El ministerio ve elementos “interesantes” en la propuesta, considera difícil ejecutar otros, y apunta que el verdadero cuello de botella se halla en las unidades de becas de una parte de las universidades.
“Las becas”, señalan Montalbán, que trabaja en el Instituto Sueco de Investigación Social de la Universidad de Estocolmo, y Sanchis-Guarner, que lo hace en el Instituto de Economía de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, “son los asideros principales en la escalera entre educación secundaria y superior por la que se nos caen muchos de los jóvenes que están en riesgo de abandonar el sistema antes de alcanzar un título superior, terminando en el mercado laboral sin las herramientas suficientes” para defenderse en él adecuadamente. El nivel socieconómico influye mucho en las posibilidades de un estudiante de realizar estudios universitarios por diversos motivos, como el menor rendimiento académico a lo largo de su escolarización anterior y el coste, en tiempo y dinero, necesario para completarlos. Incluso después de haberse matriculado, los estudiantes de clases sociales bajas abandonan más. Las becas ―cuyo importe medio en 2021 fue de 750 euros para quienes solo la recibieron para sufragar la matrícula y de, además, otros 2.240 para los que recibieron también ayuda económica― se conceden teniendo en cuenta elementos como la renta familiar; el hecho de residir mientras se estudia en un lugar distinto al del hogar familiar, y el desempeño académico.
Antonio Amante ha experimentado el retraso de las ayudas. “La finalidad de la beca es cubrir los gastos que tenemos durante el curso. Hay alumnos que tenemos la suerte de que nuestras familias pueden ayudarnos a mantenernos hasta que nos llega el ingreso de la beca, pero otras no. Muchos tienen que ponerse a trabajar por este motivo, con la desventaja que supone respecto a los que pueden dedicar solo a estudiar”, lamenta Amante, presidente de la asociación de alumnos Canae.
Los cambios planteados por Montalbán y Sanchis-Guarner consisten, en primer lugar, en adelantar y unificar los calendarios de las universidades, de forma que tanto la finalización del curso como la matriculación para el siguiente estén resueltas antes del verano. Cada vez hay menos universidades con convocatorias extraordinarias en septiembre, pero las que las mantienen retrasan el procedimiento para todas, señalan los autores. Por ello proponen ―en línea con lo defendido por Juan José Ávila, de la Universidad de Granada― adelantar y uniformizar los calendarios. Que los campus que no lo cumplan sean penalizados, o, al menos, que se permita a los becarios de los centros que sí lo hagan poder comenzar los trámites. El Ministerio de Educación ve “conveniente” la medida, y cree que permitiría una “ligera agilización del proceso”.
La segunda medida planteada en el informe de Esade pasa por utilizar como referencia para conceder las becas los ingresos fiscales de los solicitantes de dos años antes. Ahora se hacen con los del año anterior, y como la campaña de la declaración de la renta acaba a final de junio (sin contar el plazo de reclamaciones), ello retrasa los tiempos. Los autores apuntan que Francia y Países Bajos ya utilizan los datos fiscales de dos años antes para las becas universitarias, y también algunas comunidades autónomas las usan para las de comedor. Educación afirma, sin embargo, que en su día se analizó dicha medida y “se comprobó que existen grandes variaciones, de un año a otro, en un porcentaje muy elevado de los solicitantes”. Tanto en el sentido de estudiantes que habían dejado de reunir las condiciones como de otros que habían pasado a cumplirlas. Lo cual “puede causar importantes distorsiones en las concesiones y no asegura la asignación de las ayudas a quienes más lo necesitan en cada momento”.
La tercera propuesta formulada pasa por dar al Ministerio de Hacienda más funciones a la hora de revisar las peticiones. Los autores mencionan todo lo vinculado con el cumplimiento de los requisitos mínimos (un 30% de las solicitudes se rechazan cada año por este motivo). Y piensan que la “potencia informática” de Hacienda permitiría reducir la presión sobre las unidades de becas de cada universidad. Educación asegura, por su parte, que ya utiliza un “servicio web” de Hacienda para tal fin, y que las universidades “no realizan el cruce de datos económicos para la concesión”, por lo que no cree que esta propuesta pudiera reducir el retraso.
Cuello de botella
La cuarta y última idea planteada en el informe de Esade consiste en presupuestar un año, de forma extraordinaria, una gran partida para becas, para poner los pagos al día. Ahora, las ayudas se abonan con los Presupuestos Generales del Estado de dos ejercicios, ya que estos están vinculados al año natural -de enero a diciembre-, que no coincide con el año académico -de septiembre a junio-. Y cuando los fondos del primer presupuesto se agotan, el ministerio tiene que esperar al año siguiente para retomar los pagos. Montalbán y Rosa Sanchis-Guarner plantean que un año se presupuesten suficientes fondos como para abonar un curso y medio de ayudas. Y a partir del siguiente, con el reloj en hora, se vuelva a presupuestar cada año las ayudas de un solo curso.
Educación considera la medida “interesante”. Pero cree que para que tuviera verdadero impacto debería resolverse el cuello de botella que, afirma, se produce en las unidades de becas de las universidades al gestionar la tramitación de los datos académicos de las becas: “Algunas las unidades graban los datos de forma manual. Y tienen que estudiar las alegaciones contra las denegaciones, los cambios solicitados por aquellos que acaban matriculándose en un centro distinto al que indicaron en su solicitud… Y esto, unido al elevado número de solicitudes, hace que no todas realicen los trámites en los plazos deseables”.
Educación considera la medida “interesante”. Pero cree que para que tuviera verdadero impacto debería resolverse el cuello de botella que, afirma, se produce en las unidades de becas de las universidades al gestionar la tramitación de los datos académicos de las becas: “Algunas las unidades graban los datos de forma manual. Y tienen que estudiar las alegaciones contra las denegaciones, los cambios solicitados por aquellos que acaban matriculándose en un centro distinto al que indicaron en su solicitud… Y esto, unido al elevado número de solicitudes, hace que no todas realicen los trámites en los plazos deseables”.
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