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sábado, 27 de agosto de 2016

¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia?

Es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado.

Las cifras lo dicen todo: más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi siete millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales.

Pero, ¿cómo empezó el conflicto? ¿quiénes son sus protagonistas? y ¿por qué una de las democracias más estables de América Latina ha vivido en guerra por más medio siglo?


BBC Mundo hace un repaso por estos puntos, para trazar los orígenes, causas e hitos del conflicto armado interno colombiano.

¿Cuáles son los orígenes de la violencia?
Tal vez decir que los conflictos colombianos pueden rastrearse hasta la época de la Conquista, es remontarse demasiado atrás en el tiempo. Pero sí es relevante saber que en el siglo XIX y hasta los primeros años del XX hubo unos niveles muy intensos de violencia fratricida que marcaron el futuro de Colombia, con decenas de miles de muertos.

Era un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentaría todos los conflictos del país a partir de entonces.

La confrontación bipartidista nunca cesó.

La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948, con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En todo el país comenzaron salvajes choques, en un primer momento con epicentro en Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, terriblemente sangriento.

Este período, que se extendió hasta fines de la década del 50, recibió el sencillo y explícito nombre de La Violencia. También dejó más de 200.000 muertos.

¿Cómo comenzó el conflicto con las FARC?
"En esa época había mucha desigualdad social y ahí empezaron los conflictos", recuerda Juan Esteban Vélez Cañaveral, un campesino de Antioquia que tuvo que dejar su tierra por varios años escapando de los reclutadores de las FARC.
Aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no comenzaron como tales.

Sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el período de La Violencia, que más tarde adoptaron la ideología comunista.
"Tumbaron monte para abrir un claro en la selva o se establecieron en la parte alta de las cordilleras", explica en su libro Stephen Ferry. "Eran colonos que aprendieron a sobrevivir en la frontera, sin ningún tipo de lealtad hacia el Estado".

Hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera, en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento del Tolima.
"Las zonas de guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad", dice el historiador Gonzalo Sánchez.

En Marquetalia, habían constituido una suerte de "república independiente", conformada por unos 50 hombres que pelearon durante La Violencia, junto a sus familias.

Era una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y político.

A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", un combatiente formado en las guerrillas liberales de inicios de los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC.

A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto a Jacobo Arenas (otro de los líderes originales del grupo), fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de FARC.

Ese es generalmente considerado el origen de la más grande guerrilla de Colombia, con la que las fuerzas del Estado han venido combatiendo desde entonces.

Pero las FARC no fueron sólo un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo: surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas, alimentadas por la tensión EE.UU.-Unión Soviética de la Guerra Fría. Son una guerrilla comunista, de inspiración marxista-leninista.

Y no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época.

Casi en simultáneo se constituye el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inspirado en la Revolución Cubana, que entrenó a sus líderes, y que hoy continúa en lucha con el gobierno.

Más tarde surgen el Ejército Popular de Liberación (EPL, maoísta), el M-19 (más urbano) y otras guerrillas, que ya se han desmovilizado.

Recrudecimiento del conflicto
Recién a principios de la década del 80, las FARC deciden que tendrán como objetivo la toma del poder, cuando pasan a llamarse FARC-EP (por Ejército del Pueblo).

A finales de esa década, el surgimiento de grupos paramilitares de derecha alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, profundizaron la violencia del enfrentamiento armado.

Además de enfrentarse con la guerrilla, asesinaron a campesinos y dirigentes sociales.
Por esta misma época comienza a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se van sirviendo tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla.

Hacia el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contrainsurgente y antidrogas, en el marco del Plan Colombia, inyectando en 15 años unos US$10.000 millones en el país.

Eso permitió la modernización de las Fuerzas Militares y Policía, que hoy suman cerca de medio millón de efectivos.

También hacia el año 2000, las FARC alcanzan su mayor capacidad militar, con unos 20.000 hombres en armas.

Los años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos, con métodos más violentos de guerra.

En el caso de la guerrilla se destaca el secuestro, mientras que los grupos paramilitares realizan numerosas masacres. Ambos grupos, además de fuerzas estatales, realizaron violaciones a los derechos humanos.
Consecuentemente, la mayoría de los muertos del conflicto han sido civiles.

¿Por qué el conflicto se extendió por tanto tiempo?
Cuando se pregunta en las calles de las ciudades y en el campo, las causas que dan muchos colombianos son recurrentes:
falta de empleo y oportunidades; 
desigualdad, 
concentración de la riqueza, 
injusticia social; 
falta de tolerancia, indiferencia; corrupción.

A pesar de sus riquezas naturales, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el tercero después de Haití y Honduras en el continente americano.
"El conflicto en Colombia es distinto de otras guerras civiles en el mundo que suelen tener causas étnicas, económicas o religiosas claras", argumenta Stephen Ferry en su libro "Violentología".


Es incluso difícil para los colombianos definir la naturaleza del conflicto, agrega, y cita diferentes explicaciones: un lucrativo negocio bélico que se autoperpetúa influenciado por el narcotráfico; "un ciclo de represalias por las atrocidades cometidas en el pasado"; una guerra de clases de campesinos revolucionarios contra un sistema corrupto.

Bandera en apoyo a la Unión Patriótica

Y según Álvaro Villarraga, del Centro Nacional de Memoria Histórica, hay tres elementos que están en el origen del conflicto:

-la tendencia a ejercer violencia desde el poder y la política
-la falta de resolución en la cuestión de la propiedad de la tierra en el campo
-las faltas de garantías para la pluralidad y el ejercicio de la política.

 ¿Por qué llega el fin del conflicto con las FARC ahora?
Este no es la primera vez que se trata de alcanzar la paz entre gobierno y FARC.

En 1984, hubo un primer intento en el que parte de las FARC se sumaron a un partido político, la Unión Patriótica, cuyos miembros fueron blanco de escuadrones de extrema derecha y miles fueron asesinados.
Desde entonces, esa guerrilla ha tenido una profunda desconfianza de dejar las armas.

Hubo un nuevo intento en 1991-92 y otro en 1998-2002 que por diversos motivos fracasaron.
Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se lanzó una profunda ofensiva contra las FARC, que incluyó bombardeos a campamentos rebeldes, y se extendió durante el gobierno de su sucesor y actual presidente, Juan Manuel Santos.
En los ataques del gobierno se diezmaron las fuerzas guerrilleras y mataron a varios de sus máximos líderes (entre los cuales no estaba Manuel Marulanda, quien murió de viejo en un campamento del grupo)

Hoy se estima que las FARC tienen unos 7.000 hombres en armas.
Existe el argumento de que este debilitamiento puso a los rebeldes en una posición más razonable para negociar.

Pero también hay un contraargumento: que tras más de una década de ofensiva estatal militar las fuerzas del gobierno no lograron derrotar a las FARC. Para ellos también era razonable pensar en negociar.

En cualquier caso, en noviembre de 2012, se iniciaron los diálogos de La Habana entre los líderes guerrilleros y el gobierno de Juan Manuel Santos.

¿Paz definitiva?
Los acuerdos de La Habana con las FARC son un elemento esencial para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, pero no son suficientes.

Juan Manuel Santos, Raúl Castro y Timochenko

Por una parte, el ELN sigue activo y, aunque hubo avances hacia un proceso de paz con esta guerrilla, todavía no ha comenzado y no parece que esté cerca su inicio.

Por otra parte, los grupos paramilitares que surgieron para combatir a las FARC y que se desmovilizaron oficialmente a mediados de la década pasada, no entregaron las armas por completo.

Muchos de sus miembros se aglutinaron en las que hoy el gobierno llama grupos armados organizados (antes las llamaba bandas criminales o bacrim), entidades criminales con capacidad de control territorial en ciertas partes del país y alto poder de fuego.
Estos grupos se dedican a la extorsión, al narcotráfico, al tráfico de personas y a la minería ilegal, entre otras actividades y representan una seria amenaza para la paz.

Y según muchos activistas sociales y defensores de derechos humanos, algunos siguen en su rol original, como instrumentos de la extrema derecha, atemorizando a la población y tratando de acallar a los líderes comunitarios.

Finalmente, y esto es crucial, muchos creen que una paz sólida en Colombia sólo se podrá conseguir cuando se hayan resuelto las causas fundamentales del conflicto que todo ciudadano de este país parece tener tan claras.

Como decíamos al principio:
-falta de empleo y oportunidades; desigualdad, concentración de la riqueza; injusticia social; falta de tolerancia, indiferencia; corrupción.

Tal vez el esperado acuerdo con las FARC abra una oportunidad para comenzar a resolverlas de una vez por todas.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413

-Texto completo y definitivo (.pdf)

Cruz Elena, la mujer de 100 años que lleva 70 como testigo de la guerra en Colombia.

lunes, 13 de julio de 2015

Entrevista a Jorge Molano, abogado defensor de los Derechos Humanos en Colombia. “Las estructuras paramilitares continúan actuando con impunidad”

Defender los derechos humanos en Colombia es una tarea de alto riesgo, entre otras razones, porque el paramilitarismo no ha desaparecido. “Continúa actuando y las agresiones permanecen en una absoluta impunidad”, sostiene el abogado defensor de los derechos humanos, Jorge Molano, quien ha participado en el X aniversario de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Molano forma parte de la red de defensores no institucionalizados dhColombia y es asesor de las organizaciones Nomadesc y Sembrar. Junto a dhColombia y el abogado Germán Romero, representa jurídicamente a víctimas y familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Manizales, el Palacio de Justicia, la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la “Operación Dragón” y el asesinato de Jhonny Silva. El abogado y activista ha sido distinguido en 2015 con el premio que otorga “Lawyers of Lawyers” de Holanda a los abogados que ejercen su profesión en situación de riesgo.

-El informe de la IV Delegación de Juristas en materia de Derechos Humanos (2014) señala que Colombia vive “un momento crucial”. ¿Se ha constatado un aumento de las violaciones de los derechos humanos?
-En 2014 persistieron los ataques a los defensores de los derechos humanos, lo que incluye a sindicalistas, luchadores por la tierra, población campesina e indígena. En el año 2014 se registraron 626 agresiones (entre las que destacan 488 amenazas, 55 homicidios y 41 atentados). Los ataques se focalizaron en los luchadores por la tierra, y las amenazas en los trabajadores por la paz, integrantes de ONG y sindicalistas. Los asesinatos afectan principalmente a los trabajadores por la tierra. En el primer trimestre de 2015 se está produciendo un incremento muy claro respecto al pasado año. Entre enero y marzo se han registrado 295 agresiones (destacan 249 amenazas, 19 asesinatos y 20 atentados).

-¿En qué territorios del país se concentran las agresiones?
-Según los datos del primer trimestre de 2015, los asesinatos se producen básicamente en Antioquía, Cauca, y el Caquetá. Son las zonas donde más se focaliza el conflicto armado entre el estado y las organizaciones insurgentes. Bogotá, donde los crímenes obedecen más bien a la presencia paramilitar, también destaca por el número de asesinatos. El 78% de las agresiones son atribuibles a paramilitares y el 5% a la fuerza pública. No hay reportes en relación con la guerrilla. Además, de las 295 agresiones producidas entre enero y marzo de 2015, 130 han ocurrido en Bogotá, 42 en el Cauca, 40 en el Valle del Cauca y 39 en el Atlántico.

-¿Qué conclusiones cabe extraer de estos números? ¿Puede hablarse de impunidad?
-Desarrollar la lucha por los derechos humanos en Colombia continúa siendo una labor de alto riesgo. El paramilitarismo, contra lo que ha dicho el gobierno, no ha desaparecido. Tampoco se ofrecen garantías para los defensores de los derechos humanos en el contexto de los diálogos de paz, y esto es muy grave con vistas a un escenario post-conflicto. Las agresiones permanecen en una absoluta impunidad. No hay una labor de investigación seria por parte de la justicia. Las estructuras y agentes paramilitares continúan actuando con libertad y sabiendo que no se les va a perseguir. Por último, el balance demuestra que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes, porque han limitado la protección de los defensores de los derechos humanos al ámbito material (escoltas y carros blindados), pero sin entrar en el origen de los ataques.

-¿Tiene alguna relación con las agresiones la presencia de empresas multinacionales?
-Hay casos como el de Anglo Gold Ashanti, empresa sudafricana que llega a principios de 2000, y que antes de aterrizar en Colombia financió en la República Democrática del Congo al Frente Nacional Integracionista, una estructura paramilitar. Es decir, la compañía ya tiene antecedentes. AngloGold Ashanti solicitó permisos para la explotación de oro en Colombia en más de tres millones de hectáreas. En el 99% de los territorios donde se iban a desarrollar los proyectos, los campesinos fueron previamente desalojados de las tierras, mediante grupos paramilitares. Hubo despojos en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquía, Santander y Bolívar.

-¿Hay ejemplos de represión contra dirigentes populares por parte de esta compañía?
-Hemos conocido casos como el del asesinato del líder minero Alejandro Uribe Chacón, en septiembre de 2006. Fue un líder que participó en reuniones para oponerse al ingreso de la multinacional. Alejandro es presentado por el ejército como “guerrillero” muerto en combate. Además, la AngloGold pide medidas de protección y paga al ejército para que le brinde seguridad. Así, se va privatizando el ejército, que en la práctica se convierte casi en la guardia de seguridad de las multinacionales. De hecho, es el cuerpo militar el que en un informe de inteligencia acusa a Alejandro Uribe de ser “guerrillero”, por promover reuniones de la comunidad contra la entrada de la empresa. En zonas donde la AngloGold empezó a operar, aumentó la militarización, y en consecuencia los abusos frente a las comunidades. Hoy, muchas de las tierras en las que se despojó a los campesinos son utilizadas por las transnacionales de la minería o los agrocombustibles.

-¿Hay una criminalización de los sectores que trabajan en la defensa de los derechos humanos?
-Desde la fuerza pública, y particularmente el Ministerio de Defensa, se considera que los activistas por los derechos humanos (ONG, sindicalistas, población campesina…) hacen parte de los grupos “subversivos”. Este discurso se mantiene hoy dentro de la estructura del ejército. Quienes defienden a las víctimas hacen, según estas estructuras militares, una guerra jurídica con el fin de paralizar y desmoralizar a las tropas. Este discurso se repite desde las comandancias y guarniciones militares, por ejemplo contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó. Estas comunidades se crearon en 1997 en el Urabá antioqueño con cerca de 900 integrantes, de los que 260 han sido asesinados hasta hoy.

-¿De qué modo se ha estigmatizado a la Comunidad de San José de Apartadó?
-Recientemente hemos conocido la existencia de manuales dentro del ejército, en uno de los casos, creado en febrero de 2002 en Bogotá por el Centro de Educación Militar “Escuela de Armas y Servicios”, en el que se dice: “Es de obligatorio conocimiento para nosotros como militares para tener un mayor conocimiento y poder manejar estas comunidades dentro del ámbito de la guerra política, y de estos conocimientos depende el adecuado manejo para quitarle los grupos subversivos”. Aunque con fatal redacción, se les señala como “enemigo de guerra”. Altos mandos del ejército estigmatizan a esta comunidad, que continúa siendo blanco de ataques. Entre el 8 y el 16 de junio la Comunidad de Paz de San José ha denunciado seis agresiones por parte de militares y paramilitares.

-Representas, con la Red de Defensores de Colombia y el abogado Germán Romero, a familiares y víctimas de la violencia militar y paramilitar en casos como la llamada “Operación Dragón”. ¿En qué consistió?
-El 22 de septiembre de 2004 el senador Alexander López, dirigentes del sindicato SINTRAEMCALI (empresa de servicios públicos de Cali) y defensores de derechos humanos fueron alertados de un plan para asesinarlos, en el que estaban vinculados miembros del ejército, de la empresa EMCALI y otras empresas privadas. Los hechos fueron puestos en conocimiento del vicefiscal de la nación. Ese mismo día la Fiscalía ordenó registros domiciliarios en Cali y Medellín, en los que se obtuvieron computadores y la agenda de un coronel del ejército. La información que allí reposaba era una estrategia para infiltrar sindicatos, penetrar en los esquemas de seguridad y conocer las actividades habituales de las víctimas. En definitiva, era un plan para atacar a quienes se oponían a la privatización de la empresa.

-¿En qué punto se encuentra el proceso judicial?
-Actualmente se está celebrando el juicio contra un coronel del ejército y otros dos mandos. Es de los pocos casos en que se logró evitar un crimen. Como aspecto relevante, el Ministerio del Interior, que suministraba los mecanismos de protección a las víctimas, era quien al tiempo proporcionaba información a los que pretendían acometer el atentado.

-Lleváis asimismo el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Manizales (Caldas). ¿Cuál es la historia?
-Tres jóvenes son llamados en el municipio de Pradera (Valle del Cauca) para desplazarse a Manizales (a una distancia de 267 kilómetros) bajo el ofrecimiento de un empleo, que les hace un soldado. Cuando llegan a Manizales, son obligados a descender del vehículo. Unos soldados les obligan a arrodillarse, les disparan y asesinan a dos de los tres. El que se libra, logra huir y cuenta lo ocurrido. En este caso ha habido intento de asesinar a los testigos. Se ha amenazado reiteradamente de muerte a la madre de uno de los jóvenes asesinados, que ha tenido que abandonar el país. Por otro lado, los comandantes del batallón y quienes participaron en las operaciones fueron felicitados y condecorados. A las víctimas, se las presentó como muertos en combate dentro de las acciones frente a los grupos armados. Fueron dos de los 4.800 “falsos positivos”. Siete militares ya han sido condenados, todos ellos de baja graduación.

-¿Qué otros aspectos relevantes presenta el caso?
-El comandante de la brigada y el segundo comandante firmaron un acta el 17 de marzo de 2008 con el comandante del batallón, en la que dicen que le pagaron a un ciudadano el equivalente a 800 euros por la información que permitió causar la muerte de esos dos muchachos, el 7 de febrero de 2008. Actualmente se celebra el juicio al comandante del batallón. Los dos coroneles que pagaron por la información fueron ascendidos a generales. Pero el ciudadano declaró ante la Fiscalía que nunca dio información al ejército, que no recibió plata y que la firma donde dice que recibió plata es falsa.

-¿En qué fase se halla el procedimiento judicial?
-Está pendiente la investigación judicial contra los dos generales. El gobierno los ascendió, teniendo conocimiento de lo que sucedió en Manizales.