El documento provisional cuenta con el apoyo de CEOE
Al Consejo Económico y Social (CES), órgano compuesto principalmente por sindicatos y empresarios, no le gusta la reforma de pensiones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. En concreto, a su Comisión de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, que ha elaborado un informe muy crítico con los cambios previstos por el Ejecutivo que el pleno de la organización debatirá y votará este jueves. Al contrario de lo que dice el Ministerio de Empleo, la propuesta argumenta que los cambios en el modo de actualización anual de las pensiones supondrán “una pérdida de poder adquisitivo en contextos de crisis como el actual, que además no llegaría a recuperarse”. La crítica no solo se queda en el fondo, también llega a las formas y al “procedimiento seguido en esta ocasión, se aparta del habitual”, lo que para el CES “resulta inadecuado” porque no le permite opinar sobre la versión definitiva.
La propuesta de dictamen que debatirá en la tarde del jueves el pleno del CES, a la que ha tenido acceso este diario, puede ser modificada y enmendada, por lo que todavía no es definitiva. Sin embargo, no debería haber grandes cambios ya que el documento de 20 páginas y cinco puntos elaborado por la Comisión de Seguridad Social ha sido aprobado por unanimidad, según apuntan fuentes sindicales y patronales. Esto supondría que la CEOE se suma a las posiciones críticas que los sindicatos UGT y CC OO han mantenido en las últimas semanas.
El CES —presidido por Marcos Peña, secretario general de Empleo en el último Gobierno de Felipe González— es un órgano consultivo y autónomo que se compone de tres grupos. En el primero están los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO y los nacionalistas CIG y ELA. El segundo lo integran las patronales CEOE y Cepyme. El tercero es el más heterogéneo y lo forman organizaciones agrarias, de pescadores y de consumidores, junto con seis expertos nombrados por el Gobierno.
El papel del CES en esta reforma —y en los proyectos de ley de ámbito socioeconómico— es evaluar el anteproyecto que el Ejecutivo remitió a este organismo el lunes de la semana pasada. Su evaluación será estudiada por el Consejo de Ministros, que el viernes aprobará el anteproyecto de ley definitivo. Aquel texto legal cuenta con la doble vía de ajuste que el Ministerio de Empleo plantea para esta reforma: ladesvinculación de la actualización anual de las pensiones del IPC y su sustitución por una fórmula en la que se tiene presente la salud de las cuentas de la Seguridad Social, con un suelo en los años malos (0,25%) y un techo en los buenos (IPC más 0,25%); y la utilización de la esperanza de vida a los 67 años para calcular la pensión inicial de quien se jubila, llamado Factor de Sostenibilidad. El documento remitido por el Gobierno iba acompañado de una memoria de impacto normativo y económico que cifraba en poco más de 800 millones el recorte en pensiones para 2014 y en 33.000 de forma acumulada hasta 2022.
El informe de la Comisión de Seguridad Social concluye que la reforma, en su formato actual, acarrea “una pérdida de poder adquisitivo”. Esto choca frontalmente con el argumento que utiliza el Ministerio de Empleo que defiende que la reforma no supondrá devaluación de las pensiones y que se sujeta a lo que marcan las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo, de 2010. “El CES entiende que el objetivo expresado en la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo con la formulación del índice de revalorización que propone el anteproyecto no se consigue”, expone. Además, el informe advierte de que “la utilización lineal del índice (...) actuaría en contra de la equidad del sistema” al aplicarse a todas las pensiones. Subraya que en torno al 50% de las prestaciones son de menos de 650 euros al mes.
No es la única censura al contenido de la reforma propuesta. Al CES tampoco le han gustado las formas empleadas por el Ejecutivo para sacar adelante sus intenciones. “El procedimiento seguido en esta ocasión se aparta del habitual”, reza el documento, que expone que en reformas de pensiones anteriores el CES estudia los anteproyectos que ya han sido negociados con agentes sociales y grupos políticos. “La singularidad del procedimiento (...) no ha facilitado el ejercicio de reflexión conjunta y el acercamiento de posiciones sobre una norma de la trascendencia de la que nos ocupa en la que, aun existiendo algunos elementos para el consenso, existen también evidentes opiniones divergentes sobre algunos aspectos entre las organizaciones que componen este órgano”, continúa el informe.
Por otra parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió ayer la reforma en sendas respuestas al socialista Valeriano Gómez y a Joan Coscubiela, de Izquierda Plural. Báñez reprochó al primero que haya roto relaciones con el Gobierno. Gómez le había pedido que retirara la reforma. Coscubiela le recordó que para aumentar los ingresos de las pensiones puede subir las bases máximas y mínimas de cotización o crear impuestos solidarios.
Fuente: El País.
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