_- “La mayor parte del armamento no podría fabricarse sin financiación de los bancos”. Entrevista a Audrey Esnault, coordinadora de la campaña Banca Armada.

_- Enric Llopis

Rebelión

¿Cómo se sustenta el complejo militar-industrial? ¿Quién ofrece soporte económico para que fabriquen misiles, aviones de combate, bombas de dispersión, balas y armas nucleares? La banca mundial ha financiado con 526.159 millones de dólares a la industria del armamento durante el periodo 2011-2017, según la Base de datos Internacional de Banca Armada que publica el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Estados Unidos encabeza entre 2011 y 2017 la ratio de países en que la banca “participa en el negocio armamentístico”, con financiación al sector por valor de 375.032 millones de dólares, seguido de Francia (33.255 millones), Reino Unido (31.812 millones), Japón (21.925), Alemania (12.718 millones) y España (10.244 millones).

La plataforma financiera BlackRock financia, a través de fondos de inversión, acciones o bonos, con un total de 35.912 millones de dólares a empresas de armamento como Boeing, Honeywell International, Airbus Group y Northrop Grumman, entre otras (periodo 2011-2017). La entidad financiera JP Morgan Chase ha firmado operaciones –que incluyen créditos y emisión de bonos y pagarés de las empresas- por valor de 25.086 millones de euros con industrias armamentísticas como Honeywell International, Boeing y Loockheed Martin. Bank of América es otra de las sociedades destacadas en el negocio de las armas; en el citado periodo ha aportado financiación por valor de 4.496 millones de dólares a Loockheed Martin; 2.823 millones a Honeywell International y 2.141 millones a General Dynamic. Además de las financieras estadounidenses, las europeas también engrasan la maquinaria bélica. Por ejemplo Crédit Agricole y BNP Paribas, con sede en Francia, la británica Barclays o las alemanas Commerzbank y Deutsche Bank.

Un capítulo destacado es el de las armas nucleares. El informe “Don’t Bank on the Bomb” (2018) de la ONG holandesa PAX ha publicado un listado de 329 bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de activos financieros de 24 países, que proporcionaron –entre 2014 y 2017- financiación a empresas productoras de armamento nuclear; tres de ellas, las estadounidenses BlackRock, Vanguard y Capital Group, aportaban según el informe más de 110.000 millones de dólares a compañías como Airbus, BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin o Northrop Grumman; entre las instituciones financiadoras están el BBVA, Banco Santander y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En el estado español, la Campaña Banca Armada denuncia públicamente a las entidades financieras vinculadas con la industria de las armas. Forman parte de esta iniciativa el Centre Delàs, el Observatori del Deute en la Globalització, las ONG Setem y Justícia i Pau; el colectivo RETS, la asociación Fets-Finançament Ètic i Solidari; Alternativa Antimilitarista-MOC y, en el País Valenciano, la fundación Novessendes. Difunden el siguiente listado de bancos que invierten en empresas de armamento (2011-2017): BBVA (3.307 millones de euros); Banco Santander (2.430 millones); Bankia (181 millones); Banc Sabadell (96,9 millones); Caixabank (95,8 millones); Helaba (95,7 millones); Bankinter (49 millones) e Instituto de Crédito Oficial –ICO- (48,2 millones).

“Entre 2014 y 2017 el BBVA ha invertido 2.710 millones de euros en siete empresas que diseñan, mantienen o modernizan armamento nuclear”, afirmó en marzo de 2018 una activista de la Campaña Banca Armada durante la junta de accionistas del banco. En la reunión de los accionistas del Banco Santander, otra activista informó de que esta entidad concedió créditos a Honeywell International por valor de 129,5 millones de euros entre 2013 y 2017; la multinacional estadounidense es “una de las más implicadas en el complejo industrial de armamento nuclear, por ejemplo en el mantenimiento de los misiles Trident II”. Otro miembro de la iniciativa Banca Armada recordó en abril, durante la junta de Bankia, que la entidad financió con créditos por valor de 142 millones de euros entre 2011 y 2015 a la española MAXAM, gigante mundial en la fabricación de explosivos civiles y militares que exporta armas a Arabia Saudí (una coalición internacional liderada por este país inició en marzo de 2015 los bombardeos en Yemen).

Asimismo en una de las intervenciones, ante los accionistas de Caixabank, señalaron que este banco financió con cerca de 8 millones de euros a la empresa Indra, entre 2011 y 2016, a través de fondos de inversión, acciones y bonos; el estado español es, a través del SEPI, el principal accionista de Indra (18,7% de las participaciones); “entre los productos estrella de Indra figuran el caza Eurofighter, las fragatas de guerra F-100 o los helicópteros Tigre”, desplegados por el ejército español en Afganistán, informó la Campaña. Un campo de investigación y denuncia añadido es el de la relación entre las instituciones públicas y la banca armada. En marzo de 2018 el Centre Delàs y Setem publicaron un análisis sobre el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Barcelona en Comú; la investigación concluye que el 48% de los pagos corrientes del consistorio se realizan con la banca armada. De hecho, el ayuntamiento barcelonés trabaja con Crédit Agricole y Société Générale (Francia), HSBC (Gran Bretaña), BBVA, Banco Santander, Bankia y Caixabank, entre otras entidades.

Audrey Esnault es economista, coordinadora de la Campaña Banca Armada –en la que participa desde hace tres años- y coautora del estudio “De la banca armada a la banca ética” sobre el consistorio barcelonés. También es autora, con Jordi Calvo, del estudio de caso sobre la Generalitat Valenciana, presentado el 23 de enero en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València (en el País Valenciano gobiernan en coalición el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos). “El 95% de la deuda viva de la Generalitat Valenciana, al cierre de 2017, y el 88,7% de sus cuentas operativas (ingresos y pagos) en 2017 ha estado en manos de la banca armada”, señala el informe. El pasado 23 de marzo Audrey Esnault estuvo presente en la junta de accionistas del Banco Santander, donde recordó que –mediante créditos, emisión de bonos y pagarés- la empresa Leonardo recibió 178 millones de euros de la sociedad que preside Ana Botín; este grupo italiano (hasta 2016 Finmeccanica) es “responsable del desarrollo y el diseño del vehículo de transporte para el misil intercontinental estadounidense Minuteman III”, subrayó.

-P: ¿En qué medida depende de los bancos el complejo militar-industrial?

-AE: Cuando estudiamos la ratio de endeudamiento de las empresas militares españolas, es decir, sus necesidades de financiación, llegamos a la conclusión de que tres de cada cuatro armas no podrían fabricarse sin la financiación de los bancos. Esta proporción es la que publicamos en la introducción del informe “Los bancos que invierten en armas” (Centre Delàs, 2016). El análisis no habrá cambiado mucho. Una de las formas de financiación bancaria es la participación accionarial directa en las empresas militares; asimismo un banco, o consorcio de bancos, puede otorgar préstamos a estas empresas (por ejemplo los créditos del BBVA a Airbus Group, Boeing y Leonardo); otra vía es comprar bonos y pagarés de las industrias militares o bien ofrecérselos a los clientes, a cambio de una comisión. Además los bancos pueden financiar las exportaciones del sector armamentístico; y ofrecer a sus clientes fondos de inversión con participaciones en las empresas de armas.

-¿A qué problemas se enfrentan los investigadores a la hora de revelar la vinculación entre empresas y bancos? Algunos gigantes de la industria bélica fabrican también para el sector civil…

Los grupos multinacionales son enormes y resulta muy complicado. Entre el 20 y el 30% de la producción de Indra es de uso militar. Esta multinacional española desarrolla tecnologías aplicadas al ámbito náutico y la aviación para los ejércitos, a la electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de dirección de misiles. A escala internacional, el grupo Airbus –con sede en Francia- está especializado en la fabricación de aviones civiles y militares, además de helicópteros y misiles; al igual que Boeing, primer productor militar mundial, que también fabrica aviones civiles y militares. El problema es que hay una gran opacidad. Son más sencillas las averiguaciones si, por ejemplo MAXAM, cuyos explosivos militares podrían haber sido destinados a la guerra de Siria, realiza una inversión en su filial EXPAL, dedicada íntegramente al sector militar. El Banco Santander, el BBVA, Caixabank y Bankia conceden créditos a MAXAM. Para obtener la información, trabajamos mucho en red; colaboramos con organizaciones como PAX, también accedemos a la base de datos SABI, las revistas de Defensa o las páginas Web de las empresas y, cuando tenemos recursos, compramos datos primarios.

-Por último, la Ley 53/2007 del Estado español sobre el control del comercio exterior de material de defensa establece, en el artículo 8, que las autorizaciones de venta serán denegadas ante indicios de que las armas puedan emplearse “en acciones que perturben la paz” en un ámbito mundial o regional; y también “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”. ¿Hay algún ejemplo reciente en que podrían estar vulnerándose las leyes?

El ejército de Arabia Saudí, que lidera las operaciones militares en Yemen, utiliza armas –como el Eurofighter- con componentes y productos electrónicos fabricados por Indra. Esta empresa tiene, además, un papel importante en la frontera sur, en el empleo de la tecnología contra las personas migrantes; de hecho, es la responsable de la construcción de una tercera valla en la frontera española con Melilla. Por otra parte, en abril de 2018 el Gobierno español firmó la venta a Arabia Saudí de cinco corbetas construidas por la empresa pública Navantia, que también podrían utilizarse en la guerra de Yemen. Entre 2015 y 2017 España vendió armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros, según cifras oficiales, cuando sabemos que la situación humanitaria en Yemen es brutal. Estas armas no tendrían que llegar allí.

_- El falso dilema. El gobierno tiene la obligación legal de prohibir la exportación de cualquier tipo de armamento a países como Arabia Saudí.

_- Isidoro Moreno

Rebelión

De nuevo, la falsa polémica entre la ética y el comer, entre ser fieles a los Derechos Humanos o a las necesidades del estómago. Me estoy refiriendo, claro, a la reacción de los trabajadores de Navantia (y a las rápidas y oportunistas declaraciones, colmadas de populismo electoralista, de doña Susana, del alcalde de Cádiz y de otros polític@s) ante la posible suspensión del contrato para la construcción de barcos de guerra para Arabia Saudí que parecía garantizar sus empleos durante varios años. El que miles de trabajadores se crean en la encrucijada de elegir entre aceptar ser fabricantes de muerte, cerrando los ojos al uso criminal de lo que producen, o verse abocados al desempleo con todo lo que ello supone en un país, como Andalucía, y una provincia, la de Cádiz, con altísimas tasas de paro, es una realidad dramática que no debería ser excusa para demagogias, oportunismos y simplificaciones. Pienso que no se trata de condenar, sin más, a esos trabajadores -abocados a una elección diabólica- pero tampoco, o menos aún, de defender que los puestos de trabajo puedan justificar cualquier cosa incluso la violación de los más elementales derechos humanos, empezando por el derecho a la vida.

Está fuera de toda duda que el régimen cuasi medieval, corrupto y sanguinario de Arabia Saudí (con cuyos jerarcas tan buena relación tienen nuestros borbones) utiliza las armas que les vendemos (no sólo el Reino de España sino también USA, Reino Unido o Francia) para masacrar niños, bombardear mercados, centros médicos y hasta celebraciones de bodas y funerales en esa guerra casi silenciada de Yemen. Y habría que recordar que la vigente legalidad española señala la prohibición de autorizar las exportaciones "cuando existan indicios racionales" de que las armas puedan "ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos". La ley es bien clara: el gobierno tiene la obligación legal de prohibir la exportación de cualquier tipo de armamento a países como Arabia Saudí. A pesar de ello, el gobierno que presidía Rajoy, despreciando la ley, autorizó el año pasado ventas por valor de unos 300 millones de euros. Y en la actualidad se siguen vendiendo y fabricando para el país saudita.

Desde una perspectiva legal, el que esa prohibición (que es obligatoria) ponga en riesgo puestos de trabajo en la industria militar (en la industria de la muerte) no afecta a su obligatoriedad. Ahora bien, como el cumplimiento de la ley afectaría , a nivel inmediato, a miles de familias de la Bahía de Cádiz y de otros lugares del estado (Ferrol, Cartagena...), las Administraciones públicas (el gobierno y la Junta de Andalucía, en nuestro caso) están obligadas, política y moralmente, a garantizar que las posibles consecuencias de su cumplimiento no afecten negativamente a su situación económica y social. Cómo lograr esto, qué medidas tomar a corto y medio plazo (dentro del proceso, tan cacareado como vacío de contenidos hasta ahora, del "cambio del modelo productivo") es lo que tendrían que estar planteando y debatiendo "nuestros" políticos, y exigiéndolo los sindicatos, en lugar de dedicarse irresponsablemente a echar leña al fuego y a hacer demagogia barata para aprovecharse electoralmente de la angustia de tantos trabajadores.

Difícilmente estaríamos en esta situación, ni tantos miles de andaluces se verían abocados hoy a ese (falso) dilema, si Andalucía no sufriera de dependencia económica, subalternidad política y alienación cultural. Si tantos andaluces no hubieran sido convencidos, anestesiando sus mentes, de que no hay alternativas a lo que existe y que cualquier cambio sería a peor (que es el mensaje implícito en toda la propaganda del régimen psoísta que sufrimos en los casi cuarenta últimos años). Claro que hay soluciones para romper el (falso) dilema: desde una reconversión y pluralización productiva a medio plazo a la implantación a corto de una Renta Básica Universal e Incondicional que no haga depender al cien por cien la supervivencia a tener un empleo (cualquier empleo, sin poder analizar sus condiciones, contenido y consecuencias).

Es este un tema que nadie que se considere andalucista o se piense de izquierda puede soslayar, estén cerca o lejos las convocatorias electorales. Analizar cómo hemos llegado a esta aparentemente insoluble contradicción entre ética y derechos humanos, por una parte, y necesidad de supervivencia, por otra, es algo imprescindible si no queremos seguir caminando hacia un futuro terrorífico en el que desaparecerían, incluso, los mejores valores culturales de nuestra propia cultura y hasta podríamos desaparecer como pueblo, disueltos en la alienación más total. Y tras analizar, intervenir, evidentemente, ejerciendo el derecho a decidir qué queremos ser en el futuro.

Isidoro Moreno es Catedrático de Antropología Miembro del colectivo Asamblea de Andalucía

Arabia Saudí dirige una coalición que, con apoyo de EE.UU. y Reino Unido, ha contribuido a convertir Yemen en "la mayor crisis humanitaria del mundo". Amnistía, Greenpeace y Oxfam exigen al Gobierno que deje de vender armas a Arabia Saudí

Infolibre

La campaña 'Armas Bajo Control' ha celebrado la decisión del Ejecutivo de revisar las licencias de exportación de material bélico al país árabe, en la lista negra de la ONU por asesinato de menores

La campaña Armas Bajo Control se ha reunido este martes con el Gobierno para pedir que España deje de vender armas a Arabia Saudí, un país que se encuentra en la lista negra de la ONU debido a su participación en la guerra de Yemen.

Justamente, la campaña en la que participan Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón lleva alertando desde hace tiempo sobre el "riesgo de la complicidad (de España) en la comisión de crímenes de derecho internacional" debido a la exportación de material bélico al país árabe. Más aun, porque el negocio no para de crecer. Entre 2013 y 2016 la exportación de armas a Arabia Saudí se multiplicó por 30, alcanzando un valor total de 1.361,42 millones de euros.

Las bombas saudíes empezaron a caer sobre la población yemení en 2015. El país más pobre de la región, sumido en una guerra civil, entró entonces en el punto de mira de una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí y apoyada logísticamente por EE.UU. y el Reino Unido. Y si bien el objetivo declarado es luchar contra las milicias huthis, Amnistía Internacional denuncia que es la población civil la que "se lleva la peor parte de la violencia". Los bombardeos y el bloqueo por mar y aire que impone la coalición ya han hecho de Yemen, en palabras de la ONU, "la mayor crisis humanitaria del mundo".

A principios de agosto, un bombardeo saudí impactó un autobús en la ciudad de Saada, en el norte de Yemen. Alrededor de 40 personas fueron asesinadas, en su mayoría niños, desencadenando la condena de las Naciones Unidas. Solo después de este ataque –apenas una mínima parte de las 6.592 muertes civiles registradas por el Alto Comisionado desde el inicio del conflicto– el Gobierno de España ha fijado su atención en la venta de armas a Arabia Saudí.

Las cuatro ONG que impulsan la campaña Armas Bajo Control en España se han reunido este martes Xiana Méndez Bértolo, Secretaria de Estado de Comercio, para "denunciar el riesgo de que se autoricen exportaciones de armas a países en conflicto o que violan los derechos humanos". La organización ha celebrado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de revisar las licencias de exportaciones de material bélico tras el ataque en Sanaa. No obstante, han lamentado que la postura sobre la venta de armamento a Israel –que supuso 1,4 millones de euros en 2017– no esté entre los puntos a discutir.

Por otro lado, la campaña ha celebrado que la existencia de un debate abierto a la sociedad civil sobre el comercio de armas "por primera vez desde hace varias legislaturas". En octubre de 2016, un informe de la consultora Armament Research Services señalaba la aparición de armas españolas en el campo de battalla yemení. Un año despúes, el Gobierno entonces dirigido por Mariano Rajoy anunciaba que no dejaría de vender armas al país árabe puesto que existían condiciones de no reexportación y garantías de que el material no se usaba fuera de las fronteras de Arabia Saudí.

El Ministerio de Defensa ha paralizado este lunes la venta de 400 bombas de alta precisión al país árabe mientras se realiza la revisión, un paso que Armas Bajo Control ha recibido con optimismo a la vez que ha llamado al Gobierno a poner fin al "secretismo" de estos negocios. Según Defensa, se devolverán los 9,2 millones de euros abonados por estas armas. Una pequeña parte de los 270 millones en armamento que fueron a Arabia Saudí en 2017.

Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/04/amnistia_greenpeace_oxfam_exigen_gobierno_que_deje_vender_armas_arabia_saudi_86398_1012.html

Refugiados: los criminales de Estado no pueden resolver el crimen. La tapadera del humanitarismo.

Luz Gómez
Eldiario.es

La crisis de los refugiados que vive Europa ha puesto al descubierto dos falacias: la del humanitarismo y la de la propia Europa. El humanitarismo, convertido en un mal menor, se ha adueñado de la política de asilo europea hasta el punto de ser ya un objetivo en sí mismo, sin relación alguna con la resolución del conflicto que lo hizo necesario. No es nada nuevo, si bien los últimos acontecimientos evidencian sin tapujos esta deriva. Así, el adjetivo “humanitario” ha acabado por neutralizar a todos los sustantivos imaginables, por muy contradictorios que pudieran parecer: guerra, ayuda, corredor, ataque, control, crisis, administración, labor, drama, asistencia, campamento, llamamiento, derecho... hasta de “banco humanitario” se habla. Pero solo cuando los refugiados han llegado al corazón de Europa perforando sus fronteras y la han puesto ante el espejo de sus vergüenzas, la comunidad internacional, otra entelequia como el humanitarismo, ha empezado a preocuparse por esta “crisis humanitaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial”.

Hace tres años que se suceden las llamadas de auxilio de las agencias para los refugiados de Líbano, Jordania y Turquía, los países limítrofes con Siria e Irak que vienen soportando el grueso del éxodo masivo de civiles (cerca de 4 millones según las estimaciones de Naciones Unidas). El 85% de estos refugiados se reparte entre estos tres países. No nos engañemos: que 200.000 refugiados (también son cálculos de Naciones Unidas) puedan conseguir abrir una brecha en la fortaleza europea no es nada en comparación con estas otras cifras, por más que los líderes de una Europa en extinción mercadeen con las cuotas de acogida.

Los refugiados que ahora llegan son mayoritariamente jóvenes, mujeres y hombres, que han logrado ir atravesando fronteras en periplos que cuestan entre 3.000 y 10.000 euros. Los gobernantes europeos saben lo que esto supone en términos de “clase social”, expresión tabú, si bien no esconden su cinismo; al contrario, es un cinismo que sirve para ganar votos: “¡Qué buena mano de obra la siria, tan bien cualificada para las industrias alemana y holandesa!”; “¡Qué bien que el número de cristianos calme los fantasmas otomanos de Hungría y Eslovaquia!”. Mientras, en Siria se acelera el ritmo del desplazamiento interno de la población (ya casi la mitad de sus 23 millones de personas) y la inmensa mayoría de los que están refugiados continúa en condiciones infrahumanas en los campamentos turcos, jordanos y libaneses. Y así pasarán otro invierno, pues los gobiernos europeos siguen discutiendo qué hacer aquí, para no hacer nada allí. Y con ello calmarán su conciencia humanitaria, al menos de momento.

El cinismo se agrava a la hora de repartir responsabilidades. El discurso bienpensante ya ha encontrado la causa de la avalancha inesperada en Europa: el avance del ISIS en Siria e Irak. Es un argumento útil en muchos sentidos, por más que las cifras revelen, otra vez, una realidad distinta: entre enero y julio han sido asesinados en Siria 2.209 niños, de ellos el 82% por ataques de las fuerzas de Al-Asad, y el 5,2% por los del ISIS y el Frente Al-Nusra; es más, el 90% de los civiles sirios heridos se debe a ataques del régimen. Aunque hace apenas un año que Abu Bakr Al-Bagdadi apareció en la mezquita de Mósul proclamando su califato, el Estado Islámico hace meses que es el protagonista absoluto de la guerra en Oriente Medio, con sus secuelas en Europa. Con ello Al-Asad se ha convertido en el criminal indispensable para resolver su crimen: la coalición que nunca se formó para luchar contra su régimen se ha aliado con él contra el nuevo enemigo común, el ISIS. La incapacidad de la política y la diplomacia europeas ha encontrado en las barbaridades del ISIS una gran excusa para justificar lo injustificable.

Con el argumento de la prioridad de la lucha contra el yihadismo, los gobiernos occidentales se apresuran estos días a reciclar el régimen de Al-Asad. Staffan de Mistura, el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, expresó bien claro ya en febrero que “ el presidente Al-Asad es parte de la solución”. Lo hizo con matizaciones como que no es “amigo” o “socio” sino una necesidad ante lo perentorio de la lucha contra el ISIS. Fue la señal de que se abría un nuevo tiempo, y desde entonces esta consigna ha venido marcando la hoja de ruta de los líderes europeos, con altisonantes desmentidos y retruécanos varios. Pero Mistura se reafirmó a primeros de septiembre en su encuentro en Beirut con el viceministro iraní de Exteriores, Husein Amir Abdolahian. Aquí en España el vocero de esta tesis ha sido el ministro de Exteriores García-Margallo, quien en su reciente viaje oficial a Teherán ha manifestado que “ ha llegado el momento de entablar negociaciones con el régimen de Al-Asad”. Irán, parte necesaria de la solución, sabe que no habrá presiones mientras el Congreso de EEUU no apruebe el acuerdo nuclear, a finales de año. Para 2016 una distribución de fuerzas distinta estará consolidada.

En el otro bando, el que la Unión Europea quiere ignorar a la hora de buscar culpables, Arabia Saudí y los países del Golfo saben igualmente que nadie va a poner trabas a sus designios contrarrevolucionarios, si es que hubiera alguien dispuesto, mientras no se aclare “el expediente iraní”. Lo mismo que saben que toda solución en Oriente Medio pasa por sus manos. En Yemen, vecino siempre díscolo y en el que la revuelta iniciada en 2011 había alumbrado una peculiar transversalidad social, los saudíes están jugando nuevas bazas al estilo de las de Siria, a golpe de yihadismo y talonario: en 2014, Arabia Saudí superó a la India como primer importador mundial de armas, y se prevé que en 2015 pague uno de cada siete dólares que la industria mundial exporte. Los yemeníes están pagando muy cara la recomposición geoestratégica en marcha: según estimaciones de Naciones Unidas, el 80% de la población precisa asistencia alimentaria. Es la misma ONU que acaba de llamar a Arabia Saudí “el Reino Humanitario” por su disposición a financiar la ayuda a los desplazados internos yemeníes, fruto de la agresión militar liderada ¡por la misma Arabia Saudí! En estos meses de guerra, Yemen se ha convertido en un país igual de devastado que Siria. Yemen queda lejos, no será fácil que los refugiados lleguen al Mediterráneo de momento, pero puede dar idea de la desesperación reinante el que Somalia y Yibuti, dos de los países más pobres del mundo, sean los principales lugares de acogida de los 60.000 yemeníes que ya han abandonado el país.

La crisis de los refugiados ha devuelto el protagonismo a la política común europea, aunque seguramente sea para enterrarla. Porque mientras solo sirva para idear soluciones caseras sobre reparto y gestión de cupos o sobre el desafío yihadista, los criminales seguirán sabiéndose necesarios, y actuarán en consecuencia. A Europa le convendría asumir que mientras en el Sur no haya eso que llama “estabilidad”, en el Norte cada vez habrá menos.

Fuente: http://www.eldiario.es/contrapoder/refugiados-humanitarismo-crimenes_de_guerra_6_431216900.HTML