Esta es la prueba del algodón. El acercamiento de los dirigentes presos conlleva un descomunal poder simbólico, por más que al sindicato de los 'insatisfacibles' no le mueva un músculo.

Tots a casa. El acercamiento de los dirigentes independentistas presos a cárceles catalanas es una triple prueba del algodón.

Lo es sobre la posibilidad de reconducir la deriva unilateral iniciada con el procés; sobre la capacidad del Govern de Quim Torra de volver sobre sus pasos y garantizar la institucionalidad; sobre el aguante del Gobierno de Pedro Sánchez ante las disonancias y disidencias que le acechan.

La prueba del algodón constituye un indicio de un cierto retorno al funcionamiento normal. Opera así: se limpia la baldosa (sucia) y se abrillanta con un algodón, para verificar que no quedan manchas.

Acercar es cumplir la ley penitenciaria (aplicando el artículo 17, proximidad a los hijos) en virtud de su reglamento (el artículo 31 otorga la competencia decisoria a Instituciones Penitenciarias).

La clave es pues cumplir la ley. Pero eso podía hacerse de forma cicatera, llevándoles a prisiones menos lejanas a sus domicilios, pero no catalanas: Zaragoza. O bien en la estela generosa del derecho penal humanitario forjado por Cesare Beccaria en De los delitos y las penas (1764): vean su epígrafe 27 donde propugna que estas se modulen con “dulzura” y no “crueldad”. Así.

El Gobierno ha decidido bien, pero no sin riesgo. Pues lo hace unilateralmente —en este caso con razón—, a pedalín, sin pactos bajo la mesa. Un capitoste socialista confesaba ayer a este columnista que “la única garantía es la reversibilidad de la medida, que en sí misma opera como válvula de seguridad”. Pero si la movida se aprovechase para desórdenes, pagaría un precio.

Su cálculo político implícito parece ser: prediquemos con el ejemplo, cumplamos la ley generosamente motu proprio, eso nos carga de razón, incentivará una emulación por parte de los indepes... Y si no es así, si no corresponden con lealtad, deberán pechar con la carga social de la prueba.

El acercamiento de los dirigentes presos conlleva un descomunal poder simbólico, por más que al sindicato de los insatisfacibles no le mueva un músculo.

Sobre todo porque la gestión penitenciaria en Cataluña está encomendada al Gobierno catalán (Estatut, artículo 168), una de las visualizaciones más contundentes de que la Generalitat es Estado español.

Así que corresponde a un Govern indepe el correcto desarrollo del internamiento de unos presos... de los que es heredero.

Más paradojas. El mismo cuerpo de Mossos que garantizará el orden en el exterior de esas cárceles, protegerá al antecesor de Torra en Alemania. Sí, a un fugado del Estado español, en tanto que Carles Puigdemont pide gozar de los beneficios legales de su condición de expresident.

Dando por sentado que el Govern debe actuar como leal guardián constitucional de los presos, queda el interrogante de si incentivará que las protestas y reivindicaciones de sus seguidores desborden un límite razonable.

Ese que deslinda la correcta expresión de un desacuerdo (con un texto del jefe del Estado, o de un embajador) de la torpe pataleta anti instituciones democráticas.

https://elpais.com/elpais/2018/07/03/opinion/1530635572_125715.html

¿Qué empresas usaron a los vencidos hechos prisioneros incluso después de la guerra, como esclavos durante el franquismo?

La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.

Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.

El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.

El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.

  Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.

"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babcock & Wilcox, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera.

Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.

Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.

eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".

En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).

En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.

Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).

Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.

La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babcock & Wilcox, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.

El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
http://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html