaciones falsas, tergiversadas o difamaciones puras y duras. Todo ello amparado en la libertad de información, que por supuesto hay que preservar. No obstante, en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española “se reconocen y protegen los derechos de comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”. Es decir, que los ciudadanos tenemos derecho a recibir información veraz y no a tragar mentiras o difamaciones a las que estamos sometidos.

Quizá habría dos medidas que podrían mitigar este universo de mentiras en el que vivimos: la transparencia absoluta de quien transmite y la luminosidad de la financiación de todo instrumento de cualquier clase que cree o transmita información. Dicho de otra manera, la prohibición del anonimato personal o societario y de la ocultación de la procedencia de los fondos de todo tipo de medios de comunicación. Y cuando me refiero a medios e instrumentos incluyo las plataformas digitales de cualquier naturaleza, que socapa de considerarse simples transmisores en realidad son medios de comunicación, que deben de estar sometidas a las mismas reglas de transparencia y regulación que los tradicionales. De no hacerlo así, los resultados empiezan a ser nefastos para la propia supervivencia de una democracia sana y robusta, pues esta no puede estar basada en la mentira y la difamación. Un ejemplo práctico de cómo hay que actuar es lo que ha hecho un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil contra la plataforma X y su propietario Elon Musk, al clausurar dicha plataforma en el país por suponer una auténtica amenaza para la democracia con sus falsedades y actividades que fomentan el odio y las políticas de ultraderecha.

Nicolás Sartorius es abogado y escritor. Su último libro es La Democracia Expansiva (Anagrama).

https://elpais.com/opinion/2024-09-19/los-fantasmas-de-las-derechas.html