_- Despilfarro. Una cantidad cercana a los 90.000 millones de euros ¿Geografía del despilfarro o secuestro de la política pública?

_- Federico Aguilera Klink
Rebelión

Hace unas semanas, varios medios de comunicación han destacado la publicación de un estudio titulado “Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”, realizado por varios geógrafos, investigadores de distintas Universidades, destacando el elevado volumen de despilfarro cercano a los 90.000 millones de euros. (http://dx.doi.org/10.21138/bage.2533) En el estudio citado se distingue entre el despilfarro, “El despilfarro significa estrictamente la falta de eficiencia, esto es, la ejecución de tareas a un coste mayor al mínimo posible, supone una disminución del PIB o un incremento de los costes operativos para conseguir el mismo PIB” y la corrupción, “La corrupción es la utilización, con medios ilegales o cuanto menos alegales, del sector público para beneficio privado ”.

Aunque el estudio presenta bastantes limitaciones, me parece que la principal es la citada distinción que, además, impide una estimación creíble del saqueo público, aunque 90.000 millones en 20 años es mucho, la cifra real tiene que ser mucho más elevada. Si entiendo bien, resulta que el despilfarro sería una cuestión técnica (falta de eficiencia) mientras que la corrupción sería la utilización del sector público en beneficio privado, algo que no cuantifica el estudio. Sin embargo, esta distinción no resulta clara ni esclarecedora puesto que despilfarro también es asignar y desperdiciar fondos públicos en Proyectos innecesarios que se sabe de antemano que son innecesarios (puesto que no van a resolver ningún problema que esté bien definido) y que, además, van a incurrir en sobrecostes adicionales como modus operandi. Por eso entiendo que el despilfarro no es solo una cuestión de eficiencia en la ejecución de un proyecto sino, con anterioridad, destinar fondos a proyectos innecesarios lo que hace inevitable la fusión entre despilfarro y corrupción. Una contabilidad adecuada de estos conceptos nos daría una cantidad varias veces superior a la que maneja el estudio.

Por ejemplo, el citado estudio en su Tabla 5, estima el gasto público en infraestructuras en Canarias, comprometido de “forma inadecuada” (véase la delicadeza del término) en 89,5 millones de euros entre 1995 y 2016. Si tenemos en cuenta que solo la construcción del innecesario e inútil puerto de Granadilla costó oficialmente más de 400 millones de euros https://www.diagonalperiodico.net/global/puerto-granadilla-disparate-urbanistico-400-millones-euros.html parece claro que las cuentas fallan estrepitosamente. Y fallan porque la distinción entre despilfarro y corrupción es irrelevante. Si tenemos en cuenta el enorme listado de obras innecesarias construídas en Canarias, y si asumimos que lo mismo ocurre en el resto de las Comunidades Autónomas, el estudio se desinfla por falta de claridad intelectual y esos 90.000 millones que tanto asustan podrían convertirse como mínimo en 900.000.

Sólo hace falta prestar atención a El Roto para entender el modus operandi de gobiernos y constructoras.

En uno de sus dibujos, El Roto hace decir a un personaje, “En cuanto hayamos terminado de crear el problema, impulsaremos la solución”.

Este breve texto de El Roto tiene, en mi opinión, la sabiduría de plantear perfectamente el problema.

Y el problema consiste en que no nos preguntamos ¿Cuál es el problema?
Y, desde mi punto de vista, el problema es que el capitalismo “contemporáneo” no puede funcionar sin el saqueo de lo público, de ahí que los gobiernos dediquen amplios esfuerzos a disfrazar las decisiones que toman para que parezcan que van en beneficio del interés general (solucionan problemas que construyen de manera ficticia) mientras en términos amplios obedecen las directrices de los grandes grupos empresariales y financieros. En otras palabras la cuestión clave consiste en estudiar quién determina realmente la política real y el uso de lo público, tanto del presupuesto público como de la configuración del marco institucional y en beneficio de quién se configura.

En este sentido, hablar de obras públicas sin estudiar a fondo el papel de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (que solo se menciona una vez en el estudio y de pasada) es ignorar un actor clave en el estudio del problema.
“¿Quién financia al poder político?" En definitiva, el que paga, manda. Repasemos ahora las páginas de los diarios económicos: una y otra vez Seopan, la patronal de la construcción, presiona al Gobierno para que no caiga el volumen de dinero que recibe del erario público. Una parte de ese dinero viene de las grandes obras hidráulicas. Por tanto, ¿van a tolerar que monsergas de racionalidad, científicas o de gestión seria, amenacen sus intereses creados? Estos intereses seguirán dañando nuestra economía y nuestro medio ambiente si no acabamos con el 'golpismo hidráulico' que gobierna nuestra política del agua y que tiene no tanques, sino excavadoras, tomando el país. (La dictadura de las constructoras. Carlos De Prada, 1997).

¿Cómo explicar que Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente con Aznar (y ahora en la cárcel), presente en 2001 su Plan Hidrológico Nacional en la sede de SEOPAN en Murcia? ¿Es que no había un local más adecuado o es que era precisamente el adecuado? Este planteamiento no es nuevo ni es conspiranoico sino que refleja una realidad bien estudiada y asentada.

Así, Bent Flyvbjerg, uno de los autores citados en el estudio de los geógrafos (pero cuya profundidad y lucidez ignoran) que está además considerado, y lo es, como la gran autoridad mundial en cuestión de megaproyectos, afirma desde su enorme experiencia en este campo, "Lo más perturbador no son las estimaciones individuales de los proyectos que son falsas, sino la enorme dimensión alcanzada por el comportamiento de buscadores de rentas seguido por las empresas que ha secuestrado y sustituído la consecución del bien público en este campo tan importante y caro de la política así como los elevados costes que este comportamiento impone sobre la sociedad (…) La política pública –para que merezca ese nombre- presupone una noción de bien público. Cuando esta noción es secuestrada, es la propia política la que está secuestrada. En lugar de ella, lo que tenemos es uno de los mayores socavamientos de la democracia: la institución pública usada para el beneficio privado. Cualquier sociedad que quiera mantenerse como tal tendrá que prevenir dicho secuestro y restaurar la distinción fundamental entre el bien público y el interés privado (Flyvbjerg, Design by Deception. The Politics of Megaproject Approval, 2005)".

Por eso, en otro de sus trabajos, Flyvbjerg ironiza con su ‘Ecuación de los megaproyectos’, que refleja perfectamente la fusión entre despilfarro, corrupción y secuestro de la política pública, ya que muestra cómo se “construye el problema” que la “política” tiene que “resolver”:

ECUACIÓN DE LOS MEGAPROYECTOS

1. SOBREESTIMACIÓN DE BENEFICIOS
                   +
2. SUBESTIMACIÓN DE COSTES
                   +
3. IGNORANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
                   +
4. VIABILIDAD DEL PROYECTO

Fuente: Flyvbjerg B., Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition (2005)

Que esto lleva ocurriendo en España desde hace mucho tiempo es algo obvio, otra cosa es nuestra capacidad para hacernos preguntas relevantes y ver lo evidente, algo no demasiado bien visto en el ámbito académico. De hecho Joaquín Costa, notario aragonés, en su Oligarquía y caciquismo (1901) explicaba con claridad el sometimiento del Parlamento a los intereses de la oligarquía. Ahora es igual de claro pero más sutil o disfrazado, a veces. Un ejemplo más reciente sobre esta vinculación entre política y negocios característica del capitalismo y de la democracia actual fue el nombramiento de David Taguas, Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, es decir de Zapatero, como presidente de la patronal de las grandes constructoras SEOPAN. Dicho con más claridad, Taguas pasa, de un día para otro, de ser Director de la Oficina Económica de Zapatero a ser presidente de SEOPAN. Es el periodista Ernesto Ekaizer, en su libro “Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (2012)”, el que señala cómo Zapatero le pidió a Miguel Sebastián (Ministro de Industria) que hiciera gestiones para situar a Taguas en el sector privado, colocándole como presidente de Seopan.

El 'favor' de colocar a Taguas en Seopan se puede entender mejor si aclaramos que Zapatero presentó en la Moncloa el 11 de Julio de 2005, quizás para calmar a las empresas constructoras por el 'recorte' del trasvase del Ebro, el PEIT, plan especial de infraestructuras y transporte 2005-2020, dotado con una inversión de 248.892 millones de €. Entre los invitados a esa presentación, “…la flor y nata de las constructoras: Florentino Pérez (ACS), Ignacio Entrecanales (Acciona), Luis del Rivero (Sacyr), Isidre Fainé (Abertis), Joaquín Ayuso (Ferrovial). La patronal estaba representada por Juan Lazcano (CNC) y Enrique Aldama (Seopan), y los sindicatos por Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO)" . Otra presentación muy original pues parece hecha para contentar a las constructoras y no a los hipotéticos beneficiarios (usuarios) de esas obras, que quizás eran las propias constructoras, de acuerdo con lo que hemos visto. http://elpais.com/diario/2005/07/12/espana/1121119202_850215.html

Termino con una cita muy clara sobre la política hidrológica (el resto de las políticas de Obras Públicas sigue el mismo patrón) que muestra el secuestro de la política pública.

"La administración hidráulica española tiene una larga tradición en correr tupidos velos sobre los reiterados fracasos que se han construido y se siguen construyendo en toda la geografía nacional… la lista de proyectos ruinosos y de presupuestos millonarios dilapidados sería interminable…Los verdaderos ganadores del PHN están donde siempre han estado. Son los dos grandes agentes económicos que controlan tradicionalmente la política hidráulica en España: el grupo de las grandes constructoras y el de las eléctricas" Antonio Estevan. "El Plan Hidrológico Nacional: destapando la olla". Archipiélago, 2004 .

Para profundizar en esta línea se puede ir al enlace adjunto o al libro titulado ‘Economía, poder y megaproyectos’ (2009), coordinado por José Manuel Naredo y yo.

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n17/02_Aguilera_Politica_hidrologica.pdf

Federico Aguilera Klink es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna