Llenarse la boca. Somos un país inoperante contra la corrupción porque todos los que saben algo callan, lo ocultan y protegen amistades e intereses.

Me pareció un acto limpio y ejemplar que el juez García Castellón llamara a declarar a la Audiencia Nacional al conocido locutor José María García tras aparecer en el programa de Jordi Évole. Durante el espacio que glosaba sus décadas de triunfo y poder en la radiofórmula deportiva, el protagonista dejó entrever que conocía de primera mano cómo el empresario Villar Mir pagaba a la caja B recaudatoria del PP a cambio obtener contratos públicos. Citado a la mañana siguiente en un magnífico ejemplo de cómo la justicia puede ser rápida y veraz, el periodista se negó a confirmar el nombre del empresario y difuminó todo aquello que pudiera conocer de relevancia para el avance de la instrucción en el caso de los pagos ocultos al partido en el Gobierno por parte de empresarios lucrados con encargos de obra pública.

España es un país en el que se presume mucho de ir a contarlo todo, de saberlo todo, de tirar de la manta, del si yo hablara. Donde se considera un rasgo de grandeza el presumir de no tener pelos en la lengua ni callarse las verdades. Pero la realidad es otra. Más bien somos un país inoperante contra la corrupción, porque todos los que saben algo callan, lo ocultan y protegen amistades e intereses por encima del bien colectivo. Lo hemos visto con las declaraciones ampulosas del juicio Gürtel y las deposiciones de personajes como Granados o Ricardo Costa. Hay mucha venganza y deseo de dañar al antiguo íntimo y colega de fechorías, pero hay poca consistencia, poca prueba, poco bocado de verdad a la yugular de la corrupción. El beneficio para la sociedad es nulo, y más si el partido donde estas personas gozaron de altas responsabilidades responde con el disimulo y el intento de dar carpetazo sin purgar desde dentro los desmanes que quizá se siguen cometiendo.

Estamos en un momento nacional de enorme compromiso para los poderes judiciales. La reciente condena europea por torturas a los culpables del atentado a la T4 de Barajas ha sido un varapalo tremendo al Tribunal Supremo. Cuando anuló la condena de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa contra los guardias civiles que lesionaron a los detenidos obligó a la autoridad europea a intervenir. La judicialización del conflicto catalán parece invitar a los altos tribunales a extralimitarse y abusar de medidas cautelares. Lo que les conviene es rectitud y claridad, porque vivimos en un país donde muchos se llenan la boca de verdades para luego no decir ninguna y simulan tirar de la manta cuando solo arropan las vergüenzas, que tantas hay.

Fuente: El Pais. DAVID TRUEBA
https://elpais.com/elpais/2018/02/19/opinion/1519044858_429009.html