18 de julio.

El traslado de los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos ha de verse como un acto normal, para nada como una revancha.


Las políticas de conservación o de eliminación de los símbolos de un régimen totalitario dependen en gran medida de quien fue su sucesor. El continuismo postsoviético se ha traducido en la presencia actual de Lenin y Stalin en sus respectivos enterramientos en la Plaza Roja de Moscú, mientras el sepulcro clónico de Dimitrov fue demolido en Sofía. En Italia, las ambigüedades de la reconstrucción democrática se han traducido en una puntual preservación de monumentos e inscripciones, incluida la que en Bolzano sigue incluyendo a España entre las conquistas del Duce. A pesar de que recientes investigaciones, como La matanza de Addis Abeba de Ian Campbell, confirman la brutalidad del genocidio cometido durante la conquista y dominio de Etiopía, siguen existiendo callejeros en Italia que lo glorifican. Algo tiene esto que ver con la supervivencia de una mentalidad, nada favorable para la democracia.

Por eso el traslado de los restos del dictador fuera del recinto político-religioso del Valle de los Caídos ha de verse como un acto normal, para nada como una revancha, especialmente si tenemos en cuenta las condiciones de trabajo forzoso para presos republicanos que presidieron la construcción del monasterio. No tenía sentido alguno la supervivencia allí de su tumba, como tampoco lo tenían las estatuas de Franco a modo de miles gloriosus que ocupaban lugares de privilegio en las ciudades españolas. El pronunciamiento del general no solo desencadenó una guerra civil y destruyó un régimen democrático, sino que supuso la puesta en marcha, conscientemente, de una “operación quirúrgica”, como él mismo anunció en noviembre de 1935 al entonces embajador de Francia, Jean Herbette. Su propósito no era, pues, un simple giro a la derecha político, sino la puesta en marcha de un exterminio sistemático, físico e ideológico, de lo que consideraba la Antiespaña, un genocidio si nos atenemos a la definición de Raphaël Lemkin, y bien que lo llevó a cabo. Con el trato respetuoso a sus restos, tiene más que suficiente.

El traslado previsto deja en pie otro problema: ¿qué hacer con el túmulo del fundador del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, cuyo traslado al monasterio del Escorial, primero, y al Valle luego, fue decisión personal de Franco? Tampoco tiene sentido mantenerlo donde está. José Antonio fue promotor ideológico y víctima de la guerra civil. De aceptarlo su familia, el cementerio de Alicante, la ciudad donde fue fusilado, pudiera ser el lugar más adecuado para su enterramiento, convertido ahora en símbolo de reconciliación.

Y para el faraónico monasterio, ¿qué? Volarlo carece de sentido, si bien lo mejor es que no hubiese existido nunca. Cabría aprovechar sus instalaciones organizando allí un centro de estudios sobre el totalitarismo, para lo cual mimbres hay en el cesto.

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