La puesta en escena de la presentación del Libro Blanco de los Empresarios Españoles “La educación importa” es el fiel reflejo de la estrecha relación y fiel servidumbre del poder político (Ministro de Educación) al poder empresarial (Presidente de la CEOE). Y sus contenidos no son más que la reclamación explícita, de algo que ya es real desde hace tiempo en España: la subordinación del sistema educativo a los intereses empresariales. Este Libro Blanco no es ninguna novedad, más bien es un discurso repetido desde el Foro Mundial de la Educación celebrado en Dakar en el año 2000, incorporado en Europa a partir de la agenda de Lisboa (ET 2010 y ET 2020) y apoyado por organismos gubernamentales (OCDE, BM, OEI, CEPAL), sobre la importancia de la educación como elemento central para la transformación hacia una sociedad más competitiva y con una mayor producción económica.
Expertos, predicadores o mercaderes, que actúan como representantes de los valores de la globalización y de la política mundial en educación, asumen, desde la racionalidad técnica, que la única opción en un sistema capitalista financiero es la deriva de la educación a los objetivos de las empresas y a la gestión tecnocrática de los sistemas educativos. Elaboran discursos que, aunque tienen una poderosa influencia en la institucionalización de estructuras y prácticas globales, ni todos los organismos lo plantean de manera idéntica, ni todos los países los asumen de la misma forma y esperamos que cada vez tengan más resistencias.
Aumentar el nivel educativo de los estudiantes no producirá mejores empleos, ni mejores salarios, ni será por sí mismo beneficioso para la economía y la sociedad en su conjunto, sin que existan modificaciones sustanciales en el sistema productivo. En España contamos con una tasa de sobre-cualificación formativa, respecto a la estructura de un mercado laboral que también hace que haya mucha demanda de empleos poco cualificados y menos empleos para las personas formadas, como nos indica en su último informe “Save The Children”.
La educación no está ni debe estar al servicio de las empresas, sino de la sociedad en su conjunto y de las necesidades de la población y del planeta. La cúpula empresarial trata de que confundamos “sus deseos” con las necesidades de la ciudadanía, y sus beneficios con el objetivo de la vida del ser humano. Podríamos imaginar lo que hubiera sucedido con la formación de nuestros jóvenes, si en el momento de la ‘burbuja’ inmobiliaria, los planes de estudio hubieran priorizado perfiles profesionales orientados a la construcción, la arquitectura, el interiorismo, o el saneamiento.
Las ideas básicas que plantea la CEOE y que forman parte de esta agenda global son:
1) Estandarización de la educación con la reducción de contenidos a competencias básicas y específicas para el mundo laboral. El currículo y los conocimientos serán siempre una estrategia de empleo, crecimiento e inversión (mercantilista). Reducidos, por tanto, a saberes instrumentales y aplicados que dejan atrás el acervo cultural y conducen a lo que se está denominando la “nueva cultura del capitalismo”, que se caracterizan por el corto-placismo y la lógica de la demanda, construyendo un déficit de sentido que deja en la incertidumbre a la educación.
2) Reducción de la complejidad educativa a aquello que se puede medir con pruebas externas e internacionales, con el añadido del neocolonialismo cultural que suponen las evaluaciones internacionales. En política educativa el lenguaje ha sido colonizado por el discurso económico y por una racionalidad tecnocrática que se ha construido en torno al poder de los datos y las grandes comparaciones, que se han convertido en una auténtica religión. La tecnologización del discurso forma parte de la ingeniería del cambio social unido a las reformas educativas en las últimas décadas.
3) Incorporación de mecanismos de gestión empresarial en la organización y funcionamiento de los centros educativos, que redundan en una financiación eficiente y en la privatización del sistema educativo. Los procesos de gestión educativa (descentralización, autonomía, evaluación e información) transfirieron mayor poder a la demanda, para dar mayor capacidad a los actores locales, las familias y la definición de la oferta educativa. Pero la experiencia ha demostrado que es necesario distinguir entre demanda y necesidad. La demanda está desigualmente distribuida y los requerimientos de un grupo social rápidamente se transforman en necesidad.
La apuesta empresarial de la CEOE por ampliar y reforzar la financiación pública de la enseñanza privada, a través de los conciertos educativos que suponen un ingente negocio educativo, el cheque escolar en el primer ciclo de educación infantil y la desgravación fiscal en las etapas obligatorias, es consecuencia de que la educación ya no se considera un ascensor social, y la lógica competitiva del mercado combina con los deseos de ambientes familiares y religiosos que pugnan por el individualismo y la elección de centros.
Estas políticas educativas de privatización, segmentación social e inequidad del derecho a la educación hacen que España ocupe un puesto muy bajo en el índice de inclusión social según PISA 2015 (la antepenúltima posición de los países de la OCDE en Europa y la quinta por la cola de toda la OCDE), índice que refleja la escasa pluralidad y diversidad de nuestras escuelas y el rápido incremento de la segregación desde el año 2009.
El resto de medidas que proponen aseguran que son, por supuesto, evidencias y no apuestas ideológicas de la CEOE, algo que, según ellos, hay que desechar en un pacto educativo. Pero está claro que todas ellas reflejan la ideología de este sector empresarial que exige: el protagonismo del empresariado en la gobernanza ejecutiva de la formación para el ejercicio de una profesión, la ampliación de la educación para el emprendimiento en el currículo escolar, que haya más ingenieros y menos filósofas, la promoción de la excelencia y de los colegios de élite para unos pocos, la selección de centro educativo por el cliente y la re-centralización del sistema educativo, puesto que según la patronal hay que controlar tanta autonomía de las Comunidades.
La tesis central que se viene a concluir es que no sólo se está en un proceso privatizador a escala mundial abriendo la educación a los mercados y rompiendo la concepción de la educación como un derecho social que ha de ser protegido por el Estado, sino que se está adecuando la misma educación a los principios y prácticas del mercado. Lo sorprendente es que esta dinámica neoliberal se ha configurado como “sentido común” tan poderoso que ha sido capaz incluso de redefinir los límites de la discusión. Ya no se discute si la educación ha de servir para reproducir el sistema o para emancipar, sino que se plantea cómo hacer más eficaz y eficiente el sistema educativo al servicio de la empresa y del mercado, cómo “volver a lo básico” (el lema de las tres “ies” de la política educativa, que proclamaba el empresario y político italiano neoconservador Silvio Berlusconi: “Inglese, Internet, Impresa”); ya no se plantea como servicio público al servicio de la ciudadanía, sino como producto que las personas consumidoras han de elegir en un nuevo mercado de la formación…
No somos máquinas para sus fábricas, ni mano de obra para complacer sus deseos de seguir aumentando sus ganancias, ni el sistema educativo está para generarles más beneficios. Es hora ya de que empecemos a invertir el discurso y a volver a las prioridades sociales y humanas que deben construir el sistema educativo.
Carmen Rodríguez, Enrique J. Díez, Rodrigo, J. García y Julio Rogero son miembros del Foro de Sevilla
https://porotrapoliticaeducativa.org/por-otra-politica-educativa/
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