Venganza judicial. Lidia Falcón

La sentencia dictada por el juez Manuel Piñar contra Juana Rivas ha mostrado, una vez más, cómo el poder patriarcal tiene su arma más eficaz en la judicatura. Esa sentencia no sólo se ha dictado porque, según relata, él no crea que Juana ha sufrido violencia de género, sino fundamentalmente para vengarse de la desobediencia de una mujer que se ha atrevido a enfrentarse a las sacrosantas resoluciones judiciales, y que llegó, en el colmo de su soberbia, a desaparecer durante el largo espacio de tiempo de un mes, en el que ni las fuerzas de seguridad pudieron dar con ella.

La venganza se ha cumplido, aunque el juez no lo expresa de tal manera. Redacta una sentencia en la que las pruebas aportadas por la defensa no tienen ninguna presencia. Ni la condena por violencia de género en 2009 que le acarreó a Francesco Arturi, el marido, perder la custodia del hijo mayor Gabriel, ni la nueva denuncia presentada en Granada hace dos años que no ha sido tramitada nunca, aparecen mencionadas en la sentencia. Simplemente el juez se limita a afirmar que los hechos alegados por Rivas “son inexistentes”, “no son creíbles” y “responden a una estrategia para conseguir la guardia y custodia de sus hijos “explotando el argumento del maltrato”.

El caso de Juana le ha servido a Piñar para volver a aplicar su convicción de que las mujeres son mentirosas, astutas y abusan de los hombres. Como en el caso de una sentencia que dictó en 2011, por la que condena a una mujer por denuncia falsa. En ella Piñar se explaya contra la fiscalía y contra la propia ley integral contra la violencia de género. Mientras la fiscalía pedía la absolución, el juez acabó condenando a la mujer a año y medio de cárcel por denuncia falsa y presentación de falsos testigos. Afirmó que la mujer actuó de mala fe y sabiendo que lo que denunciaba no era cierto, con el propósito de “inferir un mal a su exmarido amparándose en el rigor tuitivo de la legislación de protección de violencia de género“. Esta frase puede leerse casi textualmente ahora en la sentencia de Rivas.

En la sentencia, Piñar llega incluso a relacionar lo que considera como “excesivo celo ideológico de proteger a la mujer” con “el principio de oportunidad que legislaciones autoritarias atribuían a fiscales” que estaban “al servicio de Hitler o Stalin”.

Obsesionado con lo que denomina el rigor tuitivo de la legislación de protección de violencia de género“, frase que repite en diversas sentencias desde 1999, Piñar no solo manifiesta su misoginia sino que tiene la satisfacción de poder cumplir su ansia vengativa con el poder que le concede nuestra Constitución.

Y ciertamente hay que defender y mantener la independencia del poder judicial, que ya hemos sufrido bastante cuando estaba sometido al poder político, pero la ciudadanía debería exigir también que hubiera un control eficaz sobre las personas que van a sentarse en el estrado de la magistratura y a disponer de la vida, la felicidad y los bienes de los justiciables.

He repetido que la Escuela del Poder Judicial es la Escuela del machismo. Allí, a los recién llegados de las oposiciones cuya dureza y exigencias corresponden únicamente a las que se celebraban en el Imperio Chino, y por tanto obsesionados con conocer todos los vericuetos de la ley y repetirlos como mecaninfos, se les explica que las mujeres presentan denuncias falsas de maltrato y es preciso investigarlas antes de proceder a admitirlas.

El examen psicológico no es más que un test propio de un libro de autoayuda. Insertos en el sistema patriarcal para el que les ha preparado la escuela, la familia, la enseñanza religiosa, los medios de comunicación, la organización social, aquellos y aquellas que se preparan para jueces llevan a tan excelsa actividad el bagaje que señala a la mujer como la causante de todos los males del hombre y de la familia, a tenor de lo que predicaban los Padres de la Iglesia.

Si a ello agregamos, ¡y cómo no hacerlo!, la nefasta tradición de prepotencia, alejamiento e indiferencia por las necesidades humanas a que el sistema franquista les troqueló y nos acostumbró a los sufridos ciudadanos, la judicatura de nuestro país se está ganando la peor fama de las instituciones. En ella no entraron las reformas que incompletas pero definitivas se hicieron en el poder político y el militar.

Pero no podremos avanzar en construir una democracia creíble, no voy a decir feminista, mientras la judicatura no haga las reformas imprescindibles para estar al servicio de la ciudadanía a la que se debe.

Y mientras no aprenda que las mujeres también somos ciudadanas y no esclavas.

https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/07/29/venganza-judicial/

El kilómetro cero del caso Juana Rivas. La última noticia sobre la denuncia por violencia de género contra Francesco Arcuri es de 22 de noviembre de 2017.

“El 22 de noviembre de 2017 se recibió en esta unidad escrito procedente del Ministerio de Justicia italiano por el que se informaba de que la documentación había sido debidamente remitida al tribunal italiano competente, a saber, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari”. Esta es la última referencia oficial a la denuncia por violencia de género que Juana Rivas presentó el 12 de julio de 2016 en el puesto de la Guardia Civil de Maracena (Granada). El Defensor del Pueblo andaluz indagó y descubrió que la denuncia estaba en Italia, en Cagliari. Poco más. Desde entonces, nada se ha movido respecto a esta querella que está en el origen del caso Juana Rivas, la madre condenada a cinco años de cárcel y seis sin patria potestad por no entregar sus hijos a su expareja, Francesco Arcuri, al que acusa de maltrato.

No es que unos y otros no hayan buscado la demanda. José Estanislao López, abogado de Rivas, reconoce que cada cierto tiempo pide a los letrados que la representan en Italia que la localicen e intenten activarla. “Imposible, siempre me dicen que allí las cosas van así”, dice con desesperación.

Estos ocho meses no son el único momento ciego de la denuncia. En ocasiones ha aparecido y, en muchas más, ha desaparecido.

El 12 de julio de 2016, Rivas declaró ante la Guardia Civil de su pueblo que el padre de sus hijos la controla, amenaza y agrede. El asunto pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada. El 20 de julio tiene respuesta: que ese juzgado no tiene jurisdicción para hechos ocurridos en Italia y que debe interponer la denuncia allí. Rivas, segura de no volver a Italia, obvia esa recomendación. Además, las leyes están de su parte porque se puede interponer la querella en España y que el propio sistema judicial lo traslade. Para ello, Francisca Granados, asesora de Rivas, le pide a la Fiscalía de Granada que inste al juzgado a aceptarla y enviarla a la autoridad italiana competente.

Correo postal
Pero no se puede mandar una denuncia en español. Hay que traducirla. Según el Defensor del Pueblo andaluz, el juzgado envió la denuncia por correo postal. El membrete llevaba la fecha del 15 de marzo de 2017. La empresa encargada de la traducción asegura que nunca la recibió y que, por contrato, nunca tardan más de siete días en traducir. También dice que el juzgado no reclamó.

El 26 de julio del año pasado, cuando Rivas no se presenta a entregar a sus hijos, alguien pregunta a la empresa por la denuncia traducida. Nada. El 2 de agosto se envía la denuncia en español de nuevo y el 3 ya está de vuelta, traducida y enviada por el juzgado, camino de Italia. El 7 iba ya camino de un juzgado de Cagliari. Cinco días fueron suficientes para un trámite que se resistió cuatro meses y medio.

Pero, desde noviembre, hay unos folios en la mesa de algún juzgado de Cagliari que nadie ha visto —el abogado de Rivas dice que no ha sido notificado y que ha dado órdenes de buscarlos, sin éxito— ni investigado. Sin embargo, el juez ha determinado, con pruebas periciales de otros juicios de Rivas, que “no es creíble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia, porque ningún juzgado ha declarado la veracidad de los mismos”. La duda es doble ahora: ¿se investigará, finalmente, la denuncia? ¿Qué pasará entonces con la condena de Rivas? ¿Y con sus hijos?

https://elpais.com/politica/2018/07/28/actualidad/1532794272_545952.html