-El informe de la IV Delegación de Juristas en materia de Derechos Humanos (2014) señala que Colombia vive “un momento crucial”. ¿Se ha constatado un aumento de las violaciones de los derechos humanos?
-En 2014 persistieron los ataques a los defensores de los derechos humanos, lo que incluye a sindicalistas, luchadores por la tierra, población campesina e indígena. En el año 2014 se registraron 626 agresiones (entre las que destacan 488 amenazas, 55 homicidios y 41 atentados). Los ataques se focalizaron en los luchadores por la tierra, y las amenazas en los trabajadores por la paz, integrantes de ONG y sindicalistas. Los asesinatos afectan principalmente a los trabajadores por la tierra. En el primer trimestre de 2015 se está produciendo un incremento muy claro respecto al pasado año. Entre enero y marzo se han registrado 295 agresiones (destacan 249 amenazas, 19 asesinatos y 20 atentados).
-¿En qué territorios del país se concentran las agresiones?
-Según los datos del primer trimestre de 2015, los asesinatos se producen básicamente en Antioquía, Cauca, y el Caquetá. Son las zonas donde más se focaliza el conflicto armado entre el estado y las organizaciones insurgentes. Bogotá, donde los crímenes obedecen más bien a la presencia paramilitar, también destaca por el número de asesinatos. El 78% de las agresiones son atribuibles a paramilitares y el 5% a la fuerza pública. No hay reportes en relación con la guerrilla. Además, de las 295 agresiones producidas entre enero y marzo de 2015, 130 han ocurrido en Bogotá, 42 en el Cauca, 40 en el Valle del Cauca y 39 en el Atlántico.
-¿Qué conclusiones cabe extraer de estos números? ¿Puede hablarse de impunidad?
-Desarrollar la lucha por los derechos humanos en Colombia continúa siendo una labor de alto riesgo. El paramilitarismo, contra lo que ha dicho el gobierno, no ha desaparecido. Tampoco se ofrecen garantías para los defensores de los derechos humanos en el contexto de los diálogos de paz, y esto es muy grave con vistas a un escenario post-conflicto. Las agresiones permanecen en una absoluta impunidad. No hay una labor de investigación seria por parte de la justicia. Las estructuras y agentes paramilitares continúan actuando con libertad y sabiendo que no se les va a perseguir. Por último, el balance demuestra que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes, porque han limitado la protección de los defensores de los derechos humanos al ámbito material (escoltas y carros blindados), pero sin entrar en el origen de los ataques.
-¿Tiene alguna relación con las agresiones la presencia de empresas multinacionales?
-Hay casos como el de Anglo Gold Ashanti, empresa sudafricana que llega a principios de 2000, y que antes de aterrizar en Colombia financió en la República Democrática del Congo al Frente Nacional Integracionista, una estructura paramilitar. Es decir, la compañía ya tiene antecedentes. AngloGold Ashanti solicitó permisos para la explotación de oro en Colombia en más de tres millones de hectáreas. En el 99% de los territorios donde se iban a desarrollar los proyectos, los campesinos fueron previamente desalojados de las tierras, mediante grupos paramilitares. Hubo despojos en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquía, Santander y Bolívar.
-¿Hay ejemplos de represión contra dirigentes populares por parte de esta compañía?
-Hemos conocido casos como el del asesinato del líder minero Alejandro Uribe Chacón, en septiembre de 2006. Fue un líder que participó en reuniones para oponerse al ingreso de la multinacional. Alejandro es presentado por el ejército como “guerrillero” muerto en combate. Además, la AngloGold pide medidas de protección y paga al ejército para que le brinde seguridad. Así, se va privatizando el ejército, que en la práctica se convierte casi en la guardia de seguridad de las multinacionales. De hecho, es el cuerpo militar el que en un informe de inteligencia acusa a Alejandro Uribe de ser “guerrillero”, por promover reuniones de la comunidad contra la entrada de la empresa. En zonas donde la AngloGold empezó a operar, aumentó la militarización, y en consecuencia los abusos frente a las comunidades. Hoy, muchas de las tierras en las que se despojó a los campesinos son utilizadas por las transnacionales de la minería o los agrocombustibles.
-¿Hay una criminalización de los sectores que trabajan en la defensa de los derechos humanos?
-Desde la fuerza pública, y particularmente el Ministerio de Defensa, se considera que los activistas por los derechos humanos (ONG, sindicalistas, población campesina…) hacen parte de los grupos “subversivos”. Este discurso se mantiene hoy dentro de la estructura del ejército. Quienes defienden a las víctimas hacen, según estas estructuras militares, una guerra jurídica con el fin de paralizar y desmoralizar a las tropas. Este discurso se repite desde las comandancias y guarniciones militares, por ejemplo contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó. Estas comunidades se crearon en 1997 en el Urabá antioqueño con cerca de 900 integrantes, de los que 260 han sido asesinados hasta hoy.
-¿De qué modo se ha estigmatizado a la Comunidad de San José de Apartadó?
-Recientemente hemos conocido la existencia de manuales dentro del ejército, en uno de los casos, creado en febrero de 2002 en Bogotá por el Centro de Educación Militar “Escuela de Armas y Servicios”, en el que se dice: “Es de obligatorio conocimiento para nosotros como militares para tener un mayor conocimiento y poder manejar estas comunidades dentro del ámbito de la guerra política, y de estos conocimientos depende el adecuado manejo para quitarle los grupos subversivos”. Aunque con fatal redacción, se les señala como “enemigo de guerra”. Altos mandos del ejército estigmatizan a esta comunidad, que continúa siendo blanco de ataques. Entre el 8 y el 16 de junio la Comunidad de Paz de San José ha denunciado seis agresiones por parte de militares y paramilitares.
-Representas, con la Red de Defensores de Colombia y el abogado Germán Romero, a familiares y víctimas de la violencia militar y paramilitar en casos como la llamada “Operación Dragón”. ¿En qué consistió?
-El 22 de septiembre de 2004 el senador Alexander López, dirigentes del sindicato SINTRAEMCALI (empresa de servicios públicos de Cali) y defensores de derechos humanos fueron alertados de un plan para asesinarlos, en el que estaban vinculados miembros del ejército, de la empresa EMCALI y otras empresas privadas. Los hechos fueron puestos en conocimiento del vicefiscal de la nación. Ese mismo día la Fiscalía ordenó registros domiciliarios en Cali y Medellín, en los que se obtuvieron computadores y la agenda de un coronel del ejército. La información que allí reposaba era una estrategia para infiltrar sindicatos, penetrar en los esquemas de seguridad y conocer las actividades habituales de las víctimas. En definitiva, era un plan para atacar a quienes se oponían a la privatización de la empresa.
-¿En qué punto se encuentra el proceso judicial?
-Actualmente se está celebrando el juicio contra un coronel del ejército y otros dos mandos. Es de los pocos casos en que se logró evitar un crimen. Como aspecto relevante, el Ministerio del Interior, que suministraba los mecanismos de protección a las víctimas, era quien al tiempo proporcionaba información a los que pretendían acometer el atentado.
-Lleváis asimismo el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Manizales (Caldas). ¿Cuál es la historia?
-Tres jóvenes son llamados en el municipio de Pradera (Valle del Cauca) para desplazarse a Manizales (a una distancia de 267 kilómetros) bajo el ofrecimiento de un empleo, que les hace un soldado. Cuando llegan a Manizales, son obligados a descender del vehículo. Unos soldados les obligan a arrodillarse, les disparan y asesinan a dos de los tres. El que se libra, logra huir y cuenta lo ocurrido. En este caso ha habido intento de asesinar a los testigos. Se ha amenazado reiteradamente de muerte a la madre de uno de los jóvenes asesinados, que ha tenido que abandonar el país. Por otro lado, los comandantes del batallón y quienes participaron en las operaciones fueron felicitados y condecorados. A las víctimas, se las presentó como muertos en combate dentro de las acciones frente a los grupos armados. Fueron dos de los 4.800 “falsos positivos”. Siete militares ya han sido condenados, todos ellos de baja graduación.
-¿Qué otros aspectos relevantes presenta el caso?
-El comandante de la brigada y el segundo comandante firmaron un acta el 17 de marzo de 2008 con el comandante del batallón, en la que dicen que le pagaron a un ciudadano el equivalente a 800 euros por la información que permitió causar la muerte de esos dos muchachos, el 7 de febrero de 2008. Actualmente se celebra el juicio al comandante del batallón. Los dos coroneles que pagaron por la información fueron ascendidos a generales. Pero el ciudadano declaró ante la Fiscalía que nunca dio información al ejército, que no recibió plata y que la firma donde dice que recibió plata es falsa.
-¿En qué fase se halla el procedimiento judicial?
-Está pendiente la investigación judicial contra los dos generales. El gobierno los ascendió, teniendo conocimiento de lo que sucedió en Manizales.
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