Artículo 6 - Partidos políticos
"Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".
Una de las mayores demandas, reconocida por los propios partidos, es la necesidad de que los ciudadanos participen de manera más directa en la toma de decisiones. Las propias formaciones blindan sus procesos internos, aunque algunas como el PSOE y Equo han implantado las primarias abiertas. El expresidente del Congreso José Bono ha criticado que si alguien quiere ir en una lista, debe hacerse "amigo" de quien la elabora. En los partidos la democracia se confunde a veces con dedazos...
Artículo 27.5 - Derecho a la educación
"Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".
Las universidades españolas han perdido desde 2008 más de 1.240 millones de euros en sus presupuestos y los estudiantes han visto subir exponencialmente las tasas universitarias. Esto ha hecho que hasta 30.000 universitarios se encuentren al borde de la expulsión por impago. La aprobación de la Lomce, con tan solo el voto del PP y el rechazo de la comunidad educativa, es contradictoria también con este artículo.
Artículo 31 - Sistema tributario
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español.
Artículo 35 - El trabajo, derecho y deber
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Solo basta dar una cifra: 4.512.216 de desempleados, según los datos de noviembre del Ministerio de Empleo.
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