_- La desigualdad y los niños de EE UU. De todo el daño que puede hacer la pobreza, el que causa a los menores es el que más nos debe preocupar.

_- JOSEPH E. STIGLITZ
28 DIC 2014

Hace ya mucho tiempo se reconoce que los niños conforman un grupo especial. Ellos no eligen a sus padres, y mucho menos las condiciones generales en las que nacen. No tienen las mismas capacidades que los adultos para protegerse o cuidar de sí mismos. Es por ello que la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924, y la razón por la que la comunidad internacional adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña en 1989.

Lamentablemente, Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones. De hecho, ni siquiera ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. EE UU, con su altamente valorada imagen de tierra de oportunidades, debería ser un ejemplo a seguir en cuanto al tratamiento justo e ilustrado de los niños. En cambio, emana la luz del fracaso —un fracaso que contribuye al aletargamiento global de los derechos del niño en el ámbito internacional.

Si bien puede que una infancia estadounidense promedio no sea la peor del mundo, la disparidad entre la riqueza del país y la condición en la que sus niños se encuentran no tiene parangón. Cerca de 14,5% de la población estadounidense en general es pobre, pero el 19,9% de los infantes —es decir, unos 15 millones de niños— viven en condiciones de pobreza. Entre los países desarrollados, únicamente Rumanía tiene un nivel de pobreza superior. La tasa de EE UU es dos tercios más alta que la del Reino Unido, y hasta cuatro veces la tasa de los países nórdicos. Para algunos grupos, la situación es mucho peor: más del 38% de los niños negros, y del 30% de los hispanos, son pobres.

Nada de esto ocurre porque los estadounidenses no se preocupan por sus hijos. Esto ocurre porque Estados Unidos durante las últimas décadas ha adoptado un programa de políticas que ha causado que su economía se torne en salvajemente desigual, dejando a los segmentos más vulnerables de la sociedad cada vez más y más atrás. La creciente concentración de la riqueza —y una reducción significativa de los impuestos sobre dicha riqueza— se tradujo en que se tiene menos dinero para gastar en inversiones destinadas al bien público, como por ejemplo en educación y protección para los niños.

Las dificultades en las primeras etapas de la vida están estrechamente ligadas con la desigualdad de oportunidades

Como resultado, la situación de los niños en Estados Unidos empeora. Su destino es un doloroso ejemplo de la forma como la desigualdad no solamente socava el crecimiento económico y la estabilidad —tal como al fin lo reconocen economistas y organizaciones, como el Fondo Monetario Internacional— sino que también viola nuestras más preciadas nociones sobre cómo debería ser una sociedad justa.

La desigualdad de ingresos se correlaciona con inequidades en los ámbitos de salud, acceso a la educación, y exposición a riesgos ambientales; todas estas desigualdades agobian más a los niños en comparación con el resto de segmentos de la población. De hecho, se diagnostica con asma casi a uno de cada cinco niños estadounidenses pobres; esta es una tasa superior en un 60% a la de los niños que no son pobres. Los problemas de aprendizaje son casi dos veces más frecuentes entre los niños de las familias que ganan menos de 35.000 dólares al año en comparación a lo que ocurre en los hogares que ganan más de 100.000. Y hay quien en el Congreso de Estados Unidos quiere eliminar los cupones de alimentos —pese a que 23 millones de hogares estadounidenses dependen de ellos— amenazando así con llevar al hambre a los niños más pobres.

Dichas desigualdades en resultados están estrechamente ligadas a desigualdades en oportunidades. Inevitablemente, en los países en los que los niños tienen una alimentación inadecuada, un acceso insuficiente a los servicios de salud y educación, y una mayor exposición a los riesgos ambientales, los hijos de los pobres tendrán perspectivas de vida muy distintas que los hijos de quienes son ricos. Y, en parte debido a que las perspectivas de la vida de un niño estadounidense dependen más de los ingresos y educación de sus padres en comparación con lo que ocurre en otros países avanzados, EE UU tiene la menor igualdad de oportunidades entre todos los países avanzados. Por ejemplo, en las universidades estadounidenses de más alta categoría sólo aproximadamente un 9% de los estudiantes proviene de la población con ingresos que se ubican en la mitad inferior de la distribución de ingresos, mientras que el 74% provienen de la población con ingresos ubicados en el cuarto superior.

La mayoría de las sociedades reconocen la obligación moral de ayudar a garantizar que los jóvenes puedan alcanzar su potencial. Algunos países incluso imponen un mandato constitucional de la igualdad de oportunidades educativas.

Sin embargo, en Estados Unidos se gasta más en la educación de los estudiantes ricos que en la educación de los pobres. Como resultado, el país está perdiendo algunos de sus activos más valiosos, y algunos jóvenes —al verse desprovistos de habilidades— se dedican a actividades disfuncionales. Hay Estados, como por ejemplo California, que gastan casi tanto en prisiones como en educación superior, y algunas veces más.

Estados como California gastan casi tanto en prisiones como en educación superior, y algunas veces más

Si no se toman medidas compensatorias —incluyendo una educación preescolar que idealmente comience a una edad muy temprana— la desigualdad de oportunidades se traduce en resultados desiguales durante toda la vida en el momento que los niños llegan a la edad de cinco años. Esto debería incentivar a que se realicen acciones para implementar políticas.

En los hechos, si bien los efectos nocivos de la desigualdad son de amplio alcance, e imponen costos enormes a nuestras economías y sociedades, son también evitables en su gran mayoría. Los extremos de desigualdad observados en algunos países no son el resultado inexorable de las fuerzas económicas y de las leyes. Las políticas adecuadas —como tener redes de protección social más fuertes, aplicación de impuestos progresivos, y una mejor regulación (especialmente del sector financiero), por nombrar sólo unas pocas políticas— pueden revertir estas tendencias devastadoras.

Con el propósito de generar la voluntad política que tales reformas requieren, debemos confrontar la inercia y falta de acción de los formuladores de políticas mostrando los sombríos datos fácticos relativos a la desigualdad y sus efectos devastadores en nuestros niños. Podemos reducir las privaciones que se sufren durante la infancia y podemos aumentar la igualdad de oportunidades, con lo que sentaríamos las bases para un futuro más justo y próspero —un futuro que refleje los valores que nosotros mismos profesamos—. Entonces, ¿por qué no lo hacemos?

Del total del daño que inflige la desigualdad en nuestras economías, sociedades y ámbitos políticos, el daño que causa a los niños debería ser el más preocupante. Cualquiera que sea la responsabilidad que pudiesen tener los adultos pobres por su destino en la vida —puede ser que no trabajaron lo suficientemente fuerte, no ahorraron lo necesario o no tomaron buenas decisiones— las circunstancias particulares de los niños recaen bajo su responsabilidad, sin que ellos tengan ningún tipo de opción al respecto. Los niños, más que cualquier otra persona, necesitan recibir la protección que les brindan sus derechos, y EE UU debería proveer al mundo con un brillante ejemplo de lo que esto significa.

Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.

https://elpais.com/economia/2014/12/26/actualidad/1419590452_449014.html

_- “La mayor parte del armamento no podría fabricarse sin financiación de los bancos”. Entrevista a Audrey Esnault, coordinadora de la campaña Banca Armada.

_- Enric Llopis

Rebelión

¿Cómo se sustenta el complejo militar-industrial? ¿Quién ofrece soporte económico para que fabriquen misiles, aviones de combate, bombas de dispersión, balas y armas nucleares? La banca mundial ha financiado con 526.159 millones de dólares a la industria del armamento durante el periodo 2011-2017, según la Base de datos Internacional de Banca Armada que publica el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Estados Unidos encabeza entre 2011 y 2017 la ratio de países en que la banca “participa en el negocio armamentístico”, con financiación al sector por valor de 375.032 millones de dólares, seguido de Francia (33.255 millones), Reino Unido (31.812 millones), Japón (21.925), Alemania (12.718 millones) y España (10.244 millones).

La plataforma financiera BlackRock financia, a través de fondos de inversión, acciones o bonos, con un total de 35.912 millones de dólares a empresas de armamento como Boeing, Honeywell International, Airbus Group y Northrop Grumman, entre otras (periodo 2011-2017). La entidad financiera JP Morgan Chase ha firmado operaciones –que incluyen créditos y emisión de bonos y pagarés de las empresas- por valor de 25.086 millones de euros con industrias armamentísticas como Honeywell International, Boeing y Loockheed Martin. Bank of América es otra de las sociedades destacadas en el negocio de las armas; en el citado periodo ha aportado financiación por valor de 4.496 millones de dólares a Loockheed Martin; 2.823 millones a Honeywell International y 2.141 millones a General Dynamic. Además de las financieras estadounidenses, las europeas también engrasan la maquinaria bélica. Por ejemplo Crédit Agricole y BNP Paribas, con sede en Francia, la británica Barclays o las alemanas Commerzbank y Deutsche Bank.

Un capítulo destacado es el de las armas nucleares. El informe “Don’t Bank on the Bomb” (2018) de la ONG holandesa PAX ha publicado un listado de 329 bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de activos financieros de 24 países, que proporcionaron –entre 2014 y 2017- financiación a empresas productoras de armamento nuclear; tres de ellas, las estadounidenses BlackRock, Vanguard y Capital Group, aportaban según el informe más de 110.000 millones de dólares a compañías como Airbus, BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin o Northrop Grumman; entre las instituciones financiadoras están el BBVA, Banco Santander y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En el estado español, la Campaña Banca Armada denuncia públicamente a las entidades financieras vinculadas con la industria de las armas. Forman parte de esta iniciativa el Centre Delàs, el Observatori del Deute en la Globalització, las ONG Setem y Justícia i Pau; el colectivo RETS, la asociación Fets-Finançament Ètic i Solidari; Alternativa Antimilitarista-MOC y, en el País Valenciano, la fundación Novessendes. Difunden el siguiente listado de bancos que invierten en empresas de armamento (2011-2017): BBVA (3.307 millones de euros); Banco Santander (2.430 millones); Bankia (181 millones); Banc Sabadell (96,9 millones); Caixabank (95,8 millones); Helaba (95,7 millones); Bankinter (49 millones) e Instituto de Crédito Oficial –ICO- (48,2 millones).

“Entre 2014 y 2017 el BBVA ha invertido 2.710 millones de euros en siete empresas que diseñan, mantienen o modernizan armamento nuclear”, afirmó en marzo de 2018 una activista de la Campaña Banca Armada durante la junta de accionistas del banco. En la reunión de los accionistas del Banco Santander, otra activista informó de que esta entidad concedió créditos a Honeywell International por valor de 129,5 millones de euros entre 2013 y 2017; la multinacional estadounidense es “una de las más implicadas en el complejo industrial de armamento nuclear, por ejemplo en el mantenimiento de los misiles Trident II”. Otro miembro de la iniciativa Banca Armada recordó en abril, durante la junta de Bankia, que la entidad financió con créditos por valor de 142 millones de euros entre 2011 y 2015 a la española MAXAM, gigante mundial en la fabricación de explosivos civiles y militares que exporta armas a Arabia Saudí (una coalición internacional liderada por este país inició en marzo de 2015 los bombardeos en Yemen).

Asimismo en una de las intervenciones, ante los accionistas de Caixabank, señalaron que este banco financió con cerca de 8 millones de euros a la empresa Indra, entre 2011 y 2016, a través de fondos de inversión, acciones y bonos; el estado español es, a través del SEPI, el principal accionista de Indra (18,7% de las participaciones); “entre los productos estrella de Indra figuran el caza Eurofighter, las fragatas de guerra F-100 o los helicópteros Tigre”, desplegados por el ejército español en Afganistán, informó la Campaña. Un campo de investigación y denuncia añadido es el de la relación entre las instituciones públicas y la banca armada. En marzo de 2018 el Centre Delàs y Setem publicaron un análisis sobre el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Barcelona en Comú; la investigación concluye que el 48% de los pagos corrientes del consistorio se realizan con la banca armada. De hecho, el ayuntamiento barcelonés trabaja con Crédit Agricole y Société Générale (Francia), HSBC (Gran Bretaña), BBVA, Banco Santander, Bankia y Caixabank, entre otras entidades.

Audrey Esnault es economista, coordinadora de la Campaña Banca Armada –en la que participa desde hace tres años- y coautora del estudio “De la banca armada a la banca ética” sobre el consistorio barcelonés. También es autora, con Jordi Calvo, del estudio de caso sobre la Generalitat Valenciana, presentado el 23 de enero en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València (en el País Valenciano gobiernan en coalición el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos). “El 95% de la deuda viva de la Generalitat Valenciana, al cierre de 2017, y el 88,7% de sus cuentas operativas (ingresos y pagos) en 2017 ha estado en manos de la banca armada”, señala el informe. El pasado 23 de marzo Audrey Esnault estuvo presente en la junta de accionistas del Banco Santander, donde recordó que –mediante créditos, emisión de bonos y pagarés- la empresa Leonardo recibió 178 millones de euros de la sociedad que preside Ana Botín; este grupo italiano (hasta 2016 Finmeccanica) es “responsable del desarrollo y el diseño del vehículo de transporte para el misil intercontinental estadounidense Minuteman III”, subrayó.

-P: ¿En qué medida depende de los bancos el complejo militar-industrial?

-AE: Cuando estudiamos la ratio de endeudamiento de las empresas militares españolas, es decir, sus necesidades de financiación, llegamos a la conclusión de que tres de cada cuatro armas no podrían fabricarse sin la financiación de los bancos. Esta proporción es la que publicamos en la introducción del informe “Los bancos que invierten en armas” (Centre Delàs, 2016). El análisis no habrá cambiado mucho. Una de las formas de financiación bancaria es la participación accionarial directa en las empresas militares; asimismo un banco, o consorcio de bancos, puede otorgar préstamos a estas empresas (por ejemplo los créditos del BBVA a Airbus Group, Boeing y Leonardo); otra vía es comprar bonos y pagarés de las industrias militares o bien ofrecérselos a los clientes, a cambio de una comisión. Además los bancos pueden financiar las exportaciones del sector armamentístico; y ofrecer a sus clientes fondos de inversión con participaciones en las empresas de armas.

-¿A qué problemas se enfrentan los investigadores a la hora de revelar la vinculación entre empresas y bancos? Algunos gigantes de la industria bélica fabrican también para el sector civil…

Los grupos multinacionales son enormes y resulta muy complicado. Entre el 20 y el 30% de la producción de Indra es de uso militar. Esta multinacional española desarrolla tecnologías aplicadas al ámbito náutico y la aviación para los ejércitos, a la electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de dirección de misiles. A escala internacional, el grupo Airbus –con sede en Francia- está especializado en la fabricación de aviones civiles y militares, además de helicópteros y misiles; al igual que Boeing, primer productor militar mundial, que también fabrica aviones civiles y militares. El problema es que hay una gran opacidad. Son más sencillas las averiguaciones si, por ejemplo MAXAM, cuyos explosivos militares podrían haber sido destinados a la guerra de Siria, realiza una inversión en su filial EXPAL, dedicada íntegramente al sector militar. El Banco Santander, el BBVA, Caixabank y Bankia conceden créditos a MAXAM. Para obtener la información, trabajamos mucho en red; colaboramos con organizaciones como PAX, también accedemos a la base de datos SABI, las revistas de Defensa o las páginas Web de las empresas y, cuando tenemos recursos, compramos datos primarios.

-Por último, la Ley 53/2007 del Estado español sobre el control del comercio exterior de material de defensa establece, en el artículo 8, que las autorizaciones de venta serán denegadas ante indicios de que las armas puedan emplearse “en acciones que perturben la paz” en un ámbito mundial o regional; y también “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”. ¿Hay algún ejemplo reciente en que podrían estar vulnerándose las leyes?

El ejército de Arabia Saudí, que lidera las operaciones militares en Yemen, utiliza armas –como el Eurofighter- con componentes y productos electrónicos fabricados por Indra. Esta empresa tiene, además, un papel importante en la frontera sur, en el empleo de la tecnología contra las personas migrantes; de hecho, es la responsable de la construcción de una tercera valla en la frontera española con Melilla. Por otra parte, en abril de 2018 el Gobierno español firmó la venta a Arabia Saudí de cinco corbetas construidas por la empresa pública Navantia, que también podrían utilizarse en la guerra de Yemen. Entre 2015 y 2017 España vendió armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros, según cifras oficiales, cuando sabemos que la situación humanitaria en Yemen es brutal. Estas armas no tendrían que llegar allí.