Justicia contra impunidad. El crimen de 1989 contra los jesuitas se inscribió en el clima de persecución de los poderes oligárquicos contra el cristianismo liberador.

El 16 de noviembre de 1989 el batallón Atlacatl, el más sanguinario del Ejército de El Salvador (Centroamérica), asesinó con premeditación, nocturnidad, alevosía e impunidad en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a los jesuitas Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Manuel Moreno, Joaquín López, Amando López e Ignacio Ellacuría, a Julia Elba Ramos, trabajadora doméstica, y a su hija Celina Ramos, de 15 años. Anteriormente, la UCA había sido objeto de cateos, ataques con bombas que destruyeron parte de las instalaciones, del material informático y de la documentación universitaria. Su rector, Ignacio Ellacuría, recibió numerosas amenazas de muerte que le obligaron a abandonar el país en repetidas ocasiones.

Los crímenes, que causaron una gran conmoción mundial, se inscribían en el clima de persecución de los poderes oligárquicos, el Gobierno, el Ejército, la Guardia Nacional y los escuadrones de la muerte, todos coaligados, contra el cristianismo liberador de El Salvador, formado por las comunidades de base, un sector del clero del lado de las organizaciones populares y los teólogos y científicos sociales de la UCA que educaban al alumnado y a la ciudadanía en una conciencia crítica al servicio de las mayorías populares bajo la guía de la teología de la liberación.

Los jesuitas estaban comprometidos en el trabajo por la justicia en una sociedad estructuralmente injusta, en la lucha por los derechos humanos en un país donde se transgredían sistemáticamente, en la defensa de la vida de quienes la tenían más amenazada, y en el trabajo por la paz a través de la no violencia activa en medio de la violencia institucional.

La persecución se producía con el silencio cómplice del Vaticano bajo el pontificado de Juan Pablo II, y de su principal ideólogo el cardenal Ratzinger, quienes acusaron a los teólogos de la UCA de abrazar el marxismo acríticamente, haber creado división en la Iglesia salvadoreña e incluso legitimar la violencia.

En la represión contra la Iglesia de los pobres había sido asesinado antes por la Guardia Nacional el jesuita Rutilio Grande, junto con el campesino Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio Lemus, por haber contribuido a despertar la conciencia del campesinado en la defensa de sus derechos; monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, por sus sistemáticas denuncias de la violación de los derechos humanos y de las masacres contra poblaciones enteras; cuatro religiosas estadounidenses por su opción en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad; y líderes de comunidades de base y activistas de los derechos humanos.

Las personas asesinadas pusieron en práctica la máxima de Epicuro: “Vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del ser humano”. Hicieron realidad el verso del poeta cubano José Martí: “Con los pobres de la tierra mi suerte yo quiero echar”. Y pusieron en práctica el principio-compasión con las víctimas formulado por Jesús de Nazaret: “Misericordia quiero, no sacrificios”. Como dijera Ignacio Ellacuría, “no lucharemos por la justicia sin pagar un precio”. Y bien caro que lo pagaron.

Durante más de treinta años, los crímenes de aquella fatídica madrugada de noviembre de 1989, decididos por el Estado Mayor del Ejército salvadoreño y ejecutados por el Batallón Atlacatl, han quedado impunes. Hace más de diez años la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) y la familia de Ignacio Martín-Baró interpusieron una querella contra los responsables de tamaños crímenes para que se hiciera justicia a las víctimas y al pueblo salvadoreño. Tras una investigación judicial compleja, se inicia este lunes el juicio en la Audiencia Nacional contra Inocente Orlando Montano, coronel y viceministro de Seguridad Pública entonces, acusado de asesinato y terrorismo cometidos en el contexto de crímenes internacionales. El proceso será dirigido por los abogados Almudena Bernabéu y Manuel Ollé en nombre de la APDHE y de las víctimas.

Estamos ante un día histórico ya que se abre el camino para terminar con tan larga impunidad, buscar la verdad, hacer justicia a las víctimas y rehabilitarlas en su dignidad negada por tantos años de olvido judicial.

Juan José Tamayo es director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid, y autor, con José Manuel Romero, de Ignacio Ellacuría, Teología, filosofía y critica de la ideología (Anthropos).

https://elpais.com/espana/2020-06-07/justicia-contra-impunidad.html