España es el país con “la mayor brecha socioeconómica entre centros concertados y públicos de los países de la OCDE” (una organización integrada principalmente por los países desarrollados), advierte Save the Children, una ONG que trabaja en favor de los derechos de la infancia, en un estudio publicado este miércoles. El dato procede del análisis del último Informe PISA, la gran evaluación internacional que realiza periódicamente la OCDE.
Un 21% de la segregación escolar en España ―medida por las diferencias socioeconómicas entre escuelas― “se explica por la desigual composición socioeconómica entre escuelas concertadas y públicas”. Dicho porcentaje hace del país “un caso desafortunadamente único”, señala Save the Children, ya que dicha proporción “raramente llega al 10% en otros sistemas educativos” desarrollados. El especialista en equidad educativa compara el dato español con el de otros Estados donde la enseñanza concertada también tiene una gran presencia, como Países Bajos, Corea del Sur o el Reino Unido, y en los que “las diferencias socioeconómicas entre escuelas ocurren exclusivamente dentro de cada una de las redes y, por lo tanto, la existencia de escuela concertada no contribuye a explicar la segregación escolar”. En el sistema español, en cambio, la abultada brecha socioeconómico entre las escuelas públicas y las concertadas “explica una parte significativa de la segregación escolar”.
El informe de Save the Children, titulado Por una escuela concertada inclusiva, cuyo autor es Alfonso Echazarra —responsable del área educativa de la organización en España—, llega a la conclusión de que el factor principal que explica la segregación socioeconómica en España es el cobro de cuotas por parte de los centros concertados, que actúa como barrera de acceso para el alumnado de familias vulnerables. Y la ONG propone adoptar una serie de medidas, como una “financiación mejorada, gratuidad real y reglas de juego equitativas en los procesos de admisión” para que la concertada “pase de ser parte del problema a parte de la solución de la iniquidad equitativa”.
España, con casi un 30% de alumnado en primaria y secundaria en centros concertados, forma parte del grupo de países desarrollados donde esta red tiene un peso importante. Las mayores proporciones se dan en los citados Reino Unido y Países Bajos, donde ronda el 65%. En el otro extremo se encuentran países como Italia, Letonia y Suiza, donde prácticamente no existe. Dentro de la propia España las diferencias entre comunidades autónomas son elevadas. La concertada supera el tercio de la matrícula total en las etapas obligatorias en Euskadi (donde supera el 50% en la ESO), Madrid, La Rioja y Castilla y León. En el otro extremo, sobrepasa por poco el 20%, o ni siquiera lo alcanza, en Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Extremadura.
El estudio analiza en qué medida distintos elementos podrían explicar esa desigual distribución de la red escolar concertada dentro de España, empezando por el religioso. La educación privada concertada en España es, en sus tres cuartas partes, religiosa. Pero al contrario de lo que cabría esperar si el elemento de la fe de los progenitores fuera clave a la hora de explicar el peso territorial de la educación concertada, el informe de Save the Children pone de manifiesto que la presencia de esta red escolar resulta especialmente baja en comunidades autónomas con alto sentimiento religioso: Extremadura, 71% de creyentes; Andalucía, 68%; Castilla-La Mancha (65%). Y al contrario, las comunidades donde más concertada existe se cuentan entre las que menos religiosidad muestran: País Vasco (55%), Madrid (57%), y Navarra (60%). El informe cita en este apartado una investigación publicada el año pasado por Leopoldo Cabrera y Felipe Rosa, basada en datos del CIS).
Sí parece haber cierta relación entre el hecho de que una región sea más rural y el peso de la concertada sea menor, aunque según el análisis de Save the Children esta es en todo caso “discreta”; solo explica un 18% de la varianza. Mucho menos que la riqueza, cuyo potencial explicativo resulta “extraordinario”, según Echazarra, con un grado de asociación del 69% ―el 100% supondría que están perfectamente asociadas y el 0%, que no hay relación―.
Evolución
En las últimas dos décadas, el porcentaje de alumnado matriculado en centros concertados durante las etapas obligatorias ha variado poco si se observa el conjunto de España. Entre 2001 y 2020, se redujo del 30,1% al 28,4% en Primaria, y bajó del 30,5% al 29,6% en la ESO ―la única etapa en la que ha crecido de forma significativa, unos dos puntos hasta el 28,5%, ha sido en el segundo ciclo de Infantil, al que asisten niños de 3 a 6 años―. La evolución presenta, sin embargo, algunas diferencias territoriales significativas. Ha crecido especialmente en Murcia, Madrid y La Rioja (ganando cerca o por encima de un 2% del alumnado al menos en una etapa obligatoria), y ha bajado de forma acusada en Cataluña (en torno a un 5% en primaria), Cantabria y Baleares (en ambas, algo más de un 4% en al menos una de las etapas obligatorias)
Pese a estar financiada con fondos públicos, la escuela concertada acoge menos alumnado vulnerable de lo que le correspondería. Mientras un 18% del alumnado de la pública era de origen inmigrante en 2022, en la concertada se situaba en el 10%, lo que lo convierte en uno de los países con mayores diferencias en este terreno de las recogidas en el Informe PISA, la evaluación internacional que realiza periódicamente la OCDE y que, junto a los datos oficiales del Ministerio de Educación, constituyen las principales fuentes documentales del informe de Save the Children. En la escuela pública, el 14,5% de los chavales están clasificados como estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, tanto en primaria como en la ESO. En la concertada, los porcentajes se sitúan en el 9,5% y el 12% respectivamente.
El informe menciona la investigación publicada en abril por EsadeEcPol sobre el cobro de cuotas de los colegios concertados para señalar que estas ascienden en promedio a 68 euros en primaria y a 57 en secundaria ―con cifras más elevadas para Cataluña (140), Euskadi (93) y Madrid (90)―, sin contar otros gastos asociados a la concertada, como el uniforme escolar y el precio del comedor. Para el 10% de las familias españolas situadas en la franja más baja de renta disponible (9.154 euros anuales), llevar a dos niños a un colegio concertado que cobrara una cuota de 50 euros al mes por niño supondría destinar a ello un 13,1% de sus ingresos mensuales, y nada menos que un 26% si las cuotas ascendieran a 100 euros. En España, según datos del Informe PISA de 2015 (el último en el que el país participó también en el cuestionario para hogares), “el alumnado cuyos progenitores estaban preocupados por los gastos escolares tenía mayor probabilidad de acudir a la escuela pública”.
Obstáculos y posibles soluciones
A la barrera de acceso de las cuotas, Save the Children añade los criterios de admisión establecidos por una parte de las comunidades autónomas, que permiten, hasta cierto punto, que los colegios seleccionen a sus estudiantes. Ello se da fundamentalmente en cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP, Madrid, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana (desde este curso) y Castilla y León (en menor medida), además de en Euskadi, según el informe. Entre los criterios que penalizan al alumnado vulnerable figuran dar puntos por el hecho de que los progenitores trabajen; la condición de antiguos alumnos de los padres; o que los niños hayan asistido previamente durante el primer ciclo de infantil al propio colegio o a centros adscritos al mismo, pagando.
Save the Children propone una serie de medidas para hacer más inclusiva la educación concertada. Entre ellas garantizar la gratuidad, que debería ser “supervisada de forma activa” de todos los servicios y actividades educativas que conformen el núcleo del proyecto del centro; mejorar la financiación pública, pero asociándola también al porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica que acogiera cada centro (al igual que la pública); extender tanto los conciertos como la gratuidad completa a las etapas no obligatorias, como el primer ciclo de infantil, bachillerato y la FP de grado medio; establecer que la escuela concertada no pueda tener ánimo de lucro (como sucede en la mayor parte de países de la OCDE, pero no en España), y eliminar los criterios de admisión escolar con potencial excluyente”.
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