Justicia contra impunidad. El crimen de 1989 contra los jesuitas se inscribió en el clima de persecución de los poderes oligárquicos contra el cristianismo liberador.

El 16 de noviembre de 1989 el batallón Atlacatl, el más sanguinario del Ejército de El Salvador (Centroamérica), asesinó con premeditación, nocturnidad, alevosía e impunidad en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a los jesuitas Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Manuel Moreno, Joaquín López, Amando López e Ignacio Ellacuría, a Julia Elba Ramos, trabajadora doméstica, y a su hija Celina Ramos, de 15 años. Anteriormente, la UCA había sido objeto de cateos, ataques con bombas que destruyeron parte de las instalaciones, del material informático y de la documentación universitaria. Su rector, Ignacio Ellacuría, recibió numerosas amenazas de muerte que le obligaron a abandonar el país en repetidas ocasiones.

Los crímenes, que causaron una gran conmoción mundial, se inscribían en el clima de persecución de los poderes oligárquicos, el Gobierno, el Ejército, la Guardia Nacional y los escuadrones de la muerte, todos coaligados, contra el cristianismo liberador de El Salvador, formado por las comunidades de base, un sector del clero del lado de las organizaciones populares y los teólogos y científicos sociales de la UCA que educaban al alumnado y a la ciudadanía en una conciencia crítica al servicio de las mayorías populares bajo la guía de la teología de la liberación.

Los jesuitas estaban comprometidos en el trabajo por la justicia en una sociedad estructuralmente injusta, en la lucha por los derechos humanos en un país donde se transgredían sistemáticamente, en la defensa de la vida de quienes la tenían más amenazada, y en el trabajo por la paz a través de la no violencia activa en medio de la violencia institucional.

La persecución se producía con el silencio cómplice del Vaticano bajo el pontificado de Juan Pablo II, y de su principal ideólogo el cardenal Ratzinger, quienes acusaron a los teólogos de la UCA de abrazar el marxismo acríticamente, haber creado división en la Iglesia salvadoreña e incluso legitimar la violencia.

En la represión contra la Iglesia de los pobres había sido asesinado antes por la Guardia Nacional el jesuita Rutilio Grande, junto con el campesino Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio Lemus, por haber contribuido a despertar la conciencia del campesinado en la defensa de sus derechos; monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, por sus sistemáticas denuncias de la violación de los derechos humanos y de las masacres contra poblaciones enteras; cuatro religiosas estadounidenses por su opción en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad; y líderes de comunidades de base y activistas de los derechos humanos.

Las personas asesinadas pusieron en práctica la máxima de Epicuro: “Vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del ser humano”. Hicieron realidad el verso del poeta cubano José Martí: “Con los pobres de la tierra mi suerte yo quiero echar”. Y pusieron en práctica el principio-compasión con las víctimas formulado por Jesús de Nazaret: “Misericordia quiero, no sacrificios”. Como dijera Ignacio Ellacuría, “no lucharemos por la justicia sin pagar un precio”. Y bien caro que lo pagaron.

Durante más de treinta años, los crímenes de aquella fatídica madrugada de noviembre de 1989, decididos por el Estado Mayor del Ejército salvadoreño y ejecutados por el Batallón Atlacatl, han quedado impunes. Hace más de diez años la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) y la familia de Ignacio Martín-Baró interpusieron una querella contra los responsables de tamaños crímenes para que se hiciera justicia a las víctimas y al pueblo salvadoreño. Tras una investigación judicial compleja, se inicia este lunes el juicio en la Audiencia Nacional contra Inocente Orlando Montano, coronel y viceministro de Seguridad Pública entonces, acusado de asesinato y terrorismo cometidos en el contexto de crímenes internacionales. El proceso será dirigido por los abogados Almudena Bernabéu y Manuel Ollé en nombre de la APDHE y de las víctimas.

Estamos ante un día histórico ya que se abre el camino para terminar con tan larga impunidad, buscar la verdad, hacer justicia a las víctimas y rehabilitarlas en su dignidad negada por tantos años de olvido judicial.

Juan José Tamayo es director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid, y autor, con José Manuel Romero, de Ignacio Ellacuría, Teología, filosofía y critica de la ideología (Anthropos).

https://elpais.com/espana/2020-06-07/justicia-contra-impunidad.html

Carlos Paris: la filosofía como grito contra la injusticia. Su pensamiento brota de la admiración hacia los luchadores por la libertad y la hermandad

Maestro, amigo y colega. Estas tres palabras resumen mi relación con Carlos París durante más de treinta años. Comenzó a finales de la década de los setenta del siglo pasado en que inicié mis estudios de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí seguí sus clases de Antropología Cultural en la licenciatura, sus lecciones sobre la Técnica en Ortega y Gasset y Heidegger en los cursos de doctorado y, bajo su dirección, hice la tesis doctoral sobre la filosofía utópica de la religión en el pensador alemán Ernst Bloch. Recuerdo que cuando le propuse el tema de la tesis me comentó: “Perfecto. Coincide con mi actitud vital, ya que soy un creyente con esperanza pero sin fe”. Yo le recordé entonces la afirmación de Bloch: “La razón no puede florecer sin esperanza. La esperanza no puede hablar sin razón”. Desde entonces razón y esperanza han sido las claves intelectuales de nuestra sintonía.

Mi relación con Carlos París se ha mantenido viva y activa hasta el final. El año pasado me invitó a intervenir, junto con Jacob Muñoz, en la presentación de la segunda edición de su libro Ética radical. Los abismos de la actual civilización, que es una de las más lúcidas y creativas contribuciones a la ética porque cuestiona los límites y ocultamientos de las éticas tradicionales, dilata el horizonte de la filosofía moral y las responsabilidades humanas a otros campos no separables de lo humano, como la ciencia, la técnica y la naturaleza, e incorpora la crítica del capitalismo y de la política liberal. El libro completa la trilogía iniciada con Crítica de la civilización nuclear y continuada con El animal cultural. Biología y cultura en la realidad humana (1994), tres obras mayores de la filosofía española y latinoamericana del siglo XX y principios del siglo XXI.

En un texto antológico de Ética radical describe así lo que para él es la reflexión filosófica: “La filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo que vivimos. Si Aristóteles afirmaba que la Filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi filosofar parte de la admiración, pero no solo de la que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que brota ante el heroísmo de tantos hombres y mujeres que, incansables, dieron su vida, luchando por el reino de la libertad y la hermandad universales. Y el pensamiento que se levanta, a partir del grito y de la admiración no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical transformación”.

La vida de Carlos París fue un ejemplo de esa manera de entender la filosofía. En ella se dan cita teoría y práctica, militancia política y reflexión filosófica, creación literaria y pensamiento crítico, interpretación y transformación, conforme a la tesis 11º de Marx sobre Feuerbach: “Hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo”. Tomando prestada la segunda parte del título de uno de sus libros más emblemáticos, su vida bien puede definirse como “existencia auténtica”, bajo la guía del altruismo que él entiende como “el refuerzo mutuo entre el yo y el otro, en una sinergia en que ambos se potencian”.
Fuente: El País.
Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid.

Silencios ominosos, condenas inmisericordes

La Iglesia católica del siglo XX, que legitimó tantas dictaduras y mantuvo en secreto la pederastia de algunos de sus miembros, ha sido implacable con aquellos teólogos de honestidad intachable que se atrevieron a disentir.

Silencios ominosos y condenas inmisericordes. Esa ha sido la actitud del Vaticano y de buena parte de la jerarquía católica durante los últimos 70 años. Silencios ominosos ante masacres y crímenes contra la humanidad y sus responsables. Condenas inmisericordes contra teólogos y teólogas, sacerdotes, obispos, filósofos, escritores -cristianos o no- por ejercer la libertad de expresión y atreverse a disentir; condenas todas ellas contra toda lógica jurídica, que establece que "el pensamiento no delinque". Silencios ominosos sobre personas sanguinarias, ideologías totalitarias y dictaduras militares con las manos manchadas de sangre. Condenas inmisericordes a hombres y mujeres de manos limpias, de honestidad intachable, de ejemplaridad de vida.

El más grave de esos silencios fue, sin duda, el de Pío XII ante los seis millones de judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales, transexuales, gaseados y llevados a las piras crematorias de los campos de concentración del nazismo. Ya antes, siendo secretario de Estado del Vaticano firmó, en nombre de Pío XI, el Concordato Imperial con la Alemania nazi bajo el Gobierno de Hitler. Ahí comenzó su complicidad con el nazismo. Uno de los intelectuales más madrugadores en la denuncia de tamaño y tan ominoso silencio fue el dramaturgo alemán Hochulth en su obra de teatro El Vicario, estrenada en 1963.
En 1953 Pío XII firmó un Concordato con Franco, legitimando la dictadura, mientras guardaba silencio sobre la represión franquista después de la guerra civil, que costó decenas de miles de muertos.
Un año más tarde hacía lo mismo con el dictador Rafael Trujillo, presidente de la República Dominicana, sin condenar sus abusos de poder y sus crímenes de Estado.

En la década de los cuarenta del siglo pasado, el cardenal Emmanuel Célestin Suhard, arzobispo de París, autorizó a algunos sacerdotes y religiosos a trabajar en las fábricas. El dominico Jacques Loew lo hizo como descargador de barcos en el puerto de Marsella. Monseñor Alfred Ancel, obispo auxiliar de Lyon, fue cura-obrero durante cinco años. La experiencia fue inmortalizada por Gilbert Cesbron en la novela Los santos van al infierno. Pero pronto se frustró. Los sacerdotes obreros fueron acusados de comunistas y subversivos, cuando lo que hacían era dar testimonio del Evangelio entre la clase trabajadora alejada de la Iglesia y descreída, compartiendo su vida y sus penalidades, identificándose con sus luchas, ganando el pan con el sudor de su frente. En vez de hacer oídos sordos a las acusaciones, Pío XII las dio por ciertas y pidió a los sacerdotes que abandonaran el trabajo en las fábricas y se reintegraran en el trabajo pastoral en las parroquias y a los religiosos que se incorporaran a sus comunidades, al tiempo que ordenaba a los obispos franceses que enviaran a los sacerdotes obreros a los conventos para ser "reeducados". 

(de JUAN JOSÉ TAMAYO, 14/08/2010) Leer más