_- Señales de desesperación.

_- Los partidos de la derecha española, que se autocalifican de constitucionalistas de manera excluyente, no aceptan la fórmula parlamentaria y el sistema electoral de la Transición.

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En la reciente moción de censura se ha resucitado una antigua propuesta, central en el programa de Ciudadanos cuando era liderado por Albert Rivera, de introducir en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) una barrera del 5% a nivel estatal para tener representación en el Congreso de los Diputados. La propuesta está siendo secundada en sus terminales mediáticas como acredita el artículo de Luis María Anson de ayer viernes en La Razón.

La finalidad de la propuesta es clara: se trata de no permitir que los partidos nacionalistas, regionalistas o provinciales estén presentes en el Congreso de los Diputados y participen, en consecuencia, en la investidura del presidente del Gobierno.

La fundamentación de dicha propuesta, en palabras del candidato en la moción de censura, Ramón Tamames, reside en que dichos partidos tienen una “sobrerrepresentación” injustificable en términos democráticos. Lo repitió en varias ocasiones.

La propuesta es un indicador de desesperación, de la nula confianza en ganar las elecciones generales con base en la fórmula parlamentaria y el sistema electoral diseñado en la Constitución y en el Real Decreto-ley de marzo de 1977, que sigue siendo el mismo en lo que a la composición y forma de elección de los diputados se refiere.

Los partidos de la derecha española, que se autocalifican de constitucionalistas de manera excluyente, resulta que no aceptan la fórmula parlamentaria y el sistema electoral de “La Transición”. El sistema parlamentario y el sistema electoral se definieron entre finales de 1976 y finales de 1978 y no se ha introducido ninguna modificación sustantiva en los mismos desde entonces. Fueron las Cortes del Régimen del General Franco las que definieron el Congreso de los Diputados en la Ley para la Reforma Política de 1976 y fue el Gobierno preconstitucional presidido por Adolfo Suárez el que definió en marzo de 1977 el sistema para la elección de los mismos. Las Cortes Generales que no fueron convocadas como Cortes constituyentes, pero que acabaron siéndolo como consecuencia del resultado electoral del 15 de junio de 1977, hicieron suya la composición del Congreso de los Diputados de la Ley para la Reforma Política y el sistema electoral del Real Decreto-ley del Gobierno presidido por Adolfo Suárez.

Todas las elecciones generales celebradas hasta la fecha lo han sido con el mismo marco normativo. Todas sin excepción.

A través de dicho marco normativo se expresa una “desviación calculada del principio de igualdad”, que beneficia a los dos partidos mayoritarios de ámbito estatal, perjudica a los partidos minoritarios y es neutral para los partidos nacionalistas vascos y catalanes. PP en la derecha y PSOE en la izquierda han sido y continúan siendo los beneficiarios del sistema electoral. El coste en votos por escaño es menor, mucho menor que para los demás. No es así en el caso de los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El argumento de la sobrerrepresentación de estos últimos es sencillamente falso.

La barrera del 5% a nivel estatal carece, en consecuencia, de fundamentación democrática. Sería, por el contrario, un instrumento antidemocrático, que pretendería mutilar el cuerpo electoral español, del que también forman parte los ciudadanos catalanes y vascos que votan a partidos nacionalistas.

Dado que la circunscripción electoral es la provincia por mandato constitucional, la barrera electoral únicamente puede establecerse en ella. Sin reforma de la Constitución no es posible hacerlo.

Partidos que se autocalifican de constitucionalistas de manera excluyente se niegan a aceptar el régimen parlamentario y el sistema electoral diseñado en la Constitución. Mientras el sistema funcionó de manera bipartidista, la derecha española representada en régimen de monopolio por el PP no tuvo problema alguno para aceptar el sistema electoral. Desde que dejó de funcionar de esa manera, se resiste a aceptarlo.

Es algo parecido a lo que ocurre con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las mismas normas que sirvieron para su renovación en 2013, cuando Mariano Rajoy era presidente, han dejado de serlo, cuando el presidente es Pedro Sánchez.

La derecha española únicamente acepta la democracia a beneficio de inventario. Si estoy en el Gobierno, la acepto. Si no estoy en el Gobierno y no tengo esperanza de estarlo en las próximas elecciones, impugno el sistema y pretendo que se retoque para poder ganar.

La resistencia numantina a la renovación del CGPJ y la pretensión de introducir la barrera del 5% a nivel estatal son señales indicadoras de la desesperación de la derecha española ante la perspectiva de no poder gobernar tras las próximas elecciones.

Hay más, pero creo que con estas dos son suficientes por hoy.

Javier Pérez Royo.